Revolución educativa?
21/11/2006
- Opinión
En marzo del presente año fue publicado por la Procuraduría General de la Nación el informe El Derecho a la Educación. La educación en la perspectiva de los derechos humanos, en el cual se evalúa “el nivel de cumplimiento de las obligaciones del gobierno colombiano para garantizar a la persona el núcleo esencial no negociable del derecho a la educación”[1] análisis a partir del cumplimiento de los derechos de disponibilidad, de acceso, de permanencia y de calidad.
Términos generales
Este balance reconoce la existencia de algunos logros educativos en el país, alcanzados con fundamento en el impulso dado al sector a partir dela Constitución de 1991, y hace explícito que el crecimiento de los indicadores fue continuo hasta el año 1999. Luego se presenta una caída que sólo en 2004 recupera parcialmente un indicador (asistencia escolar), sin que ello signifique que se hayan producido grandes cambios en los déficit encontrados, ni se vislumbren transformaciones sustanciales, de continuar con las mismas políticas y procedimientos de planeación y gestión del sector educativo[2].
Teniendo en cuenta que una de las administraciones incluidas en el estudio es la del actual presidente, Álvaro Uribe Vélez, a continuación haremos referencia al estado de avance de la política educativa en relación con uno de los planes centrales dela Revolución Educativa : la ampliación de la cobertura, no sin antes reconocer que esta aparente reforma se inscribe con claridad en la lógica neoliberal que ha campeado en los países latinoamericanos desde finales de los 80. Como sugiere Jairo Estrada:
La ‘revolución educativa’ da cuenta de la decisión política del Estado por proseguir la construcción de un ‘mercado local de productos educativos’, abastecido fundamentalmente con dineros públicos, el cual -en consonancia con las tendencias del capitalismo transnacionalizado- ha de articularse con el proyecto de formación de un mercado mundial de la educación[3].
En materia de cobertura en educación preescolar, básica y media, el plan del gobierno Uribe Vélez se concentró en dos programas básicos: 1) reorganización, tendiente a mejorar la gestión de las entidades departamentales, municipales y de las mismas instituciones educativas, proceso que se inició desde el gobierno anterior mediantela Ley 715 de 2001; 2) recursos adicionales para la atención de la población vulnerable, a partir de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías (lo cual se había propuesto en el documento del Referendo) y de la supresión de las contralorías territoriales, en concordancia con el proyecto de reforma política del Estado. Con el primer programa se pretendía la creación de 1,5 millones de cupos adicionales y mediante el segundo se proponía la creación de 640.000 nuevos cupos educativos para poblaciones en situación de vulnerabilidad[4].
En cuanto a la cobertura en educación superior el gobierno propuso la creación de 400.000 nuevos cupos mediante la realización de tres programas: 1) créditos vía ICETEX, lo cual reafirma la estrategia de financiación de la demanda en detrimento del fortalecimiento de la oferta educativa por parte de las universidades públicas; 2) modernización de la gestión de las instituciones públicas de educación superior, lo cual está relacionado con la racionalización de los recursos financieros, físicos y humanos y con la creación de indicadores de gestión por parte de las universidades para mantener el presupuesto anual asignado por el gobierno nacional; y, 3) la promoción de la educación técnica y tecnológica.
Como puede observarse, los programas definidos por el gobierno en el plan de la revolución educativa para saldar la histórica deuda que tiene el país en esta materia, se centran en aumentar la capacidad financiera y de gestión de las entidades departamentales y municipales, con miras a conseguir que las instituciones educativas puedan responder de manera más eficaz a la política de ampliación de la cobertura diseñada por el Gobierno Nacional. En esta dirección, el derecho a la educación pierde centralidad -como derecho en sí mismo- pues las rutas para garantizarlo se encuentran en la planeación estratégica y el ajuste fiscal del Estado. Esta situación fue claramente evidenciada por Katarina Tomaševski, para quien:
El Plan de Desarrollo 2002-2006 no menciona el derecho a la educación, ni contempla ninguna estrategia para ampliar la educación gratuita ni reducir los costos educativos. Al contrario, se utiliza el principio de cofinanciación por parte de las familias y los alumnos, con la consecuente descarga de las obligaciones del Estado en derechos humanos sobre los particulares. La imposición de una tasa de Impuesto de Valor Agregado (IVA) al costo de las matrículas educativas demuestra el concepto de compra-venta de la educación […] Así pues, Colombia carece de una estrategia educativa basada en los derechos humanos yla Relatora Especial recomienda una evaluación del impacto de ‘la revolución educativa’ sobre el derecho a la educación[5].
Las cifras
En relación con las cifras de cobertura dos años después de iniciada la revolución educativa, se puede observar que para el 2004 existían 1,8 millones de niños, niñas y jóvenes por fuera del sistema educativo, es decir , un poco menos de los 2 millones reportados por el gobierno para 2001-2002. Una explicación frente a este escaso aumento real de la cobertura puede explicarse atendiendo a que el Gobierno maneja las cifras globales de cupos asignados (477.598 en 2003), sin tener en cuenta la cifra de deserción escolar. La ausencia de una política integral que garantice el derecho a la educación -desde la vinculación de los niños, niñas y jóvenes al sistema escolar, pasando por la implementación de políticas de retención y estrategias que permitan la graduación de los mismos- obedece a que “la principal estrategia para la creación de nuevos cupos ha sido la racionalización de los recursos existentes”[6] y no la ampliación de la capacidad socio-económica de las instituciones educativas. Esta situación se torna más alarmante en las zonas rurales y, particularmente, en aquellas afectadas por el conflicto armado colombiano.
Para efectos de ilustrar con mayor detalle el poco avance dela Revolución Educativa , a continuación señalamos algunos datos del informe de la Procuraduría mencionado al principio:
Sólo 34.1% de la población de5 a 17 años de edad disfruta del derecho pleno a una educación de calidad. El 65.9% restante no ingresa al sistema educativo o, si lo hace, no aprueba el grado que cursa o, si lo aprueba, la mitad de quienes se hallan en esta situación no adquiere las competencias necesarias para lograr una educación de calidad que le permita desempeñarse en forma adecuada en la vida personal, civil, social, cultural, económica y política de la nación. Con base en cifras absolutas del año 2003 lo anterior se lee de la manera siguiente: de 11.925.488 niños y jóvenes entre 5 y 17 años de edad que deben estar matriculados en educación básica (incluido un año de preescolar) y media, 2.698.738, es decir el 22.6%, no ingresa a las instituciones educativas; la tasa de asistencia escolar es entonces de 77.4%.
De los 9.226.750 que ingresan, 1.083.958, el 9.1% de los niños y jóvenes entre 5 y 17 años, no aprueba el grado que está cursando. El sistema discrimina y excluye en esas condiciones a 3.782.696, que constituyen el 31.7% de la población en edad escolar. Sólo 8.142.792 termina con éxito su grado. De esta manera, la tasa efectiva de escolarización, medida sobre del total de niños y jóvenes entre 5 y 17 años, es de 68.3%.
Mientras el analfabetismo de la población de 15 años y más en Colombia es de 7.89%, el de los grupos indígenas es de 17.7% y el de los afrocolombianos de 13.0%. La tasa de inasistencia de la población de5 a 17 años es de 25.5% para los indígenas y de 16.7% para los afrocolombianos. La población indígena con educación media completa representa el 23% de los mayores de 17 años y la afrocolombiana el 33%, inferior en ambos casos a la nacional que es de 36%.
De la población total desplazada registrada en el sistema de información, 18% son menores de cinco años y 36% se encuentran entre los 5 y los 17 años de edad. Dependiendo del número real de desplazados que puede ser de 1.600.000, de acuerdo con los registros oficiales, o de cerca de 4.000.000 de acuerdo con otras fuentes, la población que demanda atención escolar oscila entre 800.000 y 1.600.000 niños y jóvenes. En estas condiciones y de acuerdo con los datos de atención suministrados por el Ministerio de Educación Nacional para 2004, la inasistencia escolar puede afectar al 82.3%, o al 74.5% o al 66.7% de los desplazados, sin tener en cuenta ni la calidad ni la pertinencia de la atención prestada[7].
Además del poco avance en materia de acceso y retención escolar, sólo uno de los indicadores que seleccionamos para ilustrar la deuda educativa actual y la precariedad de la revolución educativa, los índices de calidad en la garantía del derecho a la educación son, igualmente, precarios. El aumento de la cobertura escolar, sin garantizar una mayor capacidad de las instituciones educativas en materia de servicios básicos relacionados con el derecho a la educación (aseo, alimentación, dotación didáctica y tecnológica de las escuelas, etc.) y sin fortalecer los procesos de formación docente y respetar el estatuto profesional de los maestros, se ha traducido en una política de carácter asistencialista que busca paliar, en algo, la deuda educativa del Estado pero, en realidad, no ataca un problema central de nuestro sistema cual es la desigualdad en la distribución de los capitales escolar y cultural. Siguiendo a Estrada anotemos que:
El concepto de educación que posee la ‘revolución educativa’ se inscribe dentro de las teorías de la pobreza que hoy promueve y difunde el Banco Mundial en los países de la periferia capitalista. En términos políticos ello significa desligar la situación de pobreza del modo de producción y mostrar que no es éste el que la determina en primera instancia. La política educativa deviene, en ese sentido, en discurso demagógico contra la inequidad y la desigualdad[8].
Consideramos que es necesario proponer una política en la cual sean centrales temas como la discriminación socio-educativa y la desigualdad de oportunidades, la cual ligaría la educación al enfoque de los derechos humanos tan ajeno a nuestro escenario político actual. Esta política permitiría comprender que degradar el derecho a la educación, es negar los fundamentos “de la educación en los derechos humanos y para los derechos humanos, que propone compartir los conocimientos antes que comprarlos y venderlos, y cooperar en vez de competir”[9].
Alexis V. Pinilla Díaz
Docente Departamento de Ciencias Sociales
Universidad Pedagógica Nacional
Fuente: Corporación Vivala Ciudadanía. Semanario
www.vivalaciudadania.org
Términos generales
Este balance reconoce la existencia de algunos logros educativos en el país, alcanzados con fundamento en el impulso dado al sector a partir de
Teniendo en cuenta que una de las administraciones incluidas en el estudio es la del actual presidente, Álvaro Uribe Vélez, a continuación haremos referencia al estado de avance de la política educativa en relación con uno de los planes centrales de
La ‘revolución educativa’ da cuenta de la decisión política del Estado por proseguir la construcción de un ‘mercado local de productos educativos’, abastecido fundamentalmente con dineros públicos, el cual -en consonancia con las tendencias del capitalismo transnacionalizado- ha de articularse con el proyecto de formación de un mercado mundial de la educación[3].
En materia de cobertura en educación preescolar, básica y media, el plan del gobierno Uribe Vélez se concentró en dos programas básicos: 1) reorganización, tendiente a mejorar la gestión de las entidades departamentales, municipales y de las mismas instituciones educativas, proceso que se inició desde el gobierno anterior mediante
En cuanto a la cobertura en educación superior el gobierno propuso la creación de 400.000 nuevos cupos mediante la realización de tres programas: 1) créditos vía ICETEX, lo cual reafirma la estrategia de financiación de la demanda en detrimento del fortalecimiento de la oferta educativa por parte de las universidades públicas; 2) modernización de la gestión de las instituciones públicas de educación superior, lo cual está relacionado con la racionalización de los recursos financieros, físicos y humanos y con la creación de indicadores de gestión por parte de las universidades para mantener el presupuesto anual asignado por el gobierno nacional; y, 3) la promoción de la educación técnica y tecnológica.
Como puede observarse, los programas definidos por el gobierno en el plan de la revolución educativa para saldar la histórica deuda que tiene el país en esta materia, se centran en aumentar la capacidad financiera y de gestión de las entidades departamentales y municipales, con miras a conseguir que las instituciones educativas puedan responder de manera más eficaz a la política de ampliación de la cobertura diseñada por el Gobierno Nacional. En esta dirección, el derecho a la educación pierde centralidad -como derecho en sí mismo- pues las rutas para garantizarlo se encuentran en la planeación estratégica y el ajuste fiscal del Estado. Esta situación fue claramente evidenciada por Katarina Tomaševski, para quien:
El Plan de Desarrollo 2002-2006 no menciona el derecho a la educación, ni contempla ninguna estrategia para ampliar la educación gratuita ni reducir los costos educativos. Al contrario, se utiliza el principio de cofinanciación por parte de las familias y los alumnos, con la consecuente descarga de las obligaciones del Estado en derechos humanos sobre los particulares. La imposición de una tasa de Impuesto de Valor Agregado (IVA) al costo de las matrículas educativas demuestra el concepto de compra-venta de la educación […] Así pues, Colombia carece de una estrategia educativa basada en los derechos humanos y
Las cifras
En relación con las cifras de cobertura dos años después de iniciada la revolución educativa, se puede observar que para el 2004 existían 1,8 millones de niños, niñas y jóvenes por fuera del sistema educativo, es decir , un poco menos de los 2 millones reportados por el gobierno para 2001-2002. Una explicación frente a este escaso aumento real de la cobertura puede explicarse atendiendo a que el Gobierno maneja las cifras globales de cupos asignados (477.598 en 2003), sin tener en cuenta la cifra de deserción escolar. La ausencia de una política integral que garantice el derecho a la educación -desde la vinculación de los niños, niñas y jóvenes al sistema escolar, pasando por la implementación de políticas de retención y estrategias que permitan la graduación de los mismos- obedece a que “la principal estrategia para la creación de nuevos cupos ha sido la racionalización de los recursos existentes”[6] y no la ampliación de la capacidad socio-económica de las instituciones educativas. Esta situación se torna más alarmante en las zonas rurales y, particularmente, en aquellas afectadas por el conflicto armado colombiano.
Para efectos de ilustrar con mayor detalle el poco avance de
Sólo 34.1% de la población de
De los 9.226.750 que ingresan, 1.083.958, el 9.1% de los niños y jóvenes entre 5 y 17 años, no aprueba el grado que está cursando. El sistema discrimina y excluye en esas condiciones a 3.782.696, que constituyen el 31.7% de la población en edad escolar. Sólo 8.142.792 termina con éxito su grado. De esta manera, la tasa efectiva de escolarización, medida sobre del total de niños y jóvenes entre 5 y 17 años, es de 68.3%.
Mientras el analfabetismo de la población de 15 años y más en Colombia es de 7.89%, el de los grupos indígenas es de 17.7% y el de los afrocolombianos de 13.0%. La tasa de inasistencia de la población de
De la población total desplazada registrada en el sistema de información, 18% son menores de cinco años y 36% se encuentran entre los 5 y los 17 años de edad. Dependiendo del número real de desplazados que puede ser de 1.600.000, de acuerdo con los registros oficiales, o de cerca de 4.000.000 de acuerdo con otras fuentes, la población que demanda atención escolar oscila entre 800.000 y 1.600.000 niños y jóvenes. En estas condiciones y de acuerdo con los datos de atención suministrados por el Ministerio de Educación Nacional para 2004, la inasistencia escolar puede afectar al 82.3%, o al 74.5% o al 66.7% de los desplazados, sin tener en cuenta ni la calidad ni la pertinencia de la atención prestada[7].
Además del poco avance en materia de acceso y retención escolar, sólo uno de los indicadores que seleccionamos para ilustrar la deuda educativa actual y la precariedad de la revolución educativa, los índices de calidad en la garantía del derecho a la educación son, igualmente, precarios. El aumento de la cobertura escolar, sin garantizar una mayor capacidad de las instituciones educativas en materia de servicios básicos relacionados con el derecho a la educación (aseo, alimentación, dotación didáctica y tecnológica de las escuelas, etc.) y sin fortalecer los procesos de formación docente y respetar el estatuto profesional de los maestros, se ha traducido en una política de carácter asistencialista que busca paliar, en algo, la deuda educativa del Estado pero, en realidad, no ataca un problema central de nuestro sistema cual es la desigualdad en la distribución de los capitales escolar y cultural. Siguiendo a Estrada anotemos que:
El concepto de educación que posee la ‘revolución educativa’ se inscribe dentro de las teorías de la pobreza que hoy promueve y difunde el Banco Mundial en los países de la periferia capitalista. En términos políticos ello significa desligar la situación de pobreza del modo de producción y mostrar que no es éste el que la determina en primera instancia. La política educativa deviene, en ese sentido, en discurso demagógico contra la inequidad y la desigualdad[8].
Consideramos que es necesario proponer una política en la cual sean centrales temas como la discriminación socio-educativa y la desigualdad de oportunidades, la cual ligaría la educación al enfoque de los derechos humanos tan ajeno a nuestro escenario político actual. Esta política permitiría comprender que degradar el derecho a la educación, es negar los fundamentos “de la educación en los derechos humanos y para los derechos humanos, que propone compartir los conocimientos antes que comprarlos y venderlos, y cooperar en vez de competir”[9].
Alexis V. Pinilla Díaz
Docente Departamento de Ciencias Sociales
Universidad Pedagógica Nacional
Fuente: Corporación Viva
www.vivalaciudadania.org
[1] Procuraduría General de
[2] Ibíd., p. 18.
[3] Jairo Estrada Álvarez, La “contra revolución educativa”, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2003, p. 77.
[4] Datos tomados de: www.mineducacion.gov.co
[5] Katarina Tomaševski, “El derecho a la educación en Colombia. Informe de
[6] Lina Correa, Ramón Moncada y Jaime Saldarriaga, “En materia educativa: la equidad no es prioridad”, en Reelección: el embrujo continúa, Plataforma Colombiana Democracia Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Bogotá, septiembre de 2004, p. 100.
[7] Procuraduría General de
[8] J. Estrada. Op. Cit., p. 81.
[9] Katarina Tomaševski, El asalto a la educación, Barcelona, Intermón Oxfam, 2004. p. 55.
https://www.alainet.org/es/active/14637
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