Otro intento de golpe de Estado por alterar los procesos democráticos

Rudis Yilmar Flores Hernández

06/10/2010

Opinión

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Los procesos democráticos que comenzaron a consolidarse en los últimos años del siglo XX y principios del XXI, y la finalización de los conflictos armados en América Latina, cerraron los espacios de ostentar el poder político a la clase dominante a través de los fraudes electorales y los golpes de Estado.

Hay dos elementos que es posible analizar a la luz de los últimos procesos electorales en nuestra América, es la pérdida del poder político por las derechas y la falta de hegemonía por parte de los Estados Unidos en la región latinoamericana.

En los últimos años la clase dominante comenzó a perder el poder político como consecuencia de la profundización de la pobreza producto de la aplicación del Modelo Neoliberal que condujo a la mayoría de países a niveles apremiantes de desigualdad social mediante la aplicación de medidas de reajuste estructural y procesos de privatización que ampliaron la brecha entre ricos y pobres.

Está claro que recuperar el poder por parte de las derechas, ha resultado una tarea difícil pues los procesos democráticos les han propiciado sendas derrotas en procesos electorales y las elecciones en varios países donde se construye un modelo de sociedad consecuente con los intereses de las grandes mayorías dejaron de ser alternativa.

En el pasado reciente durante el siglo XX, el militarismo se convirtió en la mayoría de los países latinoamericanos en la peor forma de gobierno; ya que se mantuvo una tendencia a nombrar militares como jefes políticos gubernamentales, lo que provocaba déficit en todos los aspectos políticos económicos y sociales.

Teóricamente, las Fuerzas Armadas son una institución del Estado, creada y diseñada para la defensa de la soberanía e integridad territorial, en tanto la Policía es una institución orientada a mantener el orden público y la seguridad de las personas y sus bienes. Teóricamente también, la misión de las Fuerzas Armadas es la defensa del territorio ante una amenaza externa y la misión de la Policía es la protección de la ciudadanía ante la amenaza de la delincuencia común y organizada.

El golpe de Estado del 28 de junio del 2009 en Honduras puso en evidencia el carácter instrumental de ambas instituciones como cómplices del poder político y económico.

Sin la intervención de las Fuerzas Armadas, el golpe de Estado no se hubiera producido. El elemento determinante del golpe fue el control directo sobre las dos instituciones represivas del Estado, lo que permitió ver a militares y policías en las calles, cumpliendo su papel de contenedores y represores de la movilización social en contra del golpe de Estado. Ambas instituciones se definieron por el golpe de Estado, lo que significa que se definieron también en contra de todos los sectores que se opusieran al mismo, creando una situación compleja en la que estas instituciones del Estado, llamadas a defender los intereses generales de la sociedad, se convirtieron en instrumento represivo de un grupo golpista que llegó a controlar directa e indirectamente, los poderes del Estado.

Bajo esta realidad gestada en Honduras hace más de un año estamos en presencia de una clara politización de las Fuerzas Armadas y de una reconfirmación de la militarización de la Policía en su concepción, metodología y prácticas cotidianas. La agresividad, irracionalidad e impunidad con que actúan las instituciones represivas del Estado, evidencian la misma actitud demencial de quienes los dirigen y apoyan, los cuales han traspasado el límite de lo aceptable.

En consecuencia en defensa de su democracia, contra la injerencia de EEUU y rechazando a una burda oligarquía atrasada, el pueblo hondureño le muestra al mundo que es capaz superar todos los obstáculos necesarios para que se respete su dignidad y derecho a la autodeterminación, lo cual implica la profundización de la lucha y la continuidad de un pueblo en resistencia que comenzó a pagar con alto costo en vidas la represión de un gobierno que es fiel a los interés de la política exterior de los Estados Unidos y de la oligarquía terrateniente.

La represión que sufre la resistencia en su larga lucha contra el golpe de Estado es sorprendente, por la furia desatada, el odio manifiesto y la violencia implícita: golpean con tubos de metal que han sustituido los tradicionales toletes de madera, utilizan palos con clavos para que los golpes sean más certeros, atacan en grupos, arrasan con mujeres, jóvenes y niños, se ensañan con los más indefensos, arrastran por el suelo a los jóvenes que detienen y se los llevan con rumbo desconocido y los asesinan.

El golpe de Estado en Honduras se convirtió en una prueba de laboratorio de los Estados Unidos y puso en peligro los proceso democráticos que se gestan en el continente al convertirse en una herida sangrante que tiene sus repercusiones esta vez en Ecuador donde el imperio contraataca con el fin de recobrar el patio trasero perdido durante las últimas décadas.

La legitimación del golpe de estado en Honduras lo constituye el desarrollo de un proceso electoral bajo el régimen represivo auspiciado por los Estados Unidos que fueron los primeros en legitimar al gobierno de Porfirio Lobo.

Esta resolución de la crisis tiene un significado que excede con creces la política hondureña: marca el inicio de una nueva etapa, por cierto que involutiva, en la cual Estados Unidos retoma su tradicional política de apoyo a los golpes militares y a los regímenes autoritarios afines con los intereses imperiales y ratifica el carácter hipócrita y vacío de la retórica democrática permanentemente enunciada por Washington. Conviene aprender la lección: de ahora en más, democrático vuelve a ser todo régimen que se somete incondicionalmente a los designios norteamericanos; autoritario, populista o despótico será aquel que defienda su independencia y autodeterminación.

Hoy asistimos a un nuevo intento de golpe de Estado en Ecuador con el fin de violentar todo el orden constitucional establecido y el proceso de la Revolución Ciudadana impulsada por el presidente Rafael Correa que conduce a la construcción de un modelo de sociedad que responde a los intereses de las grandes mayorías tradicionalmente olvidadas por los gobiernos autoritarios de derecha.

Un grupo de policías tomó a la fuerza el regimiento número 1 de la ciudad de Quito en protesta contra la negación al veto de la Ley de Servicio Público que contempla eliminación de bonificaciones, ascensos y prebendas a las que tenían acceso los mandos medios y superiores de la policía.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa se encontraba en el lugar para intentar dialogar y se vio obligado a abandonar por los hechos violentos que se desataron en la zona.

El mandatario intentó explicar a los efectivos que se apostaron en un regimiento del norte de la ciudad, que con la decisión se trata de una reestructuración total del servicio público y que están dirigidas no sólo para la Policía Nacional sino para cada uno de los servidores de ese sector, comenzando por la Presidencia del país.

Al igual que en el golpe de estado en Honduras los medios de comunicación de derecha tanto nacional como internacionales como la cadena noticiosa CNN vendían la idea al mundo de que no se trataba de un golpe si no de una destitución por violaciones a la constitución por parte del presidente legitimo Manuel Zelaya. En Ecuador sucedió lo mismo, algunos medios incluyendo CNN que durante todo el día transmitieron los acontecimientos mostraban imágenes que suponían un rechazo al presidente Correa tratando de argumentar que la sublevación se trataba de un descontento de los policías por la aprobación de la ley del servicio público.

Los acontecimientos registrados en Ecuador me hacen recordar en la historia de El Salvador de los golpes de Estado, como el último registrado el 15 de octubre de 1979, donde un grupo de militares, oficiales jóvenes del ejercito se sublevaban y derrocaban al coronel Arturo Romero, otro militar que había llegado al poder como consecuencia de un fraude electoral propiciado a la Unión Nacional Opositora en 1977.

Este intento de golpe avalado por sectores recalcitrantes de la derecha y por supuesto por Washington deja claro que existe un plan por parte de los norteamericanos de afectar las frágiles democracias que comenzaron a consumarse a través de los procesos políticos y que tienden a consolidarse producto de la unión de los pueblos latinoamericanos.

Aun cuando la Organización de Estados Americanos no reconoce la sublevación de un grupo de policías y militares como un intento de golpe de estado, las características de los eventos registrados el 30 Septiembre, las agresiones, el secuestro en el Hospital de la Policía del presidente Correa, los ataques contra la televisora estatal evidencian que se trató de toda una conspiración orquestada por grupos de poder económico que no comparte el principio de democracia para los pobres, por lo que debe estar claro que bajo la lógica de la democracia de la derecha en América Latina no se producirán golpes de estado, solo se registraran en países donde los Estados Unidos intentan desestabilizar e instalar gobiernos serviles como Porfirio Lobo en Honduras.

Es importante apuntar que en este intento de golpe en Ecuador, como en el registrado en abril del 2002 en Venezuela destacar que en ambas conspiraciones no ha participado en su totalidad el ejército y la policía como sucedió en Honduras donde tanto el ejército como los cuerpos de seguridad comenzaron todo un proceso de represión, secuestro y asesinato contra las movilizaciones que abogaban por el regreso del orden constitucional y el retorno del presidente Zelaya al poder.

De nuevo la intervención del pueblo fue de gran importancia psicológica porque mostró a los militares antigolpistas que había apoyo civil en caso de resistencia militar. Ahí radica el significado de la movilización popular.

En todo caso la importancia de la movilización espontánea popular en Venezuela y Ecuador radica en que ha sido una condición necesaria, si bien no suficiente, para repeler a la derecha. Los militares nunca realizan un golpe de Estado en un vacío político; necesitan el apoyo de algún sector social y económico importante para actuar. Tal y como sucedió en Honduras donde el poder Judicial, Legislativo y la embajada de los Estados Unidos conspiraron para la gestación del golpe.

La condena internacional también es otro factor importante, la mayoría de países comenzaron a condenar los intentos golpistas en Ecuador. Los líderes de los países de la UNASUR aprobaron una resolución, leída por el canciller argentino, Héctor Timerman, en la que se “condena enérgicamente el intento de golpe de Estado y posterior secuestro del presidente Correa” y subraya la necesidad de que “los responsables de la asonada golpista sean juzgados y condenados”.

Mientras muchos países mostraban su repudio a la desestabilización del orden democrático y muestras de solidaridad con el pueblo Ecuatoriano y su gobierno, los Estados Unidos emitían una declaración a través de la secretaria de Estado Hillary Clinton que textualmente dice “estamos siguiendo de cerca los acontecimientos en Ecuador. Los Estados Unidos deploran la violencia y expresamos nuestro total respaldo al presidente Rafael Correa, y a las instituciones de gobierno democrático en ese país, exhortamos a todos los ecuatorianos a la unión y a trabajar en el marco de las instituciones democráticas para restaurar el orden rápida y pacíficamente”.

Este es un discurso ambiguo de doble moral, igual que el utilizado en Honduras donde se llama a los golpistas a respetar el orden constitucional y posteriormente son los primeros en reconocer un gobierno que nace de las entrañas del golpe, por eso no podíamos esperar una condena de Washington ante la conspiración en Ecuador.

- Rudis Yilmar Flores Hernández es sociólogo, Profesor de la Universidad de El Salvador, San Miguel, C.A.

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