En 2005, 115 sindicalistas fueron asesinados por defender los derechos de los trabajadores, mientras que se registraron más de 1.600 víctimas de agresiones violentas y cerca de 9.000 detenidos, según el Informe Anual de la CIOSL sobre las violaciones de los derechos sindicales, publicado en Bruselas. Alrededor de 10.000 trabajadores/as fueron despedidos por sus actividades sindicales, y 1.700 arrestados. América Latina continúa siendo la región más peligrosa para el ejercicio de actividades sindicales, y Colombia encabeza una vez más la lista de asesinatos, actos de intimidación y amenazas de muerte. Setenta sindicalistas colombianos pagaron con su vida por haber intentado defender los derechos fundamentales en el trabajo. Además de los 70 asesinatos registrados, 260 sindicalistas colombianos recibieron amenazas de muerte, en un clima de persistente impunidad de los asesinos, y donde los sindicalistas se están convirtiendo en el blanco deliberado de ataques por parte de grupos armados. En octubre de 2005, una misión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) demostró que los sindicatos son uno de los objetivos de los grupos armados y que la impunidad persiste. La violencia antisindical afectó en su mayor parte al sector de la educación, lo que incrementa el número de mujeres que padecen estas violencias, en continuo aumento. En Agosto de 2004, tres sindicalistas de la CUT de Colombia fueron muertos en una madrugada en el departamento de Arauca. Los militares declararon a los medios de comunicación que se trataba de guerrilleros que habían enfrentado con armas a la tropa y el Vicepresidente de la República, el mismo que ha estado en la OIT negando las acusaciones del movimiento sindical contra su gobierno, declaró que no habían sido muertos por ser sindicalistas sino por estar comprometidos en acciones terroristas. Los análisis legistas demostraron que las armas que se encontraron junto a los cuerpos de los sindicalistas no habían sido disparadas, una de ellas estaba en la mano derecha del cadáver de una persona que solo usaba la mano izquierda y no había ninguna evidencia de enfrentamiento. La Fiscalía General de la Nación acaba de llamar a juicio a los tres oficiales del ejército que condujeron el operativo asesino. Esto da razón a las denuncias que las organizaciones sindicales colombianas hicieron en su momento y que la CIOSL y la ORIT avalamos. Esas vidas no se recuperarán, pero lucharemos para que hechos como éste no se repitan! En otros puntos de las Américas, ocho defensores de los derechos de los trabajadores rurales fueron asesinados en Brasil, mientras que en Honduras, el coordinador sindical regional Francisco Cruz Galeano moría acribillado a balazos en diciembre. En Guatemala persiste el clima de violencia y terror, especialmente contra las mujeres trabajadoras, siendo las principales víctimas los trabajadores/as en los sectores de la educación, la banca y la agricultura. Costa Rica, a pesar de su reputación democrática, es un país donde es prácticamente imposible para los trabajadores del sector privado ejercer el derecho a organización. Recientemente también, por decisión de la Corte Suprema de Justicia de ese país, se ha vedado a los trabajadores del sector público el derecho a conducir sus sindicatos, declarando ilegal las licencias sindicales, entre otras cosas. Se espera que Oscar Arias, presidente de Costa Rica y Premio Nóbel de la Paz, se comporte a la altura del premio que se le ha concedido en el pasado. Numerosas movilizaciones de trabajadores se están registrando en este momento, en repudio al citado atropello jurídico. Por su parte, la Administración Bush ha continuado atentando contra la libertad sindical y la negociación colectiva en Estados Unidos, contribuyendo así a que las campañas organizadas para destruir sindicatos sigan a la orden del día. Uno de los empleadores más notoriamente antisindicales en aquel país, WalMart, ha exportado también sus prácticas a Canadá. Varias provincias canadienses adoptaron igualmente otras medidas para debilitar los derechos sindicales. Al igual que en otras regiones, las violaciones sistemáticas de los derechos de los trabajadores en las zonas francas han sido una característica destacada en México y en la República Dominicana en particular, donde las compañías multinacionales sacan provecho de los bajos salarios y de unas condiciones de trabajo abusivas, especialmente en las cadenas de suministros para los sectores del textil y el metal. Lea el informe completo: