El hostigamiento a defensores y defensoras de derechos humanos no cesa. Desde enero una cadena de hechos ha tratado de impedir el trabajo que realizan. Un hecho más de intimidación se registró ayer por la tarde cuando una de las asesoras legales del Centro de Acción Legal para los Derechos (CALDH), quien salía de una oficina estatal, encontró en su vehículo una nota en la que se amenaza al equipo jurídico de la institución.

La nota señala el trabajo que la compañera se encuentra realizando en estos momentos: solicitar medidas de protección para las personas que el viernes pasado fueron víctimas de hechos de hostigamiento. Asimismo, el papel señala al resto del equipo jurídico mencionando los horarios de comida dejando dicho el control que se ejerce.

El equipo jurídico de CALDH asesora legalmente a la Asociación para la Justicia y Reconciliación, AJR, en el caso presentado contra Efraín Ríos Montt y otros militares por genocidio cometido durante su período. El caso presentado desde el 2001 no ha avanzado. En octubre el año pasado la AJR solicitó al Ministerio Público llame a declaran al imputado y 4 meses después tampoco se tiene una respuesta por parte de dichas autoridades.

Esta amenaza se viene a sumar a las agresiones que vienen sufriendo compañeros y compañeras del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), así como al allanamiento cometido en las instalaciones del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos, oficina compartida con la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y de la Asociación Comunicarte. Se agrega también a los hechos contra CALDH que se dieron desde el viernes pasado.

No podemos decir que son hechos casuales pues estas organizaciones tienen en común la lucha por la justicia en crímenes del pasado y la constante denuncia y petición de que el genocidio se juzgue y castigue.

Hacemos público estos hechos pues atentan contra la vida de quienes luchan por la justicia. Exigimos al Ministerio Público (MP) investigar estas acciones y responsabilizamos al Estado de cualquier hecho en contra de las personas que trabajan en este y otros casos.

¡Por el derecho a un país justo!

Guatemala, 06 de febrero de 2007.