En el siguiente artículo se analiza el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), uno de los denominados mecanismos de flexibilidad de Kyoto, que suponen la creación de un mercado internacional de derechos de emisión, partiendo de las siguientes tesis: el MDL, como mecanismo de mercado dentro del protocolo de Kyoto, permite a las grandes empresas sobrepasar los límites de emisiones que se les han asignado a través del tratado, así como canalizar recursos públicos hacía inversiones medioambientalmente cuestionables, que tienen además efectos negativos sobre las poblaciones de los territorios sobre los que se asientan.

Los principales beneficiarios de estas inversiones son las grandes transnacionales de la energía que, gracias al cierre tecnocrático que provoca el MDL, se presentan como los agentes preferentes a través de los cuales se debe combatir el cambio climático. Estas empresas, además de lavar su imagen, consiguen trasladar los costes de las reducciones a comunidades que no tienen responsabilidad en el problema. Al igual que otras instituciones, el MDL potencia la penetración de capitales extranjeros en los países en desarrollo y profundiza un modelo económico que se articula en base a los intereses de las grandes empresas en detrimento del interés de la mayoría. Por uĺtimo, el MDL, a través de su esquema tecnocrático, debilita las propuestas de economía local y alternativa que podrían ofrecer soluciones consistentes a los diferentes problemas medioambientales.

EL Protocolo de Kyoto y los MDL

Las principales críticas al Protocolo de Kyoto (PK) se centran en dos frentes. El primero tiene que ver con los objetivos de reducciones que marca el protocolo, el 5% respecto a los niveles de 1990. Numerosos expertos consideran que estos objetivos, aún alcanzándose, serían insuficientes para atajar el problema del cambio climático.

El segundo frente, por su parte, centra sus críticas en los denominados mecanismos de flexibilidad de Kyoto, aquellos que suponen la creación de un mercado internacional de derechos de emisión. El límite de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que marca el PK se distribuye entre países y dentro de estos entre las diferentes industrias en forma de créditos de carbono o derechos de emisión. Una vez repartidos los derechos de emisión, las empresas están capacitadas para comprarlos y venderlos. De esta manera, si una empresa quiere emitir por encima de lo que se le ha asignado, tendrá que recurrir al mercado y comprar derechos de emisión a otras empresas que emitan por debajo de su límite, y viceversa. Nos encontramos ante una consideración de los problemas ecológicos como externalidades del modelo de mercado. En principio, aunque el volumen máximo de emisiones de una empresa en particular puede ser sobrepasado comprando derechos de emisión a otra empresa, en términos globales no se sobrepasan los límites establecidos.

Pero, en la práctica, esto no funciona exactamente así y es posible aumentar los derechos de emisión disponibles a nivel global a través de los otros dos mecanismos de flexibilidad: los Mecanismos de Aplicación Conjunta (AC) y los Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Estos dos mecanismos se basan en lo que ha venido a llamarse la lógica de la compensación. Se permite aumentar las emisiones siempre que se compense ese aumento invirtiendo en alguna actividad que contribuya a reducir las concentraciones de GEI en la atmósfera. De esta manera inversiones en generación a partir de renovables, eficiencia energética o sumideros de CO2 y otros gases de efecto invernadero pueden utilizarse para justificar nuevos derechos de emisión; es decir, se “compensa” el exceso de emisiones invirtiendo en tecnologías limpias que contribuyan a compensar o reabsorber ese exceso. La diferencia entre el MDL y la AC es que, en el primero, los proyectos tienen lugar en países en desarrollo mientras que en la AC los proyectos se llevan a cabo en países industrializados con compromisos de reducción bajo Kyoto. En teoría el MDL y la AC son neutros desde el punto de vista de las emisiones de carbono porque, aunque generan nuevos derechos de emisión, compensan ese aumento con reducciones en otros puntos del sistema productivo.

Falta de adicionalidad: el engaño tecnocrático

A pesar del discurso, en la práctica el MDL está sirviendo como coartada para aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero por encima de los límites establecidos en el Protocolo de Kyoto. Greenpeace estima que la aplicación de los mecanismos de flexibilidad puede conducir a un aumento de las emisiones respecto a los niveles de 1990, en lugar de a la reducción del 5% que se marca como objetivo el acuerdo. [1]

Para evitar que la puesta en marcha del MDL conlleve un aumento de la emisiones, el PK contempla que todos los proyectos registrados como MDL deben ser adicionales. El criterio de adicionalidad se refiere a la no viabilidad del proyecto en ausencia del registro como MDL. Se supone que debido a los beneficios económicos que proporciona el registro como MDL, que genera derechos de emisión que pueden ser vendidos, y a la transferencia de tecnología Norte-Sur que se suele asociar a este mecanismo, se abre la posibilidad de que sean viables proyectos que en ausencia del protocolo no lo serían. Los promotores de los proyectos deben demostrar, por lo tanto, que sin el registro como MDL sus inversiones hubieran sido inviables.

La adicionalidad es muy difícil de controlar en la práctica y su supervisión se lleva a cabo mediante una serie de procedimientos burocráticos al frente de las cuales se sitúan las grandes empresas internacionales de consultoría y auditoría. Las consultoras suelen operar en comunión de intereses con las transnacionales, que son las que pagan todos los costes asociados al proceso de certificación. [2]

Los procedimientos técnicos que determinan la adicionalidad de los proyectos acaban, en no pocas ocasiones, en dictámenes excesivamente alejados del sentido común. Por ejemplo, muchos de los proyectos son registrados como MDL mucho tiempo después de haber sido construidos, lo que genera dudas sobre cuán determinante fue el posible registro MDL en la decisión de invertir en el proyecto. En el caso de las centrales hidroeléctricas, la investigadora Barbara Hoyo, de International Rivers (organización dedicada a la protección de los ríos y a la defensa de los derechos de las comunidades adyacentes), llega a la conclusión en un informe de que la mayoría de los proyectos registrados eran no adicionales. [3]

Si tenemos en cuenta que las consultoras se suelen limitar a comprobar que el procedimiento formal de presentación de documentos esté correcto, sin hacer un análisis exhaustivo de si lo que dicen los documentos es cierto o, incluso, razonable , se abre la puerta para que casi cualquier proyecto de los presentados pueda ser aceptado si tiene detrás unos buenos consultores que realicen un buen informe. Según Patrick McCully, miembro de la misma organización, los consultores reconocen en privado que el recurso a la mentira en los informes para validar los MDL es algo común. [4]

Proyectos con impactos medioambientales y sociales

Los proyectos MDL se justifican como proyectos que contribuyen a reducir los niveles de GEI en la atmósfera, pero esto no quiere decir que no tengan impactos a otros niveles, tanto medioambientales como sociales. Los proyectos hidroeléctricos están siendo denunciados por los impactos que tiene a nivel medioambiental y a nivel social. Según Barbara Hoyo, [5] el MDL está subvencionando a los grandes productores hidroeléctricos y está contribuyendo a aumentar las emisiones bajo Kyoto debido a que se registran proyectos que, en la mayoría de los casos, no son adicionales. Se ha hablado mucho de los impactos de las grandes hidroeléctricas que inundan enormes áreas de territorios con alto valor ecológico y que desplazan a numerosas poblaciones. Es evidente que todo proyecto tiene unos impactos y que hay que buscar alternativas energéticas a los combustibles fósiles, pero el hecho de que invierta en renovables no significa automáticamente que las cosas se estén haciendo bien, por varios motivos. En primer lugar, estas inversiones no son impulsadas por un sentimiento filantrópico que quiera forjar las bases para un nuevo modelo energético. Son inversiones que tienen como objetivo la rentabilidad y que son, por lo general, muy rentables, en ciertos contextos incluso más que invertir en energías fósiles. Por ello, no suponen un cambio respecto al modelo de acumulación de capital que nos ha llevado a la situación actual.

En segundo lugar, no se tienen en cuenta las necesidades de los grupos humanos sobre cuyos territorios se asientan los proyectos. Por lo general, hablamos de países con bajos niveles de renta y de territorios, en muchos casos rurales, en los que la pobreza está muy extendida. Al seguir guiándonos por criterios de mercado, las preferencias de estas personas, por carecer de dinero, no se ven representadas, y por lo tanto son ignoradas. No son raros los casos de poblaciones que viviendo al lado de una central de generación carecen de electricidad. Las poblaciones circundantes, además de no verse beneficiadas por los proyectos sufren directamente las consecuencias negativas de estos. Suponen también grandes emisiones de gases de efecto invernadero que son liberados en los procesos de descomposición de toda la materia orgánica que queda anegada por el agua.

Pero las pequeñas hidroeléctricas aunque en menor escala, también generan perjuicios importantes. En primer lugar, muchas veces se construyen fuera del cauce de los ríos, a varios kilómetros, y se valen de tubos para canalizar el agua desde el río hasta la central. Estos trasvases restringen la disponibilidad de agua en muchas zonas, llegando incluso a dejar ciertos ríos secos en ciertas épocas. Esto tiene repercusiones importantes para las comunidades asentadas en las cuencas de los ríos que dependen de este agua para llevar a cabo las practicas agrícolas que les sirven como sustento. Oscar Soto ilustra este proceso a través del caso de Panamá. El asentamiento de micro-hidroeléctricas en las cuencas de diferentes ríos panameños ha tenido efectos nefastos para las poblaciones.

“El Proyecto Estí en manos de AES lleva funcionando cuatro años entre los distritos de Boquete y Gualaca. El río ha quedado seco y sólo se ven las piedras en el cauce. Los ganaderos se han visto obligados a traer agua para su ganado por medio de cisternas. El recurso natural ha sido privatizado y las empresas impiden que la población tome agua del río”. [6] Además, se han producido casos recurrentes de contaminación de los ríos por vertidos de lodos que se acumulan en los fondos de los embalses. El caso de la Hidroléctrica Río Las Vacas en Guatemala, registrada como MDL por Iberdrola, es un ejemplo de esto. Esta hidroeléctrica empezó a construirse en 1999 y entró en funcionamiento en 2002. En 2003 fue condenada por la procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala por violación de los derechos humanos y contaminación del medio ambiente; como consecuencia de dos vertidos de lodos al río Motagua que crearon sendas emergencias ambientales y de la salud. Dos años después aspiraba a ser registrada por Iberdrola como Mecanismo de Desarrollo Limpio.

Recursos públicos ¿contra el cambio climático?

Los gobiernos, en su supuesta lucha contra el cambio climático, invierten ingentes recursos públicos en los conocidos como fondos de carbono. Estos fondos, gestionados por el Banco Mundial, y constituidos a partir de las aportaciones de gobiernos y empresas se utilizan para invertir en proyectos MDL y, de esta manera, obtener derechos de emisión para poder cumplir con Kyoto.

Sobre el papel parece positivo que una administración invierta en contribuir a la solución del que, probablemente, sea el mayor problema que tendrá que enfrentar la humanidad en un medio plazo. Sin embargo, si vamos al detalle, la puesta de recursos públicos en este tipo de fondos no sólo no contribuye a solucionar el problema del cambio climático, sino que hace que se generen nuevos derechos de emisión a través del registro de proyectos MDL, derechos que como hemos explicado, dan lugar a emisiones por encima de los límites establecidos en el protocolo.

Además de esto, los beneficiarios de estos fondos públicos son, en su mayoría, grandes empresas transnacionales, grandes emisoras de GEI y, por lo tanto, grandes contaminadoras. De esta manera, el MDL está canalizando miles de millones de euros de dinero público hacía las grandes empresas contaminadoras para que lleven a cabo proyectos, supuestamente responsables con el medio ambiente, que, en la mayoría de los casos, se hubiesen llevado a cabo de todas formas, legalizando además el aumento de sus emisiones de carbono.

En el caso español existe un fondo denominado Fondo de Carbono Español auspiciado por el Banco Mundial y constituido por los Ministerios de Economía y Hacienda y Medio Ambiente y doce transnacionales españolas entre las que se encuentran Repsol, Iberdrola, Endesa, Gas Natural, Abengoa y Cementos Portland. El capital total a aportar asciende a 220 millones de euros (170 millones aportados por el Gobierno y 50 millones por las empresas).

Conclusión: el MDL como tarro de las esencias sistema mundial capitalista

El Protocolo de Kyoto es una herramienta tecnocrática que permite que las grandes transnacionales energéticas, que tienen una responsabilidad importante en el problema del cambio climático, sean las que más se beneficien de las medidas adoptadas para combatir el problema.

Las transnacionales que participan en los MDL se benefician de diferentes maneras. Por un lado, tienen acceso a CERs, derechos de emisión, que les permitirán emitir gases de efecto invernadero por encima de lo que tenían asignado. Les permite, por lo tanto, compensar en lugar de reducir; y esto en el mejor de los casos, ya que como hemos visto anteriormente, la dudosa adicionalidad de muchos proyectos conduce directamente a mayores emisiones. En segundo lugar, el MDL potencia el modelo de expansión de las transnacionales impulsado desde instancias como el FMI o el Banco Mundial y desvía dinero público a inversiones privadas que, en ocasiones, tiene importantes impactos sociales y medioambientales. De esta manera, las transnacionales consiguen trasladar los costes de las reducciones a personas que están en el eslabón más débil del sistema mundial.

A nivel ideológico, el MDL también reporta importantes beneficios a las transnacionales. Si tenemos en cuenta que el cambio climático es considerado por la opinión pública como uno de los problemas cruciales que deberá afrontar la humanidad en los próximos años, el otorgar a las transnacionales el papel protagonista en la puesta en marcha de soluciones es también una prebenda importante. De esta manera, la empresa, y la ética empresarial, que por su forma de funcionar son los gérmenes de los problemas ambientales, se erigen como los principales agentes dinámicos para guiar la transición hacia otro modelo energético.

Además, las empresas pueden utilizar y utilizan ante la opinión pública la publicidad de este tipo de inversión como una inversión verde y la venden, además, como fruto de un supuesto carácter ecológico-filantrópico de la compañía. Cuando se presenta este tipo de registro ante la opinión pública, no es difícil que sea interpretado como un reconocimiento a una labor positiva en el terreno medioambiental. La propia denominación del procedimiento, Mecanismo de Desarrollo Limpio, contribuye a este efecto. La falta de información por parte del público de los países desarrollados sobre los detalles del proyecto -impactos sociales, medioambientales- hace que sea posible que proyectos con grandes impactos sociales y ambientales nos lleguen bajo la forma de “proyectos verdes”. Se trata de la denominada Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en una de sus facetas más avanzadas.

En tercer lugar, el cierre tecnocrático que provoca el MDL debilita la posición de otros esquemas de economía alternativos al de las grandes transnacionales. Así, por ejemplo, las propuestas locales, basadas en una economía de carácter social, guiadas por criterios que van más allá de la rentabilidad económica, no encuentren cabida en Kyoto y, por lo tanto se ven desplazadas y sustituidas por las propuestas de las transnacionales.

Esta expulsión de las propuestas locales se produce a través de la presión en dos frentes, uno viejo y material -el dinero- y otro nuevo e ideológico -el MDL-. Por un lado, estaría el frente material; debido a la mayor capacidad de las transnacionales de generar beneficios económicamente cuantificables y a que el espacio físico es limitado acaban expulsando a las propuestas locales arrebatándoles el territorio y los recursos. En el frente ideológico es donde el MDL juega un papel fundamental ya que, debido a su esencia tecnocrática, aporta una ventaja añadida a las transnacionales. A pesar de que los proyectos de las transnacionales no son más beneficiosos desde el punto de vista ambiental, bajo el paraguas del MDL tienen una mayor capacidad técnico-científica para defenderse y, por lo tanto, se acaban imponiendo sobre las propuestas locales de economía alternativa.

Para terminar, podríamos decir que el MDL es una mecanismo que resume y recopila la capacidad de las grandes corporaciones de imponerse en todos los terrenos: el económico, el científico, el político y el cultural. A través de esa hegemonía consiguen “dar la vuelta a la tortilla” y conseguir que un acuerdo -el PK-, que en un principio debería haber servido para poner coto a su poder, les reporte importantes beneficios.

De cara al futuro, habría que tener en cuenta que el acuerdo de Copenhague abre la vía para que se amplíe el sistema de comercio y créditos de carbono a través de los NAMAs y el REDD, [7] por lo que este fenómeno, que aún opera a una escala relativamente pequeña, corre el riesgo de ganar importancia y convertirse en uno de los elementos centrales de las relaciones centro-periferia.

Mikel Barba

Miembro de la asociación “Hitza kalean” y colaborador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)

NOTAS:

[1] Larry Lohmann, “Democracy or Carbocracy? Intellectual Corruption and the Future of the Climate Debate”, The Corner House Briefing Paper, 2007.

[2] En el caso de los MDL en los que participa España en exclusividad la certificación se realiza en la mayoría de los casos a través de AENOR.

[3] Barbara Hoyo,“How the CDM is subsidizing hydro developers and harving Kyoto Protocol”, International Rivers, 2007.

[4] Patrick McCully, “Discredited strategy”, The Guardian, 21 de mayo de 2008.

[5] Ibídem

[6] Oscar Soto, “ El mito de las micro hidroléctricas. El caso panameño”, Ecoportal, 2009.

[7] Los NAMAs (nationally appropriate mitigation actions) son acciones voluntarias para combatir el cambio climático implementadas por países sin compromisos de reducción con o sin apoyo de países industrializados; los REDD (Reduced Emissions from Deforestation and Degradation) son acciones encaminadas a prevenir la deforestación y degradación de masas forestales; ambos mecanismos se prevé que sean centrales en el proceso de creación de créditos de carbono en un escenario post-Kyoto.