La discusión que se ha desatado en Guatemala, en torno al proceso judicial seguido en contra de varios militares por crímenes cometidos durante la guerra, trasciende el aspecto meramente legal y contiene elementos histórico-políticos que son necesarios conocer para comprender la polarización social que se evidencia gravemente ahora. Los militares involucrados en violaciones a derechos humanos rechazan la justicia universal. Según ellos, se viola la soberanía y se altera el orden jurídico nacional. Creen además que existe intromisión en asuntos nacionales cuando desde otros Estados se le da valor a la vida de las víctimas. Los victimarios tienen la cómoda propuesta de que Guatemala no debe revolver los “asuntos” del pasado y que lo mejor es olvidar. Como es de imaginar, la idea de los ex militares solo tiene cobijo en aquellos grupos conservadores y oligarcas que utilizaron a la institución armada y a sus oficiales para resguardar sus intereses económicos. Porque en el lado de las víctimas, lo que se busca es precisamente lo contrario: no olvidar, buscar justicia y conocer la verdad de los “asuntos” del pasado. Las posiciones están encontradas, lo que demuestra que el proceso de reconciliación es un efímero acto protocolario de orden oficial, que dista mucho de las verdaderas posiciones prevalecientes. Ello tiene una visible explicación: la reconciliación se consigue, sí y solo sí previamente se conoce la verdad. Y para conocer la verdad es necesaria la aplicación de la justicia. Los acusados de genocidio, torturas, desapariciones forzadas, violaciones sexuales y asesinatos en masa, ocurridos en las masacres, son militares de alto rango que tuvieron en sus manos los hilos conductores de la represión indiscriminada contra la población civil. Tres de ellos fueron jefes de Estado, de entre los cuales destaca Efraín Ríos Montt; además hay ex ministros de la Defensa; un ex director de la Policía Nacional y el ex jefe del Comando Seis, a quien se le atribuyen innumerables muertes y secuestros en la ciudad capital. En otras palabras, se trata de gente con poder cuya obligación, como autoridades, era garantizar la vida de los ciudadanos. Sin embargo la historia los ha juzgado ya como criminales. Aquellos sucesos sangrientos no se olvidan. Es absurdo pedir que las viudas, huérfanos y familiares de las víctimas olviden a sus seres queridos. Por ello es que se continúa en busca de justicia. El principio de la discusión que se ha reabierto en Guatemala es que nuestro sistema jurídico carece de las herramientas y capacidades para realizar un proceso judicial. Ello ha obligado a víctimas y familiares de éstas, a buscar los órganos internacionales que puedan y tengan la posibilidad legal de enjuiciar a los implicados. De esa cuenta es que se abrió una querella en contra de los militares en la Audiencia Nacional de España, apelando el principio de justicia universal. En el desarrollo de este proceso penal, el sábado anterior llegó al país el juez español Santiago Pedraz, con el propósito de indagar a los principales acusados de haber incendiado la embajada de España en 1980 y en cuyo suceso 37 personas fueron incineradas. Pedraz, quien apenas tiene un año de haber llegado al cargo, dejado por el conocido Baltasar Garzón, tiene la plena disposición de cumplir con su trabajo, pero éste se ha visto obstaculizado por recurrentes recursos legales usados por los acusados. Las argucias de los dictadores y sus esbirros, que pagan muy bien a los abogados por retorcer la ley, han bloqueado la indagatoria. Con sus acciones se confirman al menos tres aspectos que envuelven nuestra triste realidad como país. Primero es que la impunidad tiene en Guatemala un paraíso; segundo, los acusados de genocidio y crímenes de lesa humanidad temen enfrentarse a la verdad; y tercero, que cuando de acciones legales contra pasadas violaciones a derechos humanos se trata, los militares cierran filas. Lo que no ocurre cuando se les juzga por corrupción, lavado de dinero, y narcotráfico. Una primera conclusión, que queda evidentemente clara, es que la reconciliación es un proceso que no llegará pronto a nuestro país. Una segunda es que los militares veteranos están dispuestos a cualquier acción para evadir la justicia. Y finalmente, a pesar de todas las maniobras, los acusados parecen desarmados ante una historia que implacablemente los ha sentenciado como criminales. De tal modo que las bravatas nacionalistas con que grupos conservadores han enfrentado la presencia de un juez español en nuestra Guatemala, demuestra la pobreza de argumentos con que cuentan los acusados de genocidio. Levantan una falsa identidad y respeto por la soberanía, que ni ellos mismos se lo creen, porque son precisamente las mismas personas que han alentado, permitido y aplaudido, por ejemplo, la intervención ideológica y dependencia económica del ‘imperio’ que hoy los ha abandonado, de la misma manera que lo ha hecho el poder económico nacional que los utilizó a su antojo. Fuente: Fuente: Boletín Noticias y Análisis de Tendencias Nº 997 Incidencia Democrática http://www.i-dem.org Guatemala, 29 de junio de 2006