Síntesis de los prontuarios de los ex mandatarios latinoamericanos íconos del neoliberalismo. Algunos actualmente en funciones, otros tuvieron o poseen causas judiciales abiertas.

Los dos artículos versan sobre los ex presidentes de América Latina que llevaron adelante políticas económicas de corte neoliberal y que acabaron con causas judiciales, ya sea por corrupción o por represión. Incluso algunos están actualmente en funciones.

Dado su origen dictatorial quedan excluidos del presente el chileno Augusto Pinochet, el haitiano Jean-Claude Duvalier (“Baby Doc”), el nicaragüense Anastasio Somoza Debayle (“Tachito”), el paraguayo Alfredo Stroessner y el panameño Manuel Antonio Noriega, si bien algunos de ellos aplicaron políticas neoliberales entre mediados de los años 70 y fines de los 80.

El neoliberalismo se refiere a una doctrina económica que defiende el libre mercado capitalista como garante del crecimiento económico y considera contraproducente el intervencionismo estatal. Los grandes beneficiarios de esta doctrina son las empresas privadas transnacionales.

Durante la década del ’90 bajo el Consenso de Washington se implementaron una serie de políticas neoliberales hacia los países en desarrollo, que luego de su aplicación produjo crisis sociales como la argentina en 2001, y financieras como el Efecto Tequila en 1994, que tuvo repercusión global.

Esas políticas fiscales y monetarias fueron impulsadas principalmente desde organismos financieros y centros económicos como el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según la óptica de esos organismos, la aplicación de esos programas económicos en América Latina servía para impulsar el crecimiento económico de los países en vías de desarrollo.

En el sudeste asiático y en América Latina se probaron experimentos neoliberales que resultaron un rotundo fracaso: las crisis de Tailandia, Malasia y Corea del Sur (las tres en 1997) y de Argentina en 2001. Los comunes denominadores de las crisis del sudeste asiático y de la argentina fueron en un principio grandes flujos de ingresos de capital extranjero; luego endeudamiento externo a corto plazo, aumento del riesgo de insolvencia y crecimiento de la inversión especulativa.

En la década del ’90 hubo grandes procesos de privatizaciones, recortes estatales, crecimiento de la deuda pública, al mismo tiempo que crecían la riqueza de una gran cantidad de presidentes latinoamericanos.

A la par que los organismos financieros internacionales y el gobierno de Estados Unidos elogiaban a los caudillos neoliberales latinoamericanos, muchos de ellos fueron acusados de corrupción por la Justicia de sus países. He aquí los principales gestores del neoliberalismo en la región:

El ex presidente argentino Carlos Menem fue detenido por una acusación de tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995. Entre junio y noviembre de 2001 cumplió arresto domiciliario, hasta que un fallo de la Corte Suprema revocó su procesamiento con el voto favorable de seis de sus entonces nueve miembros.

Posteriormente se le imputó la posesión de cuentas bancarias secretas en bancos de Suiza, finalmente fue absuelto en la causa mediante un dictamen de la jueza suiza Christine Junod en el que se declaraba que no poseía ninguna cuenta bancaria en ese país. Actualmente es senador nacional por la provincia de La Rioja.

Otro caso es el del ex presidente –también argentino- Fernando de la Rúa el cual se vio rozado en 2000 por el escándalo en que se denunciaron presuntos pagos de sobornos en el Senado de la Nación a legisladores justicialistas para aprobar la ley de reforma laboral, que exigía al FMI para acordar con Argentina una ayuda financiera.

Por esta causa fueron procesados ex senadores del Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical, ex funcionarios del gobierno de la Alianza, el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) Fernando de Santibáñez y el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique.

A su vez, De la Rúa fue procesado en octubre último por cinco homicidios culposos y lesiones graves durante las manifestaciones de diciembre de 2001 que exigían su renuncia y la de su ministro de Economía, Domingo Cavallo.

Por el lado de Brasil, el hermano menor del ex presidente brasileño Fernando Collor de Mello, Pedro, confesó en una entrevista concedida a la revista “Veja” en mayo de 1992 que Fernando ejercía un esquema de corrupción en la Presidencia, a través de su testaferro Paulo César Farias, durante 1990 y 1991. PC Farias había sido el tesorero de campaña de Collor en las elecciones presidenciales de 1989, en las que Collor se impuso a Luiz Inácio Lula da Silva en segunda vuelta. Debido a las profundizaciones de las investigaciones, Fernando Collor renunció en 1992 a la Presidencia justo antes de ser juzgado por el Congreso, por lo que fue relevado por el vicepresidente Itamar Franco. El Congreso declaró culpable a Fernando Collor y le impidió desempeñar cargos públicos durante un período de ocho años.

Collor fue el primer presidente de Latinoamérica en ser sometido a “impeachment” (impugnación del mandato, en inglés). Este término se refiere a una facultad del Parlamento, por el que puede procesar a un alto funcionario público, pudiendo destituirlo e inhabilitarlo. Otro caso famoso de impeachment fue contra Richard Nixon en 1974, por el escándalo de Watergate. Ambos jefes de Estado, Nixon y Collor, renunciaron a sus cargos para no perder sus derechos políticos.

Durante el segundo mandato del ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, las fuertes resistencias a su polémico proyecto de aplicación de un impuesto a los salarios en febrero de 2003 fueron reprimidas militarmente dejando decenas de muertos en la ciudad de El Alto. Entre septiembre y octubre del mismo año se produjo la llamada Guerra del Gas. El gobierno pretendía vender gas natural a Estados Unidos a través de puertos chilenos, en la feroz represión a los manifestantes que se oponían a esa medida murieron sesenta y siete personas, fue obligado a dimitir siendo sustituido por el vicepresidente Carlos Mesa.

Sánchez de Lozada y once de sus ex ministros de su segundo gobierno están acusados por la Corte Suprema por el delito de genocidio durante la represión al levantamiento popular que aceleró su renuncia. El gobierno de Bolivia se apresta a presentar ante el Departamento de Estado de Estados Unidos la solicitud de extradición.

En Colombia, el ex presidente de ese país Ernesto Samper fue acusado, a través del Proceso 8.000, de haber recibido financiación del narcotráfico para su campaña electoral. El episodio se descubrió a raíz de un allanamiento en las oficinas del contador Guillermo Pallomari, vinculado al cartel de Cali.

Poco después de que Samper le ganara en segunda vuelta de 1994 a Andrés Pastrana, éste último entregó unos casetes al entonces presidente César Gaviria, que finalmente los remitió a la Fiscalía General de la Nación. En junio de 1995 fue divulgado el audio de los casetes en los que los hermanos Miguel Rodríguez Orejuela y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali, le cuentan al periodista Alberto Giraldo sobre dineros para apoyar la campaña de Samper.

En septiembre de 1995 Santiago Medina, ex tesorero de la campaña presidencial de Samper, confesó el ingreso de dinero ilícito y comprometió aún más a su ex jefe. Fue una gigantesca causa en la que se condenó a prisión a parlamentarios, candidatos y ministros. Finalmente, en julio de 1996, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes absolvió a Samper y fueron archivados los cargos en su contra.

Por otro lado, el ex presidente costarricense Rafael Calderón está acusado de tráfico de influencias, corrupción y enriquecimiento ilícito, tras recibir sobornos con el fin de influir en la concesión de una licitación para la compra de equipos médicos para la Caja Costarricense del Seguro Social. En 2004 Calderón fue encarcelado ante tales acusaciones. Actualmente está libre a la espera de la realización del juicio.

Dentro del Caso Alcatel está implicado el ex presidente costarricense Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. Luego que José Antonio Lobo, en carácter de director del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), recibió el pago de una comisión de más de dos millones de dólares de la empresa de origen francés, después que esta compañía ganara la licitación para instalar una red de cuatrocientos mil líneas de telefonía móvil GSM en 2001. El ex presidente Rodríguez le pidió a su ministro Lobo el sesenta por ciento del dinero que había recibido de Alcatel.

Rodríguez fue elegido secretario general de la OEA durante la Asamblea General de dicho organismo realizada en Quito, Ecuador, en junio de 2004. Asumió en la OEA en septiembre de ese año pero renunció un mes después para enfrentar las acusaciones de presunta corrupción en su contra. Ni bien llegó a San José fue detenido. Después de varios meses de cárcel recuperó la libertad, aún no se realizó el juicio.

Siguiendo observando los casos, se puede mencionar al ex presidente de Ecuador Osvaldo Hurtado que fue procesado por malversación de fondos durante el mandato de su sucesor, Febres Cordero.

Militantes del movimiento social “Alfaro Vive Carajo” (por el ex presidente Eloy Alfaro) están promoviendo una demanda internacional contra el ex presidente ecuatoriano León Febres Cordero por las múltiples violaciones a los derechos humanos que se perpetraron durante su gobierno: torturas, encarcelamientos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales. Además del caso de la desaparición en 1988, tortura, muerte y eliminación de los cadáveres de los niños Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo.

El breve gobierno del ex presidente ecuatoriano Abdalá Bucaram se caracterizó por su alto nivel de corrupción, su política económica neoliberal y por su excentricidad, dentro y fuera de su país, que no estaba acorde con la investidura presidencial.

En febrero de 1997 el pueblo marchó pacíficamente expresando su repudio al régimen corrupto de su gobierno y exigiendo su renuncia. Bucaram se exilió en Panamá y fue destituido de la Presidencia por “incapacidad mental” por parte del Congreso. Lo sucedió el titular del Parlamento, el diputado Fabián Alarcón.

Tras un acuerdo político entre Bucaram y el entonces presidente Lucio Gutiérrez, el último cambió los jueces de la Corte Suprema en noviembre de 2004, éstos desecharon todos los cargos que pesaban contra Bucaram y éste regresó a Guayaquil. Pero dos semanas después, debido a las intensas protestas sociales que generó su regreso al país, debió volver a Panamá, desde donde controla el Partido Roldosista. Otros nuevos jueces de la Corte decidieron anular lo dispuesto por sus antecesores y volver a poner en vigencia todos los procesos que pesaban sobre Bucaram.

En 1999 el ex presidente Fabián Alarcón fue arrestado por actos de corrupción cometidos durante su gobierno. Recuperó la libertad en 2005.

En el mismo país, el ex presidente ecuatoriano Jamil Mahuad tiene cargos pendientes en su contra por varios actos gubernamentales, aun así ha recibido recientemente el sobreseimiento provisional del proceso en su contra, dictado a su favor por la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que durante el mandato de Mahuad quebraron numerosos bancos ecuatorianos, el gobierno expidió una ley de salvataje financiero para los bancos quebrados con recursos del Estado, provocó una fuerte emigración de ciudadanos de ese país al exterior, una hiperinflación, la dolarización de la economía, Mahuad permitió a Estados Unidos la instalación de su polémica Base Militar de Manta. Luego de todas estas controvertidas medidas económicas y políticas fue depuesto por un golpe militar en enero de 2000 y pocos días después asumió el vice de Mahuad, Gustavo Noboa.

A pocos meses de dejar el gobierno, el ex presidente ecuatoriano Gustavo Noboa fue acusado de malversación de fondos en la renegociación de la deuda externa, luego de la moratoria declarada por su antecesor, Mahuad.

La denuncia había sido impulsada por el ex presidente León Febres-Cordero. Para eludir la orden de prisión, Noboa estuvo asilado en República Dominicana entre 2003 y 2005. Entonces Noboa regresó a Ecuador, debido al acuerdo tripartito entre el entonces presidente Lucio Gutiérrez y los ex mandatarios Noboa y Bucaram. La Corte Suprema designada por Gutiérrez había declarado la nulidad de los juicios contra Bucaram y Noboa. Luego del derrocamiento de Gutiérrez la Corte anuló lo dispuesto por sus antecesores y Noboa estuvo por un breve lapso cumpliendo arresto domiciliario en Guayaquil. Actualmente Noboa está en libertad.

El ex presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez estuvo preso por seis meses en 2000 y fue dado de baja del Ejército, debido a su participación en el golpe de Estado a Mahaud.

Luego, durante su mandato, Gutiérrez removió mediante decreto a los jueces de la Corte Suprema en abierta violación de la Constitución. Asimismo, su Corte había anulado los juicios contra los ex presidentes Noboa y Bucaram, que regresaron del exilio, lo que provocó numerosas protestas sociales que acabaron con su gobierno. Fue destituido por el Congreso y lo relevó su vice, Alfredo Palacio. Para evadir la cárcel, Gutiérrez se asiló en Brasil.

Las escuelas económicas que parecen estar en boga cambian sus postulados a lo largo de la historia, pero la conducta ética –rara característica en los Jefes de Estado– tiene un valor imperecedero.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina
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