Presidente Funes y derecha legislativa asestan duro golpe a incipiente democracia
05/06/2011
- Opinión
Es necesario considerar que la corrupción es uno de los flagelos más conocidos por los ciudadanos, que se convierte en uno de los problemas fundamentales de América Latina, actualmente en El Salvador es posible conocer mucho más de lo que antes era permitido por las instituciones del Estado.
La corrupción no es una práctica que se desarrolle únicamente en un periodo determinado, sino que está presente en las distintas etapas de evolución del Estado salvadoreño. Sin embargo, sus manifestaciones y reacciones pueden ser más viables en periodos de transformación social, en la cual se produce una reestructuración de todo el sistema político y social, así como también de nuevas normativas que regulan el actuar de los funcionarios públicos.
En el ámbito judicial, la corrupción se muestra como producto de la herencia de prácticas corruptas realizadas en otros ámbitos como el político y el económico. Los fraudes electorales, el soborno como práctica de empresa o como forma de acceder a los contratos del gobierno, y otras conductas contrarias a la ética, han sido comportamientos comunes. El sistema Judicial no ha sido ajeno a estas prácticas y la existencia del la corrupción en sus usuarios ha aumentado en la medida que sus problemas crecen y no son resueltos en forma clara generando una retardación de justicia en decisiones que son trascendentales para la democratización del país.
Con la firma de los acuerdos de paz, El Salvador comenzó un nuevo periodo que particularmente es importante para el sistema judicial, pues se le comienza a dar mayor importancia a la justicia, los espacios democráticos permitieron el surgimiento de movimientos de la sociedad civil como El instituto de Derechos humanos de la Universidad Centroamericana (UCA), que desde la guerra acumularon mucha experiencia y práctica sobre las debilidades del sector judicial y constantemente han denunciado la corrupción en dicho órgano y la retardación de justicia que se manifiesta en la mora judicial de muchos años.
Durante el periodo de posguerra el acceso a la justicia y al debido proceso han sido preocupaciones más no realidades, se comenzaron a generar reformas constitucionales que acercaron los operadores de justicia a los usuarios, se generó una etapa de información sobre las nuevas normas y procedimientos para la obtención de justicia.
Las organizaciones y las universidades son determinantes en este proceso, sin embargo, los problemas del sistema judicial siguen siendo los mismos por la falta de confianza de los ciudadanos en los funcionarios públicos especialmente de aquellos encargados del procesamiento y resolución de casos en el sistema judicial salvadoreño.
Un hecho relevante se registra el 16 de junio del 2009, cuando se eligen los magistrados de la Sala de lo Constitucional, encargada de los hábeas corpus, es decir, cuando hay una detención ilegal para un ciudadano; también el amparo que viola derechos constitucionales, a si como los recursos de inconstitucionalidad.
La elección de estos magistrados modificó el funcionamiento de la Sala de lo Constitucional, su presidente argumentó que asumían el compromiso de hacer valer la constitución y el Estado de Derecho, por lo que haciendo factura del pasado y del presente comenzaron a operativizar la mora judicial que en el pasado los magistrados vinculados a la clase política de derecha y empresarial no resolvieron por afectar sus intereses.
Los magistrados encontraron una mora judicial que contenían demandas de inconstitucionalidad, recursos y Habeas Corpus que al ser estudiados conforme a derecho causarían graves problemas para los que mueven los hilos del poder a su conveniencia y esto sucedió.
Cronología de resoluciones de la sala de lo constitucional
El 29 de julio del 2010, la Sala de lo Constitucional declaró ilegales los artículos 211, 215, 216, 218, 239,250, inciso 10 y 262 inciso 60 del Código Electoral, con lo cual se dio espacio a las candidaturas independientes no partidarias, y donde los cimientos del poder político se vieron desafiados por primera vez.
En otra resolución se dio el fallo contra el decreto legislativo 167, específicamente contra los artículos 2 y 6, que contienen la ley de presupuesto para el ejercicio financiero fiscal, con lo que en gobiernos pasados, se transfirieron indiscriminadamente fondos de carteras del Estado del gobierno central a una cuenta manejada indiscretamente por casa presidencial y que al Presidente Funes le afecto por las deudas adquiridas con un empresario que le financió la campaña electoral del 2009 con más de dos millones de dólares.
El 29 de abril de 2011, la Sala declara inconstitucional el artículo 1 del decreto 5086, con el cual los partidos Demócrata Cristiano (PDC) y el Partido de Conciliación Nacional (PCN) revivieron a la vida política después de desaparecer producto de no haber alcanzado el 3% de los votos validos a nivel nacional como lo establece el Código Electoral.
Junto a esta resolución se dio también la invalidación de la elección por parte de la Asamblea Legislativa de dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral pertenecientes a ambos partidos desaparecidos en el 2004.
Muchas de estas sentencias rompen la tendencia de la cúpula de la justicia salvadoreña que durante la historia han estado al servicio de partidos políticos y grupos económicos poderosos. Mientras la totalidad de las organizaciones de la sociedad civil, observadores políticos y legales de todo tipo han visto con beneplácito las resoluciones y las ven como una muestra de independencia tan novedosa como necesaria en el país.
Es importante mencionar que en momentos donde la justicia española dictó orden de captura contra 20 militares acusados de asesinar a seis sacerdotes jesuitas en la UCA, se produce un golpe de Estado técnico contra el Órgano judicial por parte de la derecha legislativa con el respaldo del presidente Funes y que refleja la clara violación a la independencia de poderes en el país y un flagrante violación al estado de derecho.
Una posible extradición de estos militares a España debe pasar por el pleno de la corte y es lo que ha provocado que en el congreso aprueben una Ley transitoria que regula la Ley Orgánica Judicial.
Otra demanda que está en discusión es la inconstitucionalidad del sistema de cocientes y residuos para la elección de diputados a la Asamblea legislativa del cual se han valido los partidos pequeños de derecha para tener un número considerable de diputados con pocos votos y que no son representativos de una votación popular.
El Decreto de reforma a la Ley Orgánica Judicial aprobado el dos de junio de 2011, por la derecha, ARENA, PCN, GANA, Y EL PDC, que establece que los fallos en materia constitucional deben contar con la unanimidad de sus magistrados (5 votos), contrapone a lo establecido de cómo había venido funcionando, donde se tomaban resoluciones con cuatro de sus miembros y que coincidentemente en todos los fallos se abstenía uno que claramente es el representante de ARENA y que con dicho decreto se le está facultando para vetar cualquier decisión de la sala.
Funes con sancionar el decreto ratifico el pacto con la derecha, con los empresarios, y propicio este golpe a la democracia que significa un retroceso ya que se convertía en el avance más significativo después de la firma de los acuerdos de paz.
Algo está claro la institucionalidad del país está en peligro y que impide que el estado de derecho prevalezca. La participación de la sociedad civil deberá jugar un papel fundamental en estos momentos por la defensa de estos espacios conquistados que le costaron muchas vidas durante la guerra, 75 mil muertos y más de 100 mil desaparecidos.
Estas últimas resoluciones dadas por los cuatro magistrados se han emitido con independencia del poder político, generalmente afincado en casa presidencial en las administraciones anteriores, antes era el presidente de la República en turno el que dirigía los hilos de la Corte Suprema de Justicia, lo cual no abonaba a la consolidación del proceso democrático.
En las administraciones de gobierno del partido ARENA los magistrados estuvieron sometidos a un solo criterio y a un solo mando, no se generaba contradicciones y lo consideraban como la mejor forma de gobernar al estilo de las tiranías.
Las resoluciones de esta nueva Sala de lo Constitucional han sido vistas por una cantidad de organizaciones sociales, políticas, y profesionales como aportes trascendentales en la democratización del país y que vienen a devolver la imagen deteriorada que a nivel nacional e internacional tenía el máximo tribunal de Justicia.
Pero precisamente por romper con el sistema de poder la derecha en una alianza perversa con el presidente Funes le propician al país un escenario propicio que podría generar ingobernabilidad por la falta de independencia de los órganos del Estado en la toma de decisiones trascendentales.
Referencias
Rudis Yilmar Flores Hernández
Sociólogo, Profesor de la Universidad de
El Salvador, San Miguel, C.A
https://www.alainet.org/en/node/150242
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