Sería interesante analizar e intercambiar opiniones sobre algunos hechos recientes. El primero es una crónica publicada en el semanario Búsqueda acerca de algunas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y de los posibles responsables de algunos de los crímenes más significativos de aquel período. La crónica aludida ha merecido el rechazo tajante de algunas personalidades políticas y de familiares de las víctimas, pero la significación política e institucional del asunto hace necesario otros pronunciamientos por parte de las autoridades competentes. Por un lado, quienes vienen trabajando con los problemas de las fuerzas armadas y el proceso por el cual culminan su demasiado lenta incorporación a las reglas de juego de la democracia. Por otro quienes desde el gobierno se vienen ocupando de las líneas de acción que tienen que ver con los procesos a los militares indagados por hechos que han sido excluidos de la Ley de Caducidad y, al mismo tiempo, los que tienen a su cargo resolver las instancias derivadas de los pedidos de extradición formulados desde Argentina. Cuestiones, como se ve, todas ellas muy interrelacionadas. Calláte que se te entiende todo La crónica de Búsqueda dice ser el resultado de “una investigación realizada durante los últimos meses por periodistas” del semanario. En realidad su contenido consta, básicamente, de transcripciones del propio periódico, en algunos casos alterando de manera sustancial datos sobre los que luego se construyen las hipótesis que en materia penal sustenta el artículo. El propósito es claro. Se trata de desvincular de toda responsabilidad al grupo de oficiales del SID, liderado por Gavazzo, con el asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. En el episodio -cuyo contenido emblemático forma parte de una fuerte tradición de lucha por los derechos humanos en nuestro país- no existiría ninguna responsabilidad de militares ni de gobernantes uruguayos. Para llegar a esa conclusión hay que forzar mucho los hechos, eliminar buena parte de los que se sabe y suponer que una gran parte de la población ha perdido la memoria y la facultad de razonar. Un intento de “disolver la realidad” y degradarla La labor del periódico de las derechas apunta a entreverar las cartas y sembrar la confusión acerca de cómo han venido actuando los organismos de derechos humanos y la prensa que se ha hecho eco de las denuncias. Al mismo tiempo busca enturbiar el pensamiento y la acción del gobierno en la materia. Al hacerlo, el periódico reitera su compromiso con el establishment de la dictadura y con los dirigentes políticos que en democracia han trabajado, con una dedicación digna de mejor causa, a favor de la impunidad. Es claro que ese sector de operadores políticos juega con fuego. Sus escritos son funcionales a los intereses y al discurso actual de los sectores más recalcitrantes del colectivo militar. Es un relato que apunta, irresponsablemente, a colocar a los militares que actuaron en las tareas más sangrientas de la represión como víctimas de una conspiración de la izquierda, esta vez con el concurso de jueces y fiscales. En este terreno en las últimas semanas se han ido acumulando hechos y circunstancias que no debieran pasar inadvertidas. Las amenazas formuladas por uno de los acusados, Ernesto Ramas, a la fiscal actuante en el proceso que se sustancia en el Juzgado Penal de 19 º Turno, Dra. Mirtha Guianze, es un acto inadmisible. Supone que el militar retirado, sobre el que pesan acusaciones gravísimas, dispone de información acerca de la vida personal de funcionarios del ministerio público y que usa esa información para ejercer presión sobre los mismos. Las actuaciones de los magistrados, Luis Charles y Mirtha Guianze, han demostrado su solidez y su apego a la ley. En todo caso el sistema judicial habilita las instancias de apelación que los defensores entiendan conveniente sustanciar y que tendrán el tratamiento que dispongan los tribunales. Dado que es la primera vez, en más de veinte años, que el Poder Judicial asume el tratamiento de casos relevantes en el terreno de las violaciones a los derechos humanos debiera respetarse la competencia que la Constitución de la República le asigna. Lo otro son presiones ilegítimas. Apuntan al quebrantamiento del principio republicano de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Y para esa recidiva autoritaria hay cada vez menos lugar en la sociedad uruguaya de hoy. Otras actitudes preocupantes El otro hecho, que no llegó a sustanciarse, ha sido informado por el diario El País. Según da cuenta en su edición de ayer, en el Ejército se habría iniciado, en el curso de la semana pasada, un movimiento destinado a realizar el día sábado 23 una asistencia masiva de oficiales en actividad a la Cárcel Central en una visita a los oficiales procesados (Gavazzo, Gilberto Vázquez y Jorge Silveira). La organización del evento – en caso de confirmarse la iniciativa- se procesó con arreglo a métodos de comunicación que evitaran el conocimiento público de la acción propuesta. No obstante, la noticia llegó a las autoridades y el Comandante del Ejército habría desactivado la iniciativa anunciando que la actividad no estaba autorizada. No es un hecho carente de importancia. Sin exageraciones ni estridencias debe quedar claro que son inamisibles las presiones realizadas por funcionarios dependientes del Ministerio de Defensa Nacional. Presiones que además aparecen ligadas a la defensa de lo actuado en indefendibles tareas de represión política como los asesinatos, el robo de niños, los secuestros y las ejecuciones masivas. ¿Cómo se puede llegar a transformar a estos individuos en objeto de una acción solidaria de jóvenes oficiales? Es toda una zona de temas a examinar. ¿Qué versión de los hechos históricos se enseña en los institutos de formación de oficiales? ¿Se recurre, por ejemplo, a los libros editados por la Junta de Comandantes en Jefe durante la dictadura? Se trata, efectivamente, de textos que tienen una significación. Tienen el sentido de expresar de manera descarnada una ideología militarista y antidemocrática extrema. Una literatura llena de ataques a “los políticos” no solo a los de izquierda sino también a los blancos y colorados. Ataques permanentes al Parlamento, a la prensa y a los sindicatos. A Wilson Ferreira, a Líber Seregni, a Juan Pablo Terra. Ataques a sectores de la Iglesia, como Monseñor Partelli, entre otros. Intoxicado con esa prosa histórica, muy poco apegada al laicismo por cierto, resulta comprensible que alguien piense de tal manera que lo impulse a hacer una demostración colectiva de solidaridad con Gavazzo. Pero ese pensamiento, impregnado de la doctrina de la seguridad nacional, no es el que se sustancia en la Constitución y las leyes que regulan a la sociedad uruguaya. - Hugo Cores PVP-567- Frente Amplio