Los Pueblos Indígenas de Colombia, agrupados en la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, condenamos y rechazamos de forma categórica el fallo proferido por la Procuraduría General de la Nación, máxima instancia del Ministerio Público en nuestro país y parte determinante de las estructuras creadas constitucionalmente para encabezar la defensa y garantizar la protección de los derechos humanos; el cual interpretamos como un ejercicio claro de persecución política en contra del Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, y como un duro golpe a los vientos de paz anhelados por colombianos y colombianas durante más de medio siglo.

 

Consideramos desde el Movimiento Indígena, que las determinaciones encabezadas por el Procurador Ordóñez violentan vilmente el proceso de paz al que Colombia entera le está apostando; el cual tuvo sus primeras expresiones hace 25 años y hoy tienen su representación en procesos democráticos que llevaron a la ciudadanía a elegir a Gustavo Petro como alcalde del Distrito Capital, en una decisión materializada a través del derecho al voto.

 

Las corrientes de ultra derecha del país, personificadas por el procurador Alejandro Ordóñez, no pueden pasar por encima de la decisión del pueblo, del cual formamos parte los indígenas de la altiplanicie cundiboyacense, quienes elegimos a Gustavo Petro como el dirigente que representaría nuestros intereses y velaría por el respeto de nuestros derechos con políticas diferenciales e incluyentes.

 

Resulta inadmisible que los intereses particulares del Procurador pasen por encima de los intereses del constituyente primario, poniendo en tela de juicio el verdadero valor del voto en Colombia. ¿Acaso una sola persona puede pasar por encima de lo que el Pueblo Colombiano decide? ¿Cualquiera, siendo procurador o no, puede invalidar la decisión mayoritaria de todo un pueblo?; lo sucedido ayer demuestra que sí.

 

Entendemos el fallo emitido por la Procuraduría General de la Nación como un ‘Golpe de Estado Atípico’, que cercena las voces del electorado, las voces de quienes salimos a las urnas a votar, las voces de la democracia; las cuales fueron acalladas por una mera autoridad disciplinaria perpetuada en el poder a través de compromisos politiqueros soterrados, que en la práctica han exacerbado las funciones que constitucional y legalmente se le han otorgado, sin observar instrumentos internacionales que por bloque de constitucionalidad impedirían que un funcionario pase por encima de los derechos políticos de toda una Nación.

 

Desde el Movimiento Indígena evidenciamos los peligrosos alcances de lo ocurrido con ésta decisión, observándolo como un llamado a la perpetuación de la guerra, de la violencia estructural y de prácticas autoritarias conectadas a los sectores más recalcitrantes y corruptos de éste país. Están contradiciendo a todo el Pueblo Colombiano.

 

Hacemos un llamado a los Pueblos Indígenas, a la Minga Social, Indígena y Popular, para movilizarnos en el marco de las jornadas de indignación por la ‘Revolución Democrática y Pacífica’ en todos los rincones del país, en defensa de los valores y principios democráticos desafiados con la decisión del Procurador General. No podemos permitir que los intereses de unos pocos, que le siguen jugando a la guerra, pasen por encima de las esperanzas de millones de colombianos y colombianas, golpeando de muerte la paz que todos y todas añoramos.

 

Convocamos a todos los movimientos, sectores sociales y populares, y a todo el Pueblo Colombiano, para que ejerciendo el poder popular como un deber y una obligación, unamos nuestra voz de protesta e indignación en contra del poder dictatorial de uno solo, que con argumentos amañados ha pisoteado la voluntad enarbolada por cada ciudadano y ciudadana colombiana al ejercer su legítimo derecho al voto.

 

Bogotá D.C., 10 de diciembre de 2013

 

 Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC