Los escándalos mediáticos de las últimas semanas han visibilizado con mayor fuerza las dimensiones nacionales de la llamada “parapolítica”, situando el tema en un punto fundamental: existe por una parte la posibilidad de continuar aplicando la sanción jurídica a los políticos nacionales y regionales involucrados y de adelantar un proceso nacional de verdad y responsabilidad política, o sencillamente dejar que el tema muera en el tiempo y se estabilice a tal punto que en unos años, la herencia de la parapolítica en las regiones, e incluso a nivel nacional, sea vista por la opinión pública como la situación normal y predominante en el ejercicio político.

En el primer caso, –-tal y como se ha demostrado-- aparecerán otros nombres y responsabilidades no sólo de políticos, sino también de funcionarios públicos, empresarios y militares, y se abrirá la puerta para lograr asignar por primera vez en la historia responsabilidades políticas colectivas a la alianza legalidad – ilegalidad para el copamiento de la institucionalidad pública colombiana. El segundo de los casos omitirá de la historia política nacional una situación dolorosa, victimizará nuevamente las ya abandonadas víctimas de la violencia paramilitar, y perpetrará en el tiempo un fenómeno que dentro de unos años ya no podrá tener salida. Este segundo panorama parece ser el que prefieren amplios sectores gubernamentales, incluido el propio ejecutivo nacional que apuesta más por un escenario de olvido que por uno de responsabilidad histórica.

Recientemente, el 14 de mayo del presente año, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia dictó orden de captura contra cinco congresistas más, un representante a la cámara y un funcionario público. A lo largo del proceso, de 21 congresistas que han sido llamados o vinculados de alguna forma a las investigaciones de la parapolítica, 13 se encuentran encarcelados y 15 políticos más han sido solicitados por la fiscalía por la firma del pacto de Ralito (1). Esto puede mostrar que el proceso jurídico frente a los señalamientos de la parapolítica continúa y que existe una disposición de algunos estamentos institucionales por mostrar intención de justicia entre quienes fueron beneficiarios directos de la alianza con el paramilitarismo, pero que aún estamos lejos de encontrar salidas al fenómeno más estructurales y que apunten al establecimiento real de responsabilidades políticas concretas: hasta el día de hoy los grandes impunes siguen siendo los partidos políticos que cobijaron y que probablemente cobijen para este 2007 a los políticos que recurrieron al paramilitarismo para permanecer o emerger en el poder político.

Días antes de dictar medida de aseguramiento, el 11 de mayo, la Corte había llamado a Ciro Ramírez a rendir versión libre por sus vínculos con el narcotráfico. El llamado de la Corte fue dado después que se hizo pública la conversación que hace dos años mantuvo el senador con el narcotraficante Eduardo Restrepo Victoria, alias “El Socio”.

Como la mayoría de los señalados, los argumentos que se esgrimen a su propio favor, van desde la justificación de viejos y tradicionales clientelismos regionales, hasta negar conocimiento de reuniones, alegar amenazas o culpar la ausencia del estado en las regiones, aún cuando estamos hablando de los representantes estatales ante ellas.

En el caso de Ciro Ramírez, la vinculación al proceso por relación con el narcotráfico no es distante del paramilitarismo, como algunos sectores han señalado, máxime teniendo en cuenta que el paramilitarismo ha estado desde sus orígenes profundamente imbricado con el narcotráfico, incluso construyendo varios de sus grandes frentes a partir de ejércitos privados de narcotraficantes en varias zonas del país. La relación en este caso es también directa, y constituye un capítulo más que deberá abrirse en la continuidad del proceso.

Aún a pesar de la gravedad de los últimos acontecimientos, la posición del ejecutivo es contradictoria, fragmentada y laxa con el problema que se ha presentado. Curiosamente, fueron las declaraciones de Francisco Santos, después desmentidas vergonzosamente por Álvaro Uribe Vélez, las que aseguraron que entre 30 y 40 congresistas más serían involucrados en el tema de la parapolítica, aunque la palabra final la dio el ejecutivo al pedirles disculpas a los congresistas de su bancada por tal señalamiento.

Pero sin duda alguna, la noticia de la semana, que durante varias semanas más paralizará a la opinión pública, fueron las declaraciones del desmovilizado jefe paramilitar Salvatore Mancuso, primero en entrevista con Natalia Springer, donde según la entrevistadora, 70 congresistas podrían ir a la cárcel, y posteriormente en su versión libre del 15 de mayo en las cuales reveló, justificó y explicó el origen del “paramilitarismo de Estado”. Las declaraciones de Mancuso le dieron nombres a la opinión pública, le presentaron alianzas, reuniones, aumentaron el acerbo probatorio contra los que antes eran honorables y honestísimos personajes de la vida pública nacional. Pero más allá de ello, ratifican lo que ya había sido mencionado en investigaciones anteriores como la de Claudia López o la Corporación Nuevo Arcoiris, que describían puntualmente el fenómeno de la parapolítica y se arriesgaban a lanzar tesis importantes sobre el cómo y el porqué se gestó la alianza entre paramilitares y políticos.

Es precisamente ante esta noticia, ante las declaraciones de Mancuso en su versión libre, ante las que haremos un análisis un poco más profundo sobre las intenciones de sus señalamientos, la verdad que se vislumbra en la argumentación del “paramilitarismo de Estado” y la posibilidad que se abre o se cierra de establecer responsabilidades políticas reales ante la ampliación de congresistas involucrados en la parapolítica.

Los Nuevos Señalados, llamados o detenidos en el escándalo de la parapolítica

En estudios anteriormente publicados, la Corporación Nuevo Arcoiris había encontrado una lista de 83 parlamentarios que obtuvieron beneficios políticos en las zonas de la gran expansión paramilitar que se generó entre el año 2001 y el 2004. La totalidad de los parlamentarios hoy involucrados se encuentran en esa lista. Pero más allá de ellos, no puede entenderse esta vinculación sin establecer el marco del pacto entre paramilitares y políticos en las distintas guerras regionales que lograron ganar, con miles de víctimas y en detrimento de cualquier posibilidad de desarrollo público de las regiones donde hacían presencia.

La presencia del paramilitarismo en las regiones fue la excepcionalidad que se convirtió en regla, el ilegal que se convirtió en estado por la vía de la alianza con sectores políticos tradicionales y con la emergencia de otros sectores aliados con su proyecto de nación, que favorecieron el desfalco de la administración pública y el establecimiento del gobierno de los privados – armados en más de doce departamentos del país. Las nuevas inclusiones en el escándalo, que vinculan altos dignatarios del gobierno también deben entenderse en ese marco de alianza, el “pacto de refundación de la patria” que llama Mancuso para explicar la imbricación del estado en el origen, características y funcionamiento del aparato paramilitar.

Aún así, el soporte político de esta alianza, que hizo posible que 83 políticos nacionales y muchos más políticos regionales y locales fueron los partidos políticos –-inicialmente los dos partidos tradicionales-– y en el período de gran expansión, 70 partidos pequeños restantes que hoy en día se encuentran concentrados, o reciben el aval formal, de 9 partidos medianos, grandes o en expansión. Desafortunadamente no se han generado propuestas serias que le quiten al fenómeno paramilitar definitivamente el apoyo político de las colectividades organizadas.

Esto trae consecuencias como que actualmente un señalado como Martín Orlando Carreño sea candidato a la gobernación de Santander, con altas probabilidades de ser electo, que Alfonso López Cossio vuelva a ser candidato a la gobernación de Bolívar, y que se repita la situación en la cual el 80% de las alcaldías de Córdoba se encuentren bajo el control paramilitar, se presenten candidaturas únicas, asesinatos de políticos de oposición a la hegemonía armada, o incluso suplantaciones masivas de votos y elecciones por fraude. Desafortunadamente, Mancuso visibilizó cuán delicado y cuál es el alcance de este escándalo parapolítico, al que le faltan más de la mitad de congresistas involucrados por judicializar, y un 90% de los gobiernos locales implicados. Pero el blindaje contra la parapolítica regional que viene en las elecciones del 2007 sólo será posible si se establecen paralelas a las responsabilidades jurídicas individuales, responsabilidades colectivas, cuyo sujeto principal de verificación, observación y veeduría sean los partidos políticos, incluso los que intentan escapar a la reforma política del 2003 mediante la recolección de firmas como el MPU (Movimiento popular Unido) en el Chocó y el Valle del Cauca, que no ha desaparecido como colectividad, sino que simplemente utiliza formalmente el aval de Cambio Radical como fachada nacional, operando con la propia a nivel regional y local.

Julio Manzur (presidente del Directorio Conservador), Vicente Blel, Eleonora Pineda, Mario Uribe, Miguel de La Espriella, Muriel Benito Rebollo, Zulema Jattin, Reginaldo Montes, Salomón Náder, Musa Besaile, Jesús María López, Libardo y Juan Manuel López Cabrales, Alfonso López Cossio, Libardo Simancas, Javier Cáceres y Rocío Arias fueron señalados nuevamente por Mancuso como parlamentarios de la alianza, del pacto de “refundación” que se gestó en Ralito. La familia Gnecco Cerchar, Libardo Simancas (Gobernador de Bolívar), Alfonso López Cossio (nuevamente candidato a la gobernación de Bolívar), Alfonso Ilsaca, Juan José García (esposo de la senadora Piedad Zuccardi) y Jesús María López, fueron señalados en la parapolítica regional. Salomón Feris Chadid (alias 08), el también desmovilizado Andrés Angarita, los alcaldes de Tierralta, Sigifredo Senior; de Buenavista, Ferney Bertel; de Montelíbano, Moisés Nader; de Lorica, Rodolfo Montes; de San Carlos, Wilson Arguelllo; de San Antero, Martín Morales; de San Bernardo del Viento, Wilson Necrete; de Chimá, Carlos Rodríguez; de Ciénaga de Oro, René Burgos y de San Andrés de Sotavento, Carlos Casado, de Puerto Libertador, Julio Sánchez; de Ayapel, Pedro Julio Márquez; de Sahagún, Pedro Otero; Mario Prada, ex alcalde de Valencia y ex candidato a la Gobernación; Julio Álvarez, ex alcalde de Chinú y Pablo Vergara, de Puerto Escondido, también fueron mencionados como parte de la gran red de apoyo de los paramilitares.

