Los países de América Latina se encuentran cada vez más comprometidos en la geopolítica del narcotráfico, sea por la violencia descontrolada, la corrupción institucional o la simple ineficiencia de las agencias encargadas de reprimirlo.

Cada vez más, el delito asociado a actividades comerciales ilícitas crece en cantidad y calidad, precisamente cuando se cumple el 50 aniversario de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, y el próximo año se cumplen los 100 años de la Convención del Opio de 1912. Aparentemente, ha mutado de forma de poder evadir los controles diseñados en esa oportunidad histórica. Es por ello muy importante volver a dibujar los marcos teóricos y fácticos que determinan la actual composición del fenómeno, de manera que puedan alimentar adecuadamente las políticas públicas del futuro.

Para efectos de este artículo, incluiremos bajo este concepto, todos los componentes que comprenden este circuito económico ilegal, así como la comunidad de actores que participan en él, o en su represión. Los cultivos, rutas, escenarios de tráfico y acopio, entre los más importantes. La segunda década del siglo XXI, tiene algunos patrones que van delineando los nuevos elementos que configuran este fenómeno global, en el contexto de México, América Central y el Caribe, la región andina y el Cono Sur. Ellos son:

1) Las sociedades rurales del Tercer Mundo han encontrado la manera de adecuarse a los nuevos tiempos de la globalización en el siglo XXI, integrándose al circuito del libre mercado participando a través de su incorporación a economías agrarias ilegales: tal es el caso de no menos de 300,000 campesinos en los Andes sudamericanos que participan como proveedores de materia prima: coca (200,000 has), amapola (1,500 has) y marihuana (no menos de 1,000 has), que proveen para los mercados regionales internacionales. Cada vez más, la hoya amazónica se verá confrontada con una progresiva y desordenada colonización incentivada por las economías ilícitas lo que va a ocasionar no solamente su rápida destrucción sino el involucramiento progresivo de sus sociedades rurales ancestrales en esta vorágine asociada a la criminalidad.

Las relaciones entre pobreza, marginación, conflicto y narcotráfico, después de 25 años de discusión y debate son más que evidentes . A guisa de ejemplo, a pesar del “Plan Colombia” (2000-2005) y los severos golpes propinados a las FARC por sucesivos gobiernos colombianos, al no haber abordado los problemas de concentración de la tierra y la existencia de mafias locales, ha impedido resolver los problemas estructurales que permiten y facilitan la existencia de las FARC como una alternativa distinta, entre el campesinado.

Algo similar, podemos decir, ocurre en el Perú. En 1980, surgió el grupo terrorista Sendero Luminoso y tras 20 años de una cruenta guerra interna, su líder, Abimael Guzmán cayó prisionero. 18 años más tarde, el Perú pasa por un período de crecimiento económico sostenido, de estabilidad financiera que se deja sentir particularmente en la angosta franja de la costa peruana (Lima, Trujillo, Arequipa y Piura), mientras que las comunidades indígenas y nativas de Sierra andina y la Selva Alta, respectivamente, conservan niveles muy inferiores en términos de desarrollo humano.

Curiosamente, en los dos principales valles de producción de coca asociada al narcotráfico, sobreviven las dos vertientes de Sendero Luminoso que mantienen su enfrentamiento con el Estado neoliberal representados por las administraciones de Alejandro Toledo (2001/2006) y Alan García (2006/2011). Esta guerra persiste encapsulada, mientras que las condiciones sociales y económicas que la originaron se mantienen intactas. Asimismo, las políticas basadas en la erradicación compulsiva de los cultivos ilícitos, mientras no aborden los problemas estructurales de pobreza rural, son inútiles y nefastas. He allí un enorme reto para el próximo gobierno.

2) La permanente fragmentación/segmentación de cada uno de sus fases, es una variable que caracterizará al narcotráfico de los próximos años. Desde el cultivo de plantas prohibidas hasta la exportación de sus productos finales, no solo distrae los esfuerzos estatales de interdicción, sino que permite una creciente participación en el circuito ilícito, de grupos socialmente vulnerables o que resultan excluidos del modelo económico global (jóvenes, migrantes, mujeres, provincianos).

Es el caso de los miles de migrantes sudamericanos que en su periplo hacia el norte desarrollado son objeto de chantaje o amenaza, por parte de grupos de traficantes, para exigirles el trasiego de pequeñas cantidades de drogas en sus cuerpos. Para los próximos años, el tránsito pequeño de drogas resultará siendo el mecanismo más eficiente y menos costoso para el crimen organizado, empleando ingentes cantidades de mano de obra y distrayendo los escasos recursos de control estatal.

