La Fiscalía General cursó el pedido a la Corte Suprema de Justicia contra el ex mandatario de Bolivia, acusado de la violenta represión que desembocó en su renuncia hace tres años.

La Fiscalía General de Bolivia solicitó el lunes a la Corte Suprema de Justicia de ese país declarar en rebeldía al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y emitir una orden de arresto en su contra. La solicitud se funda en la negativa del ex mandatario a responder por acusaciones de genocidio y otros delitos y no someterse a los procesos que se les imputan. La petición del fiscal también incluye a dos de sus ex ministros.

El fiscal general Mario Uribe presentó a la Corte la imputación formal contra Sánchez de Lozada a quien acusa de: genocidio, homicidio, lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, lesiones seguida de muerte, privación de la libertad, vejaciones y torturas, delitos contra la libertad de prensa, allanamientos de domicilio, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.

Según el Ministerio Público de la Nación, esos delitos se habrían cometido entre setiembre y octubre de 2003 en las ciudades de La Paz y El Alto, que dejó un saldo trágico de 73 muertos y 470 heridos.

La acusación incluye a los ex ministros de Defensa y de Hidrocarburos, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, respectivamente. Tanto el ex mandatario como los ex ministros se encuentran refugiados en Estados Unidos. Sánchez de Lozada vive en Washington, Sánchez Berzaín en Miami y Berindoague en Los Ángeles.

El memorial de imputación contra los tres ex funcionarios se basa en los elementos recogidos en la etapa de investigación.

La Fiscalía acusa a Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Berindoague por su responsabilidad en las muertes de los manifestantes, víctimas de la represión de la Policía y el Ejército por orden del gobierno, en la denominada “guerra del gas”. La protesta era liderada por Evo Morales, por entonces diputado del MAS y líder cocalero, y por Felipe Quispe, llamado “el Mallku” (significa el cóndor en aymará), secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

Cabe destacar que el delito de genocidio en el país del altiplano tiene un máximo de veinte años de prisión, según el artículo 138 del Código Penal.

Es preciso recordar que las protestas se habían iniciado por la disconformidad con un plan diseñado por el gobierno de Sánchez de Lozada, que consistía en la exportación de gas natural a México y California a través de un gasoducto que debía pasar por un puerto chileno. Pero entre ambas naciones sudamericanas existe una enemistad que se remonta a la Guerra del Pacífico de 1879, en la que Chile le arrebató la salida al océano a su país vecino. Las dos alternativas eran el puerto chileno de Patillos y el peruano de Ilo.

En 2003 en la ciudad de El Alto se había iniciado una huelga que bloqueó a La Paz. La oposición contra el gobierno aumentó progresivamente, generando una ola de protestas populares que obligaron a dimitir al entonces presidente a su cargo el 17 de octubre de ese año y a exiliarse en las afueras de Washington, a catorce meses de haber asumido. Actualmente vive en la ciudad de Chevy Chase, estado de Maryland.

En caso que la Sala Penal Primera de la Corte acepte dar curso positivo a la imputación formal y al memorial de solicitud de rebeldía, allanaría los pasos legales para que el máximo tribunal jurídico nacional y el Poder Ejecutivo comiencen con los trámites de extradición del ex presidente y de los ex ministros.

Lograr la extradición del ex gobernante fue una de las promesas del presidente Morales durante su campaña electoral del año pasado.

El ex presidente Sánchez de Lozada enfrenta además un juicio por presunta responsabilidad en la muerte de 33 personas en febrero de 2003, en un conflicto que enfrentó a policías amotinados y militares leales al gobierno en varias ciudades del país luego de un proyecto de severo plan de ajuste con quita de salarios incluida. A estos hechos, la Fiscalía también calificó de genocidio.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina
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