Ecuador

Los desafíos del presidente Guillermo Lasso

El mandatario deberá vacunar aceleradamente a la población, reactivar la economía post-pandemia, diversificar la producción, reducir los índices de desempleo y pobreza y hacer frente al flagelo de la corrupción.

Isaías Campaña C.

15/07/2021

Análisis

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América Latina es una de las regiones más golpeadas por el COVID-19 en el mundo y, dentro de la región, Ecuador ha sido uno de los países más castigados por su frágil sistema de salud pública, su deteriorada economía, la deficiente gestión del “Gobierno de todos” y la corrupción que emergió en compras de pruebas PCR e insumos médicos en hospitales e instituciones públicas.

Con corte al 9 de julio de 2021, Ecuador registra 467.073 personas contagiadas y 21.803 fallecidos entre confirmados y probables, mucho mayor que las muertes registradas en Japón, Portugal, Suecia, entre otros. La provincia de Pichincha registra 167.133 personas con COVID-19, seguido de Guayas con 66.300, Manabí con 32.372 y Azuay con 25.612 (MSP, 2021).

Hasta el 11 de julio de 2021 han recibido la primera dosis de vacuna 4.057.298 personas, lo que representa el 23,17% de la población (Ourworldindata.org, 2021).

El presidente Guillermo Lasso se planteó como meta vacunar a 9 millones de personas en un periodo de 100 días. Sin embargo, el principal reto del Gobierno Nacional es vacunar al 70% u 80% de la población en el menor tiempo posible para conseguir la inmunidad de rebaño, también conocida como inmunidad colectiva, de tal manera que ya no se pueda contagiar el resto de la población.

Para alcanzar la inmunidad de rebaño todas las instituciones del Estado, incluyendo GADS, Fuerzas Armadas, sectores productivos, deberían trabajar como una verdadera “minga nacional” con recursos económicos, infraestructura y personal necesario. La inmunidad de la población permitiría volver progresivamente a una nueva normalidad, esto es, regresar a las actividades laborales, productivas y de servicios.

Reactivar la economía

En el balotaje realizado el 11 de abril, el presidente Guillermo Lasso ganó las elecciones con el 52,4% de los votos válidos frente al candidato Andrés Arauz auspiciado por el movimiento “Unión por la Esperanza”, en base a que consiguió la adhesión de más del 32% de los votos adicionales de lo que obtuvo en primera vuelta especialmente en las regiones de la Sierra y Amazonía, donde alcanzaron altas votaciones el movimiento Pachakutik y el Partido Izquierda Democrática (ID), organizaciones consideradas como de izquierda y de centro.

En las elecciones de las principales dignidades de la Asamblea Nacional se realizaron acuerdos puntuales entre las organizaciones CREO, ID, Pachakutik y grupos de independientes para elegir a la presidenta, Guadalupe Llori, vicepresidentes y presidentes de las comisiones. En la línea de conseguir un ambiente de gobernabilidad, el presidente Lasso tendría que diseñar políticas económicas hacia el centro. De igual manera, los movimientos deberían demostrar mayor flexibilidad en función de la reactivación de la economía.

Si el presidente Lasso establece políticas ortodoxas que incluyan despidos de empleados y trabajadores del sector público, drástica reducción de subsidios, privatización de la Seguridad Social, entre otros temas, podrían reeditarse las violentas manifestaciones que se originaron en octubre de 2019, que derivaron en varios muertos, centenares de heridos y perdidas económicas estimadas en alrededor de USD 2.000 millones.

En Chile, las políticas liberales realizadas por los sucesivos gobiernos que se alternaron en el poder del Estado agudizaron la desigualdad social. El “milagro económico” llegó únicamente para determinados círculos empresariales, mientras amplios segmentos de la población tenían ingresos por debajo del salario básico.

Los altos costos para ingresar a las universidades excluyen a decenas de miles de estudiantes. Esto junto a los jubilados con pensiones bajas que no les permiten satisfacer sus necesidades básicas y los altos niveles de desempleo y pobreza, fueron el detonante que motivó las masivas movilizaciones y violentas protestas de la población que obligaron al presidente Sebastián Piñera a convocar elecciones para designar a los miembros encargados de redactar una nueva constitución.

En Colombia, las políticas ejecutadas por los gobiernos liberales acentuaron en forma dramática la desigualdad social, aumentando exponencialmente los niveles de desempleo y pobreza. El proyecto de reformas tributarias que envió el presidente Iván Duque al Congreso, cuyo peso recaía básicamente en sectores de ingresos medios de la población, encendió la chispa de grandes movilizaciones sociales, bloqueos de vías y desabastecimiento de bienes en algunas ciudades. Las protestas dejaron como saldo más de 50 muertos y cientos de heridos.

Los hechos descritos no pueden ser soslayados por el Primer Mandatario cuando se vayan a efectuar políticas económicas. En la inédita crisis económica en la que está sumergido el país es imprescindible una activa participación del Estado en la economía, tal como lo recomiendan organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En algunos aspectos se debería emular la política del presidente Joe Biden, un político considerado extremadamente moderado, un representante del llamado establishment, quien ganó en las primarias del Partido Demócrata al socialista Berny Sanders.

En el discurso de sus primeros 100 días de gestión presidencial Biden manifestó su férrea defensa del “Estado de Bienestar”, la suspensión temporal de las patentes de vacunas, el volver al Acuerdo de París para luchar contra los impactos del cambio climático, elevando los objetivos de reducción de las emisiones de efecto invernadero, el subir los impuestos a las empresas del 21 al 28% y a las rentas de los más ricos para financiar la reactivación de la economía (El País, 2021).

Además, manifestó: “Wall Street no construyó este país, la clase media construyó este país, y los sindicatos construyeron la clase media. Por eso pido al Congreso que apruebe la ley de protección del derecho de organización y podamos apoyar el derecho a sindicalizarse” (Ibídem).

Diversificar la producción y las exportaciones

El Plan de Trabajo del presidente Lasso propone la apertura comercial para fomentar el intercambio de bienes y servicios a nivel mundial. En esa línea, se prevé realizar una reforma profunda de los procedimientos relacionados con el comercio exterior que homologará los reglamentos técnicos para las importaciones bajo estándares internacionales.

El Ejecutivo tratará de firmar tratados de libre comercio con varios países y/o bloques de países. El ex presidente Lenin Moreno consiguió que Ecuador se incorpore como Estado Asociado a la Alianza del Pacífico, organismo integrado por México, Colombia, Perú y Chile, liderados por gobiernos de ideología liberal, quienes promueven un regionalismo abierto. Seguramente el Gobierno seguirá en la misma dirección y tendrá como objetivo incorporar a Ecuador como miembro permanente de la Alianza del Pacífico.

El país se ha caracterizado por producir y exportar básicamente productos primarios. Entre 2016 y 2020, las exportaciones de comodities eran equivalentes en promedio al 15,11% del Producto Interno Bruto (PIB). Los principales bienes de exportación son petróleo, banano, camarón, flores, cacao y madera (BCE, 2021).

En el mismo periodo, las exportaciones de productos industrializados representaban en promedio el 4,16% del PIB. Los principales bienes industriales de exportación son derivados del petróleo, manufacturas de metales, químicos y fármacos, elaborados de cacao y textiles (Ibídem).

Los precios de las materias primas periódicamente fluctúan en los mercados internacionales, y en el caso del petróleo registran una alta volatilidad. Cuando los precios están altos crece la economía y en periodos de descenso, la economía se estanca o entra en recesión. La evolución del aparato productivo está anclada al comportamiento de los precios del petróleo en los mercados internacionales.

El Primer Mandatario se comprometió a duplicar las exportaciones de petróleo, de 470.000 a 1 millón de barriles diarios. Para alcanzar esa meta se requiere de una inversión estimada de USD 10.000 millones y realizar reformas sustanciales a la legislación de hidrocarburos orientadas a promover inversiones.

Aumentar drásticamente la producción de crudo seguramente producirá mayores impactos ambientales no solo en la región Amazónica sino en todo el trayecto por donde están instalados los oleoductos, esto es, hasta el Puerto de Esmeraldas.

Si se pretende alcanzar el crecimiento sostenido de la economía se debería promover la diversificación de la producción de bienes y servicios y de sus exportaciones, lo cual implicaría una activa participación del Estado en la economía, a través de inversiones públicas y privadas que además generarían importantes fuentes de empleo.

