Entre diciembre del año pasado y lo que va de febrero de 2007, el gobierno de Evo Morales atraviesa por el período más difícil de su gestión, caracterizado por una intensificación de demandas y movilizaciones que lo vienen obligando a retroceder y readecuar algunas decisiones vinculadas, por ejemplo, con la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB y con el incremento impositivo a las actividades mineras.

Los partidos tradicionales, por lo menos en forma directa, no han tenido protagonismo en los últimos sucesos y se mantienen atrincherados en sus consignas relacionadas con las autonomías, el sistema de votación en la Asamblea Constituyente y la movilización mediática por la presencia de un asesor extranjero en la presidencia de la República.

Claramente se aprecian dos escenarios paralelos en la oposición al gobierno. El primero proviene de la oposición oficial a cargo de los partidos tradicionales, acompañados por algunas prefecturas y comités cívicos. El segundo se concentra en otros actores como el Comité Cívico de Camiri y organizaciones de carácter económico corporativo como la Federación de Cooperativas Mineras.

¿Nueva oposición?

El caso de Camiri en particular estaría representando a una oposición de izquierda radical que busca enrostrar al gobierno un carácter “no revolucionario” planteando exigencias de expropiación que, ciertamente no figuran en el diseño de la nacionalización impulsada por el Movimiento al Socialismo -MAS-. “No hay nacionalización mientras no se expropia, que el Gobierno no se equivoque al intentar convencer a la población de algo que no tiene el nombre de nacionalización” afirmó el vicepresidente del Comité de Huelga camireño.

Lo expuesto no resulta nuevo en los procesos sociales que ha vivido Latinoamérica y, guardando las distancias, tiene semejanzas con lo que ocurrió en Bolivia misma durante el gobierno de la UDP y en el Perú -casi cuarenta años atrás-, cuando el gobierno de Velasco Alvarado enfrentaba la tenaz oposición de la oligarquía, mientras la mayoría de las organizaciones de izquierda radical lo calificaban como reformista burgués.

Ciertamente el gobierno boliviano tuvo que negociar con la dirigencia radical de Camiri, respaldada por el pueblo, y conceder las principales demandas contenidas en su pliego de reclamos. La situación de bloqueo de la vía troncal de Santa Cruz hacia Argentina y la toma de las instalaciones de una transnacional, así lo exigía. Consecuentemente el nuevo actor social se ha empoderado y, es pertinente manejar como hipótesis, la existencia de una voluntad que la lleve a tratar de superar su horizonte local y convertirse en fuerza política.

Claro que resulta difícil prever las proyecciones de la hipótesis enunciada, empero lo que habrían sido iniciativas de personalidades que se integraron y aportaron contenido político a las reivindicaciones económicas, podrían significar un polo de atracción a otros sectores radicales para el ensayo de iniciativas similares.

En dicho camino, la Federación de Cooperativistas Mineros se encargó de plantearle otro gran desafío al gobierno del MAS. Las cooperativas mineras surgieron como resultado de la política de ajuste estructural que provocó el cierre de la minería estatal boliviana y la desocupación de decenas de miles de trabajadores que hasta entonces laboraban en la COMIBOL. El abandono de las minas motivo el inicio de actividades artesanales de explotación y la posterior formación de cooperativas que, con el paso de los años y el incremento del precio internacional de los minerales, se han convertido en la mayoría de los casos en empresas rentables que a la vez cuentan con una amplia masa de asalariados.

Los cooperativistas mineros apoyaron al MAS y fueron uno de sus baluartes en la campaña electoral, pero hace unos meses se distanciaron cuando Evo Morales cambió al Ministro de Minería que provenía de sus canteras, a raíz de un intento de toma de una mina con un saldo lamentable de fallecidos.

Pero ahora, cuando el gobierno busca ampliar sus ingresos colocando un impuesto complementario a la minería, los cooperativistas han vuelto a tomar el centro de la ciudad de La Paz. No hay acuerdo respecto a la cantidad de movilizados, todo indica que son más de diez mil que, premunidos de cartuchos de dinamita, han obligado al gobierno a negociar.

En un ambiente extremadamente tenso, la negociación -al momento de redactar esta nota- está en curso, encabezada por el Presidente de la República. Los amagos de enfrentamiento con la policía se mantienen y lo más probable y deseable es que se llegue a un acuerdo; pero, cualquiera sea su resultado, las implicancias para la gestión gubernamental serán de un costo muy sensible y lo obligarán a rediseñar sus estrategias de relacionamiento social y político.

Cabe la posibilidad futura de un “encuentro” político entre cooperativistas mineros, cívicos camireños y otros sectores radicales, pero -por el momento- esto no pasa de una especulación.

Desde el balcón

Los partidos tradicionales, luego de haber desembarcado al MAS de la presidencia de la Cámara de Senadores, observan -con placer disimulado y forzada seriedad- los aprietos del gobierno. Algunos voceros no han vacilado en afirmar que “todo esto es problema del MAS” y que “ahora los movimientos sociales le están pasando la factura”, olvidando -a decir de voceros del gobierno y observadores independientes- que fueron sus organizaciones políticas las que impulsaron las medidas de destrucción de la minería.

En la Asamblea Constituyente el acuerdo está a punto de surgir y es notorio que la oposición no constituye un grupo sólido, inclusive se menciona un “desmarque” de algunos integrantes de la agrupación PODEMOS.

Es de esperar que una vez superado el conflicto con los cooperativistas, esta oposición intente recuperar su protagonismo, pero será muy difícil que logre impulsar movilizaciones como las que se han evidenciado en las últimas semanas. Lo más probable es que continúe restringida a sus escenarios regionales.

Algunos rasgos para comprender las estrategias en curso

a) La oportunidad: eventos internacionales como la Cumbre de Presidentes en Cochabamba y la coincidencia del aniversario del gobierno del MAS, pretendieron ser utilizados por las fuerzas impulsoras de las demandas para dotarlas de mayor resonancia.

b) La focalización: aunque la lectura internacional suele presentar los conflictos como impactando a toda Bolivia, la realidad sigue demostrando que todavía no alcanzan una dimensión nacional. Salvo la inconclusa determinación del reglamento de la Asamblea Constituyente, la totalidad de las tensiones continúan involucrando territorialmente a actores locales o regionales, como en el caso de Cochabamba, Camiri y los cooperativistas mineros o funcionalmente como sucedió con las fuerzas políticas de oposición, para las elecciones de la directiva del Senado.

c) La rearticulación de la oposición: el mayor logro fue alcanzado en la Cámara de Senadores en la cual un acuerdo entre Poder Democrático Social, Movimiento Nacionalista Revolucionario y Unidad Nacional, permitió que el único senador de esta fuerza política ocupara la presidencia desplazando al candidato del MAS.

d) La movilización social directa contra la oposición: Cochabamba con éxito relativo y El Alto, con limitaciones lindantes en el fracaso, fueron los contextos en los cuales los movimientos sociales decidieron enfrentar abiertamente a los prefectos alineados en la corriente autonomista liderada por el Comité Cívico de Santa Cruz.

e) El surgimiento de la oposición de izquierda radical: los sectores radicales de izquierda que hasta el momento habían permanecido en una situación casi marginal han logrado, por primera vez, un protagonismo activo liderando políticamente las demandas del pueblo de Camiri que -luego de ocho días de paralización y bloqueo de la vía troncal que une Santa Cruz con Argentina- han sido aceptadas en lo fundamental por el gobierno.

f) El reiterado efecto mediático. La mayoría de los medios de comunicación continúan ejerciendo su influencia que los convierte en voceros exitosos de la oposición.