Parece que no nos habíamos dado cuenta del detalle: el que puede pagar por un colegio particular por sus hijos, podría seguramente pagar por sus estudios en una universidad estatal. Entonces, ¿qué tanta protesta?

¿La gratuidad? Normal, ¿acaso los pobres, que puedan probar que lo son, van a perder el privilegio?

Vamos, con un Estado tan pobre como el que tenemos: ¿por qué tenemos que costear con impuestos a los que pueden sacar de su bolsillo?

¿Y el viejo programa del APRA de educación gratuita como derecho para todos y principio de desarrollo e igualdad? Bueno, está idem, o sea viejo, ya fue, no computa con la época, ¿ves?

La modernidad ahora tiene un símbolo: la tía Hildebrandt, y la fuente de su sabiduría los planes fujimoristas que se quedaron en el tintero: que cualquiera sea maestro, a ver si los del SUTEP siguen tan levantiscos; que los universitarios paguen en las universidades públicas, para que así sigan dependiendo de los ingresos de sus padres para completar sus estudios y les jalen la oreja por la mala nota.

¡Qué buena idea Martha!, dice el ministro Carranza que sigue recortando el presupuesto educativo, los rectores que no son capaces de protestar por las rentas cada vez más bajas con las que trabajan, los promotores de universidades de paga que podrán subir sus tarifas, los medios de comunicación que siempre estarán prestos para modernidades de este tipo. Falta nomás que hable el que siempre habla, y que por ahora está midiendo para donde sopla el viento.

Hay, sin embargo, algunas consideraciones sobre este asunto de la gratuidad que se están pasando por alto:

(1) la educación pública gratuita como derecho significa, en cualquier parte del mundo, que el Estado se obliga a proveer oportunidades de formación básica y superior de calidad, para toda su población, independientemente de cualquier consideración económica, social, política, religiosa. No vende servicio, lo provee.

(2) la existencia paralela de educación privada es, en cualquier caso, una opción de las familias que no exime la responsabilidad del Estado. El que recurre a ella deja de usar su derecho, pero no tiene porqué perderlo. Es absurdo que se penalice una decisión que fue de los padres cuando el estudiante era menor de edad, en el momento en que se inicia la etapa de la vida universitaria que es totalmente diferente y cuando la persona está empezando a tomar sola las decisiones más importantes de su vida.

(3) el derecho a la educación se financia con recursos públicos, como debería hacerse con la salud (cada vez más “autofinanciada”) y la infraestructura donde se multiplican las concesiones y peajes. Los bienes públicos redistribuyen porque deben permitir a todos obtener servicios de la misma calidad, a los que contribuimos con distinta tasa de impuesto. Si los Estados trasladan estas obligaciones a los usuarios, ¿cuál sería el fundamento de la tributación?, ¿pagar la deuda?, ¿gastos militares?, ¿policía?.

(4) el Estado no puede decir que tu pagas impuestos para que yo haga política de pobres, no para servirte a ti, porque si así fuera entonces estaríamos ante una forma de caridad forzada, que normalmente lleva a que las personas se sientan desolidarizada con su propio Estado porque no le es útil ni le devuelve sus contribuciones de alguna manera tangible. En tiempos como los actuales, de fujimorismo mal digerido, eso significa además, una cruda justificación del Estado privatizado, con su complemento populista, cuyo desarrollo político es el reeleccionismo.

(5) el único mecanismo legítimo que debería poder aplicar la universidad pública a sus alumnos, es el de la calidad y el rendimiento académico. Eso es lo que se supone que se hace a través de los un exámenes de ingreso, las evaluaciones periódicos y los reglamentos que establecen que se puede perder la matrícula por la repetición de un número determinado de cursos. No tiene sentido proponer que la solución sea que quién no rinde, pague, porque volvemos a lo mismo: no estamos buscando pretextos para sacarle plata a la gente, sino tratando que la inversión pública en educación sea eficiente y provea de los mejores profesionales.

(6) si para acceder a la educación gratuita hubiese que probar la pobreza, esto significaría que ya no estamos ente un derecho, sino ante una concesión; pero si a eso añadimos que el concepto que está detrás de la modificatoria es liberar recursos estatales de la financiación de la educación, para que se sustente en la paga de las familias, entonces el resultad va a ser que los no pagantes van a terminar siendo la excepción, porque son costo. Las universidades pondrán requisitos de pobreza y cupos para acceder a un número equis de becas que no desfinancien su prepuesto, y se crearán por lo tanto una serie de vallas discriminatorias: (a) siendo los pobres más, tendrán un acceso proporcionalmente minoritario; (b) las condiciones de ingreso probablemente serán diferentes, para la beca de pobre, que para el ingreso por paga; (c) es previsible que hayan condiciones de pérdida de gratuidad o de matrícula diferentes para los de beca y los de paga.

(7) al convertir la educación pública en educación de paga, lo que se hará es favorecer el incremento de las tarifas de la universidades privadas existentes, ya que por simple lógica al introducirse “competencia” entre unas y otras (educación como negocio), los padres tenderán a trasladarse a las privadas que están mejor equipadas y menos masificadas, creando una sobre demanda que favorecerá el encarecimiento.

Como se puede ver, lo que da la impresión de ser de sentido común, a veces no lo es tanto. Es que razonamos a partir del proceso ya iniciado de destrucción de la educación pública y de transformación del derecho educativo en mercancía. Que es a lo que están llamando modernización.

Como una parte creciente de los padres asumen que la educación pública es un desastre y que el Estado es incapaz de hacer algo por ello, y que no hay plata, aunque del Perú esté saliendo dinero como nunca antes, resulta razonable que piensen que la única manera de salvar algo de ella sea aproximándola al sistema privado. Una vez que San Marcos y demás universidades sean de paga, ya no faltará nada para que un Chang las dirija y haga de ellas un buen negocio. Lo que va a ser más difícil es que sea un centro de investigación, pensamiento y debate.


- Raúl Wiener es analista político y económico peruano.
http://rwiener.blogspot.com/