ECONOMÍA EL CASINO DE LA BOLSA El modelo sobre el cual está montado nuestra economía, es un modelo que beneficia ante todo a los sectores financieros, que se han dedicado en estos años a lucrarse, a enriquecerse con los préstamos al Estado y las operaciones especulativas a través de diferentes mecanismos y modalidades que les permitían ganarse altas utilidades sin crear empleo productivo a mediano y a largo plazo. A principios del año los voceros de la administración Uribe se jactaban de las grandes cantidades de dinero que se estaban invirtiendo en la Bolsa de valores de Bogotá con extraordinarias rentabilidades para las gentes privilegiadas que participaban de ese carnaval que había permitido valorizaciones de más del 100% en las acciones de las principales empresas del país . En ciertos días se llegaron a transar en compra y venta de acciones, de títulos de deuda del Estado y en otros documentos cantidades que superaban los 60 millones de dólares. La Bolsa de Bogotá con este nivel de operaciones se había situado como la cuarta bolsa de valores más importante de América Latina detrás de las de Sao Paulo( Brasil), México y Chile. Los comentaristas económicos de tendencia neoliberal calificaban esta bonanza como el resultado claro de las políticas de seguridad aplicadas por el presidente Uribe en el país y de las facilidades que el gobierno había brindado para que llegaran a Colombia los capitales extranjeros. La sobre valoración de las acciones y de las empresas no se correspondía con el precio real de las mismas. Gracias a esa sobre valoración las empresas que hacían negociar sus acciones en la bolsa de Bogotá llegaron a tener un precio en conjunto de 125 billones de pesos= aproximadamente 50 mil millones de dólares, cuando en realidad su precio real no superaba los 35 mil quinientos millones de dólares. Un sector de intermediarios financieros, de comisionistas, especuladores y propietarios se enriquecieron con estas operaciones y crearon a su vez una bonanza en la compra de automóviles de lujo, casas y apartamentos suntuarios, centros vacacionales en Bogotá y en otras ciudades del país, en marcado contraste con el empobrecimiento creciente de la mayoría de la población. Pero bastó que en Estados Unidos se decretara oficialmente el alza de intereses bancarios para que no solo en Colombia, sino en otros países de Asia y de América Latina se produjera una estampida, una fuga de inversionistas hacia Norteamérica liquidando apresuradamente las acciones y demás negocios que tenían en naciones como la nuestra. El ofrecimiento simultáneo a precio de quema de miles de acciones y de otros documentos de deuda del Estado colombiano por parte de estos inversionistas internacionales que deseaban apresuradamente recoger su dinero y ubicarlo de nuevo en los Estados Unidos, desfondó, destruyó la bonanza que se había vivido artificialmente en la bolsa de Bogotá y en los círculos financieros del país. De la noche a la mañana las acciones bajaron de valor estrepitosamente y comenzaron a sumarse pérdidas y bancarrotas en muchos intermediarios financieros que hasta hace algunos días parecían estar en el mejor de los mundos. Paralelo con esta crisis se empezó a dar un alza del precio del dólar, que empezó a recobrar valor en la medida que se hacían más atractivas las inversiones en esa moneda en los mercados de Estados Unidos. El alza del dólar encarecerá las importaciones y tendrá impacto en algunas industrias que dependen de la compra de materias primas y de tecnología en el exterior para sostener su producción. Ahora bien, este conjunto de situaciones revela cuan frágil, cuan débil es realmente nuestra economía. Entre más dependiente se es de los mercados y de los capitales internacionales, menos recursos e instrumentos tiene el Estado, el gobierno, para afrontar estas crisis que son fenómenos frecuentes en economías que se manejan no por los criterios de producir riqueza y empleo productivo, sino por los de obtener ganancias fáciles y rápidas sin importar el bienestar de la mayoría de la población, al estilo de las apuestas que hacen los jugadores en los casinos . EL CONEJO DEL TÍO SAM Tras las elecciones presidenciales que le dieron el triunfo a Uribe se han empezado a conocer por parte de voceros del gobierno algunos detalles de los acuerdos que se pactaron por “debajo de la mesa” con los negociadores de los Estados Unidos para llegar al texto final del Tratado de Libre Comercio de Colombia con ese país. El Ministro de Agricultura reconoció que el sector avícola será un perdedor neto en el Tratado, hecho que negó rotundamente en los meses anteriores. En departamentos como Santander esta industria ha creado cientos de puestos de trabajo. Así mismo, los cultivadores de papa han sido sorprendidos con la noticia de que su producto tendrá que competir en el mercado colombiano con la papa importada de los Estados Unidos. Y recordemos que en departamentos como Boyacá, Nariño, Cundinamarca, Cauca cerca de 100 mil empleos dependen de este cultivo. A estas realidades hay que añadirles las pérdidas que se tendrán en otros cultivos como el arroz, el maíz amarillo, la soya, el fríjol, el trigo, la cebada, ante la libre importación de esos productos de Estados Unidos. En la campaña electoral, Uribe prometió a los empresarios de estos sectores subsidios en dinero para compensar las pérdidas que van a tener y para apoyar la “reconversión” de los mismos, es decir la explotación de nuevos productos que sustituyan a los que hoy están condenados a desaparecer. Sin embargo, es muy probable que los subsidios no aparezcan en la cantidad y condiciones que se habían prometido y que, entre tanto, se agraven las situaciones de pobreza y de miseria del campesinado en regiones como Tolima, Huila, Boyacá y la Costa Atlántica. Además , se han presentado discrepancias, diferencias ,entre algunos de los textos que según el gobierno colombiano se acordaron en el Tratado y los que sostiene la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos que fueron aprobados por ambas partes. Pese a las gestiones de algunos funcionarios de la administración Uribe, los negociadores norteamericanos se han negado a aceptar alguna fórmula de arreglo y todo esto se traducirá seguramente en más ventajas para las empresas estadounidenses, sacrificando los intereses de los productores colombianos. Los Estados Unidos tienen una carta a su favor: Para ellos un tratado comercial con un país con una economía relativamente pequeña como la Colombiana no significa un peso, ni un paso importante en su desarrollo industrial, financiero y comercial. Las exportaciones colombianas a los Estados Unidos no alcanzan a ser el 0,5% del total de las exportaciones que entran a esa gigantesca nación. En cambio para Colombia, Estados Unidos es su principal socio comercial porque actualmente compra el 45% de nuestras exportaciones y nos vende más del 40% de nuestras importaciones . Es lo que llaman los economistas una relación asimétrica, desproporcionada. En este caso el gobierno Uribe está urgido de lograr la aprobación del tratado en el Congreso Norteamericano, porque de no obtenerse esta aprobación en este año 2006, sectores empresariales amigos del presidente y que impulsaron su reelección como los productores de textiles, de ropa, de flores, se verían enormemente perjudicados para la exportación de sus artículos a los Estados Unidos en el 2007. La razón es muy sencilla. Estos sectores han disfrutado en los últimos años de una entrada privilegiada al mercado norteamericano gracias a un acuerdo especial que Estados Unidos celebró con los países andinos: Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador sobre políticas contra el narcotráfico, llamado APTDEA. A cambio de aplicar las políticas represivas contra los cultivos de coca y de amapola y contra el tráfico de drogas, Estados Unidos permitiría durante algunos años la importación a su país libre de impuestos de ciertos artículos y productos de las economías andinas. El APTDEA se vence a finales del 2006 y no va a ser renovado. El gobierno Uribe aceleró la negociación del Tratado de Libre Comercio para asegurar en ese acuerdo las ventajas comerciales que ya gozaban por el APTDEA los empresarios amigos. Se calculaba que a principios del 2007 el Tratado de Libre Comercio estaría en plena vigencia y que en consecuencia los aliados del presidente no se verían perjudicados en sus intereses. Sin embargo, las cosas no están resultando como las había planeado el gobierno colombiano. Los negociadores norteamericanos aprovechando el “apuro” de sus contrapartes colombianas han sacado para los sectores agrícolas e industriales de su país múltiples ventajas comerciales. Para la muestra están los casos de la industria farmacéutica, los productores de abonos y químicos, las comunicaciones y la banca. El trámite en el congreso de los Estados Unidos de los Tratados de Libre Comercio suele ser bastante accidentado porque hay muchos intereses políticos y económicos en juego representados por grupos de senadores y representantes que están más pendientes de lo que le conviene o no a los electores de sus regiones en esos tratados que de la negociación global de los mismos. Además, este es un año electoral en ese país: En noviembre se renueva la Cámara de representantes y una parte del Senado y el gobierno Bush con el desprestigio en que caído el presidente difícilmente se la jugará por la aprobación de un tratado con Colombia, si esta aprobación implica o trae consigo críticas y oposiciones de grupos de congresistas de su propio partido, el Republicano. EL EMBUDO URIBISTA El Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha anunciado una nueva reforma tributaria que corrija los vacíos y defectos de las reformas que se hicieron en los años anteriores. Fiel al pensamiento neoliberal que lo inspira ha hablado de aumentar los recursos económicos del Estado acabando con las exenciones o perdones de impuestos a ciertos sectores unificando el impuesto al valor agregado , IVA y aumentando el número de contribuyentes asalariados que deben presentar declaración de renta y pagar el impuesto de retención en la fuente , que se descuenta mes por mes directamente del sueldo de los empleados. En la práctica, esto significa que todos los productos alimenticios que hacen parte de la llamada canasta familiar entrarían a ser gravados con el IVA afectando más aún los bolsillos de los sectores populares , quienes son los que más sufren con el alza de estos artículos de primera necesidad. Igualmente, grandes grupos de empleados de la llamada clase media pasarían a tributar la retención en la fuente al reducirse el tope o valor de los sueldos que deben pagar ese impuesto. Todo esto quiere decir que habrá menos ingresos económicos para la mayoría de la población, y que la situación se agravaría si se aceptan las recomendaciones de un estudio del Banco Mundial que planteaba “flexibilizar” el salario mínimo legal mensual que hoy está situado en $ 408.000= 163 dólares, para facilitar la creación de más empleo. En el lenguaje técnico de estos organismos “flexibilizar” significa suprimir la obligación legal de pagar este salario mínimo, permitiéndole a los empresarios pagar sueldos por debajo del mínimo con el apoyo del Estado. Mientras tanto, la concentración de la riqueza y de las propiedades en el país continúa siendo asfixiante. El 1% de la población acapara el 41% del ingreso nacional. En contraste, entre 1997 y el 2005, los ingresos laborales reales de los trabajadores cayeron un 9%. Se han creado más puestos de trabajo en el tiempo del gobierno de Uribe, pero el 61% de los empleos creados son puestos de trabajo precarios, en el sector informal de la economía, sin condiciones de estabilidad y seguridad sociales. Un informe reciente dice que solo el 4,6% de los trabajadores del país están afiliados a sindicatos, haciendo notar que desde 1974 hasta el presente el porcentaje de afiliados ha disminuído aceleradamente, síntoma claro de las muy difíciles condiciones de vida que tiene en la actualidad la población colombiana. Los tres hombres más ricos del país: Santodomingo, Sarmiento Angulo y Ardila Lulle tienen propiedades que superan los 10 mil millones de dólares , suma que equivale al ingreso de más del 50% del total de los habitantes del país, unos 21 millones de personas. Los niveles de vida de las mayorías de la población son bastante precarios: En Colombia hay 9,3 médicos por cada 10 mil habitantes, cifra que nos equipara en este aspecto con los países más pobres del continente latinoamericano como Honduras o Nicaragua por ejemplo. Aunque anualmente se invierten por el gobierno y los trabajadores que cotizan cerca de 19 billones de pesos= unos 7600 millones de dólares en el sistema de salud, el 38% de los colombianos están por fuera del sistema. Los verdaderos beneficiarios del sistema son las empresas privadas que se han apoderado de su administración (EPS) y que se han enriquecido con el negocio convirtiéndose en gigantescos “pulpos” que pretenden monopolizar todas las áreas del sistema montando sus propios hospitales, consultorios, laboratorios y hasta facultades de medicina. De hecho, dos de estas EPS aparecen en el listado de las 20 empresas más grandes de Colombia. Las ganancias de estas empresas superaron el año pasado los 2 billones de pesos= 800 millones de dólares. Para convertir el sistema de salud en un negocio privado , los empresarios han contado con la complicidad de este y de los anteriores gobiernos desde 1991 y con la colaboración activa de los congresistas Uribistas que se han negado a modificar, así sea parcialmente , los alcances de la ley 100 que dio origen a la situación actual. Un aspecto siniestro del sistema de salud es el control que en muchos departamentos grupos asociados con el paramilitarismo y el narcotráfico han hecho de los subsidios destinados a la población más pobre , que les han permitido no solo sostener sus aparatos armados, sino crear redes clientelistas dentro de la población, donde a cambio de la afiliación al sistema , los beneficiarios comprometen su voto por determinados grupos políticos( Santander y varios departamentos de la Costa Atlántica). Las realidades sociales del país son dicientes: Según la UNICEF, el 20% de los hogares colombianos se encuentra en la miseria. El desempleo juvenil llega a un porcentaje muy alto: 36,4% , lo que explica , en parte, la proliferación , la abundancia de grupos y organizaciones criminales en las barriadas de las grandes ciudades. Si a esto se le agrega que más del 30% de los hogares en la actualidad están encabezados por mujeres y que el 41% de estas mujeres ganan menos de 160 dólares mensuales , se entenderá el gran caldo de cultivo que existe para los procesos de descomposición social que se están sufriendo en Colombia. La desnutrición infantil en ciudades como Bogotá afecta a más del 13% de los niñ@s En Colombia , afecta al 17,4% de la población infantil campesina. Cerca de 2 millones de niñ@s deben trabajar para colaborar en el sustento personal y de sus familias y hay 1.200.000 que han sido desplazados por la guerra y viven precariamente en los barrios marginales de las ciudades. SIN CORAZÓN EN EL PECHO La coyuntura internacional está mostrando que , por ahora, se acabó la época del dinero barato, del dólar abundante, en países como Colombia. Los capitales han regresado a los Estados Unidos atraídos por el alza de intereses y las seguridades que brinda el propio gobierno norteamericano a los inversionistas. Esto quiere decir que la consecución de nuevos préstamos para el gobierno colombiano obligará a pagar intereses más elevados, en condiciones más desfavorables de términos de vencimiento de la deuda. De hecho, el Ministerio de Hacienda necesita, por ahora, 2 mil millones de dólares para cuadrar el presupuesto estatal, dinero que se sumaría al total de deuda internacional ya contraída que supera los 23 mil millones de dólares. Pero a esta cifra hay que añadirle los billones de pesos que el gobierno adeuda a los bancos colombianos, de los cuales se ha convertido en el principal cliente y que hacen que los préstamos acumulados nacional e internacionalmente superen fácilmente los 35 mil millones de dólares. Esta deuda es impagable, si examinamos a vuelo de pájaro el estado de las finanzas públicas en la actualidad. El presupuesto del Estado para este año 2006 totaliza unos 106 billones de pesos= 42 mil millones de dólares. De esos 106 billones, el 50% están destinados a pagar la nómina de funcionarios del gobierno , que incluye a los miembros de las fuerzas armadas y de policía. Recordemos que solo el personal militar y de policía llega hoy por hoy a los 406 mil miembros. Los gastos militares ascienden a unos 12 billones de pesos= 4800 millones de dólares y han crecido más del 30% desde el año 2002 en que se posesionó como presidente Uribe. Con ese mismo 50% del presupuesto, el gobierno debe girar a departamentos y municipios los dineros para los pagos de salud y educación. Además, debe destinar más de 10 billones de pesos= 4 mil millones de dólares a cubrir las pensiones de jubilación de los empleados públicos y a subsidiar la nómina de jubilados del Instituto de Seguros Sociales , que actualmente pasa de 600 mil personas. El 38% del presupuesto, unos 36 billones de pesos= 14.400 millones de dólares sirven para el pago de intereses y amortización de capital de la deuda interna y externa del Estado. Solo queda un 12% del presupuesto, unos 11 billones de pesos= 4.400 millones de dólares para la llamada inversión social, cifra a todas luces insuficiente para atender a las necesidades básicas insatisfechas de más del 60% de la población. Un dato interesante es que el gobierno destina más dinero al gasto militar, que a la inversión social. La peor parte del asunto es conocer de donde salen los 106 billones de pesos del presupuesto actual. El 55% proviene de los impuestos y de algunas rentas propias del Estado. Pero el 45% restante debe conseguirse con préstamos de la banca nacional e internacional. Si comparamos este porcentaje con el que se destina al pago de préstamos anteriores, llegaremos a una conclusión muy clara: La deuda en lugar de reducirse aumenta año tras año. Si esto le sucediera a un empresario privado o a un empleado cualquiera tendría que declararse en bancarrota. Pero como se trata de un Estado, y los Estados operan bajo un marco jurídico muy diferente, el gobierno puede darse el lujo de ocultar esta situación y alegar que las finanzas públicas están muy bien manejadas, que se ha reducido el déficit , que se han controlado los gastos, cuando en la práctica está sucediendo todo lo contrario. El segundo mandato de Uribe promete “ más de lo mismo”, es decir, se continuará el proceso de endeudamiento, seguirá creciendo el gasto militar, se acudirá a programas sociales paternalistas, coyunturales para tratar de aliviar los inmensos problemas que padece la mayoría de la población .Todo esto se justificará, como se justificó en los años anteriores , afirmando que el principal programa del gobierno es la seguridad democrática y que esta seguridad es el componente básico de cualquier proyecto social que se quiera hacer en el país. Además, las estadísticas oficiales mostrarán, como lo han venido haciendo, una baja en las tasas de desempleo, alegando que el presidente Uribe ha creado un ambiente favorable para los inversionistas en la nación, olvidándose de aclarar que más del 60% de los empleos creados son empleos temporales, mal pagados, sin ninguna estabilidad, ni seguridad para el trabajador. POLÍTICA ALVARO, EL UBÉRRIMO El presidente Uribe obtuvo una amplia mayoría en su propuesta de reelección acaparando el 62% de los votos emitidos en la primera vuelta electoral, haciendo innecesaria una segunda vuelta. El triunfo fue saludado por los grandes medios de comunicación como un hecho que partía la historia del país en un antes y en un después de Uribe. Además , le daba alas al proyecto político que los sectores conservadores que lo apoyan han querido establecer en Colombia de perpetuar un ciclo de gobiernos autoritarios , contrarios a cualquier proyecto de reforma social y firmes defensores de la solución militar al conflicto que desgarra el país desde hace decenas de años. La maquinaria clientelista del gobierno funcionó a la perfección. De un lado, la mayoría de la clase política que antes pertenecía a los partidos Liberal y Conservador se alineó con el presidente bajo distintos grupos y movimientos con el deseo de seguir disfrutando y si es del caso ampliar la tajada de puestos públicos, contratos de obras, auxilios económicos, becas, etc. que se entregan desde los Ministerios e institutos del gobierno central. Son los mismos políticos corruptos que en la campaña del 2002 el propio Uribe decía combatir y que ahora han formado alrededor de su figura un nuevo Frente Nacional, del cual también hacen parte los principales empresarios, financistas y terratenientes del país, incluyendo entre este último a los jefes paramilitares en proceso de desmovilización. En muchas regiones con el apoyo abierto de los políticos clientelistas locales y el encubierto de los jefes paramilitares se logró una amplia votación por el presidente. Además, Uribe aprovechó todas las ventajas que le dieron las cadenas de radio y de televisión comerciales para insistir en el éxito de sus políticas de seguridad y para demostrar que era el único candidato capacitado para dirigir el país en los siguientes años. No contento con el acceso que tenía en las cadenas comerciales, se dedicó sistemáticamente a conceder entrevistas a las emisoras de provincia, incluyendo las comunitarias, con el ánimo de llegar con su mensaje político a los grupos de población más alejados de la capital, Bogotá. Pero, igualmente, se negó rotundamente a participar en cualquier tipo de debate o discusión con los candidatos rivales demostrando con esta actitud un absoluto desprecio hacia este tipo de mecanismos democráticos, que permiten a los ciudadanos aclarar posiciones y definir sus intenciones de voto. La ley de garantías electorales que había sido aprobada con el propósito de “equilibrar” las condiciones en que debía realizarse la campaña , tomando en cuenta que por primera vez en los últimos 100 años se ponía en práctica la posibilidad de la reelección presidencial inmediata , se vió burlada por las maniobras de Uribe y sus asesores , que utilizaron a su amaño muchas de las gabelas y ventajas que da el tener el poder para silenciar, confundir o tergiversar las opiniones y críticas de los demás candidatos. Pocos medios se atrevieron a cuestionar estos procedimientos o a denunciar escándalos y actos de corrupción que ponían en tela de juicio la transparencia y los manejos administrativos limpios que la propaganda oficial sostenía eran características del buen gobierno de Uribe. Cuando algunos lo hicieron fueron agredidos verbalmente por el presidente o intimidados con amenazas por grupos criminales. El escándalo de la policía de seguridad del Estado, DAS, infiltrada por paramilitares, con un director amigo , confidente y socio de negocios y contratos de políticos y jefes “paracos” de la Costa Atlántica, fue un buen ejemplo de la incapacidad del presidente para enfrentar las críticas a su gestión por parte de algunos periodistas y del autoritarismo que domina sus actos como gobernante. Sin embargo, es necesario reconocer que Uribe es un político hábil, que ha sabido explotar con astucia sus aparentes éxitos en el control del orden público , haciendo uso de un lenguaje y de unas actitudes populistas que han terminado por persuadir a grandes sectores de la clase media e incluso del pueblo empobrecido de la eficacia de su liderazgo y de la buena gestión de su gobierno. La capacidad para sacar partido de las contradicciones y debilidades de los adversarios combinado con un manejo inteligente de sus apariciones en los medios de comunicación, han terminado por unir a su alrededor a la gran mayoría de sectores que representan los intereses de los grandes capitales nacionales e internacionales en el país, quienes parecen haber llegado a la conclusión que por ahora el presidente es un líder insustituible en la conducción del proceso político que desea imponer una visión conservadora y autoritaria en nuestra sociedad. Ante esta situación no es de extrañar que algunos de sus nuevos socios políticos estén hablando de modificar de nuevo la Constitución para permitir la reelección indefinida de Uribe, en un brote de triunfalismo que resulta indignante para los sectores que tienen una mirada crítica sobre las realidades sociales de la Colombia actual Ahora bien , Uribe deberá enfrentar una serie de problemas en la gestión de su segundo mandato, que podrán afectar su popularidad y liderazgo. De un lado, no podrá satisfacer las demandas clientelistas desbordadas de todos los grupos y dirigentes políticos que han hecho alianza alrededor de su nombre y las inconformidades de unos y de otros irán creando tensiones y desgastes en su acción de gobierno. Por ejemplo, el nombramiento de Juan Manuel Santos en el Ministerio de Defensa no ha sido del agrado del Senador Germán Vargas Lleras y su grupo, quienes ven en Santos un rival en la lucha por la presidencia para el 2010. De otro, el proceso de desmovilización de los paramilitares está haciendo agua por todas partes. En muchos departamentos han empezado a aparecer nuevas organizaciones paramilitares, muchas de ellas conformadas por “desmovilizados” que se cansaron de las promesas del gobierno y que no se adaptaron a las dificultades de la vida civil o que jamás dejaron las armas , ni tuvieron la menor voluntad de “reinsertarse” siguiendo el modelo que les proponía la administración Uribe. Este fenómeno de la nueva generación de grupos paramilitares ha tomado fuerza en regiones como el Catatumbo (Norte de Santander), Costa Pacífica (Cauca y Nariño) Meta, Casanare, Córdoba, Bolívar, Guajira. Los crímenes contra la población civil comienzan a multiplicarse y el gobierno acosado por las denuncias que se hacen nacional e internacionalmente sobre estas situaciones ha prometido “ monitorear “ el comportamiento de los jefes paramilitares presuntamente desmovilizados y combatir por la vía armada a los nuevos grupos criminales que se han formado. En la parte económica, Uribe tendrá que enfrentar la desaparición de las exportaciones de petróleo ante el agotamiento de los pozos de Arauca y Casanare que le habían permitido al Estado gozar de una pequeña bonanza con los altos precios de ese combustible en los mercados internacionales. Además, cuando entre en aplicación el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y las empresas agrícolas e industriales afectadas empiecen a cerrar operaciones y a despedir trabajadores aumentando la crisis que se vive en los sectores populares , de poco valdrán las promesas de subsidios económicos y de ayudas de urgencia ante la incapacidad de encontrar nuevas actividades rentables en un mercado colombiano que será dominado por los artículos y servicios norteamericanos. LA ESPERANZA BLANCA El hecho más esperanzador de las pasadas elecciones presidenciales fue el segundo lugar que obtuvo el candidato de la izquierda unida, el Senador Carlos Gaviria con una votación que para muchos resultó sorpresiva porque superó la cifra de 2.600.000 votos, lo que representó el 22% de todos los votos emitidos ese día. Hace cuatro años el candidato presidencial de la izquierda, Luis Eduardo Garzón, actual alcalde de Bogotá había logrado alrededor de 700 mil votos que representaron el 6% de la votación total. Este salto gigantesco , que equivale a un aumento de más del 300% en el número de votos y el que Gaviria hubiera superado ampliamente al candidato del Partido Liberal que durante decenas de años fue mayoritario en las elecciones que se organizaban en el país, demuestran en nuestro concepto una serie de hechos importantes, a saber: -Se está fortaleciendo un sector del electorado que juzga con visión crítica e independiente el manejo de la política y los planteamientos que para gobernar la nación presentan los diferentes grupos y movimientos políticos; -Dentro de este sector hay grandes grupos de electores que sin identificarse con la coalición de izquierda, el “Polo Democrático”, simpatizan con proyectos que propongan alternativas al modelo conservador y autoritario que encarna Uribe; -Carlos Gaviria , con su personalidad transparente , su vida de servicio en la defensa de los derechos y libertades públicas desde la universidad y desde la Corte Constitucional, y una imagen de abuelo bonachón y generoso, interpretó fielmente los intereses y expectativas de ese electorado independiente, que difícilmente hubiera votado por otro líder del Polo que se ajustara más a la imagen tradicional que se tiene de los dirigentes de izquierda en el país ; -Conservar ese electorado independiente en las filas del Polo dependerá , como bien lo dijo el mismo Gaviria ,de que se mantenga la Unidad del movimiento y de que algunos de sus líderes no caigan en la tentación de las aventuras políticas personalistas o de ser “cooptados” o comprados por el gobierno Uribe. Las elecciones para alcaldes municipales y gobernadores departamentales en el 2007 serán una coyuntura clave para determinar si el Polo Democrático puede consolidarse como alternativa de poder para las presidenciales del 2010 , o si las divisiones, los sectarismos , las propuestas políticas mal sintonizadas con los electorados locales y regionales debilitan lo que por ahora luce como un paso esperanzador. Otro factor que debe tenerse en cuenta en el análisis de las elecciones presidenciales es el elevado porcentaje de abstención que se registró , que superó el 55% de los votantes potenciales. Penetrar este sector abstencionista debería ser una tarea de máxima importancia en las futuras campañas de la coalición de izquierda si se pretende derrotar a la alianza conservadora actualmente en el poder. El trabajo de organización con las bases populares allá en los barrios, en las comunidades campesinas, en los grupos de mujeres y de jóvenes, que fortalezca en estos grupos de población una visión crítica de la realidad social y política que tiene el país, debería ser, sin lugar a dudas , una de las estrategias a seguir en los próximos años para darle unas estructuras sólidas al Polo Democrático. LOS NÁUFRAGOS Horacio Serpa, el candidato del Partido Liberal, fracasó por tercera vez consecutiva en su proyecto de llegar a la presidencia. Con una imagen de político tradicional y comprometido en tratos clientelistas y corruptos en el gobierno de Ernesto Samper (1994-98) , no pudo superar estas desventajas a pesar de que presentó en su programa de gobierno algunas propuestas innovadoras para entrar a solucionar problemas sociales como el desempleo, la construcción de vivienda popular, un sistema de salud pública que cubra a toda la población. Además, el hecho de haber sido embajador de Uribe en la OEA= Organización de Estados Americanos, le restó credibilidad a su posición de firme opositor al gobierno actual. Muchos de sus antiguos votantes desertaron de sus filas y se unieron a las de Carlos Gaviria, en quien veían un opositor consecuente y claro al régimen de Uribe. En la campaña, Serpa, también sufrió el abandono de los principales jefes de su propio partido que lo dejaron librado a su suerte. Toda esta serie de circunstancias explican que solo hubiera obtenido el 12% de los votos emitidos, cuando hace 4 años había logrado el 32% de la votación total. El Partido Liberal, bajo la jefatura del expresidente César Gaviria enfrenta un serio dilema: O se decide en los próximos años a hacer una oposición radical al mandato de Uribe con todos los costos políticos que esta posición trae para un partido acostumbrado a disfrutar de las ventajas clientelistas en el poder, o entra en un proceso de acercamiento gradual con el gobierno a través de lo que algunos comentaristas llaman “la oposición constructiva”, tal como lo ha expresado el ex presidente Samper, abandonando a la larga su actual ideario social demócrata. Todo indica que en los próximos meses reventarán , por así decirlo, las tensiones y contradicciones en el Liberalismo , presentándose una división entre un ala progresista , muy cercana a las políticas del Polo Democrático y otra que liderada por Samper se plegará, se unirá al gobierno. El otro gran perdedor de la jornada electoral fue el candidato independiente, Antanas Mockus. El prestigio que había obtenido como alcalde de Bogotá no le sirvió esta vez para convertirse en el gran rival de Uribe , como él y sus amigos esperaban. Trató de presentarse como un candidato de centro , aceptando en parte las políticas de seguridad democrática de Uribe, pero criticando las violaciones a los derechos humanos que se vienen cometiendo en su aplicación. De otro lado, se planteó como firme defensor del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y aceptó hacer un intercambio humanitario con la guerrilla de las FARC, “pero por una sola vez”. Defendió en la práctica buena parte del modelo neoliberal vigente en la economía y toda esta suma de posiciones que en otra coyuntura electoral lo hubieran hecho atractivo a un sector del electorado terminaron por aislarlo en una campaña donde se notó claramente una polarización entre quienes aceptan los planteamientos conservadores y autoritarios del presidente Uribe y quienes rechazan sin ambigüedades esas posiciones. LOS PARAS PARA LIZADOS El proceso de desmovilización de los grupos paramilitares que fue presentado por Uribe en la campaña como uno de los grandes aportes de su gobierno a la paz del país y que significaba la legitimación de las fortunas y del poder político que los jefes de esos grupos criminales habían logrado en las acciones de guerra contra la población civil de muchos departamentos, se está diluyendo, desmoronando, más rápido de lo que se esperaba. La Corte Constitucional que revisó la ley de “Justicia y Paz “ aprobada por el Congreso decidió echar para atrás muchas de las ventajas jurídicas que se le concedían generosamente a los jefes “paracos”. La Corte dispuso que las condenas que tienen algunos de ellos por procesos criminales anteriores se acumularan a la que podrían recibir en la aplicación de esta ley que había fijado un tope máximo de ocho años de prisión por todos sus delitos. Solo si los procesados cumplen estrictamente con una serie de requisitos como la confesión plena y total de todos sus crímenes, la indemnización a las víctimas con los dineros y bienes lícitos e ilícitos que tuvieran en su poder, no se tendrá en cuenta la acumulación de sentencias y los jefes paramilitares podrían hacer efectivo el beneficio de una condena máxima de ocho años de cárcel. Los magistrados de la Corte tampoco aceptaron que los procesados pudieran pagar sus condenas en sitios especiales, ni que el tiempo pasado en Santafé de Ralito durante el transcurso de las negociaciones les fuera descontado de su posible estadía en prisión. Para completar la revisión de la ley, la Corte Constitucional , quitó el reconocimiento de delincuentes políticos que le había dado el gobierno a los paramilitares y volvió a calificarlos como delincuentes comunes , facilitando de esta manera los posibles trámites de extradición de algunos de ellos a los Estados Unidos, donde son solicitados por tribunales que los acusan de dirigir o hacer parte de redes de narcotraficantes. En la práctica, la revisión de la ley que hizo la Corte Constitucional desarmó los acuerdos de impunidad que se habían hecho entre los jefes de los paramilitares y el gobierno. No es de extrañar que algunos voceros de esos jefes como Ernesto Baez hayan entrado a condenar a la corte y a calificarla en términos insultantes como “paraguerrillera”, afirmando, además, que por culpa de ese tribunal el proceso de paz estaba “agonizando”. El gobierno, acosado por las amenazas de los jefes paramilitares, ha estado reuniéndose con ellos para encontrar una nueva fórmula jurídica que salve la negociación que habían hecho. Por el momento , los sectores políticos más conservadores han arreciado las críticas contra la Corte Constitucional, exigiendo una reforma que reduzca sus atribuciones, sus poderes. Para darle más alas a este proyecto, han aprovechado las polémicas, las disputas que se han presentado entre algunos magistrados de ese Tribunal para dar a entender que estas disputas son la consecuencia de todo el poder legal que ha acumulado indebidamente esa institución. Mientras tanto, como lo decíamos en otra parte de este análisis, han aparecido nuevos grupos paramilitares, que están retomando los espacios aparentemente abandonados por los antiguos , volviendo a imponer su dominio criminal sobre grandes regiones del país. En realidad , la mayoría de los integrantes de estos “ nuevos “ grupos son gentes que hacían parte de los antiguos y que se “desmovilizaron” cumpliendo las órdenes de sus patrones, sin que en realidad tuvieran la menor voluntad de abandonar las armas . PALABRA DE MUJER La Corte Constitucional , en otra controvertida decisión, despenalizó el aborto en tres circunstancias críticas: Cuando la vida de la madre está en serio peligro por el mismo embarazo; cuando el feto sufre graves malformaciones o cuando el embarazo ha sido producto de una violación. Antes de esta decisión , todas las mujeres que abortaban corrían el peligro de ser procesadas por los jueces por una conducta que la legislación colombiana consideraba como criminal. Pese a esa situación se practicaban en el país más de 350 mil abortos, muchos de ellos en las peores condiciones higiénicas y sicológicas para las mujeres que los padecían. En realidad, el aborto es un problema de salud pública que no puede ser resuelto como lo pretenden algunos sectores conservadores en base a planteamientos moralistas y represivos. Lo ideal sería que avanzaran los programas de educación sexual en el país y que las mujeres no tuvieran que recurrir a esta solución extrema en sus vidas. Pero las realidades familiares, sociales, culturales en las que vive la mayoría de nuestra población son demasiado complejas, difíciles de evaluar , porque no podemos olvidar los ciclos de violencia y de abandono estatal que han forzado la urbanización caótica de las ciudades, ni el rompimiento brutal de las estructuras comunitarias en las zonas campesinas como consecuencia de la guerra que se viene librando desde hace más de 40 años , para tratar de entender muchas de las conductas y expectativas de vida de las nuevas generaciones. Las Iglesias tienen influencia en algunos sectores de la población, pero la mayoría de nuestra gente vive una religiosidad popular en la que se mezclan conceptos de la religión tradicional, con nuevos elementos culturales. Los valores y antivalores sociales que se han desarrollado en estos medios son muy diferentes a los que defienden las jerarquías de las iglesias y algunos grupos conservadores. En ese sentido, lo que ha hecho la Corte Constitucional es un reconocimiento de unas realidades sociales y culturales, que nos guste o no, se están presentando en el país y están incidiendo, influenciando la vida de nuestra sociedad. PALOMA PERDIDA La reelección de Uribe no es una buena señal para un posible proceso de paz con el grupo guerrillero más importante, las FARC. Sin embargo, pese a que voceros de esta organización han declarado que mientras sea presidente Uribe no habrá ningún tipo de conversaciones con el gobierno, el mandatario ha nombrado a Fabio Valencia , un conocido y astuto político conservador , como su representante en todas las gestiones que puedan hacerse con miras a lograr concretar un intercambio humanitario entre los políticos y militares secuestrados por los guerrilleros y algunos jefes rebeldes que se encuentran en las cárceles del Estado. La visita al presidente Fidel Castro de Cuba que Uribe hizo recientemente apunta seguramente en esta dirección y también en la de conseguir que las conversaciones iniciadas con el otro grupo guerrillero, el ELN, puedan encaminarse hacia una negociación que concluya con la desmovilización de esa organización armada. Uribe y sus asesores calculan que lograr la desmovilización del ELN sería el mayor éxito político de su mandato y le daría alas para afirmar que su gobierno no es tan conservador, ni tan autoritario como lo pintan sus críticos, sino que por el contrario ha sido moderado y abierto hasta con los enemigos más recalcitrantes, más duros del actual sistema político. Además, con este éxito debilitaría a la oposición de izquierda para las elecciones del 2010 ante un electorado que suele premiar con generosidad a los gobernantes que presentan hechos concretos de paz en un país agotado de guerras y violencias estériles. MOVIMIENTO POPULAR LOS POSITIVOS DE LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA En los últimos meses la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas en el país y otros organismos nacionales e internacionales han venido denunciando una serie de asesinatos de personas comunes y corrientes a quienes luego varios oficiales del ejército han presentado como “guerrilleros caídos en combate”, con el propósito de hacer méritos ante sus superiores y lograr nuevos ascensos en la institución. En departamentos como Antioquia es donde más ha proliferado esta nueva modalidad criminal, que se agrega a la ya larga lista de violaciones de derechos humanos que en nombre de las políticas de seguridad democrática se han venido cometiendo en la nación en estos años. Parece ser que existe un peligroso criterio para juzgar en este gobierno los merecimientos de los oficiales de las fuerzas armadas y es el de valorar su trabajo por el número de bajas que reportan causadas al enemigo. Las presiones burocráticas han llevado a que muchos de los comandantes acoliten o patrocinen los asesinatos de civiles para luego presentarlos como guerrilleros muertos en enfrentamientos. Para completar el macabro panorama tropas de un batallón de alta montaña asesinaron a sangre fría a una patrulla de diez policías especializados en la lucha contra el narcotráfico en cercanías de Cali, cumpliendo encargos de carteles de la mafia. En un principio, se quiso encubrir la masacre por parte de los altos oficiales del ejército, alegando que había sido un error, una confusión de los soldados , pero la oportuna intervención de la Fiscalía Nacional desenmascaró la acción criminal y causó la destitución y encarcelamiento del comandante del batallón quien aparece comprometido como autor intelectual de los asesinatos. Esta masacre por “fuego amigo” hace parte de una serie de incidentes parecidos que se han registrado en otras zonas del país y que en otras ocasiones habían logrado la impunidad judicial por la complicidad del anterior Fiscal General y sus asesores. En esta ocasión el haber asesinado a un grupo elite de la policía que gozaba de toda la confianza de las autoridades de los Estados Unidos , desató no solo el escándalo en los medios de comunicación, sino presiones muy intensas del gobierno norteamericano sobre el colombiano para que se castigara con severidad a los autores de la masacre. Precisamente en el Congreso de Estados Unidos un grupo de parlamentarios encabezado por el Senador Patrick Leahy ha hecho una serie de fuertes denuncias contra el gobierno Uribe en materia de violaciones de derechos humanos , presentando una serie de hechos criminales contra la población civil en los que aparecen comprometidos integrantes de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Las denuncias que el Senador Leahy confirmó ante el propio presidente Uribe han logrado, por ahora, que se paralice la entrega de 30 millones de dólares destinados por el gobierno Norteamericano como parte de la ayuda militar al ejército colombiano. Esta partida de 30 millones de dólares no es muy importante si se tiene en cuenta que la ayuda total por año suma más de 600 millones de dólares, pero es un símbolo , una señal de que no todos los políticos de Estados Unidos están dispuestos a aceptar incondicionalmente los éxitos de la seguridad democrática de Uribe y que si en las elecciones de noviembre el partido Demócrata en la oposición retoma el control de la Cámara, el gobierno colombiano tendrá muchos dolores de cabeza para seguir obteniendo en las mismas condiciones favorables la ayuda que hoy le facilitan los congresistas del partido de Bush, el Republicano. ÉCHELE CANDELA AL MONTE Mientras tanto, tal vez como consecuencia del triunfo electoral de Uribe ,han arreciado las amenazas de grupos paramilitares contra estudiantes y profesores de algunas universidades públicas, como la de Antioquia en Medellín. Varios de los amenazados han debido abandonar el país, para evitar que las amenazas criminales se cumplan como ha sucedido con otras personas en casos anteriores. Algunas ONG”s que se han destacado en la defensa de los derechos humanos continuan igualmente recibiendo intimidaciones a las que no parecen ser ajenas algunas agencias de seguridad del Estado. Esta suma de situaciones ha llevado a que organismos como la Comisión de Derechos Humanos de la OEA= Organización de Estados Americanos, se pronuncie pidiéndole protección efectiva para los defensores de derechos humanos en el país al actual gobierno. Los días anteriores a la elección presidencial presenciaron una intensa movilización popular con huelgas de sectores tan importantes como el de los empleados del poder judicial, los trabajadores de la empresa norteamericana Drummond , que explota los carbones del Cesar, tomas de carreteras en el Sur del país por cabildos indígenas del Cauca que reclamaban el cumplimiento de acuerdos de obras públicas y servicios sociales firmados en años anteriores con el gobierno y manifestaciones de campesinos cocaleros en departamentos como Nariño que denunciaban las fumigaciones con sustancias tóxicas que el Estado está haciendo a todo tipo de sembrados y la falta de alternativas económicas para reemplazar la producción de coca perseguida por el gobierno. Ante las protestas de los indígenas y de los campesinos el presidente y su Ministro del Interior respondieron violentamente con la acción de las fuerzas militares a quienes se les dio la orden de despejar las carreteras a cualquier costo. Los resultados eran los de esperar en una contienda tan desigual: decenas de heridos entre los civiles, incluso algunas personas asesinadas en los enfrentamientos , destrucción de la sede de organizaciones indígenas y la satanización o desprestigio de estos movimientos en los medios de comunicación por parte del Ministro y sus asesores señalándolos de ser impulsados por “fuerzas guerrilleras”. Unos días después de terminadas las movilizaciones se ha conocido de varios asesinatos de cocaleros en Nariño por parte de los grupos paramilitares que han retomado el control de esas regiones, asesinatos que como tantos otros quedarán en la más perfecta impunidad. - CEPALC - Revista ENCUENTRO