Departamentos como Sucre y Córdoba, se visibilizaron como completamente copados en sus aparatos públicos, y otros como Bolívar y Magdalena en gran parte de sus alcaldías y su gobernación. Otros departamentos como la Guajira y Casanare no han sido suficientemente estudiados, pero presentan situaciones similares que preocuparían a cualquier democracia sana y descentralizada. Sin embargo, la salida gubernamental ha sido acudir a argumentos metafísicos sobre la importancia de la nación y la fortaleza institucional, para minimizar o incluso justificar el problema.

A pesar de la mención de nombres y alianzas, en este último argumento se inscribe la versión libre de Mancuso. El pacto de “refundación de la patria” es el objetivo último de la parapolítica, frente al cual la salida judicial no es suficiente. Un objetivo de esta dimensión, en desmérito de la democracia local, que propugne por la apropiación de la esfera pública nacional y regional con fines privados, y por vía armada, es suficientemente preocupante para establecer una alerta más fuerte sobre una democracia enferma, que desprecia a las regiones y las utiliza como plataforma de grandes intereses privados que se representan en la altísima brecha riqueza – pobreza y el atraso en desarrollo de las regiones de influencia paramilitar.

El Pacto de la Parapolítica para “Refundar la Patria”

Puede entenderse de diversas maneras la instauración de un pacto fundacional en las sociedades, apuntando a la creación de un fundamento metafísico al cual apelar a la hora de determinar aspectos ya funcionales de la democracia representativa. El pacto social es entonces la representación misma de lo incuestionable al hablar de la idea de democracia.

Incluso en el establecimiento de dictaduras, la representación política ejerce como principio de legitimación, mediante el cual aparentemente “el pueblo” en ejercicio soberano rechaza libertades y se manifiesta o aprueba el recorte de libertades y derechos. Las declaratorias de estado de excepción, apelan de la misma forma a principios de representación política para legitimarse, esta vez como fundamentos metafísicos, así más adelante, la misma representación –-pero esta vez como derecho-– sea suspendida.

Puede decirse que Colombia ha vivido un proceso similar, con un agravante, y es que la suspensión en las regiones del derecho de representación se dio mediante vía armada, masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos masivos y redoblamientos de regiones enteras (como en el caso del Magdalena Medio) para después estabilizar un poder privado de facto, con fácil acceso a la representación política. Este es el pacto para “refundar la patria” que explica por qué en muchas regiones, las tierras usurpadas a campesinos sean hoy usadas por prestantes madereras o para cultivar palma africana. En la medida en que la violencia paramilitar se estabilizó, se dio paso al copamiento institucional que brindó toda la infraestructura necesaria para el mantenimiento de esos poderes de facto, que hoy están auto-justificados en el discurso de la versión libre de Salvatore Mancuso, e incluso mencionados en la financiación que según la versión, dieron empresas como Hyundai, Expreso Brasilia, Coopetran, Postobón, Bavaria, Ecopetrol Carbones Del Caribe, La Bananera Chiquita Brand, Doll, Proban, Delmonte, Banacol, Uniban, Ocensa, Made In Italia, Mtbase, Multifrutis, La Drummond, Pesquera Vikingo, Restaurante L’Etnoteca, Sagem, Salud Total, Solsalud, Metodos y Sistemas y La Lotería de Bolívar.

Giorgio Agamben, lo había caracterizado anteriormente para explicar cómo estos poderes excepcionales de facto terminan por convertirse en regla indiscutible:

“El totalitarismo moderno puede ser definido, en este sentido, como la instauración, a través del estado de excepción, de una guerra civil legal, que permite la eliminación física no solo de los adversarios políticos, sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables en el sistema político”2.

