Se incrementan amenazas que coinciden con señalamientos del presidente Álvaro Uribe Vélez contra organizaciones sociales, políticas, defensoras de derechos humanos, entre otras.

Dos días después de que el presidente Álvaro Uribe Vélez acusó de “terroristas vestidos de civil” a políticos desmovilizados del M-19, fue enviada a varias organizaciones sociales, sindicales, universitarias y a medios de alternativos, una nueva amenaza suscrita por supuestos frentes paramilitares, que se autodenominan Nueva generación Águilas Negras. El Presidente hizo estas alusiones injuriosas en el discurso que pronunció en un consejo comunitario realizado en Tierraalta, Córdoba. Luego ratificó sus señalamientos en varias entrevistas concedidas a medios de comunicación.

Al respecto es bueno mencionar que incluso el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, en un comunicado de fecha 5 de febrero y emitido desde la Cárcel de Itagúí, donde se encuentra recluido, aceptó que “(…) el rearme de las autodefensas es una cruda realidad que no podemos soslayar o minimizar(...)”.

No obstante, es un hecho notorio que no se trata de un rearme de organizaciones paramilitares, sino que el llamado proceso de “negociación” y “desmovilización” no condujo al desmonte real de sus estructuras, que hoy siguen intactas.

Esta amenaza se ha dirigido contra el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas y sindicales, que lideran abiertamente denuncias sobre el manto de impunidad que se esconde tras el “proceso de negociación” con los grupos paramilitares, y que han solicitado se investigue a fondo la responsabilidad de políticos de los partidos tradicionales, funcionarios públicos y gremios económicos en la comisión de crímenes de lesa humanidad. Este correo amenazante llega, además, días después de que el senador Gustavo Petro anunció la realización de un debate en el Congreso de la República sobre los vínculos de políticos, empresarios y otros sectores, con el paramilitarismo en Antioquia, y luego de que afirmó que Santiago Uribe, hermano del Presidente de la República, ha sido investigado penalmente por vínculos con paramilitares, y particularmente, por hacer parte del grupo “Los doce Apóstoles”.

A estos hechos se suman los asesinatos de líderes sociales, dirigentes de asociaciones de víctimas, como los de Yolanda Izquierdo y Freddy Abel Espitia, representantes de los desplazados en los procesos que se vienen adelantando en contra de los cabecillas de los grupos paramilitares. De igual forma, se añaden a los atentados y amenazas contra diversas organizaciones, como la Liga de mujeres desplazadas de Bolívar, cuyo centro multifuncional, ubicado en Turbaco, fue objeto de un incendio, y las amenazas contra los integrantes del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado de los municipios de San Onofre y Montes de María, así como lo ocurrido el pasado 23 de enero de 2007 a la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz que, una vez más, fue objeto del robo de su base de datos y fotografías de miembros de las organizaciones que hacen parte de esta plataforma. La Asamblea ha solicitado reiteradamente medidas de seguridad a la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia sin que hasta la fecha estas peticiones hayan sido atendidas.

Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional, para que se dirijan a las autoridades colombianas para exigir:

1o. Se garantice la integridad física y psicológica de todos y cada uno de los miembros que hacen parte de las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, universitarias, sindicales, indígenas, entre otras, a quienes les fue remitida dicha amenaza vía electrónica.

2o. Se garantice el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, de pensamiento, y de participación política, así como el derecho al disenso, sin que ello sea causa de persecución alguna.

3o. Se investigue, juzgue y sancione con el rigor legal que corresponde a los responsables de los actos de persecución aquí denunciados.

4º. Se garantice el inmediato y efectivo desmonte de las estructuras militares, políticas y económicas del paramilitarismo, ya que hoy se asiste a la institucionalización y reingeniería de las mismas.

5º. Se garantice la realización de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y se respeten sus organizaciones.

Así mismo, responsabilizamos directamente al Gobierno Nacional de cualquier hecho en contra de los miembros de las organizaciones que hemos recibido dichas amenazas y exigimos garantías efectivas para continuar en la lucha en contra de la impunidad, por la verdad, la justicia y la reparación.


Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos

Comisión Colombiana de Juristas

Colectivo de Abogados “Luis Carlos Pérez”

Fundación Manuel Cepeda Vargas

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos

Comité Permanente por los Derechos Humanos

Asociación Nacional de Ayuda Solidaria- ANDAS –

Asociación para la Promoción Social Alternativa, MINGA

Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia – Sintraunicol –

Asociación de Profesores Universitarios- ASPU-

Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – Fensuagro –

Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC-

Asociación Comunidad Motilón Barí de Colombia

Comunidad Indígena Kankuama desplazada en Bogotá

Instituto de Servicios Legales Alternativos – ILSA-

Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos “Reiniciar”

Corporación Yira Castro

Justicia y Vida

Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz

Frente Social y Político

Periódico VOZ

Prensa Rural

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES-