Es el “brazo periodístico del poder dominante de los Estados Unidos en América Latina”. Procuran ordenar el “sentido común” detrás de las estrategias del aparato económico concentrado. Tienen a la democracia como enemiga.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) vuelve a ser protagonista en la nueva ofensiva de “los amos de la libertad” contra los pueblos latinoamericanos y los gobiernos populares, consagrados democráticamente a través de las urnas.

El “ente regulador” de los medios hegemónicos de comunicación en América Latina se convierte nuevamente en la punta de lanza de la política exterior del gobierno que conduce Barack Obama.

A la Revolución Cubana como histórica enemiga número el aparato de la SIP sumó objetivos y apuesta a combatir contra los proyectos nacionales desde adentro, con el poder de los medios concentrados

Desde el advenimiento del comandante Hugo Chávez Frías al poder en el año 1998, y con la posterior construcción social y política de la Revolución Bolivariana, Washington comenzó a desplegar en territorio venezolano las herramientas supuestamente más eficaces  para la construcción de una opinión pública opositora, con el fin de quebrantar la democracia en ese país.

El 5 de marzo de 2002, Carlos Ortega, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), firmó un acuerdo con Pedro Carmona, de FEDECAMARAS, y  junto con la Iglesia Católica ofició como testigo del denominado "Pacto Nacional de Gobernabilidad", cuyo objetivo era la "salida democrática y constitucional" del Presidente, sentando así la base legitimadora del golpe a Hugo Chávez.

Éste proceso se inició el 10 de abril, con una huelga general convocada por las dos grandes organizaciones de carácter corporativo, la patronal FEDECAMARAS y la (CTV), que tuvieron el apoyo necesario de los principales canales privados de televisión, especialmente Globovisión.

 El 11 de abril, FEDECAMARAS y la CTV, con el respaldo de altos mandos militares, reclamaron la renuncia de Chávez. Ese mismo día, las calles de Caracas se convirtieron en escenario de manifestaciones multitudinarias y enfrentamientos violentos.

 Los militares hacían responsable a Chávez de las muertes producidas durante los choques en las calles, mientras que el respaldo de los medios estuvo representado fundamentalmente por las grandes cadenas privadas de televisión y algunos diarios históricos de Venezuela, entre ellos El Universal de Caracas.

 La relación entre el Gobierno de Hugo Chávez y el canal Globovisión fue tensa desde un principio. Durante el gobierno de facto de Pedro Carmona, el canal no trasmitió las manifestaciones en favor de Hugo Chávez que solicitaban la renuncia de Carmona, y tampoco los disturbios que se sucedieron el 12 y 13 de abril de 2002, en contraste con los medios de comunicación internacionales como CNN, hecho que evidenció una parcialización y una manipulación de la realidad.

El apoyo financiero de Estados Unidos a la derecha venezolana

 El 9 de diciembre del 2005, el entonces Embajador William Brownfield, inauguró el primer American Corner en la ciudad de Barquisimeto, Estado de Lara, ubicado dentro del Colegio de Abogados de esa región. Durante los siguientes seis meses, se  inauguraron otros tres consulados ilegales en las ciudades de Margarita, Maturín y Lecherías, casi todos ubicados en los Colegios de Abogados regionales, menos en Lecherías, en donde fue prestado un espacio dentro de la alcaldía municipal.

Estos American Corners son centros de propaganda y lugares de reuniones del gobierno de Estados Unidos, establecidos sin autorización y de manera ilegal, configurados como espacios para que Washington siga promoviendo sus estrategias desestabilizadoras para con el gobierno venezolano.

Según los documentos recientemente desclasificados, que incluyen contratos entre la Embajada de Estados Unidos en Venezuela y los anfitriones, y otros informes sobre el funcionamiento de estas sedes diplomáticas no autorizadas, los American Corners en Venezuela reciben su financiamiento desde de la división de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado y de la Embajada.

La organización venezolana que recibió más apoyo financiero y asesoría estratégica de las agencias de Estados Unidos durante los últimos diez años ha sido el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE). Hoy, es la entidad que más representa los intereses estadounidenses en Venezuela y es autor de la mayoría de las campañas mediáticas de la oposición contra las políticas del Gobierno bolivariano.

La invasión diplomática llegó de la mano de las dos principales agencias financieras de Estados Unidos, establecidas para realizar gran parte del trabajo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA): La Agencia del Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED).

Junto a otras similares como Freedom House, el Instituto Demócrata Nacional (NDI), el Instituto Republicano Internacional (IRI), Fundación Konrad Adenaeur (Alemán), FAES (España), FOCAL (Canadá), Friedrich Ebert Stiftung (FES- Alemán), llevan años en Venezuela trabajando, asesorando y financiando a partidos como Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Podemos para ayudarlos a construir sus estrategias políticas que reflejan las necesidades y deseos del pueblo venezolano, pero que manejan una agenda oculta que promueve una visión neoliberal, anti-socialista, y de un carácter imperialista.

De norte a sur, la SIP alinea a los medios hegemónicos para atacar

“La SIP se mantiene en alerta y sigue explorando distintos caminos de acción para apoyar a la prensa venezolana”, esta es una de las frases que componen el último comunicado de la Sociedad Interamericana de Prensa emitido el pasado 16 de abril, donde explicitan su vínculo político con los medios hegemónicos venezolanos que buscan socavar a diario la moral del pueblo.

En ese sentido, el brazo periodístico de la CIA – como se ha identificado a la SIP – no sólo no oculta su apoyo ideológico a los mass media sino que además, se muestra como una de las usinas “constructoras de sentido común” que anhelan y trabajan por volver a instaurar en Latinoamérica gobiernos serviles y personeros de la política imperialista de la Casa Blanca.

Del mismo modo se manifestó el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, el periodista uruguayo Claudio Paolillo, al afirmar que “los medios están cerrando y con ello las pocas esperanzas de que se mantengan como bastiones democráticos dentro del país, como siempre fue su función”.

El mensaje que planean naturalizar los medios hegemónicos en el imaginario social, en sintonía con el apoyo vital de la SIP, es el resultado de la ecuación que iguala a la libertad de prensa con la democracia. Pero lo que omiten conscientemente en esta igualación semántica es el carácter tan complejo que comprende al periodismo.

En su afán por enmascarar su parcialidad de clase que los caracteriza, los medios concentrados apelan al viejo paradigma neoliberal de la comunicación para buscar perpetuar el privilegio de unos pocos grupos mediáticos concentrados. Por eso, toda propuesta o medida que afecte esos intereses corporativos será calificada como un “ataque a la libertad de expresión”, siguiendo una lógica perversa que desconoce las propias normas internacionales en materia de derechos humanos.

 Hoy, los misiles mediáticos apuntan contra Ecuador, Bolivia, Argentina y particularmente hacia Venezuela, convertida en la “Cuba del siglo XXI” y en donde se constituye un foco de amenaza para el plan expansionista de los Estados Unidos. El gobierno bolivariano representa una complicación para conquistar los recursos naturales y estratégicos necesarios para continuar alimentando un sistema capitalista salvaje.

Ante este escenario, son los Estados democráticos y soberanos los que deben garantizar un derecho tan fundamental como la libertad expresión para que todos y todas puedan ejercer plenamente la palabra, sin monopolios que atenten contra la pluralidad de voces. La existencia de monopolios y oligopolios mediáticos quebrantan la articulación del tejido social y obtienen como resultado el debilitamiento de la democracia. Es por eso, que la instrumentación de políticas del Estado en materia de comunicación se convierte en una necesidad para construir mayor poder popular.

Martes, 30 de junio de 2015

http://agepeba.org/Lectura.asp?id=18760