Las declaraciones del ex teniente del ejército y paramilitar David Hernández López, habrían llevado en un país con Estado de Derecho a la exclusión inmediata de cuatro grandes jefes paramilitares del proceso de Justicia y Paz, a la detención inmediata del ex general Rito Alejo del Río y el procesamiento de unos y otros por justicia ordinaria como responsables de delitos de lesa humanidad. Por la seriedad, el nivel de detalle y la coherencia de lo relatado por Hernández, tal proceder sería inescapable. Pero nada de ello sucede en un país donde el derecho es rey de burlas, tanto por parte del gobierno y sus apoyos políticos, así como por el propio Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, en el caso del desertor homicida de las FARC.

Los jefes paramilitares han seguido delinquiendo desde la cárcel. Las estructuras político militares y el negocio del narcotráfico subsisten bajo otros nombres y responsables. El plan de exterminio de los paras desmovilizados ha sido confirmado por el ex militar a la Revista Semana. La orden impartida por algunos jefes de las AUC, de liquidar a quienes pudieran convertirse en una piedra en el zapato para el goce de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, explica los más de ochocientos asesinatos de desmovilizados del paramilitarismo. Este es el costo a pagar por el fallo de la Corte Constitucional que exigió la confesión de la verdad so pena de la pérdida de los beneficios. Mientras tanto el gobierno amenaza con la extradición a quienes se han puesto de ruana el régimen penitenciario, a la mejor usanza de la tradición iniciada por Escobar Gaviria en la Catedral. Pero ya sabemos que al gobierno y sus aliados políticos no les conviene extraditar a los cabecillas paramilitares. De hacerlo entregarían información calificada a los estadounidenses y nada impediría, luego de que contaran a los tribunales del país del norte todo lo que saben sobre los vínculos entre paramilitares y más elevadas instancias del poder político, económico y militar del país.

No deja de ser una paradoja que el ex general Rito Alejo del Río, desagraviado por el Presidente Uribe y su Ministro del Interior y de Justicia, sea mencionado por el ex paramilitar como colaborar activo de este grupo al margen de la ley. Paradójico porque gracias a personas como Rito Alejo del Río es posible que la población celebre actualmente el fin del conflicto armado ante el presunto aniquilamiento de la guerrilla. A la misma conclusión llegan los estudios académicos de Claudia López y su equipo de investigadores sobre la expansión del paramilitarismo desde Urabá y hacia el sur de Antioquia y del país, expansión para la cual el ex general habría colaborado activamente. Miradas en su contexto las cosas, el éxito de la seguridad democrática radica en la combinación de las formas de lucha empleada por funcionarios públicos, políticos y autoridades militares para derrotar a la guerrilla. Pírrica victoria la del establecimiento cuando ésta ha sido construida mediante el pleno desconocimiento del derecho, en particular de los derechos humanos y fundamentales.

El respaldo popular a los éxitos de la seguridad democrática refleja la precaria cultura política del país. Según las encuestas, la población respalda en más del 80 por ciento a un Presidente elegido gracias a apoyos políticos vinculados en su mayoría con el paramilitarismo. Jefes del partido conservador, miembros de nuevos movimientos políticos, líderes políticos de las diferentes regiones y uribistas de todas las tendencias se encuentran actualmente procesados penalmente y muchos privados de la libertad por la existencia de graves indicios o de condenas por vínculos con los paramilitares. De los 61 congresistas procesados por parapolítica, 32 senadores y 29 representantes, la inmensa mayoría constituía el apoyo político del Presidente Uribe: 9 Conservadores, 8 miembros de Cambio Radical, 6 del Partido de la U, 6 de Alas Equipo Colombia, 4 de Convergencia Ciudadana y 2 de Colombia Democrática. A los procesados se suman 10 liberales y 3 miembros del movimiento Apertura Liberal.

En una democracia real, que supone la presencia de personas racionales y razonables con sentido de la justicia, cualquier candidato o grupo, cuyo éxito hubiere sido construido a sangre y fuego, sería descalificado políticamente por la opinión. No sucede así en Colombia con el máximo beneficiario de los apoyos brindados por los políticos en el banquillo de los acusados. La sanción moral y política no se ejerce en un país golpeado y asediado por la guerra, donde el anhelo de comodidad se impone sobre la virtud de la justicia.

Los ciudadanos colombianos no sólo son responsables por sus razones pragmáticas y de conveniencia. También y principalmente lo son por su labilidad moral: prestos a condenar la barbarie “mala” atribuida a los terroristas de las FARC, son complacientes ante la barbarie “buena” promovida por los amigos del proyecto de salvación de la patria mediante el desconocimiento palmario del derecho.

Una vieja estrategia de los gobiernos ante conflictos internos es promover la lucha del pueblo contra un enemigo común. Los llamados al patriotismo y al nacionalismo son efectivo instrumento electoral y su uso surte efectos políticos unificadores. La confrontación interna a la subversión se ha hecho extensiva a gobiernos de naciones hermanas, con la complacencia y el aplauso de muchos colombianos. Si bien esta actitud de la población podría intentar excusarse en la dificultad de diferenciar entre la verdad y la mentira en la guerra sucia y de desinformación empleada por unos y otros, lo cierto es que los hechos no se pueden negar: el gobierno colombiano violó el derecho internacional al desconocer la soberanía de un país limítrofe y su jefe máximo tuvo que pedir disculpas públicas por ello en representación de toda la población. Se echaron así por la borda siglos de respeto a la legalidad internacional.

La cereza en la punta del ponqué es el ofrecimiento de recompensas –como en el lejano oeste– a quienes entreguen vivos o muertos a las cabecillas de las FARC. Tal ofrecimiento es claramente contrario a la Constitución. El “pago por muerto” (con o sin mano) tiene un claro objeto ilícito que torna su cumplimiento jurídicamente imposible. En Colombia está prohibida la pena de muerte, al igual que la incitación a cometer homicidio. Una medida así es incompatible con nuestro Estado constitucional y democrático de derecho. Los funcionarios públicos que cumplan su inconstitucional ofrecimiento no solo incurren en una manifiesta violación de la norma superior y en la consecuente responsabilidad jurídica. Adicionalmente revelan un total desprecio por la legalidad y fomentan vicios en la población como la traición, la cobardía y la codicia, causas de la ruina de la república.

Una recompensa por matar a una persona considerada enemiga, por efectiva que sea la medida, no puede conciliarse con el orden jurídico. El premio económico se hace depender de la ejecución de un delito violatorio del derecho fundamental a la vida. Tampoco puede ser acorde con la Constitución y la ley la sorprendente decisión del Fiscal General, cercana al prevaricato por omisión, de no procesar al ex guerrillero que mató a su jefe subversivo. El principio de oportunidad como facultad procesal penal del Fiscal dentro del sistema acusatorio no lo autoriza para arrogarse competencias exclusivas del juez penal al “absolver anticipadamente” al asesino, mediante el no ejercicio de la acción penal, por la existencia de una supuesta causal de justificación de su conducta. Más aun cuando la sevicia del acto –asesinato mientras la víctima se encontraba dormida, en estado de indefensión, su premeditación y la existencia de incentivos económicos apreciables para ejecutar la conducta punible ofrecen claros y objetivos elementos para estructurar, sin mayor compromiso intelectual, los cargos penales necesarios para procesar al ex guerrillero (antes terrorista y ahora héroe, a ojos del gobierno).

Las leyes y decisiones de las autoridades son oportunidades de educación moral de la población. Según la filósofa Martha Nussbaum, las leyes abren un repertorio emocional a la sociedad. Las políticas de recompensas del “buen ciudadano”, de las delaciones y de las interceptaciones telefónicas minan la confianza entre los miembros de la comunidad, instrumentalizan a la persona víctima de la conducta y envilecen al ejecutor. Estas efectivas medidas de lucha prefiguran un mundo en el cual sus sujetos se caracterizan por el engaño, la traición y la deslealtad. Por mucho que nos guste la idea de emplear estos medios para combatir el “mal” (encarnado en las FARC), ninguna razón valedera puede esgrimirse para justificarlos.

Una vez más se presenta al país el dilema de alcanzar éxitos certeros en la lucha armada o respetar el derecho y la moral crítica. En esta disyuntiva el país no debe olvidar que el fin –por superior que sea no justifica los medios. La legitimidad del Estado moderno depende íntegramente de su respeto a los altos valores de la humanidad y a las leyes, así como el correcto funcionamiento de las instituciones públicas. Los colombianos con sentido de la justicia –la honorable Corte Suprema de Justicia a la cabeza saben que la persecución de los infractores de la ley puede y debe hacerse con el pleno respeto del derecho, única garantía que impide que nos igualemos a los criminales.

- Rodolfo Arango. Doctor en Derecho y Profesor. Universidad de los Andes

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org