Sorprende que el presidente Uribe V. no sepa nada del paramilitarismo, como lo recalcó en su singular rueda de prensa para defenderse de los cargos del senador Gustavo Petro, como sorprende también, que lo sepa todo. Si de verdad no sabe nada, ¿dónde ha vivido? Y si lo sabe todo, ¿quién viene siendo el señor Presidente?

Lo primero, su desconocimiento, es inverosímil en un combatiente —como él mismo se define—, y en quien fuera gobernador del departamento de Antioquia en pleno auge del paramilitarismo.

Lo segundo, la omnisciencia de todo el fenómeno paramilitar sería también sorprendente. Que el Presidente lo sepa todo, de cabo a rabo sobre la parapolítica, y no se haya pronunciado, lo deja por lo menos, como un encubridor, como la gran solapa de uno de los actores de la violencia.

En la última Cátedra Colombia de la Universidad militar Nueva Granada el Presidente confesó su tentación así: “He dicho, apreciados compatriotas, que yo habría tenido la posibilidad de hacer una alianza subrepticia con el paramilitarismo. De mandarle por allá un mensaje, como se acostumbra en esos correos politiqueros. Y decirles, no más masacres, ayuden a derrotar las Farc y el ELN” (Cátedra Colombia, Universidad Nueva Granada, 07-05-2007).

Lo que un Estado sabe o conoce subrepticiamente se convierte en información útil y secreta para la defensa de sus propios intereses, los del Estado. En el caso colombiano debe ser para el cumplimiento de los fines constitucionales del Estado Social de Derecho.

La inteligencia estatal está definida como "el producto resultante de la recolección, evaluación, análisis, integración e interpretación de toda la información disponible concerniente a uno o más aspectos de naciones extranjeras o áreas de operación que son inmediatamente o potencialmente significativas para el planeamiento” (Diccionario de Términos Militares de Uso Conjunto, de los Estados Unidos de América).

La inteligencia estatal interna es una actividad administrativa, extraordinaria, generalmente policial (en países sin conflicto armado) que tiene controles públicos y debe estar ceñida a la Constitución y a la ley. Es una actividad reglada que obedece a planes y tiene un producto que es el conocimiento, la información y el análisis puesta al servicio de los fines del Estado. Es distinta a la labor de inteligencia de los Estados totalitarios en donde el Jefe de Estado la maneja con absoluta discrecionalidad, siguiendo sólo su arbitrio e intereses y sin dejar huellas de la actuación, una inteligencia sin controles públicos.

Uno de los controles que tiene la inteligencia estatal es el político, control que está en cabeza del presidente, de los ministros, de los gobernadores y de los alcaldes.

La inteligencia estatal es una actividad extraordinaria porque siendo una actividad “pública”, dentro de un Estado democrático, utiliza el secreto, emplea fondos reservados aunque sometidos a un régimen especial. La inteligencia estatal como todas las otras actividades del Estado busca la realización de los derechos de todas las personas.

La inteligencia estatal no es para espiar a la oposición bajo el pretexto de defender los altos intereses de la patria o para desarrollar la guerra preventiva.

El Artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Ley 16 de 1972) establece en sus numerales 2 y 3 que:

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Pero, la inteligencia estatal en Colombia tiene gravísimos cuestionamientos que están siendo tramitados por la Fiscalía General de la Nación que procesa judicialmente al ex Director del Departamento Administrativo de Seguridad Jorge Noguera por vínculos con el paramilitarismo.

Además, el presidente Uribe V. ha dicho públicamente lo que los servicios de inteligencia le han informado en privado del quehacer de la oposición. Los servicios de inteligencia (civiles y militares) se usan en Colombia para espiar a la oposición, a los aliados, a la prensa y a los otros poderes. El gobierno de la seguridad democrática ha convertido la inteligencia del Estado en inteligencia de proselitismo político. Es una inteligencia sesgada, que ve lo que le interesa ver.

El plus político del Presidente está en su inteligencia, pero no en la de su cacumen, sino en la que le suministra el DAS y el ejército. Con ellas ha hecho su carrera, con ellas hace proselitismo político, se atornilla en el poder y controla a la oposición y a sus aliados.

Tres dedos de frente se necesitan por ejemplo para saber que al senador Gustavo Petro, su principal opositor lo quieren matar, lo van a matar, por ser un terrorista de civil, un guerrillero cobarde y de cafetería, por quitarle el velo al Estado comunitario y mostrar el régimen mafioso. Se sabe que hay diez hombres en Bogotá emplazados con alta tecnología para perpetrar el crimen, que van a ofrecer 500 millones de recompensa, que la Fiscalía condenará a unos responsables que después de 10 años serán exonerados, y ya está lista también la encuesta en donde el Presidente subirá dos puntos en aceptación.

El presidente Uribe V. después de consumada toda la operación encubierta dirá que no sabía nada, que la inteligencia estatal no le informó nada, que fueron las Farc, o un comando bolivariano, o los paramilitares o la mafia. Que habrá una exhaustiva investigación, que el año entrante los homicidios de petros bajaran en un 100% gracias a la seguridad democrática. Será el comienzo entonces de lo que otrora se llamará el “remate final”.

El senador Gustavo Petro vive la Crónica de una muerte anunciada, camina hacia la muerte, es autor de la mácula del régimen mafioso; su actividad parlamentaria es una amenaza a los altos intereses de la patria, que son los intereses de quienes quieren llegar muy alto, de un poder emergente que se blanquea con la intimidación y la violencia.

Medellín, 8 de mayo de 2007

- Rafael Rincón, Director del Consultorio de Derechos y Gobernabilidad háBeas Corpus
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