En el Derecho y las relaciones internacionales, la historia enseña que se producen ocasionalmente acontecimientos relevantes donde se produce la convergencia de principios éticos y de real politik. Este potencial dilema hace que los Estados tomen decisiones particulares, según el tema que se trate donde predomina una u otra forma de pensamiento. En el devenir de los acontecimientos de escala internacional, ninguno de estos factores son determinantes en la adopción de las posiciones que toman los sujetos de Derecho Internacional –los Estados- que forman parte de la comunidad de naciones. Como lo señalaba el creador de los principios del Realismo Político Hans Morgenthau:

“la política internacional, como toda política, es una lucha por el poder. 

Cualesquiera que sean los fines últimos de la política internacional, el poder es siempre el fin inmediato”.¹

Es más, en este rubro de las relaciones internacionales, se producen frecuentemente, la convergencia de ámbitos que son puestos casi siempre, en contraste y ponderación que pueden provocar disputas, confluencias, corrientes de opinión y no escasos conflictos. Sea que se trate del respeto a los Derechos Humanos, el fortalecimiento de la Democracia, la consolidación de la Seguridad Hemisférica, u otros temas que suelen poner en tensión a los propios actores de la comunidad internacional. Los intereses individuales de los Estados nacionales, suelen prevalecer en el comportamiento de cada uno de ellos en los diversos escenarios políticos, jurídicos o comerciales y con mayor razón cuando se trata de actores relevantes como puede ser cualquiera de las grandes potencias globales (Estados Unidos, Rusia o China), o países como México y Brasil cuando nos referimos a la escala regional.

Ahora bien, pensando en la nueva situación latinoamericana, con posterioridad al fin del progresismo político regional. Debemos asumir que el escenario del post conflicto en Colombia, la progresiva tensión política que se produce entre sus miembros, las dinámicas que adquiere la criminalidad en México, América Central o Brasil, o las persistentes brechas sociales y culturales transversales a toda la región, son un claro ejemplo de factores característicos que promueven acciones colectivas de cooperación o diferencias crecientes. Es más, el abordaje de estos temas de naturaleza compleja, muchas veces de carácter multi dimensional, serán determinantes en el escenario latinoamericano de la segunda década del siglo XXI.

En otra escala, así ocurre con temas sensibles como los que ocurren actualmente en el Medio Oriente (la guerra en Siria, la cuestión Palestina), el propio funcionamiento del veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para abordar las crisis individuales y que reflejan con crudeza la asimetría actualmente existente en el desenvolvimiento de las relaciones internacionales. En cada uno de estos asuntos, las grandes y medianas potencias adoptan posiciones que se mueven entre los principios tomistas y una real politik muy concreta.

A los países de la periferia en Asia, América Latina y África, les toca encontrar aspectos comunes que les permitan defender el multilateralismo como el escenario más conveniente para el desarrollo de las relaciones internacionales, como en el pasado ocurrió con el Movimiento de los No Alineados en los años 50s y 60s, en medio de la Guerra Fría imperante. Al respecto, existen suficientes elementos de juicio como para poner en duda lo que en su momento Fukuyama definió como el triunfo de Occidente en su ensayo el Fin de la Historia².

En el escenario latinoamericano, los casos recientes de Venezuela y Nicaragua, cuando no Cuba y Bolivia, representan la puerta de entrada para la confrontación entre un unilateralismo renovado, y la defensa de principios fundacionales de las relaciones internacionales de los Estados, a saber el respeto mutuo, la no injerencia y el respeto de la soberanía de los Estados. Recordemos, las acusaciones de fraude en las elecciones de Bush frente a Al Gore en el año 2000, así como las dudas en la elección del Presidente Temer en el Brasil y otros incidentes políticos similares a los que actualmente ocurren y que sustentan la actual crispación de las relaciones hemisféricas. La determinación de actos electorales sujetos a duda internacional, es un problema cada vez más frecuente que exige ponderación a la luz del lente de las relaciones internacionales.

No siempre lo que a primera vista ocurre en el contexto internacional, requiere una solución única y evidente, sino aproximaciones multidimensionales de mediano plazo. El propio proceso de descolonización en Asia y África fue impulsado por sendos procesos de guerra interna que a la luz de la doctrina de la seguridad nacional podrían ser calificados hoy como subversión y terrorismo. Como diría Toynbee: “La historia del siglo xx es la historia de ese cambio de condiciones en las relaciones entre Europa por un lado, y Asia y África por otro”³

O acaso en otro ámbito de los hechos con relevancia internacional, el fenómeno del desplazamiento y la migración están tensando las relaciones hemisféricas a partir del flujo descontrolado que se produce hacia el norte pero también la que ocasiona la crisis de Venezuela hacia el Sur. ¿La actual crisis migratoria que sufren varios de los países africanos y europeos justifica una intervención militar en dichos países?

Es difícil definir a rajatabla, la forma de resolver las complejidades de las crisis regionales con impacto internacional, siempre es necesario un análisis de contexto y de los elementos que juegan en su evolución y potencial solución, no en base a los intereses propios de los actores que influyen sino en los protagonistas mismos de dichas crisis. Ese mismo ejercicio debieran hacer las cancillerías latinoamericanas, ajenas de intereses más específicos, para abordar tanto los problemas de falta de participación en la toma de decisiones globales, de asimetría económica existente entre el Norte y el Sur, de abordaje de temas sensibles como es la protección de la biodiversidad, el desborde migratorio, la inseguridad, las economías ilícitas (drogas, armas, personas, recursos) y/o, el cambio climático.

El presente análisis, no pretende abordar de forma aislada, la legalidad, legitimidad del régimen de Caracas, ni siquiera la gravedad de la crisis social y económica que vive dicho país que merecería un tratamiento más específico. Pretende más bien una mirada general a este conjunto de dinámicas que configuran el escenario hemisférico, a la luz de los evidentes intereses geopolíticos de alcance global que se ponen en juego en una suerte de péndulo periódico hemisférico que oscila entre ambos extremos ideológicos.

El meollo de una solución duradera a este asunto, debe de ponderar los principios, la coyuntura, los intereses individuales, pero por sobre todo, la trayectoria histórica de los países latinoamericanos, que han sufrido desde el siglo XIX hasta la fecha, los acechos, las injerencias y las interferencias de Washington en la región. Al otro lado, tenemos que la Casa Blanca hace uso de un interesante uso de las herramientas diplomáticas y policial/militar, en su aproximación de los escenarios locales desde Bolivia, hasta América Central, a través de ejercicios militares, adquisición y compras bélicas, la articulación de servicios de inteligencia y seguridad, entre los más importantes.

Por ejemplo, respecto de los acontecimientos últimos en América Latina, el Presidente Trump desea recuperar su venida a menos hegemonía continental basada en el proteccionismo comercial y la creciente militarización de la seguridad regional y ciudadana. La historia reciente de las relaciones norteamericanas con la región andina, se ha visto marcada por hechos que llevan a una mirada militarista parcial y arbitraria:

“El espacio andino, desde hace siete décadas se ha convertido en un dolor de cabeza para los norteamericanos y otros sostenedores del nuevo orden. En Bolivia, la Revolución de 1952, las guerrillas del Che, del ELN y la Asamblea Popular, en Perú, las guerrillas de 1957.1965-1980 hasta hoy, en Chile el Gobierno de Allende y las guerrillas del FPMR y el grupo Lautaro, en Venezuela, las guerrillas de los años 60-70 y el actual gobierno del teniente coronel Hugo Chávez”⁴

Para ello, su administración usa la mezcla del aislamiento político y comercial de los gobiernos actualmente constituidos de Caracas, Managua y La Habana. No solo ello, se evidencia la agudización de su discurso para la construcción del Muro fronterizo con México y América Central, como solución al problema migratorio frente al nuevo gobierno de López Obrador, incluso planteando declararlo un asunto de emergencia nacional. Para ello, ha desplegado ingentes recursos de la Guardia Nacional con la más alta tecnología de resguardo del territorio fronterizo en el Río Grande. Es decir, frente a un escenario regional variable y aun no definitivo, cobra mayor relevancia el intervencionismo norteamericano –como dice el analista Teruggi⁵- haciendo amplio despliegue de todo su instrumental político, económico, jurídico y militar.

Además, el gobierno norteamericano hace permanente uso de la lucha contra el narcotráfico, para lo cual usa sus cifras maquilladas que siempre responsabilizan a los países andinos de un problema que debe ser definido desde la misma demanda de drogas ilícitas en los países desarrollados. No se trata de soslayar la relación entre narcotráfico y violencia en la experiencia última de América Latina, sino la de llegar a las causas sociales y económicas profundas que promueven la existencia de este fenomenal negocio mundial⁶. Mientras la academia y la evidencia en el mundo demuestran la necesidad de producir reformas en la aproximación a este agudo tema, y los propios EE.UU replican con reformas consistentes a nivel estadual respecto al cannabis, la política exterior con los países andinos repite la crítica, la injerencia política, la militarización, el tratamiento desigual en los escenarios diplomáticos, desconociendo el principio de responsabilidad compartida aceptado internacionalmente.

Para mayor ejemplo, vale la pena repasar la experiencia de las relaciones peruano norteamericanas, fuertemente influencias por la forma de abordar este problema de seguridad interna y hemisférica⁷. Algo muy similar ocurre en el devenir de las relaciones con Colombia, fuertemente signadas por la adopción de los estándares norteamericanos en materia de lucha contra el narcotráfico: erradicación forzosa de cultivos de coca, fumigación aérea con glifosato, interdicción policial y militar, extradición de nacionales, han sido temas siempre presentes en las mesas de negociaciones⁸. Pero, además, es necesario repensar este problema de forma autónoma porque existen suficientes evidencias de los tratos, infiltración del narcotráfico, en la política doméstica de nuestros países, en las campañas electorales como ocurrió con el Proceso 8,000 en Colombia, en el accionar de las FF.AA.

En paralelo, el Departamento de Estado norteamericano se esfuerza en tejer la reconstrucción de una plataforma política de países aliados, compuesto por los presidentes Macri de Argentina, Bolsonaro de Brasil, Duque de Colombia, Vizcarra de Perú y Piñera de Chile, como lo demuestra el reciente periplo de Secretario de Estado Mike Pompeo por la región. Esta nueva arquitectura multilateral aún en formación, pretende tomar el lugar de las anteriores plataformas del UNASUR y la CELAC, que sufrieron en el pasado los embates y el desinterés de algunos actores principales. Esta apuesta definida desde las propias políticas de seguridad internacional que se elaboran en la Casa Blanca, el Pentágono y el Comando Sur, respectivamente, busca la preponderancia global de las fuerzas armadas y la visión del pueblo norteamericano:

“My Administration’s National Security Strategy lays out a strategic vision for protecting the American people and preserving our way of life, promoting our prosperity, preserving peace through strength, and advancing American influence in the world. We will pursue this beautiful vision—a world of strong, sovereign, and independent nations, each with its own cultures and dreams, thriving side-by-side in prosperity, freedom, and peace—throughout the upcoming year”.⁹

Esto se traduce a nivel regional, en que tiene como objetivo eliminar toda señal de gobiernos progresistas en la región que ponen sus propias reglas respecto de la inversión extranjera y la explotación de los recursos naturales. En este sentido, las plataformas castrenses, policiales y políticas que funcionan de forma paralela al accionar diplomático formal de la Casa Blanca en nuestros países, constituyen un problema evidente en la búsqueda de esas autonomías políticas.

En paralelo, los últimos gobiernos de EE.UU –sin importar su origen partidario- mantienen una histórica trayectoria de injerencias escandalosas en asuntos internos de los países al sur del Río Grande (el golpe militar en Chile, el desarrollo de la Operación Cóndor en el Cono Sur, la Iniciativa regional de lucha contra el narcotráfico, la propuesta del ALCA), de forma directa o a través de sus satélites en la región. Asimismo, observamos un peligroso impulso a procesos de militarización de asuntos eminentemente civiles (tales como la cuestión ambiental, la prevención de los desastres naturales), o como ocurre con la seguridad ciudadana y la criminalización de la protesta social. Ahora también, la lucha global contra el terrorismo que desarrolla el Pentágono con el apoyo de la OTAN, tiene su impacto en la región a partir del establecimiento de puestos avanzados, el intercambio fluido de información e inteligencia sobre presencia de potenciales elementos terroristas en la Triple Frontera y otras regiones sensibles.

En los últimos años, se produjeron sucesivos intentos de vulnerar y destruir procesos políticos alternativos en Venezuela, Bolivia, Paraguay, Honduras (2009), con el concurso de prensa, ONGs, cooperación, hasta grupos paramilitares. Todos ellos, fueron pensados desde una nueva forma de mirar el devenir político desde una mirada estratégica: la guerra psicológica. Como sostiene Romano:

“La guerra psicológica se institucionalizó con la Guerra Fría, en el marco de la Ley de Seguridad Nacional de 1947, que dio lugar a la creación de la Agencia Central de Inteligencia y al Departamento de Defensa. La guerra por “los corazones y las mentes” fue uno de los pilares contra el avance soviético. Vale aclarar que esta guerra centrada en el poder blando compuesto por una apuesta a la propaganda, la diplomacia, el intercambio estudiantil, la asistencia para el desarrollo, desde su inicio estuvo articulada a la guerra por medios militares (al poder duro)¹⁰

Trátese del poder duro de las armas o del poder blando de la influencia político diplomática, la historia reciente de la relación entre EE.UU y la comunidad hemisférica, ha estado marcada por las políticas del Garrote a inicios del siglo XX, la del Buen Vecino de los años 60, la Doctrina de la Seguridad Nacional de los años 70, la de la lucha contra el terrorismo en los años 90s, la del aliado comercial, en tiempos más contemporáneos. En ninguno de estos casos, la relación ha sido equilibrada simétrica y cooperativa. Siempre ha estado supeditada a los intereses de uno de los actores, usualmente Washington. Hasta que los países de América Latina no entiendan colectivamente en la necesidad de constituirse de forma autónoma en colectivos con intereses comunes, estaremos susceptibles a dicho tipo de influencias externas que obedecen siempre a influencias foráneas. Tal como ocurrió en el siglo XIX con el Congreso Anfictiónico y luego la Unión Panamericana, que posteriormente devino en la OEA.

Seamos claros, no existe razón alguna que justifique intervención externa alguna en el desarrollo de las relaciones internacionales, salvo el principio internacionalmente reconocido de la legítima defensa o el establecido por el artículo 42 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas respecto de acciones colectivas legítimamente acordadas por el máximo organismo internacional. No cabe duda que las actuales tensiones comerciales con China y las diferencias geopolíticas con Rusia, alimentan esta renovada voracidad de Washington que se despliega desbocada exacerbando la situación regional, con el apoyo mediático de grandes emporios periodísticos como el representado por el Grupo de Diarios de las Américas.

En tal sentido, no podemos permitir la generación de una mayor inestabilidad regional que puede incrementarse con potenciales tensiones en las extensas fronteras de Venezuela con Colombia o Brasil, permitiendo salidas externas a una crisis de naturaleza interna evidente. Es necesario preservar criterios fundamentales en la resolución de las desavenencias: el mantenimiento de América Latina como una zona de paz, la no injerencia de actores por fuera del contexto latinoamericano, el respeto a la soberanía de los países integrantes de nuestra comunidad. Un claro ejemplo de iniciativas novedosas, es la reciente iniciativa mexicana para proceder en conjunto con los países expulsores de América Central una salida a la actual crisis migratoria¹¹.

En los últimos días, a raíz de la asunción del Presidente Nicolás Maduro del 10 de enero del 2019, se produjeron hechos que fueron tergiversados y que produjeron una aclaración de 10 de los 12 países firmantes de la Declaración del denominado Grupo de Lima. Las declaraciones individuales de los países concernidos, o la Resolución de organismos internacionales como la venida a menos OEA, o la del mencionado Grupo de Lima (4 de enero), apuntan en esa misma dirección que impide la continuidad de propuestas de salidas pacíficas a la situación generada.

Recordemos lo ocurrido en 1962 con el apartamiento de Cuba de su participación plena en la OEA, a instancias del gobierno norteamericano, que se vuelven a repetir 55 años después, para el caso venezolano. En tal sentido, mucho mejor la posición tuvo la ONU que prioriza el seguir trabajando con el nuevo gobierno en la solución de los problemas de Venezuela, en lo que consideramos una posición mucho más equilibrada.

En este contexto, resulta sumamente grave la pérdida de autonomía de la política exterior peruana, dominada por intereses empresariales y mediáticos. Se ha producido en Torre Tagle, una pérdida de equidistancia en temas internacionales sensibles como la no intervención, el respeto de la soberanía y la resolución pacífica de los conflictos. La ceguera ocasionada por una diplomacia sesgada por lo comercial –en el caso peruano- ha ocasionado esta pérdida de foco en los temas más complejos y políticos.

La ola neo conservadora que atestiguan los países de América Latina, es entendible luego de los problemas ocurridos en este escenario cuando prevalecieron gobiernos progresistas que tuvieron evidentes problemas de corrupción, de mal manejo económico y de fragilidad institucional evidentes como ocurrió con Chávez, los Kirchner, Correa y Lula. El ciclo político progresista latinoamericano, fue de corta duración (1998-2014)¹², pero también debemos reconocer que fue objeto de una artera ola de ataques por parte del pensamiento y la política oficial de los Estados Unidos hacia estos países, durante las administraciones de los Presidentes Clinton, Bush, Obama y ahora Trump, sin distinción partidaria. Desde las sanciones, el aislamiento, el corte de recursos, el rodeo diplomático, hasta acciones directas de socavamiento del orden interno.

A la luz de los ciclos políticos atestiguados en los últimos 20 años en la región, podemos afirmar con certeza que no es posible determinar con certeza un modelo único y excluyente que determine el futuro latinoamericano en el escenario internacional de los próximos años, abordando verdaderas agendas estratégicas en lo energético, la educación, innovación tecnológica, el cierre de la brecha social, entre los más importantes.

Al parecer, ni el socialismo posterior a la caída del Muro de Berlín (1989), ni los casos de capitalismo extractivista minero ocurridos en la región latinoamericana, han sido capaces de resolver los profundos problemas de exclusión social que aún sufre su población, ni fortalecer nuestra presencia política en los escenarios globales.

Mientras tanto, los grandes think tanks y corporaciones trasnacionales, junto a sus aliados entre los policy makers regionales, diseñan e implementan un derrotero para la ejecución de grandes proyectos de infraestructura, como es el Corredor de la Seda, canales interoceánicos, el propio IIRSA que atraviesan ecosistemas y territorios ancestrales de los pueblos originarios, burlándose el respeto que se merecen sus propietarios, evitándose cualquier procedimiento de consulta previa o de beneficios mutuamente acordados.

Por el contrario, hoy la región de América Latina se encuentra en una situación de absoluto desorden y descomposición en el ordenamiento territorial donde son comunes la superposición de derechos originarios, derechos habilitantes como concesiones mineras, explotación de hidrocarburos, concesiones forestales, expansión de monocultivos, obras de infraestructura entre las más importantes. Por otro lado, hoy la geografía regional, de Norte a Sur, se ve inundada de gruesas porciones del territorio ajenas al Estado de Derecho, donde conviven grupos irregulares, traficantes, invasores, se cruzan bolsones y corredores que conviven por fuera del control estatal formal, y los esfuerzos realizados hasta la fecha, no han sido eficaces.

El gran reto de pensadores, movimientos sociales y clase política latinoamericanos, está en buscar un equilibrio doméstico e internacional en esta materia, para encontrar un efectivo equilibrio entre ambos extremos ideológicos. Este esfuerzo, debe partir por reconocer la existencia al interior de nuestras sociedades, de verdaderos “cuellos de botella” que no podrán ser resueltos solamente por la “mano dura” que atestiguaron en el pasado reciente los países centroamericanos, o por la inversión privada que catapultó el “boom” minero de inicios de siglo XXI. Es fundamental encontrar espacios de encuentro y de dialogo en todos los niveles de la sociedad y el Estado, que permitan contrarrestar retóricas extremas y confrontacionales.

¿Qué legitimidad tiene el gobierno del presidente Trump, el gobierno de Duque¹³, el nuevo gobierno brasilero o el peruano para intentar “dictar cátedra” en materia de respeto a los DD.HH y de fortalecimiento de la Democracia, cuando se ven carcomidos institucionalmente por la creciente inseguridad, el establecimiento del crimen organizado en las instituciones del Estado, las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos y la corrupción en todos los niveles de la sociedad y el Estado, respectivamente?

En este contexto, debemos resaltar la posición del nuevo gobierno mexicano, que jerarquizó principios fundacionales como la no injerencia y el respeto a la soberanía de los países, tomando distancia con lo propuesto por el denominado Grupo de Lima en relación al régimen de Nicolás Maduro. La posición diplomática mexicana, no solo constituyó un parte aguas, un punto de inflexión en el desarrollo de esta crisis doméstica con ribetes internacionales. Algunos lo ven como una tabla de salvación a Caracas, pero en realidad consideramos que constituye una ventana de oportunidad para llegar al fondo del asunto: el dialogo constructivo entre gobierno y oposición. Así, el apresuramiento y equívocos de dicho Grupo de Lima, llevaron a que diversas cancillerías, entre ellas la peruana, tuvieran que aclarar su posición, como lo demuestra el Comunicado 001-19 del Ministerio de Relaciones Exteriores peruanos del 12 de enero último:

1. El Perú reitera su firme adhesión a las normas y los principios del derecho internacional. Son la base para la convivencia pacífica y las relaciones entre los Estados, y en especial para los Estados americanos.

2. El Perú reafirma su respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial de los Estados y a sus derechos soberanos.

3. El Perú subraya el valor fundamental del principio de la solución pacífica de las controversias. Resalta la necesidad de resolver toda diferencia internacional por medios pacíficos, de conformidad con el inciso 3 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas.

Frente a ello, un total de 142 países decidieron preservar las relaciones de Estado y Estado, para el caso venezolano y estamos seguros que esa es la ruta que debe continuarse en el futuro. Debemos hacer los mayores esfuerzos para preservar todos aquellos mecanismos multilaterales que permitan el acercamiento de las posiciones de los dos sectores actualmente enfrentados; de hecho, la historia reciente demuestra las dificultades encontradas a partir de los esfuerzos realizados por vía de la amenaza directa o la imposición de salidas a un determinado problema. Esta lectura, para nada debilita la calificación que pudiera hacerse con objetividad sobre los graves problemas de violación a los derechos humanos, al derecho humanitario, que se están produciendo en los países mencionados en este artículo.

El aislamiento externo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel ortega en Nicaragua que pretenden los miembros del Grupo de Lima y Washington, cerrará cualquier posibilidad de participación amigable que pudiera tener efectos positivos en una salida a la situación generada. Por el contrario, ayudará a consolidar aquellas fuerzas que al interior de Venezuela y Nicaragua buscan que polarizar las posiciones e impedir cualquier posibilidad de acercamiento externo. La pregunta de fondo es a que estamos apostando, tanto de forma individual como colectiva. ¿A un escenario internacional de naturaleza multipolar más democrático y equilibrado, o a un escenario que se vuelva unipolar y en donde sea el “gran hermano” el que dicte las condiciones globales para enfrentar cambio climático, el comercio, la migración, derechos humanos y democracia?

Ricardo Soberón es abogado, analista internacional peruano. M.A en Política Internacional de la Universidad de Bradford, Inglaterra. Rasg642000@yahoo.com