La Municipalidad de Magdalena y la petrolera Shell firmarían un convenio por el cual la empresa pagará casi diez millones de dólares a cambio de desconocer su responsabilidad por el derrame de crudo más grande del mundo.

El 15 de enero de 1999, el choque de dos buques -uno alemán, “Sea Paraná”- y otro perteneciente a la empresa anglo-holandesa Shell “Estrella Pampeana”, tuvo como consecuencia el derrame de una significativa cantidad de hidrocarburos en las aguas del Río de La Plata, en el kilómetro 93, cerca del puerto de la Ciudad de La Plata.

El hecho fue considerado el mayor derrame de petróleo en agua dulce del mundo. Las 5.300 toneladas de crudo derramadas en el accidente, impactaron fundamentalmente en la ribera de la localidad de Magdalena, un pueblo costero del noreste de la provincia de Buenos Aires.

La contaminación, además de afectar la calidad de vida de los residentes, impactó sobre el Parque Costero Sur, un área de flora y fauna considerada Reserva de Biosfera por la UNESCO.

Magdalena se encuentra a 110 kilómetros de la Capital Federal de la Argentina. Posee dos balnearios sobre el Río de La Plata: Magdalena y Atalaya, sitios intensamente explotados turísticamente hasta el episodio del derrame, que modificó la estructura de producción económica del distrito.

El hecho ocurrió el 15 de enero de 1999 en horas del mediodía, cuando, en inmediaciones del canal intermedio, colisionaron las embarcaciones. El buque que transportaba petróleo sufrió la ruptura de uno de sus tanques, derramando más de 5.400.000 litros de crudo. Las causas del choque, producido en pleno día, en momentos de máxima visibilidad y sin ningún tipo de inclemencias climáticas, nunca fueron explicadas.

A la llegada de Prefectura al lugar del accidente, se estimaba que la mancha se encontraba a 15 millas de la costa, cubriendo una extensión de mil metros de longitud por 500 metros de ancho. Luego de tres días de acciones completamente rudimentarias e improvisadas, el crudo llegó a la costa, a la altura del partido de Magdalena.

El petróleo destruyó las playas, penetró en las desembocaduras de los arroyos y humedales hasta dos kilómetros tierra adentro. Existen evidencias proporcionadas por organizaciones no gubernamentales como Ala Plástica, que sugieren que el petróleo derramado se extendió hasta el arroyo Juan Blanco, donde comienza el Parque Costero del Sur.

Cabe mencionar que los informes de la petrolera Shell niegan tal situación.

La falta de intervención adecuada provocó que, a consecuencia del viento, el crudo volcado en el agua llegase a las costas de Magdalena. Desde entonces, se vio alterado el ecosistema y -según el testimonio de muchos pobladores- se produjo también la contaminación de las napas.

En noviembre de 2002, el municipio de Magdalena presentó en el Juzgado Federal Nº 4 de La Plata, una demanda de casi 35 millones de dólares contra la empresa Shell por los daños ecológicos ocasionados en las costas y aguas del distrito.

Según el relato de los propios pobladores, las acciones de limpieza fueron rudimentarias e improvisadas. Se trató de una operación más bien “cosmética” que de fondo. Juntado con tachos de plástico y secadores de piso de uso doméstico, el petróleo era depositado en tanques que volvieron a derramarse en la costa, porque no se previó que la marea en la zona sube cada seis horas y sobrepasa el nivel costero, donde se encontraban los tanques con el crudo.

Este accidente es considerado el mayor derrame de petróleo ocurrido en aguas dulces en todo el mundo y por el cual aproximadamente 30 kilómetros de costa fueron dañados. La mancha se extendió desde la localidad de Berisso hasta la localidad de Punta Indio.

Actualmente, el intendente de Magdalena, Fernando Carballo y la empresa Shell pretenden firmar un acta-acuerdo, en el que la empresa ofrece “sin reconocer los hechos”, la suma de nueve millones quinientos mil dólares, para intentar dar por cerrado el caso.

A cambio del cierre de la causa, Shell ofrece su colaboración “desinteresada y no vinculante” para que la Municipalidad reciba asesoramiento en materia legal, ambiental, tecnológica, de diseño y planificación con relación a los siguientes emprendimientos:

1- El diseño de un plan de explotación integral en materia turística y de esparcimiento
2- El diseño de un parque industrial
3- El diseño de un programa de tratamiento de los residuos

Sin embargo, nada dice el acta-acuerdo respecto del daño ambiental en sí, provocado por el derrame. La oferta aparece tras un informe sobre el daño ambiental en la vegetación de la franja costera de Magdalena en la que se evidencia una transformación de las condiciones ambientales en la zona litoral del partido, demostrando que la magnitud del impacto fue suficientemente severa como para alterar el ecosistema y producir efectos de larga duración que aún persisten.

