“No sólo hay que izar las banderas de la lucha contra el analfabetismo y la injusticia social y económica, así como por la tecnificación del aparato estatal, sino también denunciar con entereza y claridad la corrupción de los malos funcionarios públicos, cualquiera que sea su nivel, así como la incompetencia excesiva de las burocracias de las empresas estatales y otros organismos. La pelea contra el delito de enriquecimiento ilícito requiere que aparezca al servicio de ella una legislación rápida y de ejemplar eficacia, comisiones permanentes de investigación, facilidades para la legítima denuncia popular, aplicación de un sistema de jurados respetables que emitan fallos de conciencia con sanciones para la difamación”. (Jorge Basadre, “Algunas reconsideraciones cuarentaisiete años después”; noviembre 1978; pp.409-410).

En la coyuntura electoral peruana del 2021, que ha encumbrado al profesor Pedro Castillo como Presidente de la República y que asumirá el cargo el 28 de julio - aunque continua la pataleta perdedora de la Señora K y sus aliados a nivel nacional e internacional -, un personaje central en apoyo a estos sectores fascistas, ha sido el delincuente Vladimiro Montesinos Torres, preso en la Base Naval del Callao desde el año 2001, donde purga 25 años de cárcel. Este delincuente, operador de inteligencia ligado a la CIA desde los setentas y experto en “guerras asimétricas, fue condenado por ladrón y asesino, pero nunca por tráfico de drogas. Lo mismo en el caso del reo Alberto Fujimori quien tampoco ha sido condenado por traficante de drogas, sino “solo” por ladrón y asesino,

Como hemos informado en un artículo reciente, Montesinos conoce bien en qué consiste este tipo de guerra[1], habiendo tenido la osadía de escribir tres libros al respeto desde la Base Naval del Callao, sin que los marinos carceleros le dijeran nada. Uno en el 2006 (Peón de Ajedrez: La Guerra Asimétrica Cubano-Venezolana y sus Implicancias en las Elecciones Peruanas[2]), otro ese mismo año (Ídolos de barro: los demonios de la guerra asimétrica)  y un tercero en el 2008 (Redes y coaliciones terroristas guerra sin rostro: Amenaza a la seguridad continental[3]). Pero ha seguido escribiendo otros libros más[4] y se ha pronunciado sobre la situación política nacional … sin que nadie le diga nada[5]. Ver su sitio en Facebook en el que opina sobre la masacre de 16 personas del 23 de mayo 2021 en el VRAEM, su apoyo a la candidatura de Keiko Fujimori y sus críticas al Servicio de Inteligencia Nacional, por no hablar de su más reciente incursión política asesorando a la Señora K[6], lo que ha motivado que el Ministerio de Defensa ordene a la Fiscalía que se inicie una investigación al respecto.

El Ministerio Público, en el nuevo gobierno del profesor Pedro Castillo, debería reabrir estos casos de narcotráfico, incluyendo a la Señora K y su hermano Kenyi, así como desarrollar una política clara y transparente de lucha frontal contra todo tipo de delitos y tráficos ilícitos. No debería existir “Razones de Estado” o conveniencias políticas respecto a esta lucha frontal. No creemos que los “Estados defienden intereses y no principios”, como versión renovada de Maquiavelo en donde “el fin justifica los medios”: debemos estar en contra de cualquier medio vedado por la Ética Humana, para conseguir un fin.

Relaciones non sanctas de los EEUU[7]

Uno de los más abiertos cuestionamientos de la política norteamericana surge de las evidencias sobre las curiosas relaciones de varios gobiernos de los Estados Unidos con Estados, gobiernos y con encumbrados personajes de esferas gubernamentales latinoamericanas relacionados con el “narcotráfico”, ilustradas un tanto tímidamente por la película “Tráfico”. Las alianzas tejidas en el Perú entre el gobierno de EEUU y Fujimori, con su asesor Vladimiro Montesinos, quien aparecía como aliado importante en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y en sus operaciones asociadas al Plan Colombia.

Tan era así que en vano el Gobierno de EEUU extendió certificados oficiales de buena conducta al Perú y el Zar Anti Drogas Barry MacCaffrey de ese país no vaciló en reunirse con Vladimiro Montesinos con ocasión de un par de visitas que hizo en 1996 y en 1999.  Resulta revelador el reportaje en primera plana del “Washington Post” titulado “Allies in Drug War in Disgrace” de Anthony Faiola en mayo del 2001, que recoge los testimonios de Generales hoy encarcelados, sobre la sólida alianza establecida con EEUU. El General Juan Miguel del Águila, quien se desempeñaba como jefe de seguridad de la Policía Nacional en época de Fujimori manifestó que “Estados Unidos es nuestro socio en todos los aspectos, dándonos inteligencia, entrenamiento, equipos y trabaja estrechamente con nosotros en este campo”. Hoy este general se encuentra preso por haber planeado un atentado terrorista que causó varias muertes y que el Gobierno intentó atribuir a la oposición.

El rol de Montesinos y los EEUU

Las influencias y el atrevimiento de Montesinos llegaban lejos. En uno de los vídeos filmados por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) está grabado el diálogo entre este y el empresario de medios de comunicación Genaro Delgado Parker. Montesinos le propone fundar una ONG internacional especializada en temas de “narcotráfico” y desarrollo alternativo. Asimismo, le sugiere aprovechar sus contactos empresariales y su prestigio de hombre de prensa para abrir una sede en Estados Unidos, señalando que a través de sus buenos contactos con altos personajes del gobierno norteamericano podría ver la forma de conseguir financiamiento y, de ese modo, negociar juntos.

Frente a las crecientes críticas de corrupción, autoritarismo y la anti constitucional imposición de su segunda reelección por parte de amplios sectores del congreso norteamericano, Fujimori buscó congraciarse con los sectores duros de Washington.  En febrero de 1999, a raíz de una visita a esa capital, lanzó diversas declaraciones públicas contra la política de diálogo con la guerrilla del presidente Pastrana y planteó una iniciativa de los países de la región para resolver el problema mediante una fuerza de intervención multilateral.

De regreso de Washington, Fujimori convocó al Consejo de Defensa Nacional y ordenó el desplazamiento de tropas y la apertura de nuevos puestos de control a orillas del Río Putumayo en la frontera con Colombia. Obviamente, una fuerza pequeña no podía controlar una frontera tan vasta, pero estaba implícito el mensaje a Colombia de poner orden en casa si no quería correr el riesgo de una intervención externa. El mensaje iba orientado al Pentágono y a la CIA en Washington en el sentido de que contaban un aliado para los planes intervencionistas que venía barajando.

Montesinos fue aliado de Estados Unidos en el aprovisionamiento de armas a las fuerzas paramilitares en Colombia, pero en algún momento decidió tener su propio juego. Los servicios de inteligencia norteamericanos detectaron una operación de transporte de armas de Jordania a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) montada por Montesinos y sus allegados en el Perú. Descubierto en este empeño, en una conferencia conjunta con Fujimori, Montesinos trató de culpar al personal subalterno de haber efectuado el operativo falsificando las firmas de los comandantes de las Fuerzas Armadas.

El asalto de la narco-mafia fujimontesinista

Las investigaciones del entonces Congreso de la República de 2001 a 2003, permitieron esclarecer millonarias transacciones de compras de armamento ruso de dudosa calidad por las cuales Montesinos y la cúpula militar habían recibido jugosas comisiones. El presidente de la comisión investigadora del Congreso estimó en mayo del 2001 que los fondos acumulados por Montesinos y su banda podían estimarse en US$ 1,000 millones. Se sospechaba además que parte de las operaciones de compra de armas fueron costeadas mediante envíos de drogas a las mafias rusas.

De acuerdo con las investigaciones realizadas para la Iniciativa Nacional Anticorrupción (INA)[8], uno de los orígenes de la corrupción, su alimentación y proliferación posterior fue el tráfico de drogas con fines ilícitos. Las investigaciones realizadas por la Procuraduría del Estado, la corrupción sistémica construida y ejecutada en 1990-2000, se ejerció desde lo más alto del poder ejecutivo a través de la mafia gobernante integrada por los cabecillas Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y Nicolás Hermosa, con el correspondiente apoyo operativo (Roberto Huamán y Manuel Aibar), administrativo (Maruja Ramos y tres personas no identificadas) y de asesoría (Merino y Huertas). Esta red incluyó los poderes electorales (Rómulo Muñoz Arce y Alipio Montes de Oca), Judicial (Alejandro Rodríguez Medrano y Blanca Colán), Político (Víctor Joy Way, José Francisco Crousillat y Oscar Medelius), empresarial/financiero (Alberto Venero, Juan Valencia y, probablemente, Dionisio Romero del Banco de Crédito y Eugenio Bertini del Banco Wiese Sudameris) y militar (José Villanueva EP, Antonio Ibárcena AP, Elesván Bello FAP, Fernando Rodríguez Z. y Eduardo Bellido Mora EP).

Las principales fuentes de financiamiento de esta red criminal, que se estimaba en US$ 264 millones y se orientaron al lucro personal de los cabecillas y sus cómplices, fueron para comisiones ilegales; extorsiones; operaciones financieras y comerciales; afectaciones del tesoro público; y, tráfico ilícito de drogas. Estos dineros, fueron ubicados en decenas de cuentas corrientes y de ahorros en bancos de Suiza, Luxemburgo, Estados Unidos, Gran Caymán, México, Bolivia, Panamá y Bahamas, pero sólo se ha logrado bloquear US$ 166.7 millones de este total, principalmente en la plaza Suiza.

Las fuentes de fondos para el beneficio de la organización criminal por un monto aproximado de US$ 4 millones mensuales usados en los dos últimos años de la dictadura, fueron: fondos de las FFAA y la PNP; aportes eventuales de colaboradores; y, presupuesto reservado del SIN. Estos fondos constituían una “caja” de gastos operativos destinados a financiar: magistrados, medios televisivos, diarios “chicha”, tránsfugas, colaboradores y campañas políticas. Sólo en las cuentas directas o ligadas a Montesinos se ha ubicado US$ 165.5 millones. Pero es difícil estimar cuánto de este dinero provino de actividades relacionadas con el tráfico ilícito de drogas.

Conclusiones de las comisiones investigadoras

Las principales conclusiones a las que arribó el Equipo Técnico de la Comisión Congresal[9], crudamente expuestas, pero no discutidas ni aprobadas por los Congresistas fueron las siguientes:

1. Durante la década de los 90, bajo la responsabilidad de Alberto Fujimori Fujimori (AFF), Vladimiro Montesinos Torres (VMT) y Nicolás Hermoza Ríos (NHR), se conformó progresivamente, gracias al manejo de hilos importantes del poder ejecutivo, militar/policial, inteligencia, legislativo, judicial, político/electoral, mediático, económico y social, una red organizada de relaciones para delinquir (RORD) en delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos.
2. Esta red tuvo antecedentes desde 1988-89 y pasó por varias etapas. Propusimos la siguiente periodización: construcción en 1990-92, consolidación en 1993-95, eliminación de competidores en 1995-97, operación plena en 1997-99 y crisis organizativa en 1999-2000.
3. Esta RORD comenzó a establecerse realmente con la fuerza del poder oficial, desde la promulgación de decretos de urgencia (noviembre de 1991) expedidos por las facultades extraordinarias que solicitó Fujimori (mayo de 1991), destacando el dispositivo (DL 643) que constituyó el Sistema de Defensa Nacional (SDN), unificó el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), conformó el Comando del Frente Interno (COFI) y dispuso el ingreso de las FFAA en el combate al TID (DS 137-91), tarea que anteriormente le correspondía a la Policía Nacional del Perú (PNP).
4. La red se consolidó con el narcogolpe del 5 de abril de 1992[10], comprometiendo en el delito de TID a personajes importantes de los diversos poderes, sin que hubiera una fiscalización del Congreso ni acciones policiales y judiciales que lo evitaran.
5. El Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) realmente dirigido desde 1991 por Montesinos, aunque virtualmente por un oficial de la FFAA - Gral. EP Julio Salazar Monroe en 1990-97 y Contlmte. AP Humberto Rozas Bonucelli en 1997-2000 -, tuvo un rol importante en la conformación de la RORD a delitos de TID.
6. Montesinos era proveído de información privilegiada por parte de las instituciones encargadas de la lucha contra las drogas, como la Dirección Nacional de Inteligencia de Narcóticos (DININ-SIN), la Dirección Nacional Antidrogas (DINANDRO-PNP), la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas (OFECOD-Minint) y la Comisión Nacional de Lucha Contra el Consumo de Drogas (Contradrogas), cuyos jefes, directores, principales funcionarios y asesores fueron nombrados entre los más cercanos colaboradores de Montesinos y del SIN.
7. Las instituciones gubernamentales antidrogas creadas durante los noventa desde el SIN y el Congreso de la República y los dispositivos legales promulgados para supuestamente combatir el TID, fueron modificadas con instancias orgánicas y legislaciones diversas que, en general, resultaban dispersas, contradictorias, confusas y competitivas, favoreciendo de esta forma la proliferación del TID y por ende el fortalecimiento de la RORD. La creación y conformación de salas especializadas en juzgar delitos de TID permitió que la RORD tuviera el control de los procesos iniciados o en curso con la finalidad de manipularlos a favor de los procesados, para su neutralización y/o posterior incorporación como colaboradores de la RORD.

Hipótesis no investigadas

Durante la investigación de la Comisión en la que participé y de las anteriores se han recogido testimonios e indicios que ameritan ser investigadas en base a las siguientes hipótesis que al presente no se ha tenido suficientes indicios para su demostración:

1. Existió articulación entre la RORD para el TID y exponentes de los principales grupos económicos de poder en el Perú, particularmente en los sub sectores de banca y finanzas, comercio y servicios, actividades inmobiliarias, transportes (aéreo, terrestre y marítimo) y medios de comunicación.
2. La utilización de una parte de los fondos de la cooperación internacional para la lucha antidrogas en los aspectos de interdicción, inteligencia, erradicación y desarrollo alternativo, fueron funcionales al TID y la corrupción desde el poder, realizándose cabildeo nacional e internacional para presentar éxitos virtuales en esta lucha.
3. Hubo articulación y apoyo mutuo entre el TID y la violencia política y terrorista que impulsaron Sendero Luminoso y el MRTA, así como en relación con la respuesta del Estado y las organizaciones de autodefensa (rondas campesinas).
4. Hubo indiferencia y complicidad de la sociedad civil frente al problema del TID y la corrupción aparejada a esta actividad bajo supuestos beneficios económicos, financieros y sociales de esta actividad en comparación con otras.
5. Contrariamente a las informaciones oficiales, la evolución de la extensión de cultivos de coca con fines ilícitos y tradicionales, tuvo un comportamiento errático en los 90 (incremento en 1990-93, disminución en 1994-97 e incremento en 1998-2000), concordante con los precios de la coca y derivados (incremento en 1990-94, desplome en 1995-97 y subida en 1998-2000).
6. La política de erradicación forzosa de cultivos de coca en 1996-2000 (en 1989-95 estuvo suspendida por razones de seguridad), provocó el traslado, la dispersión y la fronterización de los cultivos, lo que agravó la situación socio-económica de las comunidades afectadas, puso trabas al desarrollo alternativo y provocó mayores niveles de inseguridad y rebrote focalizado del terrorismo.
7. Hubo una política policial-interdictiva que provocó cuantiosa incautación de drogas y bienes de traficantes, pero fue más virtual que real, afectando a bandas y firmas competitivas de la RORD, sobre todo en 1995-2000, cuando comenzó a fabricar y exportar drogas bajo protección “oficial” y felicitación internacional con “certificación” positiva de 1995 en adelante.
8. Hubo una política policial-penal que al aplicarse detuvo significativa cantidad de traqueteros, micro comercializadores, traficantes y dueños de bandas y firmas que, en resumidas cuentas, competían con la RORD y cuyas detenciones servían para encubrir la existencia de operadores de TID más eficientes y seguros.

Conclusiones

Los archivos de las Comisiones investigadoras están disponibles en el Centro de Investigaciones del Congreso de la República y por lo tanto se recomienda leer y sistematizar estos materiales en base a la profundización de las conclusiones y la comprobación de las hipótesis no comprobadas. Se debe promover la creación de una instancia nacional estatal y/o privada de alto nivel técnico, con criterio de investigación y análisis independiente, que continúe las investigaciones y haga las recomendaciones a las instancias gubernamentales encargadas de combatir el TID y delitos asociados[11]. Se debe promover cooperación, asistencia mutua y coordinación inter-institucional en procesos investigatorios y convenios inter-estatales para la investigación, persecución y eliminación de bandas internacionales de traficantes.

La política de drogas es de primera importancia para el nuevo Gobierno que se instala el 28 de julio del 2021 debido a cinco razones: 1) Es un elemento gravitante de las relaciones del Perú con EEUU y el sistema interamericano y, por lo tanto, de la política exterior a ser desarrollada en los próximos años. 2) Puede ser un tema importante en las relaciones de cooperación y equilibrios estratégicos de Europa, Canadá, Rusia y China con nuestro país. 3) Los errores y limitaciones de las políticas a implementar, en caso no se corrijan las anteriores, colaborarían con la inseguridad en las zonas de selva alta en las que puede rebrotar el terrorismo – más de lo que ya está en el VRAEM -, la violencia social, la delincuencia y el sicariato. 4) La continuación de las actividades de cultivo y producción de coca y la obtención de sus derivados, provoca serios problemas a la ecología y medio ambiente de la región andino-amazónica. 5) La proliferación de la producción, tráfico y consumo de drogas alimenta el sistema de corrupción que se desarrolló durante el régimen mafioso 1990-2000 y que, lamentablemente, aún continúa en el 2021.

Todas estas facetas y actividades se desarrollaron en el Perú, casi sin excepción durante la década de los noventa, a niveles nunca vistos con anterioridad en lo referente a su extensión y profundidad en el ámbito de la Sociedad y el Estado, involucrando a sus principales instituciones y los más connotados representantes públicos y privados, funcionarios y líderes políticos. El estrepitoso colapso del régimen fujimorista puso al descubierto la forma como estaba involucrada en el “narcotráfico” la cúpula político militar y empresarial del país y puso en evidencia también el tráfico de influencias sobre temas de drogas en el poder judicial, la policía antidrogas y el Congreso. Todo ello puso en entredicho al Gobierno de los EEUU, que había respaldado a la dupla Montesinos/Fujimori considerándolos aliados claves en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, así como en la implementación del Plan Colombia.

Lima, 11 de julio 2021

- Hugo Cabieses Cubas es economista, de la Universidad del Pacífico. Director secretario del Foro Peruano de Relaciones Internacionales, investigador del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, del Instituto para el Desarrollo y la Paz Amazónica, activista del Foro Social Pan Amazónico y consultor asociado del Transnational Institute de Ámsterdam. Ex asesor parlamentario (2016-2019), ex Viceministro de Ministerio del Ambiente MINAM (2011) y ex asesor parlamentario 2016-2019. Militante socialista.