“al actual ritmo que crecen los años promedio de educación en Colombia gastaríamos 20 años en alcanzar como país, los mínimos constitucionales de 9 grados para todos. El diez por ciento más pobre de la población sólo llegó a los cinco grados en 1996 cuando la meta se había puesto en la Constitución de 1986. Por eso el país requiere un esfuerzo especial”[1]

El proceso de descentralización en Colombia se justificó entre otras cosas porque el país se reconoció capaz de pensar su futuro en términos de lo local, porque es más eficiente la política pública si se distribuyen responsabilidades y recursos públicos entre lo nacional, lo departamental y lo municipal y finalmente porque no hay nada más peligroso para la democracia que la concentración del poder. Hoy día pese a los avances que ha significado el proceso de descentralización aún, como todo proceso estructural, nos queda un largo camino por recorrer; en efecto, diversos estudios evidencian la gran deuda social que el país tiene en particular en salud y educación, al país aún le faltan 1,7 millones de niños que están fuera del sistema educativo (oferta pública y privada), ubicados en su mayoría en zona rural y alrededor de 6 millones de colombianos están fuera del Sistema General de Seguridad Social en Salud?[2], frente a esta deuda es grande el reto que tienen las regiones, y su instrumento la ejecución de los programas sociales.

La pregunta es, ¿Cómo afrontarán estos retos las administraciones municipales si entre el 2008 y el 2016 dejaran de recibir 54, 7 billones de pesos, para educación 35,7 billones y para salud 14.9 billones de pesos? Conviene recordar que el acto legislativo de 2001, le significó a los municipios menores transferencias para los sectores salud y educación con las consecuentes perdidas sociales; por ejemplo, según un estudio de la Contraloría, el menor gasto que se generó por la reforma en el régimen de las Transferencias hubiese alcanzado para que la cobertura del sector oficial pasara de 73.4% en 2003 a 90,6% en 2005[3], así mismo, según este mismo estudio: “El menor gasto en salud fue de $2,5 billones de pesos de 2005, con los cuales se hubiera podido incrementar la cobertura en más de 5 millones de afiliados plenos al régimen subsidiado. En el primer año se hubieran podido afiliar 1,4 millones de personas adicionales, a las que se les garantizaría su financiamiento hasta 2005 con los mismos recursos. De igual manera, el número de nuevos afiliados hubiera podido ascender en 2003 a 629.000; y en 2005 a 1,7 millones”[4].

En este sentido, las modificaciones a las transferencias que está proponiendo el gobierno colombiano, no sólo afectan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia, sino también a la estructura de derechos, en particular el derecho a la educación y a la salud; así como a los postulados que profundizan el proceso de descentralización en Colombia.

En efecto, tal como se presenta el panorama, de aprobarse el acto legislativo que cursa actualmente en el Congreso es imposible cumplir las metas en educación y salud con un crecimiento de tan sólo un punto adicional los dos primeros años (Inflación + 3,5) y una reducción de 1,5 puntos del 2011 en adelante, (Inflación + y 2). El crecimiento óptimo debe estar por sobre los 7 puntos sobre la inflación, permanentemente[5]. Así, si para que los derechos establecidos por Constitución se cumplan se requiere de el derecho formal, es decir el mandato establecido en la carta magna pero también del derecho efectivo, que depende de la financiación que se le otorgue, si se reducen los recursos a los municipios entonces se limita el derecho formal que se establece por Constitución. ¿Qué pasará con los derechos de los habitantes de los 789 municipios que no ofrecen a la población los bienes públicos básicos que garantiza la Constitución de 1991? ¿Que pasará con los derechos de los habitantes de la Región Pacífica, que según las Naciones Unidas cuenta con las peores condiciones del país, siendo el ámbito más afectado la educación?

De igual forma, con el acto legislativo que cursa actualmente en el Congreso, se resta autonomía territorial, y genera un desequilibrio de poderes entre lo nacional y lo local, generando consecuencias graves sobre la descentralización dado que la propuesta actual no sólo modifica los artículos 356 y 357, sino que por esta vía cambian los postulados de la Constitución de 1991 sobre el proceso de descentralización; en efecto, lo que se está haciendo con el Sistema General de Participaciones es concentrar recursos y capacidad de decisión en el gobierno central, y restar poder y capacidad de inversión a departamentos y municipios, posibilitando que estas inversiones se puedan realizar desde el gobierno central, tal como ya se ha evidenciado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010.

Todo lo anterior no es otra cosa que retornar a viejos esquemas en que el gobierno central es ejecutor de políticas cuando debería ser definidor de éstas, posibilitando el fortalecimiento de viejas prácticas políticas clientelistas, así como a la dependencia de los municipios al poder centralista y presidencialista.

Los principios constitucionales se constituyen en la máxima, por no decir en la única, garantía que tenemos todos y todas del cumplimiento de nuestros derechos y del logro de la convivencia democrática sobre bases de justicia y equidad. Estas garantías están por encima del poder del Gobierno e incluso del poder legislativo, es decir, la Constitución nos garantiza no sólo nuestros derechos sino la permanencia de estos en el tiempo, por encima de aspiraciones transitorias de gobiernos o partidos. La coyuntura actual de país deja sentir una gran incertidumbre e inseguridad frente a lo que podemos esperar los colombianos con respecto a las garantías efectivas de nuestros derechos. Ya que la Constitución está siendo manejada como si se tratase de una de esas muchas leyes ordinarias que cada año son aprobadas en el parlamento, bajo la discrecionalidad del gobierno.

- Martha Yaneth Sandoval, Asesora del equipo económico y social Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía.
www.vivalaciudadania.org