El próximo 17 de mayo, el gobierno local de Magdalena llamará a un plebiscito de carácter no vinculante para que la comunidad se expida sobre si está o no a favor de la firma de este convenio con la petrolera.

Lo llamativo del caso es que la consulta popular se concretará sólo dos días antes de la presentación a cargo de SOMO (Centre for Research on Multinational Corporations) e inversores por la sustentabilidad de Holanda, de la queja por el caso ante la Asamblea Anual de la petrolera en La Haya, junto a otros cinco casos internacionales críticos que involucran a la empresa.

Además, una semana antes de la primera audiencia del juicio contra Royal Dutch/Shell en New York, donde la firma es acusada de complicidad en violaciones a los derechos humanos contra la comunidad Ogoni en Nigeria, incluyendo “ejecuciones sumarias, crímenes contra la humanidad, tortura, trato inhumano, arresto arbitrario y muerte culposa” entre otros abusos que habrían cometido responsables de la empresa en complicidad con el régimen militar de Nigeria.

Por su parte, el intendente de Magdalena, Fernando Carballo, hizo declaraciones públicas sobre el asunto y adelantó que la comunidad y los partidos políticos más representativos del distrito están de acuerdo en realizar el plebiscito y que, en principio, existiría una voluntad masiva a favor de que se concrete el acuerdo con Shell.

Según explicó, “se trata de una indemnización económica y la ejecución, diseño y elaboración de tres iniciativas centrales para Magdalena”, en alusión a los detallados antes, aunque, según otras versiones, en el convenio la petrolera no se compromete a “ejecutar” sino a “diseñar” dichos emprendimientos.

No obstante, el funcionario admitió que “tiene que estar la mitad más uno de los votos positivos” de la población para que se avance con el convenio y que, “si la mitad más uno de los votos es negativo, el Concejo Deliberante no va a convalidar el acta”.

Según Carballo, la comuna aceptó en principio recurrir a esta atípica indemnización por parte de la compañía, al perder la esperanza de que la causa llegue a término por la vía judicial. Al respecto, precisó que el expediente judicial, volvió “a fojas cero y ahora queda a las partes tomar una decisión”.

Carballo reconoció: “litigamos durante diez años y la situación del medio ambiente no es la misma” del momento del accidente. Agregó que “la flora y la fauna se fue recuperando y si hiciéramos un estudio ambiental veríamos que el impacto es menor y teniendo en cuenta que interviene un nuevo juez en la causa, eso juega en contra de los vecinos de Magdalena”.

Por su parte, el titular de Ala Plástica, Alejandro Meitin, advirtió que en el acta-acuerdo, “Shell exigió que se explicitara que la empresa no reconoce los hechos, o sea que es un soborno y una claudicación”. En ese marco, alertó que “no hay posibilidad de poner en plebiscito una cuestión tan compleja con una población absolutamente desinformada sobre el fondo de la cuestión”.

Meitin indicó que “lo que se está haciendo es tratar de convencer a la población para que vote a favor, con información que favorece a Shell”. Además, el titular de Ala Plástica e investigador del tema precisó que “el área del derrame ocupó 16 hectáreas y el lugar donde se pretende hacer este diseño turístico es entre Playa Nueva y Atalaya, es decir, solamente 2 kilómetros, e incluso se habla de un diseño turístico, no de la recuperación del daño”.

Si prospera el convenio, la petrolera resarcirá al municipio con 9 millones quinientos mil dólares, mientras que, la demanda inicial por el derrame ascendía a 180 millones de dólares.

Por último, Meitin aseveró: “se está informando sesgadamente y se va a plantear un acuerdo que va a ser un muy mal precedente y esto se va a volver a repetir y no vamos a tener un fallo ejemplificador, lamentablemente. En este acta-acuerdo Shell ofrece este dinero como una colaboración desinteresada sin reconocer los hechos”.

El artículo 41 de la Constitución Nacional Argentina establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley (...). En virtud de esta norma, algunos sostienen que, aún si la municipalidad y la empresa llegaran a un acuerdo, éste podría ser declarado inconstitucional.

- Fuente: APM | Agencia Periodística del Mercosur | www.prensamercosur.com.ar
Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.