La incapacidad penal de los Estados en focalizar su atención en el crimen complejo organizado, hace que se incremente el hacinamiento carcelario con los actores más vulnerables, como lo demuestra el crecimiento de la población carcelaria por delitos de drogas (especialmente mujeres) . Así, mediante el funcionamiento de la represión indiscriminada de las policías, la industria de las cárceles se va a ver beneficiada del mayor gasto en la construcción de infraestructura penitenciaria.

Este nuevo escenario sociológico de la economía de las drogas, incluye mayores áreas geográficas que se excluyen de la presencia de los Estados y la modernidad, tanto a nivel urbano (barrios marginales en todas las capitales y ciudades principales), como en espacios rurales distantes (especialmente en las áreas de frontera como es el Trapecio Amazónico). Así, los grandes centros de desarrollo y modernidad urbanos del continente, estarán rodeados de grandes llanuras de pobreza, ilegalidad y violencia.

Es el caso de las comunas en Medellín, la “favela” de Rocinha en Río de Janeiro, las villas de Buenos Aires, la ciudad satélite de El Alto en Bolivia, o los barrios jóvenes del puerto del Callao en el Perú, donde se enfrentan intereses delincuenciales concretos, ante la escasa capacidad de policías y fuerzas armadas. No tan lejos como para llegar a la idea de los Estados fallidos, los “espacios liberados” de la autoridad estatal crecerán en América Latina con la presencia de cientos de firmas, pequeños carteles, pandillas y otro tipo de organizaciones criminales de tamaño reducido, asociadas al tráfico de drogas ilícitas.

3) La disminución de la cooperación económica internacional de Europa, Estados Unidos y los organismos internacionales, es cada vez más notoria –salvo iniciativas puntuales como la de Mérida o Colombia-, originando la muerte por inanición de organizaciones formales como la CICAD o la UNODC . Esto deja sin posibilidades reales a los esfuerzos del desarrollo alternativo en el piedemonte amazónico.

En definitiva, esta situación representa la fractura definitiva del denominado Consenso de Viena que funcionó en el marco de los tratados internacionales anti narcóticos desde 1912, 1961, 1971 y 1988. Ello obliga a los Estados nacionales a comprometer recursos financieros más escasos o, dejando las estrategias locales supeditadas a acciones más simbólicas y menos eficientes.

Bajo este contexto, es claro que los países de América Latina debemos revisar nuestro modelo, paradigmas estrategias, políticas y leyes sobre drogas, sobre la base de lo que es posible, verificable y medible. Debemos poner fin a una “guerra sin sentido” propagada desde el Norte, para volver a nuestras raíces, a nuestros problemas de pobreza y exclusión asociados al uso y producción de sustancias ilícitas. Esto pasa también para redefinir los términos de intercambio y de negociación internacional con Europa, Asia y Estados Unidos.

4) Los patrones de consumo de drogas son imprevisibles ante las nuevas generaciones de jóvenes, mientras que las políticas oficiales son inocuas en su capacidad preventiva y/o disuasiva. Por otro lado, las nuevas generaciones de latinoamericanos están en medio de un modelo que alienta el consumo exacerbado a la luz del amplio abanico de sustancias con capacidades psicoactivas disponibles en los mercados: el precio seguirá bajando y la calidad seguirá subiendo, parece ser una tendencia indiscutible.

La incoherencia institucional de los Estados, frente al uso descontrolado del alcohol y el tabaco, surte efectos en el nicho de las sustancias ilícitas, tanto de origen natural como las de procedencia sintética. Crecientemente, el abuso de drogas ilícitas muestra cifras alarmantes en el Cono Sur y en determinadas mega ciudades de América del Sur.

5) Con respecto al lavado de dinero, estamos en una situación en la que la expansión económica de algunas economías en desarrollo, como los propios períodos de crisis, hacen posible y menos identificable la existencia de múltiples mecanismos que permiten el flujo de capitales sucios o sospechosos. Las modalidades de lavado han crecido de cuando se preveía en el GAFI. Así, tenemos la presencia de compañías de paraísos fiscales secretas, no registradas, que proveen servicios considerados secretos, en denominados espacios de secretismo en los paraísos fiscales . Hoy, actividades lícitas como construcción, turismo, sector exportador, son penetrados por el narcotráfico.

Así pues, estas cinco principales características son las que perfilan las nuevas formas que adquiere el narcotráfico en los territorios de América Latina. Ello obliga a que las nuevas instancias, como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), las tomen en cuenta al momento de discutir las nuevas estrategias y políticas para abordar estos complejos problemas.

- Ricardo Soberón es analista internacional, especialista en políticas de drogas, seguridad y fronteras. Director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (www.ciddh.com).

* El presente texto hace parte de la revista América Latina en Movimiento, edición 464 de abril de 2011. http://alainet.org/publica/464.phtml