Mina Alumbrera y sus socios son procesados por el delito de contaminación. Todas las denuncias en un solo expediente. Movilización y asambleístas fueron vitales en Tucumán. El próximo paso es el juicio oral y público.

La importancia de este fallo consiste en que para la Cámara Federal, la ley 24051 y sus decretos reglamentarios, son más importantes que cualquier ley local. Se trata de una ley que fija delitos ambientales y por su artículo 57 se lo procesa a Julian Rooney, vicepresidente de Mina Alumbrera y también a sus socios, la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán, que había descubierto los yacimientos y es parte del conglomerado societario que, por alguna razón, aún no registra beneficios de la explotación minera.

Los delitos de La Alumbrera se suman en un expediente iniciado en el año 1998, caratulado “Juan González s/ denuncia”, y la Cámara Federal que falló a favor del procesamiento permite incorporar todos los casos de dolo ambiental vinculados con la empresa, esto es, ordena investigar todo tipo de contaminación que se le impute a La Alumbrera. En consecuencia cabe inducir a todos los damnificados a denunciar judicialmente los casos de contaminación, y para ello es necesario hacer memoria:

Hemos comprobado que La Alumbrera contamina de múltiples formas, tantas como pasos tiene la cadena productiva del concentrado de cobre que obtiene de la explotación a cielo abierto con reactivos químicos.

El expediente con las denuncias de los habitantes de Andalgalá (causa que lleva el abogado Julián Andrade) es un documento que prueba el éxodo que debieron afrontar habitantes próximos a la explotación minera de La Alumbrera, del que da cuenta el documental “Acecho a la Ilusión”. Pero no es el único.

El mineroducto se rompe a lo largo de sus 316 kilómetros entre Catamarca y Tucumán. La sopa química que viaja con los metales pesados en el concentrado de cobre suele escurrir hacia acuíferos y aguas subterráneas.

El liquido de esos lodos envenenados se extraen del concentrado de cobre (antes de trasladarlo en un tren hacia el puerto de San Lorenzo, en Rosario) y son vertidos en el canal DP2 ubicado en Ranchillos en la provincia de Tucumán, vía de comunicación hacia el dique frontal Termas de Río Hondo (Santiago del Estero). En ese canal se obtuvieron las muestras recogidas por Gendarmería Nacional a requisitoria de la Fiscalía Federal de Tucumán, con máximos valores de toxicidad, uno de los motivos del procesamiento de Julián Patricio Rooney.

Asimismo el pueblo de Aconquija cortó la ruta para impedir que equipos de La Alumbrera construyeran las piletas -algunas sobre sus propias viviendas- en las que la empresa pensaba recoger el concentrado de cobre que perdía en cada rotura del mineroducto. Al pueblo le preocupaba la sopa química y los metales pesados derramados por el mineroducto y a la empresa recuperar el cobre, oro, plata y demás metales incluidos en el concentrado.

La Alumbrera, presionada por el pueblo y a su vez por el gobierno provincial, recurre al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en busca de respuestas que le resuelvan las constantes roturas de un mineroducto que debe soportar la alta presión que empuja los lodos del concentrado, la fatiga de materiales, problemas de diseño, el clima y un sin fin de imponderables. La empresa, al exigir que se le respete el derecho de confidencialidad para que los resultados de la investigación no tomen estado público, recibe una respuesta negativa del INTI y el convenio entre las partes no se lleva a cabo.

El caso de La Alumbrera fue tratado en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados; el ingeniero en minas, Oscar Nievas, explicó que el dique de colas de La Alumbrera se halla sobre una mega falla que ha colapsado lo que obligó a instalar una docena de equipos de retrobombeo para que los drenajes ácidos no escurran aguas abajo. Dijo también que cuando fue responsable de medio ambiente de la provincia de Catamarca debió supervisar la planta de La Alumbrera y pudo apreciar contaminación con estroncio en la cal que provenía de la provincia de San Juan. (En esa ocasión, el autor de esta nota fue testigo del bochornoso espectáculo que dieron los diputados comprometidos con los negocios mineros, que incluso incurrieron en insultos hacia el disertante Nievas invitado a exponer).

Mientras tanto, el tren particular de la minera que lleva los metales hacia el puerto de San Lorenzo, en Rosario, ha descarrilado en varias ocasiones con la consabida movilización de los pobladores preocupados por los daños generados.

Otras poblaciones catamarqueñas, como la de Tinogasta, cortaron la ruta para impedir que los camiones de La Alumbrera que provienen de Chile accedan a la planta con su carga de explosivos, entre otros insumos para la minera. Al mismo tiempo se exige que se investigue el contenido que transportan los que regresan a Antofagasta, sobre el Pacífico chileno, donde la empresa tiene depósitos de concentrado de cobre, al lado de la fundidora Altonorte.

Una declaración que debe ser tenida en cuenta por la justicia es la de Carlos Rudolph, ingeniero en minas y ex decano de la Facultad de Ingeniería de la Provincia de San Juan. En ocasión de disertar sobre el proyecto Veladero en el Club Mercedario de San Juan, el autor de esta nota le pregunta si fue él quien diseñó Bajo La Alumbrera. Al responder afirmativamente se le dice de inmediato que La Alumbrera contamina de varias formas y al intentar enumerarlas el interrogado corta abruptamente y, con el índice erguido hacia una dirección incierta, exclama: ¡”Yo les dije que eso iba a pasar”! (Los organizadores de la conferencia interrumpen y la dan por finalizada).

La Alumbrera además está imputada por “tráfico documental y exportación ilegal de metales, contrabando de oro, uranio y torio”. La fiscalía rosarina también llamó a declarar a Carlos Silvani, ex director de la Administración de Ingresos Públicos (AFIP) y a Gustavo Paino, ex administrador de la aduana, “porque ha contribuido a exportar metales no declarados. La AFIP no ha controlado las cantidades exportadas y ha cobrado un canon irrisorio por la salida del cobre”.

La Asamblea del Noroeste Argentino que se formó a raíz de las luchas contra el azote de la gran minería química, fue impulsado por Pro-Eco Tucumán, después de varios plenarios ambientales iniciados en Termas de Río Hondo. La ONG integra la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) y la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). Sus activistas fueron quienes se concentraron frente a los tribunales tucumanos para exigir que se tramite el juicio a la Alumbrera. El juez Mario Ricardo Sanjuán había exigido que se los filmase para identificarlos cuando distribuían volantes en la puerta de la Cámara Federal al mismo tiempo que presentaba contra ellos una denuncia penal por extorsión, que finalmente no prosperó. El juez Sanjuán fue el único que votó en contra del procesamiento del vicepresidente de La Alumbrera, Julián Patricio Rooney.

Después del fallo de la Cámara Federal de Tucumán, el próximo paso del pueblo que lucha por sus derechos es el juicio oral y público en el que tarde o temprano deberán rendir cuentas los responsables mineros de La Alumbrera y por extensión quienes son sus cómplices

- Javier Rodríguez Pardo, MACH-SEPA. Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) de la Argentina. Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC).