Después de años de investigar todos aquellos actos ilícitos y delictivos cometidos en perjuicio del patrimonio público (deuda externa pública y privada, licitaciones petrolíferas, restructuraciones financieras, privilegios bancarios hacia los grupos de poder, el saqueo que significan los tratados bilaterales) nada debería asombrarme. Estoy acostumbrado a ver negociaciones espurias, auditorias que se tiraron a la basura, investigaciones probatorias de delitos que se archivaron sin consecuencias y también el desconocimiento de la ley por parte de diferentes gobiernos.

CAMBIEMOS y el PRO, venían a terminar con todo eso según la propaganda habitual del partido. Algunos ingenuos se lo creyeron, los vivos de siempre sabían cómo venía la mano y que el interés privado iba a estar plenamente favorecido. Los hechos que se van sucediendo lo muestran a cada paso.

Pero como los discursos macristas quedan en evidencia ante la contundente realidad, quería relatar un ejemplo de cómo el gobierno respeta la ley y las decisiones de la justicia.

Ayer jueves 30 de junio, asistí en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a la audiencia pedida por Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en la acción de amparo deducida por el ex Senador Ruben Giustiniani, para que se exhibiera el contrato celebrado con Chevron, sobre las reservas de Hidrocarburos de Vaca Muerta (cuarta reserva mundial de petróleo no convencional). Estábamos: Giustiniani con sus abogados, los Senadores Solanas y Linares, el Dr. Héctor Polino, y el Dr. Enrique Viale. Por YPF estaban presentes los Dres. Luis Rodolfo Bullrich, Pablo Perrino y dos funcionarios de la petrolera. Bullrich planteó que habían solicitado la audiencia a los efectos de ofrecerle a Giustiniani mostrarle el contrato de manera confidencial, con la condición de que no trascendieran los términos del mismo, ya que por distintos argumentos que plantearon, eso podía afectar a YPF, ante sus competidoras, por una serie de datos geológicos, financieros y otros que constaban en el documento. Además ofreció darle asesoramiento por parte de personal de YPF para que le explicaran cuestiones atinentes al mismo.

Giustiniani replicó que le estaban faltando el respeto, respecto a ese inútil asesoramiento y que el solo quería que se cumpliera el fallo de la Corte Suprema, que ordenó que el contrato se exhibiera. El cinismo de los letrados, que volvieron con argumentos inconsistentes, fue de tal magnitud que la Dra. Clara Do Pico, presidenta del Tribunal le aclaró que, más allá de la buena voluntad de la audiencia, ellos no tenían otra alternativa que cumplir la orden de la Corte Suprema, por lo cual toda esa parafernalia dialéctica resultaba inconducente. Pidió traer el sobre reservado en la caja de seguridad para abrirlo, y el Dr. Bullrich se opuso, sosteniendo que tenía instrucciones de YPF para hacerlo, que antes de eso, debían resolverse cuestiones procesales que habían planteado. Los camaristas se retiraron a deliberar, y después de unos minutos, volvieron dos de ellos, diciendo que habían abierto el sobre y que dentro de los diez días iban a resolver lo que correspondiera a los efectos de cumplir con la orden de la Corte, y esto porque en el sobre estaba el contrato testado en casi un 80%.

Cuando el Dr. Kaplan, uno de los abogados de Giustiniani, pidió que le dijeran cuales eran algunas de las cuestiones confidenciales que no debían conocerse, hablaron de contratos con terceros, de cuentas bancarias, etc. y en estos etcéteras debe estar el sometimiento a la jurisdicción extranjera, los compromisos que afectan el interés público y la cesión de recursos que son de toda la comunidad.

Cabe aclarar que en su momento los Dres. Grecco y Fazio, integrantes de la Sala I, votaron para que no se mostrara el contrato, y solo la Dra. Do Pico, lo hizo para que se diera a publicidad, sentencia que fue revocada por la Corte Suprema, haciendo lugar al amparo.

Todo lo relatado consta en un acta que firmé junto con los presentes en el acto, por lo cual ha quedado plenamente en evidencia como el gobierno del ingeniero Macri no cumple con la ley y con las decisiones de la justicia y digo esto porque YPF, empresa con mayoría estatal, ha recibido instrucciones expresas del Ministerio de Energía para que no se conozca el contrato, que nos enteramos, no fue firmado en realidad por YPF, sino por dos compañías off shore: YPF oil co. y Chevron oil co, ambas con domicilio en un paraíso fiscal.

Uno de los argumentos de Bullrich, fue que suponía que Giustiniani y Solanas, no querían afectar a YPF, y si el contrato se hacía público, esto podía ser catastrófico para la empresa, porque las petroleras competidoras podían hacer uso de los aspectos confidenciales y secretos del mismo.

Para mostrar quienes son los defensores del interés público en el Ministerio de Energía, van estos nombres.

Ministro: Juan José Aranguren, ex presidente de Shell y actual accionistas de la casa matriz Royal Dutch Shell

Secretario de Recursos Hidrocarburíferos: José Luis Sureda, ex Vicepresidente de Pan American Energy, a quien se le prorrogó ilegalmente la concesión de Cerro Dragón y fue motivo de mi presentación como Amicus Curiae en la Justicia de la Provincia de Chubut, por la violación a la ley de hidrocarburos y la posible comisión de ilícitos, que hoy se están investigando en los Estados Unidos

Secretario de Planeamiento Estratégico: Daniel Redondo. Ex Gerente de Exxon Mobil

Subsecretario de Política Tarifaria: Andrés Chambuleyron: Perito contra la Argentina en cinco demandas iniciadas en el CIADI

Subsecretario de Explotación y Producción: Marcos Porteau: ex funcionario de la Petrolera Tootal

Subsecretario de Refinanciación y Comercialización: Pablo Popik. Ex funcionario de Axion Energy (Ex ESSO)

¿Hay alguna persona que conociendo el manejo de las petroleras desde siempre, crea que estos sujetos van a defender el interés nacional?

Cabe apuntar que la acción de amparo, es un proceso de términos muy acotados, que los abogados de YPF, desconociendo el fallo de la Corte Suprema que es contundente pretenden relativizar, utilizando todo tipo de chicanas procesales para no cumplirlo. Han trabado la ejecución de la sentencia, hasta donde pudieron. Esperamos que la Cámara la semana próxima, termine con esta clara violación de la ley, como lo puso de manifiesto con toda claridad la presidenta del Tribunal.

Es necesario aclarar, que en este caso como en otros, donde se trata de la economía estructural, hay continuidades, ya que el que firmó el contrato fue el anterior gobierno, y el que interpuso todos los recursos posibles para que no se conociera. El PRO ha continuado con la misma estrategia, y mientras se investiga a los delincuentes López, Báez y demás cofrades, lo que está muy bien. Sobre los grandes negociados, nadie dice una palabra, como tampoco sobre el incumplimiento por parte del gobierno de las decisiones de la Corte y los grandes medios guardan impenetrable silencio, aunque gastan páginas y páginas y páginas, sobre sobre acciones delictivas de funcionarios del anterior gobierno. El delito estructural, no interesa y si la delincuencia grosera que hemos visto, aunque esta no comprometa los grandes recursos del Estado Nacional.

1 de julio de 2016