Reducir los niveles de desempleo, subempleo y pobreza

Uno de los retos fundamentales del presidente Guillermo Lasso es crear fuentes de empleo para bajar los niveles de pobreza y extrema pobreza que se dispararon a raíz de la invasión de la pandemia. En estas condiciones, se propone crear al menos 2 millones de empleos productivos, mediante nuevas modalidades de contratación. Se pretende transformar el país en un “Ecuador del Trabajo”, con más ingresos y mejor calidad de vida para todos los ciudadanos.

La pandemia del coronavirus golpeó duramente al mercado de trabajo. Entre diciembre de 2019 y marzo de 2021, el empleo adecuado descendió de más de 3,1 millones a 2,7 millones de personas que pasaron a engrosar las filas del subempleo y desempleo (INEC, 2021).

El subempleo aumentó de 1,4 millones a 1,8 millones de ciudadanos, el desempleo subió de 311 mil a 476 mil personas y el empleo inadecuado se disparó de 4,6 millones a más de 4,9 millones de ciudadanos (Ibídem).

El deterioro del mercado de trabajo trajo como consecuencia el incremento exponencial de la pobreza y extrema pobreza. Entre diciembre de 2019 y al mismo mes de 2020, la pobreza subió de 25 a 32,4%, que corresponde 25,1% al área urbana y 47,9% a la rural (INEC, 2021). Las personas que se encuentran en condiciones de pobreza son aquellas que no tienen los ingresos económicos para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda, vestimenta y trasporte, entre otras.

Entre 2019 y 2020, la pobreza extrema se disparó de 8,9% a 14,9%, de este porcentaje el 9,0% fue en el área urbana y el 27,5% en la rural (Ibídem). Las personas que están dentro de esta categoría son aquellas no tienen los ingresos para satisfacer las necesidades de alimentación, por lo que muchos pasan hambre, no tienen vivienda y viven en condiciones precarias.

En América Latina, los países donde más creció la extrema pobreza son México, Honduras y Ecuador. En la capital de la República, en sus calles y avenidas se evidencia la lacerante mendicidad.

Con el objetivo estratégico de crear empleos productivos, organismos como el Fondo Monetario y el Banco Mundial recomiendan diseñar políticas de estímulos fiscales y realizar inversiones públicas en obras de infraestructura, como carreteras, puentes, alcantarillado, suministro de agua potable, edificaciones educativas, construcción de hospitales, reparación y mantenimiento de calles y avenidas en ciudades.

Los organismos multilaterales también proponen realizar inversiones orientadas al cambio del consumo de energías en base a combustibles fósiles por energías renovables, tales como generación de energía eléctrica mediante paneles solares, reemplazar vehículos de combustión interna por vehículos eléctricos.

Combatir la corrupción

Uno de los lastres que impide el desarrollo de la economía es la corrupción que ha sido una constante en los sucesivos gobiernos que llegaron a Carondelet. Sin embargo, en los últimos años emergió como una verdadera pandemia en las instituciones del sector público.

En las encuestas que se realizan periódicamente a nivel nacional, la corrupción ocupa los primeros lugares en la percepción que tiene la población sobre los principales problemas del país. En la encuesta realizada en enero de 2021, a la pregunta “Que prefiere que haga el próximo Presidente de la República, ¿que combata la corrupción o que genere fuentes de empleo?, el 34,5% de los entrevistados se pronunció que combata la corrupción y el 65,5% que genere fuentes de empleo (Click Report, 2021).

La corrupción no es un fenómeno coyuntural, sino un problema estructural que abarca a las funciones del Estado, es histórico y cultural. Algunos sectores de la población se han vuelto tolerantes con la corrupción, manifestando que “roban, pero hacen obras”.

En las tramas de corrupción intervienen tanto funcionarios del sector público como personas naturales y jurídicas del sector privado. A la corrupción se la puede clasificar en dos categorías, la gran corrupción y la corrupción menor.

La gran corrupción incluye la entrega de sobornos millonarios a altos funcionarios para adjudicarse contratos con el Estado, desvanecer glosas, conseguir fallos judiciales favorables, realizar aportes a campañas electorales. Generalmente en esta clase de corrupción la entrega de coimas se realiza a través de paraísos fiscales para evitar ser detectados, como se desveló en la filtración masiva de documentos denominados “Panama Papers”.

La gran corrupción afecta a las finanzas públicas porque esos recursos se podrían destinar a sectores como educación, salud, alcantarillado, suministro de agua potable y electricidad, lo que afecta a sectores de ingresos bajos de la población. La gran corrupción deslegitima a las funciones del Estado.

Salieron a la luz indignantes casos de corrupción en Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS), proyectos emblemáticos como las refinerías del Pacífico y Esmeraldas, centrales hidroeléctricas como Coca Codo Sinclair, Petroecuador, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Asamblea Nacional, Función Judicial, entre otros.

Se vieron involucradas la Contraloría General del Estado, cuya misión es velar por el buen uso de los recursos del sector público, la Secretaría General de la Presidencia de la República, Petroecuador, cuyas máximas autoridades se encuentran investigadas por el delito de delincuencia organizada, etc. El ex contralor subrogante se halla detenido y el ex gerente de la mayor empresa pública se encuentra prófugo.

La trama de corrupción, digna de una película de Netflix, que involucra al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), donde se invirtieron en Bonos Global, facturas comerciales, compra de terrenos presuntamente con sobreprecios e inversiones opacas e irregulares.

ISSPOL realizó inversiones con las empresas IBCORP y High Yield Bond Fond de propiedad de Jorge Chérrez. Una corresponde a una operación Swap de USD 327 millones. Otras operaciones con bonos de deuda externa por USD 205 millones y compras de Bonos Global por USD 160 millones que suma USD 692 millones (ISSPOL, 2020). Chérrez se encuentra prófugo de la justicia y el directorio de la ISSPOL, integrado por altos oficiales de la Policía, hasta el momento desconoce quien es el custodio de los bonos y, por tanto, no se pueden recuperar las inversiones.

La corrupción menor se considera la entrega de coimas a funcionarios públicos para evitar el pago de multas por infracciones de tránsito, pasar la revisión vehicular, obtener licencias para conducir vehículos, conseguir carnet de discapacidad o lograr algún trámite en el sector público.

En medio de este ambiente, el Plan de Trabajo del presidente Guillermo Lasso propone como objetivo estratégico el “Fin de la corrupción”. El documento considera que la corrupción es: “… un cáncer que se ha desarrollado con el crecimiento desproporcionado del Estado y el gasto público improductivo. La corrupción ha sido la causa principal, no solo de la mala utilización de los fondos públicos, sino también de la mala calidad en la prestación de los servicios del Estado” (Plan de Trabajo, 2020).

En esa línea, se afirma: “En razón de la situación, resulta esencial entablar una verdadera lucha contra la corrupción, teniendo como eje central la adopción de medidas radicales que integren todas las instituciones del Estado” (Ibídem).

La corrupción también incluye la evasión y elusión tributaria. No cumplir con las obligaciones tributarias con el Estado, a pesar de concentrar grandes patrimonios, o tratar de impugnar las deudas en largos procesos judiciales para no pagar, estos casos pueden estar al filo de la corrupción.

Para los gremios empresariales, altos funcionarios del Estado, ciertos medios de comunicación, políticos y analistas ortodoxos es un tema tabú hablar de los deudores del Estado.

Con corte al 5 de junio de 2021, en el listado de los 500 contribuyentes deudores en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI) figuran empresas como Frutera Jambelí, 49,3 millones; Bonanza Fruit CO. S.A., 42,8 millones; Exportadora Bananera Noboa, 40,7 millones; Sevenseas CORP. S.A., 35,6 millones; Licores Nacionales y Extranjeros LIQUORS Cía. Ltda., USD 31,9 millones. Las deudas en firme con el Estado ascienden a USD 1.752 millones (SRI, 2021).

En el ranking de 500 contribuyentes con deudas impugnadas se destacan el Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL, 76,9 millones; OTECEL S.A. MOVISTAR, 70,2 millones; Corporación QUIPORT S.A., 61,7 millones; The Tesalia Springs Company, 45,8 millones; Consorcio Bloque 7 y Bloque 21, USD 30,4 millones. Las deudas impugnadas suman USD 1.526 millones (Ibídem).

Bibliografía: