Oficialmente se ha anunciado para el 16 de enero la celebración de 15 años de la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador, un evento promovido por el gobierno salvadoreño con la participación del ahora partido político Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional –FMLN-y en el que se espera la asistencia del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas.

Diferentes sectores sociales, entre ellos lisiados de guerra, ex patrulleros y ex combatientes, han manifestado su desacuerdo de que un hecho político e histórico de esta naturaleza merezca celebración alguna, dado el estancamiento o incluso retroceso observado de importantes logros de los Acuerdos, así como la vigencia de las condiciones estructurales que originaron el conflicto armado.

Asimismo, pese a que Naciones Unidas haya dado por concluidos los Acuerdos de Paz en El Salvador en 1997, aspectos de los Acuerdos en realidad no fueron completados o importantes recomendaciones de instancias derivadas de las negociaciones fueron inobservadas. El mismo Secretario General de la ONU de ese entonces, Boutros Ghali, en su informe final de verificación del año 1997, destacó incumplimientos de relevancia, no sólo en el ámbito de la seguridad pública, sino en el de derechos humanos y administración de justicia, con especial énfasis en el incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.

Los logros más notables de los Acuerdos fueron, sin duda, el cese del enfrentamiento armado, la desmovilización de los aparatos de violencia estatal tradicional que funcionaron durante décadas y la conversión de la fuerza guerrillera militar del FMLN a la figura jurídica de un partido político. No obstante, se considera que más que una celebración de la suscripción de un acuerdo político entre dos partes confrontadas que puso fin al conflicto armado, este es más bien un momento propicio para hacer un análisis sobre los Acuerdos de Paz, su cumplimiento e incumplimiento y la real contribución de los mismos en el escenario actual nacional.

El periodo de 15 años es suficientemente amplio para hacer una valoración más adecuada del proceso, los actores y posibles evoluciones a partir de las expectativas que generó la firma de los Acuerdos en la sociedad salvadoreña al propiciar las condiciones necesarias para la creación de un espacio para avanzar hacia una transformación profunda del Estado, con miras a la “democratización, el respeto irrestricto de los derechos humanos y la reunificación de la sociedad salvadoreña”, como establecieron como objetivo último del proceso las Partes negociadoras en el llamado Acuerdo de Ginebra, en abril de 1990.

Con los Acuerdos de Paz se gestó la idea de construir el Estado democrático salvadoreño y se abrió un nuevo período, con el cual se tuvo la expectativa que contribuiría a transformar progresivamente la condición de exclusión política de diversos sectores y, a partir de su inserción, promover cambios para el bienestar socioeconómico de la población. Con ello se ha considerado que los Acuerdos constituyen el inicio de un nuevo sistema político, que dieron pie a la “expresión del nuevo consenso de la Nación, que implica un nuevo pacto social, una especie de refundación del Estado y de la Nación salvadoreña”.

Una de las formulaciones más integrales de estos alcances, fue la efectuada por el Profesor Pedro Nikken, Experto Independiente para El Salvador de la Comisión Derechos Humanos de la ONU, quien expresó que: “Los Acuerdos de Paz… no se limitaron a solventar las cuestiones militares sino que construyeron un denso programa de reformas destinadas a atacar algunas de las causas profundas del conflicto, a garantizar el respeto de los derechos humanos y a impulsar la democratización del país...”.

Sin embargo, la visión de los Acuerdos de Paz más allá del cese del enfrentamiento armado y el desmontaje del conflicto, no alcanzó realmente la esperada transformación democrática del Estado salvadoreño. Los cambios para forjar una nueva institucionalidad democrática contemplados en los Acuerdos han sido los más desatendidos e incumplidos.

Se han señalado involuciones observadas en estructuras de la Policía Nacional Civil (PNC), Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Fiscalía General de la República, órgano judicial, Corte de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral y Asamblea Legislativa, así como también una tendencia a prácticas autoritarias y violatorias a derechos humanos como las recién aprobadas “Ley de la Defensa Nacional”, “Ley especial contra actos de terrorismo” y la “Ley contra el crimen organizado y delitos de realización compleja”.

Asimismo, el proceso de deterioro de los Acuerdos se profundiza con el involucramiento de los militares, desde 1993 en funciones de seguridad pública y del rechazo frontal de los militares al informe de la Comisión de la Verdad. Este proceso ha ido manteniéndose hasta llegar a un momento como el presente en que la Fuerza Armada ha tomado un mayor control de la PNC.

Otro aspecto de indiscutibles consecuencias para el país es el hecho de que El Salvador es la única nación latinoamericana que persiste en mantener tropas militares en Irak.

El gobierno salvadoreño explica que la presencia militar salvadoreña en Irak, es para responder al llamado de las Naciones Unidas, dando a entender que la agresión militar contra ese país soberano tiene el respaldo legal del Consejo de Seguridad de este organismo internacional. No obstante, en una conferencia muy reciente, de despedida en la sede de la ONU en Ginebra, Kofi Annan habría admitido que: “...la guerra de Irak fue el acontecimiento más triste de sus diez años en el cargo, entre otras cosas porque Naciones Unidas no pudo evitarla...”.

Mientras estaba de visita en El Salvador el año pasado, el ex Secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, elogió el progreso del país, diciendo, “El movimiento de la humanidad camina hacia la libertad. Nosotros lo hemos visto en El Salvador, lo hemos visto en Afganistán y creo que lo veremos en Irak.”

El país emergió de una guerra civil respaldada por Estados Unidos, es además el segundo receptor más grande de ayuda militar y es el onceavo en la lista de compra de armas, adquiriendo un total de 46.8 millones de dólares en armamento entre el año 2000 y el 2003. Durante la guerra civil, en la cual 75, 000 personas fueron asesinadas en el transcurso de 12 años, Washington aportó 1.5 millones de dólares al día en ayuda económica y militar.

El déficit mayor de los Acuerdos de Paz ha sido el relacionado a la protección de los derechos económicos y sociales de la población, pese a que fue acordada la creación del Foro de Concertación social.

Es indispensable el cumplimiento de los Acuerdos de Paz en el tema económico y social, particularmente lo referido a la distribución de las tierras, el otorgamiento de crédito y apoyo técnico a la pequeña producción campesina y las pequeñas y microempresas, la supresión de las prácticas monopólicas, la inversión social, el funcionamiento real del Foro de Concertación Económico y Social y los programas para lisiados de guerra.

Para alcanzar este objetivo es necesario elevar la recaudación tributaria, mediante el combate a la evasión fiscal, practicada principalmente por los grandes empresarios y cuyo monto es casi igual a la recaudación anual del gobierno. Particular importancia tiene el reiterar que el actual Consejo Superior del Trabajo no es un sustituto del Foro de Concertación económico social, pues no tiene carácter resolutivo, no aborda los temas señalados en los Acuerdos de Paz y apoya la política gubernamental.

El fin de la guerra es un patrimonio invaluable del pueblo salvadoreño. Pero más allá de su relevancia histórica, los Acuerdos de Paz aspiraron a fundar un Estado respetuoso y garante de los derechos humanos, basado en una institucionalidad nueva o reformada y que diera real vigencia al marco constitucional del país.

A pesar del éxito del cese del enfrentamiento armado, graves deterioros, regresiones e intolerancias han estancado el proceso democrático salvadoreño y muchas de las instituciones estatales han visto socavada su independencia respecto de poderes fácticos, sobre todo políticos o económicos.

Los vacíos más sensibles 15 años después de la firma de los acuerdos de paz han sido los relacionados a la inobservancia de recomendaciones de informes fundamentales como la Comisión de la Verdad, el Grupo AD Hoc y el Grupo Conjunto para la Investigación de grupos armados ilegales con motivación política.

Los responsables de los Escuadrones de la muerte que operaron en la década de 1980 no fueron investigados, sus miembros no fueron juzgados ni las víctimas reparadas. En tal sentido, dichas estructuras se mantuvieron potencialmente activas para la violencia política en los años posteriores. En la década de 1990, tanto el Secretario General como el Experto Independiente de la Comisión de Derechos Humanos, expresaron su preocupación por la persistencia de ejecuciones extrajudiciales en El Salvador.

El Estado nunca impulsó investigaciones serias ni efectivas respecto de este tipo de homicidios y, en general, ha adolecido de una perenne incapacidad de esclarecer los centenares de homicidios que cada año ocurren en El Salvador, por lo que se ha configurado un escenario de impunidad casi absoluto, que prevalece desde las décadas de 1970 y 1980.

La ley de Amnistía decretada por la Asamblea Legislativa en 1993 constituye actualmente uno de los principales obstáculos para superar este problema. La anulación e inaplicabilidad de esta ley es un imperativo que ha sido recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la misma Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.

En 1994 y 1995, el país alcanzó la alarmante tasa de 150 y 160 homicidios por cada 100 mil habitantes, convirtiéndose en el país más violento de América Latina en términos de asesinatos. En el 2005, la cifra total de homicidios fue de tres mil 761 (54.71 por cada 100 mil habitantes) por lo que El Salvador alcanzó nuevamente el lamentable sitial del país más violento de esta región.

En el centro está el problema de la impunidad y mientras exista una tendencia a la remilitarización de la sociedad e inequidad los responsables de la institucionalidad creada para cumplir misiones contempladas en los acuerdos contra la impunidad, la corrupción y por un Estado de derecho, seguirán cayendo en la impotencia, frustración, debilidad o la complicidad.

Las causas de la guerra fueron principalmente económicas. No obstante las causas estructurales que fueron la causa indiscutible del conflicto armado, no eran objeto de negociación. Los poderosos y excluyentes intereses económicos y políticos tradicionales han sabido imponerse en el actual y novedoso contexto “desmilitarizado” de El Salvador y es importante, en razón de ello, desmitificar la concepción que exalta el proceso de paz salvadoreño como un éxito casi total y recordar el carácter integral de los Acuerdos.

Quince años después, este recorrido permite visualizar los diferentes logros e incumplimientos, así como evidencia la ausencia de una agenda común de Nación, elemento pendiente de la democracia que el país aún reclama.