Colombia

Un salto al vacío

Amylkar D. Acosta M.

03/12/2012

Opinión

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“Vístame despacio que estoy de prisa”, Napoleón

En volandas

No es serio ni mucho menos responsable, que se pretenda por parte del Gobierno que el Congreso de la República apruebe en volandas, en menos de dos meses, un proyecto de reforma tributaria que le tomó más de dos años para elaborarla y finalmente radicarla para su trámite[1]. Desde este preciso momento hasta la presentación de la ponencia el pasado miércoles para ser debatida ocho días después en las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara, dado que dicho proyecto cuenta con mensaje de urgencia, el mismo ha tenido tres versiones distintas. De 100 artículos iniciales que tenía el proyecto se salto a 143, que son los que contiene la ponencia. Como lo afirma el Director del Observatorio del Mercado Laboral de la Universidad Externado de Colombia Stefano Farné, “el término que ha fijado el Gobierno del 6 al 20 de diciembre para su discusión en plenarias del Congreso es insuficiente para un examen concienzudo de todo el articulado”[2].

El Gobierno le debe todavía una explicación al país del súbito cambio de la propuesta de reforma tributaria propuesta por el ex ministro Juan Carlos Echeverri por la que ahora defiende su equipo económico encabezado por el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. En la misma hay muchos temas tan complejos como abstrusos y contenciosos como para despacharlos a la ligera y el país no entendería que por andar en estos apremios se terminara aprobando una reforma más, pasando por alto las graves falencias que acusa el Estatuto tributario, convertido como está en una colcha de retazos.

Quién gana con la neutralidad

Entrando en materia digamos que si bien, como lo sostiene el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, “esta no es una reforma para aumentar el recaudo”[3]y en este sentido es neutra, este es un mensaje que aunque es tranquilizador para los contribuyentes, no va en la dirección correcta. Aunque en los últimos dos años el recaudo de impuestos ha tenido un buen comportamiento y el fisco nacional ha tenido cierta holgura debido al auge minero – energético, como lo sostiene el Director de la DIAN “se está recaudando el 14% del PIB en el mejor escenario, mientras que Brasil paga el 34% del PIB”[4]. Colombia debe pensar seriamente en elevar la presión tributaria hasta equipararse con el promedio de América Latina que está en el 17%, para corregir la gran disfuncionalidad entre los magros ingresos y los crecientes requerimientos de recursos para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

El entonces Ministro de Hacienda cuando se tramitó la reforma tributaria de 2002, Alberto Carrasquilla, también él habló del efecto neutro de la misma y al final le salió costando un ojo de la cara al país. Entre 2003 y 2008 las gabelas impositivas decretadas en dicha reforma le costaron al fisco la friolera de $26 billones! Muchas de ellas seguirán vigentes, pese a que en el texto de esta reforma se deroga la Ley963 de 2005 que las blindó, porque al amparo de la misma 66 grandes empresas suscribieron contratos de estabilidad jurídica que se las garantiza hasta el término de los mismos. Según un estudio reciente del Banco Mundial, “el costo fiscal de los gastos tributarios en Colombia oscila entre un 3% del PIB (cifras oficiales) y un4.5% del PIB (de acuerdo a la estimación realizada en este estudio)”[5].

Destaca, además, el estudio que “en el 2011 existían 201 gastos tributarios, lo que comparado a 127 casos en el año 2000, supone un aumento de casi 60%”[6]. Estamos hablando de cifras que oscilan entre $19.5 billones y $29.2 billones, aproximadamente, al año, lo cual erosiona la base impositiva; de modo que la necesaria elevación de la presión tributaria pasa por la supresión de esta proliferación de beneficios fiscales, los cuales se concentran en los grandes contribuyentes. Ello, de paso, ha distorsionado el sistema impositivo y ha determinado que, como lo sostiene el Economista Senior del Banco Mundial Lars Christian Moller, “la política fiscal en Colombia es poco explotada como herramienta para reducir la desigualdad de los ingresos. Además, el sistema tributario tiene un papel redistributivo que no se está explotando”[7]. El mismo Banco Mundial se pregunta si debemos preocuparnos por un aumento en el número de gastos tributarios y su respuesta es categórica: sí “dado que no conocemos su beneficio neto para la sociedad”[8].

El propio Gobierno reconoce en la exposición de motivos de este proyecto que el sistema impositivo en Colombia “no tiene ningún efecto redistributivo”. Como lo afirma el ex ministro Carlos Caballero Argáez, “el sistema tributario es regresivo: las personas con los ingresos más altos pagan menos impuestos (proporcionalmente) que los ingresos bajos”[9], lo cual va a contrapelo de Carta, que dispone que “el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad”[10]. Y bien dice el ex ministro Hommes, a propósito de este proyecto de reforma, que “el objetivo de comunicarle equidad al sistema tributario no parece cumplirse”[11]. Y ello, en el país más desigual de Latinoamérica. Como lo sugiere el ex ministro Caballero, se podría “introducir una mayor progresividad si se gravan las rentas de capital y no exclusivamente las laborales. En otras palabras, si se tributara sobre los dividendos, en cabeza de las personas naturales que los reciben y no únicamente de las sociedades que los generan…Pero, se deja por fuera a los rentistas de capital, que generalmente son las personas más ricas del país”[12]. Este precisamente fue uno de los cambios de frente del proyecto de reforma que finalmente se presentó al Congreso con respecto a la que se le quedó engavetada al ex ministro Echeverri por cuenta del fiasco de la reforma de la Justicia. En ella se proponía un impuesto del 4% sobre los dividendos; a este respecto el arrogante Director de la DIAN Juan Ricardo Ortega espetó recientemente que “en eso se dicen muchas sandeces…Eso es doble tributación”[13].

Y a la pregunta que le hizo un reportero en el sentido que al no tributar sobre dividendos por parte del 1% más rico ello desincentivaba las inversiones en expansión y reinversión en las empresas, esta fue su respuesta: “no…el argumento técnico es que las sociedades y las empresas son bondadosas porque generan empleo”[14]. En donde al parecer no son tan “bondadosas” es en EEUU en donde rige un impuesto a los dividendos del 35%, lo mismo que en Argentina y en México; mientras tanto en el Ecuador tiene un gravamen del 20% y en Costa Rica del 15%[15]. Hasta Fedesarrollo, centro de pensamiento económico ortodoxo, está proponiendo “sandeces” tales como la que propone el Director de este Thinktank Leonardo Villar, un “esquema como el que existe en Chile, que consiste en que los dividendos pagan impuestos, pero la persona que recibe dividendos puede deducir el monto de impuestos que haya pagado la empresa sobre sus utilidades. De esa manera no se generaría doble tributación, pero sí se lograría que las personas naturales y en especial las de altos ingresos contribuyeran en un mayor grado a equilibrar las cargas tributarias”[16].

No se puede, entonces, decir que con esta reforma se propende por la equidad cuando en la recomposición de la carga impositiva que se busca con esta reforma se le carga la mano a los ingresos provenientes de sueldos, salarios y honorarios de las personas naturales a través del nuevo Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN), al tiempo que se le rebaja la tributación sobre la renta de las sociedades y los dividendos de sus acciones siguen exentos. Los mayores recaudos por concepto del IMAN (+ $4.690 millardos), junto con la “simplificación” del IVA (+ $85 millardos) y el nuevo impuesto de consumo (+ $857 millardos), que afecta más a los de bajos ingresos porque estos dedican un mayor porcentaje del mismo al consumo, compensarán con creces los menores recaudos provenientes del impuesto a la renta de las empresas (- $3´597 millardos).

En su momento se justificaron tales beneficios a favor del capital y de los capitalistas con el socorrido argumento que con ello se estimulaba la inversión y el empleo. Pero, el Nobel de Economía Paul Krugman le recordó al país en un reportaje a la revista dinero, que un esquema semejante a este se ensayó durante la administración Reagan en EEUU, y no dudó en calificarla como regresiva e incluso injustificable, pues sólo contribuyó a elevar las utilidades de manera exorbitante, pero no generó más empleo productivo[17]. Por su parte Zee, H; Stotsky, J y Ley, E, en un estudio del FMI, afirman que cada vez hay un mayor consenso acerca de que“desde la perspectiva del desarrollo, este tipo de medidas (reducciones y exoneraciones de impuestos para atraer inversiones extranjeras) son ineficaces o incluso contraproducentes en el largo plazo”[18].

Más de lo mismo

Ahora nos viene el Ministro Cárdenas con que “hemos beneficiado mucho al capital y llegó la hora de beneficiar el empleo”[19], para lo cual propone “la necesidad de disminuir la presión tributaria sobre las empresas”, justo para lo mismo, con el fin de incentivarlas para que mediante el “alivio a la inversión…se promueva la formalización laboral y empresarial”[20]. A pesar del fracaso de esta estrategia se persiste en ella contumazmente. Hasta el ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes pone en duda la eficacia de la misma; advierte que “no se sabe si el efecto neto de estas acrobacias fiscales son favorables para las empresas y mucho menos si lo es para el empleo”[21]. Como si fuera un axioma, que no requiere demostración, el Ministro Cárdenas asegura que “el tributo a la nómina está en 29.5% y quedará en13.5%. Esto representa una reducción de 16 puntos, lo que se traduce en que un millón de colombianos pasen de la informalidad a la formalidad”[22]. Así de simple!

Como dice el ex director de la DIAN Horacio Ayala, “está por verse si la propuesta va a generar empleo”[23]. Por su parte El Espectador es del criterio que “la relación causal parece no estar tan clara. Al menos no tanto como el Gobierno lo dice con pretendida precisión. La flexibilización laboral de hace diez años prometía lo mismo y tuvo resultados discretos en la generación de empleo y perverso para los trabajadores”[24]. El inefable Director de la DIAN Juan Ricardo Ortega, el mismo que se declaró siendo Vice ministro de Hacienda como “un neoliberal sin corazón”[25], trata de disipar las dudas al respecto con este galimatías: “Lo que hoy en día le estaban pagando a sus empleados va a valer menos. Al valer menos van a tener un poco más de utilidad, pero ese poco va a tener un impuesto. Al bajar el costo del empleo, se le vuelve utilidad, lo que generas es una devaluación en el costo para todos los sectores intensivos en empleo”[26]. Y la mano invisible de Adam Smith se encarga del resto. Lo cierto es que las sucesivas reformas laborales que se han expedido justamente para reducir los costos laborales (Ley 50 de 1990, Ley 590 de2000, Ley 789 de 2002 y Ley 1429 de 2010) no se tradujeron en generación de empleo y no hay razones para pensar que esta vez sí. Y los hechos son los hechos, que además son tozudos.

Como lo destaca el profesor Stefano Farné, Director del Observatorio del Mercado Laboral de la Universidad Externado de Colombia, “la reforma tributaria notendrá el efecto estimado por sus promotores sobre generación de empleo. Mientras que en la exposición de motivos el Ministerio de Hacienda no relaciona un solo país que haya bajado los impuestos al trabajo y haya conseguido éxitos ocupacionales…naciones como Finlandia, Suecia, Chile, Argentina y Perú, a pesar de haber rebajado los impuestos a la nómina de las empresas, no han registrado avances significativos en términos de empleo. Y, sin ir tan lejos, es suficiente recordar los recientes resultados de la Ley colombiana de formalización y generación de empleo: durante el primer año de vigencia, de todas las empresas beneficiarias de los incentivos tributarios (290.703) solamente el 2% (¡!) de ellas ha vinculado nuevos trabajadores”[27]. La conclusión es obvia, al contrario sensu de las simulaciones que alega el Gobierno haber hecho para colegir que los menores costos no salariales tendrían un gran impacto sobre el empleo, “la experiencia colombiana ha mostrado que las empresas usualmente aprovechan los incentivos tributarios que se les ofrecen, sin que esto, por razones económicas, tecnológicas o de mercado, se vea reflejado en una significativa contratación de nuevos empleos formales”[28]. Y ello ocurre por la sencilla razón que la ley de hierro del mercado, la simple racionalidad económica, se termina imponiendo: un empresario amplía su planta y su plantilla de empleados en la medida en que así lo requiera para responder a una mayor demanda del mercado y no porque le eliminen los parafiscales. La promesa del Gobierno de generar un millón de empleos formales por esta vía terminará convertida en agua de borraja o en sal y agua!

Las cuentas no cuadran

Ahora bien, al desmontar los parafiscales con destinación al SENA y al ICBF, así como los aportes patronales al Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS), como lo propone el proyecto de reforma, se plantea concomitantemente sustituir esta fuente de financiamiento por otra, el “impuesto sobre la renta para la equidad”. De acuerdo con el Ministro Cárdenas, “la idea es que se sustituyan los $1.76 billones que aportan al ICBF los empleados con sueldos de menos de 10 salarios mínimos con 2.2% del CREE; los $1.13 billones del SENA, con 1.4% del impuesto y los$3.81 billones de salud, con 4.4% del CREE más los recursos del Presupuesto General de la Nación, como se hace hoy en día”[29]. Aquí nos topamos con la primera sorpresa: Los $1.76 billones del ICBF a que se refiere el Ministro está muy por debajo de los $2.6 billones que fue el presupuesto de 2011 y de los $3.3 billones que es el presupuesto de este año y muy seguramente el del año entrante será aúnsuperior. Y en cuanto al SENA, el presupuesto del año pasado fue de $1.7 billones y el de este año $2.2 billones, ambas cifras totalmente desfasadas con respecto a las que maneja el Ministro, de sólo $1.13 billones.

Allí empieza el descuadre, porque si al desfase entre unas y otras cifras le añadimos la diferencia entre los cálculos del Gobierno y los registros con respecto a lacotización en salud ($3.8 billones vs $4.4 billones), de arrancada tendremos $2.5 billones menos de lo que hoy aportan las empresas como recargo a la nómina. A última hora, para tratar de disuadir a los congresistas renuentes a votar el desmonte de los parafiscales, se está planteando en un artículo nuevo que a futuro al SENA y al ICBF se les “garantizará” que recibirán montos indexados con la inflación más dos puntos. Esta fue la misma fórmula que se ingeniaron en su momento para recortarle los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) a las regiones a través del Acto legislativo 01 de 2001. Mal presagio este!

Se dice por parte de Juan Ricardo Ortega que “todo aquello que se ha dicho de que el SENA y el ICBF van a tener menos recursos es absolutamente falso. Si algo se está haciendo es fortaleciendo esas instituciones”[30]. Y lo secunda el Ministro Cárdenas, sermoneando que “en contra de lo que se ha dicho, saldrían fortalecidas (SENA/ ICBF). Recibirán de manera exclusiva un impuesto a las utilidades de las empresas, llamado CREE”[31]. Según ellos, “los recursos derivados del CREE serán del orden de los $4.5 billones, que aplicaría a partir del segundo semestre de 2013. En 2014 el recaudo se incrementaría a $10.4 billones y llegaría en 2016 a $12.2 billones. La disminución del recaudo en 2013 al pasar del 33% al 25% sería de $8.1 billones. En 2016 dicha disminución será del orden de los $10.1 billones. Costo fiscal neto en el primer año (2013) equivalente a $3.6 billones. A partir de 2014 se espera un impacto positivo y superior a $2 billones para todos los años”. ¿Será verdad tanta belleza? ¡Amanecerá y veremos!

No obstante, un estudio contratado por el SENA con el consultor Juan Pablo Sandoval llegó a la conclusión que “tomando como referencia datos oficiales y metodologías de cálculo expuestas por el Ministro de Hacienda, respecto al ejercicio de evaluación retroactiva del recaudo del CREE, no sólo para el año 2010, sino extendiendo el período hasta el año 2000, el monto de recursos que generaría el CREE sería en promedio un 20% inferior al recaudo observado por concepto de parafiscales (SENA e ICBF) y aportes patronales a la salud en este período”[32]. De modo, que el SENA y el ICBF “saldrían fortalecidas” pero en el papel y este puede con todo.

Un grave predicamento

Otra conclusión interesante de este estudio es que, de prosperar esta iniciativa los ingresos del SENA y del ICBF estarían a merced del comportamiento de la economía, con sus altibajos, de los ciclos económicos, influidos en gran medida por la volatilidad de los precios internacionales de los productos básicos de exportación, que son los que jalonan la economía. A guisa de ejemplo, digamos que los ingresos fiscales del Gobierno Nacional se reducirían en $302.000 millones por cada dólar que se reduzca el precio del petróleo crudo WTI con respecto a la proyección básica que contempla el Presupuesto General de la Nación para 2013 de un precio de US$101 el barril de crudo. Y quienes concibieron la parafiscalidad sobre la nómina querían precisamente evitar este albur y garantizarle a estas entidades una fuente segura y estable de financiamiento, que no estuviera expuesta a estos azares, como son los parafiscales. Concluye el estudio que “la parafiscalidad permitió la construcción de redes fuertes de protección social, puesto que permitía a la provisión de bienes y servicios sociales (derechos sociales) escapar a las coyunturas fiscales”[33]. Y nada de ello ha sido tenido en cuenta al proponer su desmonte.

Así, “los recursos del CREE resultan insuficientes para sustituir los parafiscales que financian al SENA y al ICBF y los aportes patronales al SGSSS, pero adicional a esto, también resultan ser altamente volátiles. La alta dependencia de los recursos del CREE de los sectores minero-energético, electricidad y gas, y servicios financieros. La tercera parte de los recursos del CREE dependerían de la dinámica de estos tres sectores, altamente volátiles, y en el caso del sector minero (el de mayor porcentaje), de alcance limitado en el mediano y largo plazo (recursos no renovables)[34]. Dice el Ministro Cárdenas, “que paguen las compañías o sectores que han tenido éxito financiero, pero que no generan muchos empleos, como es el caso de las compañías mineras”[35]; pero, lo que por agua viene por agua se va, el boom minero – energético está perdiendo fuerza e impulso, ya está en su cuarto menguantey para lo que tenemos que prepararnos es para enfrentar la época de las vacas flacas que se avecina, en lugar de fincar en él todas nuestras esperanzas.

Pero, ante tanta incertidumbre, el Gobierno jura y perjura que en caso dado que los recursos recaudados a través del CREE resulten insuficientes para suplir los recursos provenientes de la parafiscalidad en el caso del SENA y el ICBF y de la cotización en el caso del SGSSS, “la financiación se hará con cargo al Presupuesto General de la Nación”[36].

Pero, no se puede perder de vista que el Presupuesto General de la Nación es lo más parecido a una sábana con la que todos quieren arroparse al mismo tiempo. Siempre son mayores los requerimientos que las disponibilidades, de tal suerte que los únicos recursos ciertos con los que contarían el SENA y el ICBF serían aquellos recaudos del CREE, que por tener destinación específica no pueden aplicarse a otro objeto diferente. De resto, para obtener partidas adicionales con cargo al Presupuesto General de la Nación tendrían que competir con las demás entidades e instituciones del Gobierno para que le sean asignados. Ya mencionamos el caso que se presentó con la rama judicial, que no obstante haber sido expedida la Ley 4 de 1992 que les daba el derecho a sus servidores al reconocimiento de una nivelación salarial, esta se atiende a medias sólo veinte años después, gracias al paro de ASONAL judicial[37]. Y la respuesta del Gobierno a esta justa demanda es que no dispone de los recursos indispensables para ello en el Presupuesto, amén de las restricciones que le impone la Regla fiscal.

Ahora está el Gobierno ante otro predicamento. Resulta que el Presidente Santos, al darle cumplimiento a la Sentencia S – T 760 de la Corte Constitucional procedió a unificar los planes obligatorios de salud (POS) subsidiado y contributivo. Con bombos y platillos anuncio el Presidente que“ya no podrá haber pacientes de primera y de segunda clase…En adelante, todos los colombianos, sin excepción, sin importar a qué régimen pertenezcan, sin importar su edad, tienen derecho a los mismos tratamientos, a los mismos procedimientos y a los mismos medicamentos”[38]. Pero, en la medida que las Unidades de Pago por Capitación (UPC) –el dinero que el Sistema reconoce por cada afiliado al año- para el régimen contributivo es de$547.639 y para el régimen subsidiado de $433.666, pero los afiliados a uno y otro deben recibir el mismo el mismo trato a partir del 1º de julio, ello puso en calzas prietas a las empresas prestadoras de salud. Ello llevó a la Corte a dictaminar que elGobierno debe proceder de manera inmediata a igualar dichas primas. A ello ha respondido el Ministro de Salud Alejandro Gaviria que “eso tiene un costo fiscal significativo, entre 2 y 2.5 billones de pesos…Ese dinero no está incluido en el Presupuesto General de la Nación del otro año”[39]. Así las cosas, la crisis de la salud se agrava, mientras el Estado tendrá que seguir saltando matones para conjurarla.

De allí el afán del Ministro de Hacienda para que el Congreso le tramite y le apruebe cuanto antes el Proyecto de ley de Incidencia fiscal que reglamente el Acto legislativo que consagró la Sostenibilidad fiscal como derecho constitucional[40]. Según el Ministro Cárdenas, este Proyecto “es muy importante, porque le dará al Gobierno una capacidad de debatir los fallos de las altas cortes, cuando tienen impacto fiscal”[41]. A ello quedarían expuestos también el SENA y el ICBF, a que su financiación esté supeditada no solo al buen o mal desempeño de la economía sino también al espacio fiscal que le de el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) que expide año a año el Consejo Nacional de Política Fiscal (CONFIS). ¿Será eso garantía de estabilidad financiera para tales entidades? Con esta propuesta de reforma, de aprobarse, se estaría dando un salto al vacío de previsibles consecuencias para el SENA y el ICBF. A todas esas, a lo largo del debate en torno a la reforma propuesta tirios y troyanos han reconocido la importancia de estas instituciones tan caras al afecto de los colombianos y su meritoria labor, al tiempo que se reconocen su solidez financiera. Quienes insisten, entonces, en cambiar lo que ha venido funcionando bien durante décadas, están convidando a secundarlos en su despropósito, con esta invitación singular: ya que esta fiesta está tan buena, pues vámonos para otra!

Pasto, noviembre de 2012

Amylkar D. Acosta Medina

Miembro de Número de la ACCE

www.amylkaracosta.net

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 331

Semana de noviembre 30 al 6 de diciembre de 2012

Corporación Viva la Ciudadanía

http://www.viva.org.co

semanariovirtual@viva.org.co

[1]Proyecto de ley 134/2012 Senado y 166/2012 Cámara de Representantes.

[2]El Tiempo. Noviembre, 19 de 2012.

[3]Semana. Septiembre 28 de 2012.

[4]El Espectador. Octubre, 5 de 2012.

[5]Banco Mundial. El gasto tributario en Colombia. 2012.

[6]Ídem.

[7]El Espectador. Octubre, 22 de 2012.

[8]Ibídem.

[9]El Tiempo. Noviembre, 3 de 2012.

[10]Constitución Política. Artículo 363.

[11]El Heraldo. Octubre, 14 de 2012.

[12]El Tiempo. Noviembre, 3 de 2012.

[13]El Espectador. Octubre, 30 de 2012.

[14]Ídem.

[15]Portafolio. Horacio Ayala, ex director de la DIAN. Agosto 16 de 2005.

[16]La República. Octubre, 18 de 2012.

[17]Dinero. Julio, 21 de 2006.

[18]Portafolio. Agosto, 8 de 2005.

[19]Portafolio. Octubre, 9 de 2012.

[20]Proyecto de reforma tributaria. Exposición de motives. Octubre, 4 de 2012.

[21]El Heraldo. Octubre, 14 de 2012.

[22]El Espectador. Octubre, 3 de 2012.

[23]El Espectador. Octubre, 5 de 2012.

[24]El Espectador. Editorial. Octubre, 6 de 2012.

[25]Semana. Frase de la semana. Noviembre, 3 de 2003.

[26]El Universal. Octubre, 4 de 2012.

[27]El Tiempo. Noviembre, 19 de 2012.

[28]El Tiempo. Stefano Farné, Director del Observatorio del Mercado Laboral de la Universidad Externado de Colombia. Octubre, 13 de 2012.

[29]La República. Octubre, 4 de 2012.

[30]La República. Noviembre, 7 de 2012.

[31]Portafolio. Octubre, 9 de 2012.

[32]Juan Pablo Sandoval. El rol de la parafiscalidad en la formación y capacitación para el trabajo en el mundo contemporáneo. Consecuencias de la reforma tributaria sobre el SENA. Noviembre, 2012.

[33]Ídem.

[34]Ídem.

[35]El Heraldo. Noviembre, 3 de 2012.

[36]Exposición de motives del Proyecto de Ley.

[37]Amylkar D. Acosta M. A propósito del Presupuesto 2013. Octubre, 29 de 2012.

[38]Semana. Julio, 5 de 2012.

[39]El Tiempo. Noviembre, 24 de 2012.

[40]Acto legislativo 03 de 2011.

[41]Semana. Noviembre, 25 de 2012.

https://www.alainet.org/en/node/163046