En el marco del Día Internacional del Detenido – Desparecido, este 30 de agosto fue inaugurado en San Salvador un Encuentro Regional de Víctimas de violaciones a los derechos humanos en Centroamérica. Representantes de los casos Baena Ricardo (Panamá); Masacre Dos Erres (Guatemala); Juan Humberto Sánchez (Honduras) y Mayate, Santa Rosita y Hermanitas Serrano de El Salvador, así como la exposición del caso de la comunidad indígena Awas Tigni por parte del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos –CENIDH-, compartieron sus experiencias, no desde la victimización que han sido objeto por sus Estados, sino desde la fuerza de una larga lucha que ha logrado en la mayoría de estos casos Sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH – contra los gobiernos de Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Estuvieron también organizaciones de derechos humanos que han acompañado a las víctimas en un esfuerzo conjunto en contra de la impunidad. Delegados del Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos de Honduras (COFADEH); la Asociación Prebúsqueda de Niños y niñas desaparecidos y el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos – CPDH -“Madeleine Lagadec” de El Salvador; la Federación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FAMDEGUA) y el Grupo de Apoyo Mutuo – GAM – de Guatemala. Ellos, desde la perspectiva jurídica plantearon los obstáculos que se enfrentan para el esclarecimiento de los casos y la falta de voluntad política por parte de sus gobiernos para asumir la responsabilidad de violaciones a los derechos humanos, así como el resarcimiento moral y económico para las víctimas. Cada uno de estos casos es paradigmático, constituye jurisprudencia que debe ser retomada por operadores de justicia en toda Centroamérica. La Sentencia de la CIDH en el caso Baena Ricardo fue una de las primeras aplicaciones del Protocolo de San Salvador, de reciente vigencia, y fue producto de huelgas de hambre de sindicalistas panameños frente las instalaciones de la Corte y la Comisión Interamericana en Washington y Costa Rica. El caso Dos Erres presentó como testigos a los mismos victimarios, efectivos Kaibiles que fueron parte de la masacre y lucha contra la interposición de eternos Recursos legales dilatorios a favor de los señalados como autores intelectuales, entre ellos el General Ríos Mont, interpuestos por uno de sus representantes legales, que a su vez es Magistrado de la instancia que ventila el caso. El gobierno de Honduras ha pedido públicamente perdón a los familiares de JUAN HUMBERTO VASQUEZ, por la responsabilidad del Estado en este caso de desaparición forzada ocurrido en la década de los 80` y la Sentencia de la CIDH condenatoria contra el gobierno de Nicaragua reconoce derechos ancestrales de propiedad de la comunidad indígena Awas Tigni. La desaparición de las hermanitas Serrano durante un operativo militar de tierra arrasada perpetrado por el ejército durante el conflicto armado, ha constituido el primer caso en que el gobierno de El Salvador ha sido objeto de una condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El auditorio del hospital “Divina Providencia” , lugar en que fue asesinado Monseñor Oscar Arnulfo Romero hace 25 años, acobijo lágrimas, voces entrecortadas, demandas y aplausos, expresiones todas de que la lucha contra la impunidad, lejos de bajar perfil en los programas de ONGs y asociaciones de víctimas debe redefinirse con más determinación y energía. El incumplimiento por parte de los gobiernos a las Sentencias condenatorias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos fue el factor común en la exposición de cada caso. Los gobiernos no están cumpliendo. Los gobiernos no quieren cumplir. Para este 31 de agosto, la jornada sigue. Esta vez con la participación de instituciones estatales vinculadas al cumplimiento de recomendaciones y sentencias del sistema interamericano de derechos humanos. Representantes de la Fiscalía General de la República; Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; Cancillería y Corte Suprema de Justicia, han sido invitados a explicar sus respectivas competencias de cara a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. No es extraño, que hasta la fecha la Fiscalía General y Ministerio de Relaciones Exteriores aún no hayan siquiera confirmado su asistencia. Es un encuentro de gente que lucha, de gente que no ha permitido victimizarse, de gente que se reconoce en este evento y del cual se espera surjan nuevos retos. Hasta ahora, se vislumbran líneas hacia una coordinación mutua y solidaria para el reconocimiento de los Estados de sus responsabilidades en sus casos. Surgen propuestas para mejorar la representación directa de las víctimas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la identificación de nuevas alianzas. Esta claro, la lucha contra la impunidad es una agenda urgente y vigente para las organizaciones sociales comprometidas en Centroamérica.