Con la crisis siguen perdiendo los trabajadores, se profundiza la precariedad laboral, las enormes limitaciones para el ejercicio de las libertades sindicales, y la violencia e impunidad contra el sindicalismo

Los grandes afectados de la crisis son los trabajadores

En el último lustro Colombia registró los crecimientos del PIB más altos de su historia. Pero en 2008, por efecto de la crisis global, se desaceleró y apenas creció 2,5%, un tercio del registro de 2007. Sin embargo, problemas estructurales de la economía no permitieron que en estos últimos años de crecimiento hubiese cambios sustanciales en los indicadores del mercado laboral. La tasa de desempleo no logró bajarse a un dígito y sigue siendo una de las más altas de Latinoamérica, con tendencia al alza en medio de la crisis económica global.

Los grandes afectados con la desaceleración han sido los trabajadores. Para enero de 2009 el desempleo fue del 14.2%, 1.1 puntos más que en enero de 2008, elevándose el número de desempleados a la alarmante cifra de 2´830.000. Y por otro lado, en el 2008, el sector informal absorbió el 57,2% de la población ocupada en las 13 áreas metropolitanas del país; mientras el empleo formal disminuyó de 43.1% a 42.3%.

En 2008, la cifra de empleados cayó 5.6% en el sector privado, y 6.7% en el gubernamental. En contraste, subió el número de personas en actividades caracterizadas como informales y de rebusque, especialmente los ocupados en la categoría “cuenta propia”, que de 2007 a 2008 crecieron en 14,6%; y los ocupados sin remuneración en empresas, aumentaron 6.9% en el mismo período.

Los trabajadores cotizantes al régimen contributivo de salud son apenas el 45.2%. Además, alrededor del 70% de los trabajadores no están afiliados a cesantías, cajas de compensación, fondo de pensiones y riesgos profesionales. Indicadores asociados a la alta informalidad y múltiples formas de precarización y flexibilización laboral, las cuales generan mecanismos para evadir los derechos de protección integral a los que debe acceder el trabajador.

Los derechos laborales y sindicales en la agenda y en el debate internacional

El aplazamiento indefinido de la votación del TLC en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la continuidad del debate en el Congreso de ese país, la discusión en el parlamento Canadiense del TLC con Colombia y las negociaciones de un TLC entre Colombia y la Unión Europea, han estado signados por la presencia de los temas laborales y sindicales, y han hecho público como nunca, ante las graves restricciones al ejercicio de las libertades sindicales, la violencia antisindical, la impunidad y la precarización de las condiciones de trabajo en Colombia.

En el último año, gracias a las gestiones del sindicalismo colombiano y del sindicalismo internacional, se logró que una porción importante de los medios de comunicación se ocupara de la situación de los derechos laborales y las libertades sindicales, e hiciera público el drama de la violencia contra el sindicalismo y la reinante impunidad para sus victimarios.

Salario mínimo por debajo de la inflación

Mientras en 2008 la economía creció 2.5%, el salario y los ingresos de los trabajadores se redujo en 1.2 puntos con el IPC nacional y 2.4 puntos con respecto al IPC de ingresos bajos, en términos reales, perdiendo poder adquisitivo. Pero pese a esta realidad, en diciembre pasado el Gobierno impuso un “incremento” salarial que tuvo como base de referencia la inflación causada total nacional en 2008, que fue de 7.67%, inferior a la inflación causada para la población de ingresos bajos (directa beneficiaria del incremento del salario mínimo), que fue del 8.99%.

La primera y más evidente consecuencia de esto fue el incremento de la pobreza, pues hoy cerca del 50% de los trabajadores ganan el salario mínimo o menos, y cerca del 90%, menos de dos salarios mínimos. En diciembre del 2007 el salario mínimo cubría el 48.26% del valor de la canasta familiar de ingresos bajos, un año después cubre el 47.12%. Un hecho que afectó el poder adquisitivo de los salarios fue el aumento de la inflación, especialmente en alimentos (13.17%), cuyo peso relativo es alto en la canasta familiar de los más pobres.

Una segunda consecuencia se dio sobre el consumo interno y el crecimiento económico. Si los ingresos de los trabajadores disminuyen, el mercado interno se contrae, afectando la actividad de las empresas que no exportan (que son la mayoría) y que tienen que trabajar por debajo de su capacidad instalada, con graves consecuencias sobre el empleo.

Menor crecimiento económico durante el 2008

Excepto el sector de minas y canteras, el cual captó gran parte de la inversión extranjera, todos los sectores económicos tuvieron un crecimiento menor, o cayeron, con respecto a 2007. La industria manufacturera cayó 2%; la construcción creció apenas 2,8%, muy inferior al crecimiento del año anterior; el comercio creció sólo 1.3%, cuando en 2007 lo hizo en 8.7%; la agricultura creció 2,7%, electricidad, gas y agua 1,2%; transporte 4%, y los servicios sociales, comunales y personales 2.1%.

La inversión extranjera directa tuvo un crecimiento histórico sin generar mayores empleos

Ahora bien, la inversión extranjera directa (IED) alcanzó en 2008 el monto más alto de la historia económica del país: 10.564 millones de dólares, 16.7% más que en el 2007. Sus principales receptores fueron el sector de minas y canteras, incluido carbón, que captó el 20% del total de las inversiones (incremento del 270% respecto a 2007). Es importante señalar que en materia de empleo, este sector creció un 12.2%, pero sólo participa con el 1.3% del empleo total del país. Por su parte, el sector manufacturero, que es clave en la generación de empleos formales, tuvo un decrecimiento del 47% en su inversión.

Estados Unidos fue la principal fuente de la IED (30% del total). Le siguió Anguilla, territorio británico de ultramar, el cual invierte principalmente en minas y canteras (24% de la IED). España ocupó el tercer lugar (12%). De los países de América Latina se destacan Panamá y México, con participaciones de 10% y 7% respectivamente.

Aumentó la exclusión laboral de mujeres y jóvenes

Las mujeres siguen teniendo menores oportunidades en el mercado laboral. Mientras 71 de cada 100 hombres están ocupados, de cada 100 mujeres lo están 46. Y de cada 100 mujeres en edad de trabajar, 53 son inactivas, mientras para los hombres la cifra es 29.

Para el 2008 la tasa de desempleo femenino fue de 15.1%, o sea 6 puntos más que la masculina. Hubo 57.000 mujeres desempleadas más que en el 2007. El 65% de la población femenina ocupada en Colombia está concentrada en dos ramas de la economía: comercio, hoteles y restaurantes, y servicios sociales, comunales y personales.

El 41% de los hombres ocupados en el sector formal tenía estudios superiores, contra un 55% de las mujeres. La misma relación se da en la economía informal: 14.5% y 16% respectivamente. Pero esta mayor cualificación profesional de las mujeres no se refleja en el escenario laboral, donde siguen siendo contratadas en empleos inestables o inadecuados para su competencia, tanto en el sector privado como en el público. De cada 100 mujeres que trabajan, 39 tiene empleos inadecuados, bien porque tienen mayores competencias, porque se ocupan menos de 48 horas, o reciben menos ingresos.

La brecha de género en los ingresos se mantiene. Según datos del DANE, en 2007 las mujeres recibieron en promedio el 74.3% de los ingresos de los hombres, siendo mayor la brecha en el sector informal. Asimismo, de 2006 a 2007 los ingresos de los hombres se incrementaron entre 22% y 25%, mientras los de las mujeres lo hicieron entre 18% y 21%.

En cuanto a los jóvenes, tenemos que entre 2007 y 2008 su situación en el mercado laboral empeoró. Su tasa de desempleo ascendió de 20.3% a 20.9% para los hombres, y de 26.3% a 27.3% para las mujeres. Esto representa 1´036.800 jóvenes desempleados, casi la mitad de los 2´263.400 desocupados del país.

En el caso de los ocupados, la situación tampoco es alentadora. De un año a otro la informalidad entre los jóvenes ascendió en 22,4%, mientras que 227.000 perdieron la calidad como empleados particulares (11.2%) y del Gobierno (9,8%).

Aumenta la conflictividad laboral, las movilizaciones decrecen y los discursos antisindicales proliferan

En 2008 hubo 80 acciones de protesta laboral y sindical, entre ellas dos huelgas, ambas en multinacionales del sector minero: Cerromatoso y Carbones del César.

Si bien en 2008 hubo 13 acciones de protesta menos que en 2007, desde una perspectiva política, sí tuvieron cualitativamente mayor impacto en la opinión pública y en las condiciones de miles trabajadores en situaciones precarias. El incumplimiento de pago de salarios fue el motivo central de las protestas, seguidos del rechazo a las políticas laborales del Gobierno.

Los trabajadores no sindicalizados en condiciones precarias siguen siendo protagonistas de las movilizaciones, como es el caso de los corteros de caña en el Valle y de los trabajadores de la palma en Puerto Wilches. Sus acciones lograron despertar simpatías nacionales y respaldo de la opinión nacional, pese a los discursos en su contra de parte del Gobierno y empresarios.

Las convenciones colectivas continúan disminuyendo, los pactos mantienen su tendencia creciente y un menor número de trabajadores se beneficia de la negociación

Las cifras indican un retroceso evidente en un asunto de mucha incidencia en la superación de la pobreza y la distribución del ingreso. En 2008 se negociaron 472 convenios colectivos, 9 más que en 2007 (incremento del 0.4%), mientras los pactos colectivos se incrementaron en 6.4%. Sin embargo, la cobertura de los convenios colectivos disminuyó en 6.15%.

Esa realmente ha sido la constante en los últimos lustros. Mientras de 1996 a 2001 se negociaron 633 convenios colectivos por año, para beneficio de 180.788 trabajadores, de 2002 a 2008 se negociaron 503 por año, con una cobertura promedio de 108.993 trabajadores. Lo que significa que durante el Gobierno de Uribe presenta una caída del 20.5% en las convenios colectivos y del 39.7% en su cobertura.

Durante este Gobierno los pactos colectivos han venido ganando participación en el total de convenios, mientras pierde terreno la participación de las convenciones colectivas. Al principio de la administración de Uribe representaban el 25.9% del total de convenios, frente al 73.5% de las convenciones colectivas; seis años después los pactos representaban el 46% en tanto que la participación de las convenciones colectivas bajó al 54%.

Reformas legales en materia de libertad sindical, sofismas de distracción para negociar tratados comerciales

2008 fue un año de cambios en la legislación sobre libertad sindical, en virtud de una serie de sentencias expedidas por la Corte Constitucional en temas de negociación colectiva, derecho de asociación y huelga.

La presión para lograr la firma del TLC hizo que el Gobierno presentara un proyecto de ley sobre derecho de huelga. Su aprobación por el Congreso, sin embargo, no implicó avances en el ejercicio de este derecho, puesto que los jueces están limitados por el Código Sustantivo de Trabajo y declaran ilegales los ceses, paros y huelgas, ya que este código contiene artículos contrarios a la libertad sindical. Además, la nueva ley concede facultades al Presidente de la República para cesar una huelga cuando considere que afecta la seguridad nacional o el orden público.

En el año 2008, el Congreso aprobó la ley 1233 que reguló algunos aspectos de las cooperativas de trabajo asociado, pero que no dio el paso a la regulación de los derechos y garantías de los asociados de las CTA, tales como los derechos de asociación, negociación y huelga; como tampoco previó medidas suficientes para impedir la defraudación y precarización de los derechos laborales. En suma, podemos afirmar que esta ley les permite a las CTA seguir siendo herramientas para evadir derechos laborales y precarizar las condiciones de vida de los trabajadores.

De otro lado, y a pesar del esfuerzo del Gobierno para limitar las libertades sindicales, la Corte Constitucional dictó sentencias en temas como creación de sindicatos, elección y modificación de juntas directivas, depósito y modificación de estatutos, las cuales no podrán ser limitadas ni negadas su inscripción por injerencia del Ministerio de Protección Social, como era lo usual. Sin embargo, podrán terceros impugnar dichos actos ante la jurisdicción laboral.

No obstante, estas sentencias abarcan tan sólo un problema: la injerencia arbitraria por parte del Estado al momento de la inscripción en el registro. Pese a esto, persisten otras series de limitaciones legales al derecho de asociación que no han sido modificadas, y se hace necesario derogar o modificar las normas que impiden el derecho de asociación a todo tipo de trabajadores (art. 5 CST). De igual forma, derogar o modificar las normas que limitan la libertad de elección de la estructura sindical, que los trabajadores estimen convenientes (Art. 365 CST), se hace necesario establecer un mecanismo judicial, y expedito, que permita en corto tiempo solucionar los posibles conflictos en el trámite del registro sindical y otros temas relacionados con la representación sindical.

La violencia antisindical creció en un 72.7% y la impunidad se mantiene en niveles del 96%

Las violaciones a la vida, libertad e integridad contra sindicalistas se incrementaron en 72.7% en 2008. Exceptuando los allanamientos ilegales, que registraron 3 casos menos, todos los demás indicadores presentan un preocupante crecimiento, lo que constata de nuevo la afirmación de que Colombia continúa siendo el lugar más peligroso del mundo para el ejercicio sindical. En 2008 hubo 10 asesinatos más que en 2007 (incremento del 25.6%); se desbordaron las amenazas de muerte: 251 casos más (97.1% de incremento); los desplazamientos forzados crecieron 52,4%; hubo un caso más de tortura, 3 más de desapariciones, 15% más detenciones arbitrarias y hostigamientos. En lo que va corrido de este año 12 sindicalistas han sido asesinados.

El repunte de la violencia contra sindicalistas en 2008 se asocia principalmente con el proceso de reconfiguración del paramilitarismo, que para este año tiene una presunta responsabilidad en el 40.3% de los casos.

De los informes enviados por la Fiscalía se puede concluir que no hay resultados importantes en materia de impulso a las investigaciones penales, pues de los 2.707 asesinatos que han denunciado las organizaciones sindicales, el informe de la Fiscalía de enero de 2009, señala que se están investigando tan solo 1.119 casos, y de estos, 645 casos (57,44%) se encuentran en etapa preliminar, es decir, en más de la mitad de los casos no hay identificación del presunto autor.

De las 184 sentencias dictadas en los últimos 10 años, de las que tenemos conocimiento, y buscando en cada juzgado del país, hemos encontrado información sólo de 129 de ellas, por lo tanto no conocemos 55, el 29,89%. De estas 129 sentencias, 108 casos son de sindicalistas asesinados, esto significa que del total de los 2.707 asesinados, el 96 % de los crímenes permanecen en la impunidad. Asimismo, la mayoría de las sentencias no permiten esclarecer la verdad de los hechos, sancionan a los autores materiales y no a los intelectuales. Además, la investigación se realiza caso a caso, sin una estrategia integral.

Este análisis cuantitativo del trabajo de la subunidad y de los jueces, nos permite concluir que al ritmo de unas 70 sentencias anuales emitidas por los jueces del país, y las de descongestión de la OIT, en las que cada una de ellas se refiriere a una víctima sindicalista, le tomaría 37 años a la justicia para superar la impunidad, bajo el supuesto de que no ocurran más asesinatos a partir de hoy, y se mantenga la unidad especial de investigación y juzgamiento.

- Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 156, Corporación Viva la Ciudadanía, Bogotá, mayo 1 de 2009. www.viva.org.co