El debate de Petro en el Congreso refleja el cambio de la política en Washington frente al gobierno colombiano: ¡No tanta retórica y más justicia! Ese es el mensaje de los demócratas ante las campañas de lobby presidencial para salvar el TLC y el Plan Colombia. Pero la nueva postura del partido de Clinton trasciende al gobierno Uribe. Ella le habla a todo el pueblo colombiano: no habrá TLC mientras no haya condenas de los altos funcionarios y particulares por las graves violaciones a los derechos humanos. El mensaje es acertado. La dignidad precede al bienestar, los derechos humanos al dinero.

Un importante aporte del debate sobre el surgimiento de las convivir en Antioquia ha sido situar el tema del paramilitarismo en el lugar que le corresponde: el de las violaciones a los derechos humanos y su sanción penal. En ese sentido, al senador Petro debemos reconocerle el valor civil, pese al costo político en imagen. Gracias a su valentía al recordarnos el cúmulo de pruebas acallado por fiscalías corruptas, el país tiene ahora más claridad sobre lo que ha sido la actuación de la justicia ante el manto de desolación y muerte de las últimas décadas, en particular en Antioquia.

Con independencia del juego estratégico norteamericano -–no debemos olvidar que fueron ellos quienes entregaron parte de la información a Petro para el debate-– el país necesita justicia, verdad y reparación por los delitos de lesa humanidad que desgarran a miles de colombianos y empañan la conciencia nacional. De lo contrario, sólo estaríamos aplazando el problema e invitando a la intervención de la justicia internacional en un futuro no lejano.

La respuesta del Presidente a las graves sindicaciones contra su familia y sus vínculos con los paramilitares, y contra él como Gobernador de Antioquia durante los años 1995 a 1997, fue la defensa del honor y la dignidad familiar. Con ello pretende devolver al campo de la retórica -–con excelentes resultados si se observan las encuestas de favorabilidad posteriores-– lo que Petro, Pelosi y la bancada republicana sitúan en el terreno penal. Concretamente, ante la pregunta del único periodista extranjero acreditado para participar en la famosa rueda de prensa televisada, a saber, del por qué el Presidente de la República no solicitaba la conformación de una comisión de fiscales que investigara a fondo los hechos y graves sindicaciones hechas en el Congreso, el mandatario contestó con evasivas sobre las buenas costumbres de su hermano y el reconocimiento a su padre como un gran benefactor.

En cualquier país moderno, donde el derecho y no el pensamiento místico gobiernan las mentes de los ciudadanos, denuncias basadas en hechos y testimonios contra altos funcionarios del Estado por participación activa o pasiva en masacres y asesinatos, deben ser investigadas en forma concienzuda e imparcial. Ante ellas sólo la acción de la justicia es la respuesta adecuada y oportuna. El asunto no es simplemente un tema de imagen o de dialéctica. La gravedad de las sindicaciones exige la conformación urgente y prioritaria de comisiones de altísimo nivel en la Fiscalía General de la Nación y otra en la Procuraduría General de la República, para el examen de los hechos denunciados y las actuaciones judiciales adelantadas en los casos del ex general Rito Alejo del Río, Santiago Uribe Vélez, Álvaro Uribe Vélez, el Coronel Mauricio Santoyo, el general Montoya, y demás personas sindicadas de vínculos con el paramilitarismo.

No obstante el problema radica en que el presidente Uribe se sabe en un país premoderno, cuya población se aferra a la creencia y no enfrenta con objetividad los hechos. Internamente el escándalo queda en manos de los medios de comunicación y de las encuestas de opinión. Pero, internacionalmente se exigen actuaciones judiciales que, mediante los procedimientos racionales del derecho, decidan definitivamente sobre la verdad o falsedad de las sindicaciones. Cualquier Presidente amante del Estado de derecho tendría que exigir una investigación a fondo sobre dichas denuncias, más aún cuando se sabe gracias a la prensa escrita, que los paramilitares infiltraron la Fiscalía en Antioquia durante muchos años y eliminaron física o profesionalmente a las personas encargadas de investigar las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Uno quisiera creer en la bondad del Presidente y la generosidad e hidalguía de su familia. Pero los hechos son tozudos: expedientes desaparecidos; investigaciones inexplicablemente precluidas o desviadas; negocios o reuniones sociales con perseguidos por la justicia; muerte de los mejores fiscales; amenazas de los desmovilizados de contar toda la verdad. Sólo las investigaciones objetivas sobre las sindicaciones contra él, su familia, sus subalternos, sus financiadores y apoyos políticos, y las decisiones judiciales definitivas nos pueden devolver la confianza en el primer mandatario. Por el contrario, la actitud evasiva y el recurso a hacer de las acusaciones un asunto de oportunismo político de la oposición (¿más bien suicidio?) sólo ayudan a ahondar las dudas sobre la inocencia de todos los involucrados.

Es hora de que el gobierno despierte ante las nuevas realidades mundiales sobre la globalización de los derechos humanos. La economía y las relaciones internacionales no pueden ya mantenerse al margen de dicha evolución. El condicionamiento de medidas comerciales preferenciales, de beneficios y ventajas económicas, al cumplimiento de estándares morales es un gran avance de la humanidad. El problema de la exigencia selectiva y el uso político de dichos estándares no son argumentos para dejar de respetar tales principios. En buena hora la población colombiana, en particular sus dirigentes y empresarios, ha recibido el campanazo. No habrá crecimiento económico y oportunidades de empleo e inversión mientras mantenga su actitud complaciente y pusilánime frente a las masivas violaciones de los derechos humanos y el sufrimiento humano de millares de víctimas del conflicto.

Por su parte, la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia deben responder al gran reto de ejercer eficaz e imparcialmente sus funciones. Por ahora están en deuda con la opinión pública y en la mira de la comunidad internacional. El Fiscal sigue dando palos de ciego en el caso Noguera, con tutelas y filtraciones a la prensa sobre los pasos que dará a continuación. ¿Dónde está, señor Fiscal Iguarán, la comisión de alto nivel para investigar todo lo denunciado con pruebas testimoniales y documentales por el senador Petro? El señor Procurador, hombre probo, debe saber en el fondo de su conciencia que la decisión más importante de su carrera sería hacerse a un lado y que otra persona asuma la dirección del organismo de control frente al gigantesco desafío que plantea la investigación disciplinaria de miles de funcionarios, no sólo en su región, que por acción u omisión han impedido el esclarecimiento de los hechos de la parapolítica y la atribución de responsabilidades. En cuanto a la decisión de la Sala Penal de la H. Corte Suprema de Justicia de aceptar la renuncia al fuero por parte del ex senador Araujo, ella parece ceñida al derecho y respetuosa del precedente, aun cuando sus efectos amenazan con destruir lo que la misma Sala ayudó a formular: una investigación penal contra organizaciones criminales de gran influencia y peligrosidad. Ello porque desgajar los procesos y asignarlos a fiscales y jueces en las zonas de presencia paramilitar no parece ser la decisión más aconsejable. Pero, lo más grave es la pérdida de la unidad procesal que permitiría ver de forma unitaria y contextual toda la acción criminal. Los vínculos entre los diferentes autores y la modalidad de los crímenes –-concierto para delinquir, masacres, fraude electoral-– ameritarían declarar la acumulación de procesos a muchos niveles para proceder a una investigación integral de lo sucedido.

La estrategia de gobierno, previsiblemente, será la de seguir politizando lo que corresponde a la justicia resolver. Ello se hace mediante la técnica sutil de presión mediática. El tristemente héroe de Invercolsa, Fernando Londoño Hoyos, se dedica a presionar al débil y fotogénico Fiscal acusándolo de orquestar un complot contra el Presidente. Por su parte, los medios de comunicación que viven de la pauta y de la popularidad del Presidente, están ávidos de reemplazar a jueces y magistrados para erigirse en tribunales morales y vehículos de acción política. El Polo Democrático Alternativo debe evitar que lo arrastren en tal dirección. Su papel debe restringirse a poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos y las pruebas, como lo hizo Petro, sin temor a los resultados electorales. Ello porque lo que está en juego no es quien se queda con el triste poder de una nación cuestionada por amparar delitos de lesa humanidad, sino la memoria moral de todos los colombianos y la convivencia pacífica bajo el respeto del derecho.

Frente a la clara posición del imperio del Norte deberíamos ser inteligentes y no iniciar una cacería de brujas. Quienes buscan verdad, justicia y reparación no son apátridas o desleales. La sociedad entera debe unirse en torno a las víctimas, a los familiares de los secuestrados, de los millones de desplazados y exigir el reconocimiento de sus derechos fundamentales. No los negocios, sino la dignidad, es lo que está en juego. La solución inteligente ante la situación internacional debe provenir de la sociedad entera. Debemos exigir a las autoridades públicas estrategias para investigar y condenar prontamente los delitos de lesa humanidad. Tal estrategia supone el conocimiento de toda la verdad. No puede ser que ésta siga siendo utilizada como un arma de chantaje de los cabecillas del paramilitarismo contra presuntos o reales auxiliadores en las altas esferas civiles y militares.

Rodolfo Arango
Profesor Universidad de los Andes

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 60

Corporación Viva la Ciudadanía.

semanariovirtual@viva.org.co 

www.vivalaciudadania.org