Ecuador

Finalistas Arauz y Lasso promueven modelos económicos diametralmente opuestos

Arauz es partidario de una activa participación del Estado en la economía, mientras que Lasso promueve un Estado subsidiario, limitado a dotar servicios básicos de educación, salud y vivienda a los pobres que realmente necesitan.

Isaías Campaña C.

11/03/2021

Análisis

Foto: https://www.telam.com.ar

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Ambiente económico y social de las elecciones

Durante los últimos seis años, la economía nacional registró un estancamiento crónico y la pandemia del COVI-19 en 2020 causó la reclusión de la población y la suspensión de las actividades productivas que lo llevó al filo de precipicio. En 2019, el Producto Interno Bruto ((PIB), en valores corrientes, se ubicó en 108.108 millones y en 2020 se desplomó a USD 96.677 millones, que en valores constantes representa una contracción de 8,9% (BCE, 2021). Hecho inédito en la historia económica del país.

El Primer Mandatario, en los primeros meses de su gestión, dejando atrás el Programa de Gobierno que lo llevó a Carondelet, entregó la conducción de la política económica, financiera y comercial a connotados empresarios, quienes promovieron como objetivo nacional “el sector privado motor de la economía”.

En un acto ampliamente publicitado en los principales medios de comunicación, el 15 de junio de 2018, en la ciudad de Guayaquil, los empresarios de siete sectores productivos y el “Gobierno de todos” firmaron un convenio de inversión por USD 9.435 millones que debían desembolsar en un plazo de 48 meses (El Comercio, 2018). Sin embargo, hasta el día de hoy, no hay evidencias que lo hayan cumplido; por el contrario, en este periodo, hubo una permanente sequía de inversiones, nacionales y extranjeras.

El deterioro de la economía y la invasión de la pandemia provocaron al crecimiento exponencial del desempleo y subempleo. Entre mayo y junio de 2020, que son los datos más realistas, más de un millón de personas estaban desempleadas y 5,3 millones de ciudadanos se ubicaban en el nivel del subempleo, equivalentes al 13,3% y 70% de la Población Económicamente Activa (PEA), respectivamente (INEC, 2021).

El desplome del mercado laboral causó el aumentó dramático del número de personas en condiciones de pobreza y extrema pobreza. A diciembre de 2020, la pobreza aumentó en 7 puntos porcentuales en comparación al mismo mes de 2019, ubicándose en 32,4%, en el área urbana 25,1%, y en la rural 47,9%. Lo propio en la pobreza extrema que aumentó en 5 puntos porcentuales con un 14,9% en 2020, a nivel urbano 9,0% y rural 27,5% (INEC, 2021).

Las instituciones públicas tienen bajos niveles de calificación referente a la gestión de las autoridades. En el contexto de América Latina, el presidente Lenin Moreno registra una de las más bajas calificaciones respecto a su gestión por parte de la población, 90,8% califica como mala; con la misma calificación, la Asamblea Nacional, 90,6% y administración de justicia, 82,4% (Market, 2021).

En medio de este ambiente de pesimismo y resignación, más de 13 millones de ciudadanos estaban habilitados para elegir presidente y vicepresidente, 15 asambleístas nacionales, 116 provinciales y 6 del exterior, así como 5 parlamentarios andinos.

El organismo electoral aprobó la participación de 16 binomios que aspiraban llegar a Carondelet. La mayoría desconocidos para la población, otros ni siquiera habían pagado impuestos, a un candidato, el movimiento que auspiciaba le retiró el apoyo porque el programa de gobierno había sido copiado de Wikipedia, luego la postulante a la vicepresidencia renunció. Entre los candidatos que aspiraban ocupar una curul en la Asamblea Nacional, había un candidato acusado por la fiscalía de “asociación ilícita”, llevaba grillete electrónico en el tobillo.

El 7 de febrero se realizaron las elecciones generales 2021 que se efectuó sin mayores novedades. A pesar del ambiente de temor a contagiarse por la pandemia, la población salió masivamente a ejercer su derecho al voto, directo y secreto.

Algunos politólogos consideran que la realización de procesos electorales y el sistema electoral en su conjunto determinan la calidad de la democracia. Esta corriente tiene un concepto limitado de democracia. Si el sistema electoral tiene deficiencias para aprobar movimientos o partidos políticos, permite la inscripción de candidatos inmersos en procesos judiciales, no puede hablarse de un sistema democrático pleno.

Una sociedad que registra altos niveles de desempleo y subempleo, pobreza y extrema pobreza, con grupos económicos que pueden influir en los resultados electorales, en estas condiciones se considera una democracia limitada, restringida. La democracia es un concepto mucho más amplio, a más del sistema electoral, incluye derechos humanos, componentes económicos y sociales, transparencia y legitimidad.

Resultados de las elecciones presidenciales

Según datos reportados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), de un total de más de 10,6 millones de sufragantes, el candidato de la Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, ocupó el primer lugar con más de 3 millones de votos, equivalente al 32,72%, a continuación, con una diferencia de más de 12 puntos, Guillermo Lasso del movimiento Creando Oportunidades (CREO) en alianza con el Partido Social Cristino (PSC), obtuvo más de 1,8 millones de votos, 19,74%, y en tercer lugar, se situó Yaku Pérez, del movimiento Pachakutik que consiguió más de 1,7 millones, 19,39%, datos que corresponden al 100% de las actas procesadas (CNE, 2021).

No obstante, dirigentes del movimiento Pachakutik solicitaron al CNE el recuento de los votos de más de 20.000 actas porque se sentían perjudicados para llegar a la segunda vuelta, pero el pleno del organismo electoral resolvió únicamente revisar 31 actas. Luego de recuento, Yaku Pérez obtuvo 612 votos adicionales que evidenciarían ciertas irregularidades.

El triunfo de Arauz se puede atribuir al hecho de que la fuerza política del ex presidente Rafael Correa, mantiene un voto duro, en base al apoyo de un importante segmento de la población que incluye sectores populares, profesionales, intelectuales y grupos de empresarios.

En las administraciones del gobierno de la “revolución ciudadana" se registró una intensa participación del Estado en la economía, a través de importantes inversiones en obras de infraestructura, tales como centrales hidroeléctricas, aeropuertos, ampliación y construcción de nuevas carreteras, edificaciones de instituciones educativas y proyectos multipropósitos.

Se incorporó masivamente a decenas de miles de personas al sector público y se incrementó sustancialmente los sueldos de servidores del Estado y las pensiones de jubilados. La participación del Estado en la economía se vio facilitada por los altos precios del petróleo en los mercados internacionales.

El Plan de Gobierno del binomio Arauz-Rabascall para el periodo 2021-2025 presentado al CNE el 2 de octubre de 2020, manifiesta: “Las estrategias, los lineamientos, las metas y la profundización programática de nuestro plan de gobierno serán construidos de forma participativa, descentralizada y democrática hasta la fecha de nuestra posición” (Arauz, 2020).

El Plan de Gobierno del binomio Unión por la Esperanza propone 11 objetivos específicos, para alcanzarlos se plantea 390 propuestas y estrategias que incluyen realizar una auditoría integral de la deuda pública interna y externa; establecer un sistema masivo de créditos, a tasas bajas para desendeudar a las familias; luchar contra la corrupción fiscal y la evasión; apoyar a la economía, dando prioridad al sector social y solidario, créditos sin interés; reformar a profundidad el IESS, en favor de los afiliados, cumplir con el aporte estatal, así como convocar a una asamblea constituyente.

En la misma línea, se propone reivindicar la prohibición constitucional de privatizar bienes públicos y de los sectores estratégicos del Estado, activos y empresas públicas; disminución de manera generalizada de tasas de interés activas; establecer un impuesto más alto sobre las ganancias de las empresas que hayan acumulado rentas monopólicas u oligopólicas; retomar la integración regional, particularmente la UNASUR y CELAC; rechazar los Tratados de Libre Comercio y Tratados Bilaterales de Inversión convencionales; avanzar en el cambio de la matriz energética y productiva, entre otras (Ibídem). Las medidas apuntan a retornar el modelo económico orientado a darle un mayor peso al Estado en la economía.

Arauz tiene una ventaja de más de 12 puntos sobre su inmediato seguidor, Guillermo Lasso, para llegar al Palacio de Carondelet, a más de lo que alcanzó en la primera votación, necesitaría conseguir el apoyo de más del 18% de los votos de los candidatos que quedaron eliminados.

Lenin Moreno en la primera vuelta electoral, de la mano del ex presidente Rafael Correa, obtuvo más de 3,7 millones de votos, que representa el 39,36%, pero una vez que se posesionó como presidente de la República, se desmarcó de su mentor y se produjo la incisión del movimiento de Alianza País. No obstante, Arauz consiguió más del 32% de los votos válidos.

El Plan de Gobierno del binomio Guillermo Lasso-Alfredo Borrero de la alianza del movimiento CREO-Partido Social Cristiano (PSC) promueve un modelo de economía de “libre mercado”, orientado a reducir a un rol subsidiario del Estado en la economía y a erigir al sector privado como el “motor de la economía”. En esta línea, se pretende promover la liberalización económica, financiera y comercial y la flexibilización laboral. Se afirma que “Un estado mínimo y robusto es lo ideal, ocupado de garantizar el acceso a servicios básicos como educación, salud y vivienda a los realmente pobres.”

El Plan de Gobierno de la alianza CREO-PSC titulado “Por un Ecuador Justo, Prospero y Solidario”, en el ámbito económico, tiene como misión: “Promover una economía de libre mercado y abierta al mundo, fiscalmente responsable para lograr un crecimiento sostenible y generar empleo, como la mejor forma de crear oportunidades para todos”.

El Plan de Gobierno, en el ámbito de la seguridad social, pretende implementar nuevos sistemas de salud y pensiones, mediante reformas normativas para que tanto el sistema de reparto como el de ahorro privado sean factibles y estén a elección de todos los ecuatorianos. Por tanto, se tiene la firme decisión de desmonopolizar la seguridad social.

En el eje económico, se propone como objetivo generar al menos un millón de empleos productivos; una política de estado en el campo comercial que tenga como fin el libre comercio con la mayor cantidad de países; convertir al país en un imán para las inversiones, a través de fortalecer la seguridad jurídica, mejorar el entorno regulatorio; simplificar los procesos legales y tributarios que tienen que cumplir los empresarios de todo tamaño y procedencia, eliminar el impuesto a la salida de divisas (ISD) que desincentiva el ingreso de nuevas inversiones; impulsar el mercado de valores a través de la creación de una institución reguladora similar a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (Lasso, 2020).

En la misma dirección, se pretende convertir a Ecuador en un centro financiero mundial, mediante el arribo de la banca internacional, lo que traerá el ahorro externo del resto del mundo; un programa de crédito de USD 1.000 millones para financiar a los agricultores al 1% de interés y a un plazo de 30 años; remover a la burocracia improductiva, a través de un reordenamiento del sector público; lucha frontal contra la corrupción, teniendo como eje central la adopción de medidas radicales que integren todas las instituciones del Estado (Ibídem).

La política económica que pretende ejecutar el candidato Lasso representa la continuación de la política de austeridad fiscal que diseñaron las élites empresariales en el gobierno de Lenin Moreno que llevó al sistemático deterioro de la economía y al lacerante crecimiento del desempleo, informalidad y pobreza.

El binomio Lasso-Borrero para ganar el balotaje en abril necesitaría conseguir, a más de lo que obtuvo en la primera vuelta, el apoyo superior al 30% del electorado que votaron por otras organizaciones políticas, conquistar ese apoyo se vuelve cuesta arriba.

En 2017, en la primera vuelta, Lasso en alianza CREO-SUMA consiguió un poco más de 2,6 millones de votos, equivalente al 28,09%, pero en febrero de 2021, en alianza con el PSC, obtuvo un poco más de 1,8 millones de votos, que representa el 19,74%, esto es, registró un descenso de más de 8 puntos. El partido Social Cristiano no le aportó mayormente a Lasso en sus plazas fuertes como en la provincia del Guayas.

Elección de asambleístas nacionales

El 3 de febrero de 2020, se publicó en el Registro Oficial un conjunto de reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas que incluyen nuevas disposiciones para el gasto electoral, el establecimiento de listas cerradas y bloqueadas que faculta el voto en “plancha”, el método de asignación de escaños se sustituyó del de D´ Hont al de Webster que permite a las minorías tener representación en la Asamblea Nacional.

Antes de las reformas estaba vigente el método de D´ Hont que daba una mayor representación a las organizaciones políticas que conseguían la mayor votación para la Asamblea Nacional. Se consideraba que evitaba el fraccionamiento en la Función Legislativa, facilitaba la aprobación de leyes remitidas por el Ejecutivo y generaba una mayor gobernabilidad. Sin embargo, en la práctica, produjo una concentración de poderes que impidió que la Asamblea pueda desempeñar una de sus funciones fundamentales como es la fiscalización.

Los candidatos a la presidencia de la República que obtienen mayor votación generalmente generan el efecto arrastre, es decir, candidatos a la Asamblea -nacionales, provinciales y del exterior-, por lo general, alcanzan las mayores votaciones.

Los candidatos de la Unión por la Esperanza consiguen cerca de 2,6 millones de votos, que representa el 32,21%. Según María Sol Borja, conseguirían 5 asambleístas nacionales, encabezada por Pierina Correa, hermana del ex presidente, seguido de Ricardo Hulcuango, lo que constituye la primera fuerza política de la Asamblea Nacional, aunque no logra la mayoría absoluta (Borja, 2021).

Fuerza Compromiso Social considerada políticamente como “progresista” para alcanzar dignidades en la Función Legislativa, aprobar proyectos de ley, adoptar resoluciones, tendría que llegar a acuerdos con otras organizaciones políticas. Una de las organizaciones más afines podría ser Pachakutik, pero por los acontecimientos registrados en las administraciones del ex presidente Correa se dificultaría alcanzarla.

Los candidatos de Pachakutik a la Asamblea obtuvieron alrededor de 1,3 millones de votos, equivalente al 16,81%, alcanzarían 3 asambleístas nacionales, liderado por Salvador Chishpe. La votación lograda fue la mayor sorpresa en las elecciones generales de febrero, hecho inédito en la historia del movimiento indígena, con lo cual se erigen en la segunda fuerza política a nivel nacional.

Los candidatos de la Izquierda Democrática (ID) superaron los 961 mil votos, que representa el 11,98%, obtendrían 2 asambleístas, liderada por Wilma Andrade que consigue la reelección. La votación lograda por la ID fue otra de las sorpresas en las elecciones generales, evidencia el resurgimiento del partido socialdemócrata otrora la mayor fuerza política del país, se constituye en la tercera organización política con mayor representación (Ibídem).

La alianza de corte liberal CREO-PSC para las elecciones a la Asamblea Nacional, cada organización presentó sus respectivos candidatos. El PSC consiguió más de 780 mil votos, equivalente al 9,73%, lograría 2 asambleístas nacionales, liderado por Henry Kronfle, por lo cual se constituye en la cuarta fuerza política.

El movimiento CREO logró alrededor de 774 mil votos, equivalente al 9,65%, obtendría 2 asambleístas nacionales, encabezado César Monge. En 2017, el movimiento consiguió 3 asambleístas nacionales.

La alianza liberal PSC-CREO, que en conjunto alcanzaría 32 asambleístas, seguramente se mantendrá, para conseguir dignidades en la Asamblea Nacional, aprobar proyectos de ley y fiscalizar, tendría que realizar alianzas con otras organizaciones políticas afines.

Elección de asambleístas provinciales y del exterior

En la elección de asambleístas provinciales también influye el efecto arrastre de los candidatos a la presidencia de la república, aunque es matizado por organizaciones regionales y locales. En no pocos casos, las organizaciones políticas nacionales se ven obligadas a realizar alianzas con movimientos locales para conquistar un mayor electorado.

La alianza Fuerza Compromiso Social-Centro Democrático de Jimmy Jairala denominada “Unión por la Esperanza” conseguiría 40 asambleístas provinciales, de los cuales 9 en la provincia del Guayas, 6 en Manabí, 4 en Pichincha. Además, serían electos 4 asambleístas del exterior (Borja, 2021). El mayor número de asambleístas alcanzado podría atribuirse al desastre de la política económica del “gobierno de todos”, similar al ocurrido en Argentina en la administración del empresario Mauricio Macri.

El Movimiento Pachakutik obtendría 23 asambleístas provinciales, de ellos 3 en Pichincha y 2 en cada provincia que corresponde Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Morona Santiago, así como un asambleísta del exterior de la circunscripción de Estados Unidos y Canadá. Es el mayor número de asambleístas alcanzado por el movimiento indígena desde su conformación en organización política que representa a sectores que tradicionalmente han sido excluidos de las políticas públicas.

El PSC obtendría 17 asambleístas provinciales, que incluyen 6 en Guayas. CREO alcanzaría 9 asambleístas, entre los cuales 3 en Pichincha, 2 en Guayas y uno en la circunscripción de América Latina, El Caribe y África; muy por debajo de los 29 asambleístas provinciales y 2 del exterior que obtuvo en las elecciones de 2017. La alianza PSC-CREO tendría 32 asambleístas provinciales y uno del exterior (Ibídem).

La Izquierda Democrática (ID) conseguiría 16 asambleístas provinciales, de ellos 5 en Pichincha y 2 en Guayas, lo que significa el resurgimiento de la socialdemocracia.

La baja aceptación de la población hacia los partidos y movimientos políticos, la facilidad para constituir organizaciones y la flexibilidad que ha caracterizado a la Función Electoral, han determinado el florecimiento de agrupaciones provinciales, cantonales y parroquiales. Hasta el 20 de abril de 2020, el CNE aprobó 72 organizaciones políticas provinciales, 167 cantonales y 20 parroquiales que suman 259 movimientos (CNE, 2020).

Los movimientos políticos provinciales, cantonales y parroquiales no tienen una ideología bien definida, les mueve más las reivindicaciones e intereses económicos. Los candidatos que son electos a la Asamblea Nacional por lo general conforman bloques “independientes” que usualmente se alinean con el oficialismo a cambio de pequeñas cuotas de poder.

La motivación económica ha derivado en casos como el del Bloque de Acción Democrática Independiente “BADI”, liderados por el asambleísta de la provincia de Manabí, sentenciado a 4 años y 2 meses de prisión por “autor de delito de delincuencia organizada” y el asambleísta de la provincia de Sucumbíos que hasta la fecha se encuentra prófugo de la justicia.

Según los datos oficiales, podrían ser electos unos 6 asambleístas auspiciados por movimientos locales. En los partidos políticos también se dan casos que por intereses económicos derivan en los llamados “camisetazos” que terminan adhiriéndose con el oficialismo.

Conclusiones

En el proceso electoral de febrero se evidenció la fragilidad institucionalidad de los organismos de la Función Electoral que aprobaron candidaturas respaldadas por movimientos políticos cuestionados por el organismo de control del Estado.

Una vez que se conocieron los resultados preliminares de las elecciones generales, el candidato de Pachakutik, que se siente perjudicado, solicitó la intervención de la Contraloría General del Estado y la Fiscalía, cuyas autoridades, a su vez, solicitaron a los consejeros del CNE autorización para realizar una auditoría y peritaje del sistema informático, hechos podrían debilitar la confianza y la legitimidad del proceso electoral.

En este ambiente, el 11 de abril se prevé realizar el balotaje entre los candidatos que alcanzaron la mayor votación, Andrés Arauz y Guillermo Lasso, quienes en sus planes de gobierno proponen modelos económicos diametralmente opuestos. Arauz es partidario del retorno de la política económica orientada a una activa participación del Estado en la economía, mientras que Lasso promueve un Estado subsidiario, limitado a dotar servicios básicos de educación, salud y vivienda a los pobres que realmente necesitan.

El candidato Arauz tiene mayores posibilidades de alzarse con el triunfo ya que deberá conquistar un poco más del 18% de los votos adicionales de la primera vuelta, aunque podría pesar los polémicos procesos judiciales seguidos a altos funcionarios de las administraciones del gobierno que lideró el ex presidente Rafael Correa. Sin embargo, es posible que se reedite algo análogo a lo que sucedió en las últimas elecciones en la República de Argentina, donde se alzó con el triunfo el binomio Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Lasso, en su tercer intento de llegar a Carondelet, debería conseguir más del 30% adicional de los votos de la primera vuelta, lo que es mucho más complicado. Un hecho que le podría dificultar es que representa el continuismo de la política económica del “Gobierno de todos” que derivó en el mayor desastre económico del país. Sin embargo, en la política como en el futbol no hay lógica, cualquier cosa podría suceder.

Bibliografía: