General Vides Casanova intenta evitar deportación de EEUU por violaciones a DDHH

Víctor Flores García

30/01/2014

Opinión

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EEUU lo expulsaría por torturas y genocidio cometidos en El Salvador entre 1979 y 1989, antes y durante la guerra civil

El ex ministro de Defensa y general retirado Eugenio Vides Casanova intentará evitar la expulsión de EEUU el próximo jueves 6 de febrero, donde es acusado de cometer torturas y asesinatos en El Salvador durante la década de los años 80s. El militar apelará una orden de deportación emitida por un Juez de Inmigración en mayo del pasado año 2013, defendida por el Departamento de Seguridad Interior de EEUU, informaron los abogados de las víctimas.

Vides Casanova, apodado “El Chato” por su prominente nariz, no sólo es una figura militar de los siniestros años 80, sino que se emparentó con la elite política cuando enviudó y se casó en segundas nupcias con Lourdes Llach, hermana de la ex Primera Dama, Margarita Llach de Cristiani (esposa del Presidente Alfredo Cristiani, 1989-1994). Ambas son hijas de un terrateniente cafetalero y ex embajador de El Salvador durante la guerra civil ante la Santa Sede del Vaticano (1977-1991), Prudencio Llach Schonenberg. Cristiani es el primero de los cuatro presidentes del derechista partido Arena, fundado por Roberto D’Aubuisson que gobernaron 20 años desde 1989 hasta 2009.

Entre muchos salvadoreños, la temible Guardia Nacional se ganó la reputación de ser la peor de las tres fuerzas de seguridad en violaciones de los derechos humanos, durante las campañas de persecución de la oposición política, legal o clandestina. Cinco oficiales que estuvieron bajo el mando del entonces general Vides Casanova han sido acusados por el asesinato de cuatro monjas norteamericanas de la orden Maryknoll, y otros dos han resultado involucrados en la muerte a tiros de dos consejeros laborales estadounidenses en misión en San Salvador, conocida como la masacre del Hotel Sheraton (hoy Crowne Plaza).

La investigación reveló que en ese hotel, el 3 de enero de 1981, poco antes de una masiva ofensiva guerrillera, guardias nacionales asesinaron al entonces presidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, Rodolfo Viera, y los asesores estadounidenses Mark Pearlman y Michael Hammer. Los uniformados integraban el cuerpo de seguridad personal del jefe y el subjefe de inteligencia de la Guardia Nacional, teniente coronel Mario Denis Morán y el teniente Isidro López Sibrián, junto con el capitán Roberto Ávila y del empresario Hans Christ.

Los generales fueron acusados además por la masacre de más de 70 campesinos en Las Hojas, en el occidental Sonsonate, en febrero de 1983 por soldados del ejército. La masacre fue cometida dos meses antes de que Vides Casanova fuera ascendido a ministro de Defensa y aún era director de la GN. Un juez estadounidense determinó que fue él quien encubrió y evitó procesar a los asesinos cuando ya había asumido la cartera de defensa.

En cuanto a las religiosas, Ita Ford, Dorothy Kazel, Jean Donovan y Maura Clarke, ellas fueron detenidas por guardias nacionales cuando venían de recoger a monja Ita del aeropuerto hacia San Salvador, el 2 de diciembre de 1980. Después fueron violadas sexualmente y asesinadas por agentes de la Guardia Nacional, quienes después admitieron su participación. Los uniformados afirmaron que obedecieron órdenes superiores. Los investigadores tiraron de esa punta de la madeja para llegar a los generales.

Aunque el calendario de la política interna en El Salvador está desvinculado del caso, la Junta de Apelaciones sobre Inmigración de EEUU escuchará los argumentos del ex alto jefe militar, apenas cuatro días después de las elecciones presidenciales del domingo 2 de febrero, en las cuales la izquierda del FMLN busca un segundo mandato y Arena volver al poder Ejecutivo, entre dudas de una segunda vuelta. La discusión de la apelación del jueves de la próxima semana durará una hora, a partir de las 11 AM, en la sede del organismo judicial, en la ciudad Falls Church, Virginia.

Vides Casanova quiere demostrar que durante la guerra civil “dependió de la asesoría, la asistencia militar y financiera del gobierno de Estados Unidos, que estaba plenamente al tanto de las acciones de la Guardia Nacional y de todos los militares salvadoreños”. Una fuerza de 55 oficiales estadounidenses asesoraba a los militares salvadoreños en los cuarteles militares salvadoreñas durante la era del presidente Ronald Reagan en la década de los años 80s.

La asesora jurídica Carolyn Patty Blum, del Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, Center for Justice and Accountability, en inglés) que representa a las víctimas sobreviviente de torturas, estará presente en la audiencia para hacer comentarios a la apelación, de acuerdo con un reporte del organismo.

El general Vides Casanova intentará argumentar contra las conclusiones del juez de inmigración que ha establecido que el alto jefe militar "ordenó, incitó, apoyó o incluso participó en la tortura o ejecuciones extrajudiciales", en El Salvador cuando ocupaba el cargo de Director de la Guardia Nacional (1979-1983) y después fue designado ministro de Defensa (1983-89), durante el gobierno de democristiano José Napoleón Duarte.

Un grueso expediente con pruebas

Junto con el general Guillermo García, ex ministro de Defensa, su antecesor, esos jefes militares dominaron las campañas contrainsurgentes desde el golpe de Estado contra el gobierno del general Carlos Humberto Romero, en octubre de 1979, hasta junio de 1989, poco antes de la masacre de seis jesuitas de la UCA y sus dos empleadas, cometida en noviembre de ese mismo año crucial. El CJA, con la abogada Almudena Bernabéu al frente, también lleva el caso de extradición a España del alto mando involucrado en el asesinato de los sacerdotes encabezados por Ignacio Ellacuría, denegada por la Corte Suprema de Justicia.

El general Vides Casanova y el general Guillermo García también fueron acusados en una demanda civil presentada por el CJA en nombre de tres sobrevivientes de tortura: los ciudadanos Carlos R. Mauricio, el doctor Juan Romagoza y Neris González. La causa civil de CJA resultó en un juicio multimillonario contra los generales, por tortura y otros abusos contra los derechos humanos de otras personas, de acuerdo con el resumen ofrecido por el CJA este jueves.

La histórica decisión de la Corte de Inmigración, de expulsar de EEUU a Vides Casanova se fundamenta en los numerosos testimonios y pruebas documentales contenidas en 157 páginas. El testimonio en su contra incluía las declaraciones judiciales de los defendidos de CJA: el doctor Romagoza que testificó sobre su tortura sufrida en el cuartel general de la Guardia Nacional; y Daniel Alvarado, quien declaró sobre su tortura padecida en el cuartel de la Policía de Hacienda.

El ex embajador de EEUU en San Salvador, Robert White y el profesor de derecho en la Universidad de Stanford, Terry Karl, también testificaron durante el juicio.

El juez James K. Grim concluyó que el general Vides Casanova debe ser deportado de Estados Unidos por su participación en la tortura de los defendidos por el CJA, quienes fueron víctimas entre muchos otros civiles reprimidos y torturados. También está acusado por ayudar o participar en las ejecuciones extrajudiciales de las cuatro religiosas estadounidenses en 1980 y los asesinatos de dos estadounidenses y un funcionario de la reforma agraria salvadoreña, en el Hotel Sheraton (ahora Crown Plaza), en 1981.

El CJA “celebró que el Gobierno de EEUU ha llevado a cabo este esfuerzo, que ha dado a nuestros defendidos una decisión para hacer justicia”. (http://cja.org/article.php?list=type&type=548)

Ocho años en el camino a la justicia

En el año 2006, la Corte del Circuito Once de Apelaciones confirmó un veredicto del jurado en un juicio por 54,6 millones de dólares contra los generales y ministros de Defensa José Guillermo García (1979-1983) y Carlos Eugenio Vides Casanova (1983-1989), quienes supervisaron el peor período de violaciones de derechos humanos en la historia de El Salvador.

Desde aquel veredicto, el CJA ha desplegado una campaña que incluye su testimonio ante el Congreso de EEUU para convencer al gobierno federal de Washington de iniciar un proceso de deportación en contra de ambos generales salvadoreños. En 2009, como resultado de cartas escritas por dos senadores estadounidenses (Durbin y Coburn), el CJA continuó sus esfuerzos tras bambalinas para alentar a la persecución penal. Finalmente, se anunció un proceso de deportación contra García y Vides Casanova por haber apoyado la tortura de civiles salvadoreños.

A diferencia de Vides Casanova, el general García, quien era ministro de Defensa cuando fue asesinado el arzobispo Monseñor Oscar Arnulfo Romero, ha admitido que el ejército salvadoreño cometió abusos tales como las torturas que se les imputan, la masacre de El Mozote; pero también asegura en su propio juicio paralelo que contaba con la asesoría de EEUU.

El 23 de febrero de 2012, el juez de inmigración dictaminó que Vides Casanova, el ex ministro de Defensa de El Salvador 1983-89, podría ser deportado bajo la ley de inmigración de EEUU por la tortura de ciudadanos salvadoreños, y por los asesinatos de cuatro religiosas estadounidenses en 1980, y el asesinatos de dos estadounidenses y un funcionario de la Reforma Agraria salvadoreña.

Esta decisión histórica fue la primera vez que los fiscales federales de inmigración de EEUU han establecido que un comandante militar extranjero de alto rango puede ser deportado, acusado de violaciones de los derechos humanos. Esa posibilidad existe en virtud de una ley aprobada a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra EEUU, cometidos por fundamentalistas islámicos suicidas que secuestraron cuatro aviones y los estrellaron en NY y Washington. La ley antiterrorismo, fue emitida con la intención de prohibir que violadores de derechos humanos entren o viven en los Estados Unidos. Ahora ha dado un giro hacia el pasado.

Para aplicar esta ley se considera la “responsabilidad de mando”: los comandantes sabían que sus subalternos cometían crímenes de lesa humanidad y no hicieron nada para impedirlos ni para castigar a los responsables.

En 2007, el doctor Juan Romagoza y la Directora Ejecutiva del CJA, Pamela Merchant, testificaron ante el Subcomité del Comité Judicial del Senado de EEUU sobre derechos humanos. La audiencia denominada "Nunca un paraíso: Rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos en EEUU", examinaba lo que podría hacerse en las esferas de la política, la legislación y la aplicación de la justicia, contra violadores de los derechos humanos que se han asentado en EEUU.

Como resultado de ese testimonio, los senadores Durbin y Coburn instaron en una carta al Gobierno para que investigara la posibilidad del procesamiento o deportación de los generales. En 2009, como resultado de esa carta y los esfuerzos del CJA para alentar a la persecución penal contras los jefes militares, se anunció un proceso de deportación contra García y Vides Casanova por ayudar en la tortura de civiles salvadoreños.

Después de muchos retrasos, el juicio contra Vides Casanova se inició el 11 de abril de 2011 y dos víctimas testificaron. El juicio duró una semana. El CJA también ofreció al Gobierno de EEUU pruebas utilizadas durante el caso civil en contra de los generales.

El 23 de febrero de 2012, el juez de inmigración dictaminó que Vides Casanova, ex ministro de Defensa de El Salvador, podría ser deportado con base en la ley de inmigración de EEUU, por la tortura de ciudadanos salvadoreños, los asesinatos de cuatro religiosas estadounidenses en 1980, y los asesinatos de dos estadounidenses y un funcionario de la Reforma Agraria salvadoreña en 1981.

En mayo de 2012, Vides Casanova solicitó la suspensión de la orden de expulsión emitida el 23 de febrero de ese año. Esta solicitud fue denegada el 16 de agosto de 2012. El 17 de septiembre de 2012, Vides Casanova apeló la decisión de la Junta en pleno.

Petición de The New York Times: revelar todo el expediente

A finales de 2012, el Departamento de Justicia negó una solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información, hecha por el diario The New York Times para conocer la decisión del juez. The New York Times presentó una demanda en la corte federal el 3 de abril de 2013, y el caso se turnó ante el Juez Richard Sullivn, de Nueva York. Después de que se presentó la demanda, el

Departamento de Justicia revocó su decisión de denegar la solicitud. Una versión corta de la decisión del juez fue liberada el 4 de abril de 2013 y publicada por el diario.

Pero el 29 de mayo del año pasado, The New York Times solicitó la revisión judicial federal de su solicitud para divulgar el expediente completo (transcripciones y documentos) en los procedimientos de expulsión contra el ex ministro de Defensa Vides Casanova.

Las abogadas del CJA ha hecho un reconocimiento al periodismo de investigación del diario newyorkino: “El CJA aplaude el compromiso del New York Times con la transparencia de los procedimientos de expulsión. Los casos de deportación se han convertido en un medio importante para poner fin a la impunidad de la cúpula militar salvadoreña durante el terrorismo de Estado cometido en la década de 1980 y para contribuir a la exactitud de los registros históricos del conflicto salvadoreño”.

La verdad ha comenzado a emerger sobre la historia salvadoreña en las cortes de EEUU y la justicia se asoma lentamente… 33 años después de cometidos los crímenes de Estado.

Viernes, 31 Enero 2014

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