Soberanía aérea

Bolivia recupera el manejo de los aeropuertos

20/02/2013
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El Estado hizo justicia con los capitales extranjeros debido a su falta de inversión. Ahora fue el turno de las concesionarias españolas encargadas del mantenimiento aeroportuario. Procesos similares en diversas áreas ya se han realizado en la gestión de Morales
 
El presidente boliviano, Evo Morales, anunció la nacionalización de la empresa Servicios de Aeropuertos Bolivianos (SABSA), filial de las españolas Abertis y Aena que, desde 1997, gestionaba la actividad de los tres aeropuertos más importantes de Bolivia: El Alto en La Paz, Viru Viru en Santa Cruz y J. Wilstermann en Cochabamba.

La falta de inversión y la resistencia a incrementar la inversión de su propuesta inicial de 36 millones de dólares para el mantenimiento y ampliación de los aeropuertos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz en los próximos nueve años fueron los principales motivos que impulsaron este nuevo paso hacia la emancipación. 

El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, informó que en ocho años la empresa (SABSA) no cumplió con el plan de inversiones estipulado en el contrato, cuando se hizo cargo de la administración de tres aeropuertos del eje troncal del país.

Esta compañía perteneció desde 1997 a 1999 a su par estadounidense Airport Group International, hasta que pasó a manos de la empresa británica TBI. En 2004, la firma de infraestructuras Abertis y el ente público aeroportuario español Aena adquirieron TBI con todo el paquete de aeropuertos que administraba, incluidos los tres de Bolivia.

Cabe recordar que los aeropuertos habían sido entregados en concesión por 25 años a la empresa privada debido a su situación deficitaria.

Esta nueva decisión que lleva adelante la administración de Morales, es instrumentada en sintonía con los procesos de nacionalización de empresas en manos de capitales extranjeros, las cuales dejan de invertir en tecnología para mejorar los servicios que finalmente utilizará el pueblo boliviano.

En mayo del 2012, a través de un decreto del Ejecutivo, la Transportadora de Electricidad pasó a control de la estatal Empresa Nacional de Electricidad, y de esa manera el Estado boliviano recuperó el control de la generación, transporte y comercialización de electricidad, cubriendo así el 80% del mercado nacional.

Más cercana en el tiempo fue la nacionalización de multinacional española Iberdrola, un grupo empresarial dedicado a la producción, distribución y comercialización energética, particularmente de electricidad. 

A finales de 2012, tras quedar en evidencia la falta de inversión en la expansión de redes eléctricas especialmente fuera de las zonas urbanas, el gobierno de Evo Morales decidió estatizar esta compañía española que distribuyó electricidad en los Departamentos de La Paz y Oruro desde 1995.

Tampoco se debe pasar por alto que este tipo de empresas trasnacionales se registraron como subcontratistas, por lo que el estado no tuvo el control de las condiciones laborales ni tampoco de la actividad sindical, la cual fue casi inexistente debido a las reprimendas.

Este papel regulador que toma el Estado, busca restablecer de una vez por todas lo que le corresponde al pueblo: la decisión soberana por sobre los servicios de transportes aéreos así como por sobre los recursos naturales. La actualidad ubica a un Estado boliviano en busca de una asociación necesaria y equitativa con inversores locales o extranjeros, siempre y cuando el aprovechamiento de los recursos naturales garantice una real reinversión de las utilidades económicas en el país. 

Proceso soberano

Desde que asumió la dirección máxima de Bolivia, el presidente Evo Morales recuperó para Bolivia alrededor de 20 empresas de distintos rubros - petroleras, mineras, cementeras y eléctricas-. En mayo de 2006 fue la nacionalización de los hidrocarburos y recuperación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Según datos de la empresa, la administración estatal logró en 2012 un récord histórico en la generación de la renta petrolera, al sobrepasar los 4.200 millones de dólares.

Ese mismo 2006 se estatizó la mina de estaño Huanuni, en Oruro, tras un enfrentamiento entre mineros de la zona. En 2007 fue el turno de la Empresa Metalúrgica Vinto, hasta entonces en manos de la firma suiza Glencore; de la empresa de servicios de agua y saneamiento que explotaba la empresa francesa Lyonnaise des Eaux.

En 2008, el Gobierno nacionalizó la telefónica ENTEL que estaba en manos de la italiana Euro Telecom desde 1996; y también adquirió la totalidad de la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (YPFB Logística), hasta entonces bajo el dominio de inversionistas alemanes y peruanos.

En 2010 se inició el proceso de estatización del sector eléctrico, y en 2012 el Estado avanzó en la recuperación de los yacimientos de Mallku Khota y Colquiri.

A estos procesos se suman acciones similares en la actividad cementera; y en la generación y distribución de electricidad.

Tras la estatización de la administradora de aeropuertos Sabsa, el diputado opositor -de Convergencia Nacional- Luis Felipe Dorado dijo que “siguen las nacionalizaciones-cortina de humo (...) a raíz del escándalo que salpicó a los asesores jurídicos de varios ministerios y que amenazaba con alcanzar a altos funcionarios de gobierno, se inició un nuevo ciclo de estatizaciones, con las que se busca acaparar titulares en los medios y distraer a la opinión pública”.
 
APAS | Agencia Periodística de América del Sur | www.prensamercosur.com.ar
Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.
 
https://www.alainet.org/en/node/73827
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