Es precisamente en ese momento en el cual la excepcionalidad logra detener indefinidamente los derechos de los ciudadanos al consignarse como un espacio vacío a lo cual anotamos nuevamente que ese tránsito no es de ninguna forma un proceso neutro y pacífico, sino por el contrario violento y homogenizante. El tránsito de la excepcionalidad a regla ordinaria, a demás de violento, necesita de la suspensión del derecho para garantizar la permanencia del orden hegemónico imperante. La parapolítica en las regiones logró hilar de esta forma, una historia de hechos políticos irrefutables e incontrovertibles donde brilla la falacia de la representación política del paramilitarismo, sin que el poder constituyente siquiera sea convocado como poder real3.

Sin embargo, en las declaraciones del desmovilizado jefe paramilitar Salvatore Mancuso, las menciones a los congresistas, más que tener la intención de verdad como recuperación de la memoria, son un llamado claro: Se está llamando a quiénes compartieron el pacto, a una defensa pública, a una justificación nacional en la cual se defienda y justifique la existencia del paramilitarismo en las regiones, no se asigne responsabilidades estatales, sino que se explique y justifique la necesidad de la generación de este pacto, y que incluso por encima de la sanción jurídica, presentarse ante la opinión pública como una consecuencia más de un fenómeno nacional ante el cual el olvido en los anaqueles de la historia sea la única alternativa.

Las declaraciones de Mancuso no arriesgan nada nuevo a lo que por años se denunciaba por víctimas y organizaciones sociales respecto al papel del estado como generador y responsable del origen de grupos paramilitares, la concuspicencia con el ejército, los entrenamientos de estados unidos, etc.

Sin embargo niega u omite de la historia el momento en el cual comenzó a operara el paramilitarismo como lo conocemos hoy, imbricado profundamente con el narcotráfico desde su origen formal, y con la clara intención de copamiento paulatino del estado en las regiones.

En nuestro débil estatuto ético, Mancuso consideró más importante al narrar su propia génesis, escindirse del narcotráfico que negar los miles y miles de homicidios de civiles, cosa que en el juicio de muchos colombianos resulta más grave que el delito de traficar cocaína.

Pareciera que frente a los escándalos de congresistas y políticos involucrados, se tratara de justificar en la doctrina de seguridad nacional la alianza de los políticos en el susodicho pacto, como si la clase política dirigente, representante por décadas del estado fuera una víctima y no un actor generador y activo del fenómeno; cómo si hubiera sido obligada desde su más temprana infancia seguir intereses privados, narcotraficantes e incluso favorecer masacres y asesinatos para acceder o mantener el poder local.

Y una cosa aún más grave: se trata de ocultar que en los últimos dos períodos legislativos, el marco normativo y jurídico emanado del congreso de la república, con una infiltración altísima legisló, aprobó normas, presupuestos y dictó la ley en función de esos intereses privados – armados que resultaron profundamente favorecidos, al igual que la clase política y los partidos políticos que de allí se fortalecieron.

Si bien es cierto que el proselitismo paramilitar hasta principios de los noventas estuvo en manos del ejército nacional, después de esta fecha realizó una alianza más bien nefasta por una parte con ejércitos privados de otro tipo, y con la clase política tradicional, beneficiaria –-no víctima-– de la alianza con el paramilitarismo.

Salta a la vista la duda de qué tipo de trabajo realizaba Eleonora Pineda para las AUC, cuánto dinero se extrajo de las finanzas públicas de los departamentos que se mencionaron, qué tipo de negociación hubieran podido hacer las regiones con las multinacionales que utilizaron el paramilitarismo para evadir los normales conflictos sociales y políticos de sus entradas en cualquier país y cómo hubieran sido esos términos sin la intervención de las AUC. Evidentemente la reparación debe ir mucho más allá de la reparación individual a las víctimas; son regiones enteras en las cuales debe ser reconstruido el aparato público, la institucionalidad local y regional como soporte del desarrollo; son territorios enteros que fueron desfalcados y sobre explotados bajo el auspicio de las AUC, que esperan al menos una retribución decente por lo que tuvieron que vivir en los últimos años.

Es bien cierto que la clase política no recibió “culatazos” de ningún tipo para plegarse al pacto de refundación, así como hoy en día buscan argumentaciones flexibles para hacer un tránsito fácil de beneficiarios a víctimas. El apoyo a la expansión del poder paramilitar se dio –-según Mancuso-– en TODAS las instituciones, se les cedieron en las regiones la salud y la educación, con desmérito del derecho a la salud y educación de la población en sus municipios de control y con grandes beneficios de legitimación para su propio proyecto político. 25 de los 28 municipios de Córdoba fueron desfalcados en salud y educación sin que el país nacional se percatara de lo que estaba sucediendo.

Esa misma clase política llegó incluso a hablar con las AUC de un golpe de estado fraguado desde el copamiento político institucional que tuvieron gracias a la complacencia de los partidos políticos y la clase política, se expandieron en ciudades capitales como Bogotá, generando asesinatos selectivos y copamientos territoriales de frontera que contribuyeron en gran parte a la expansión y consolidación del monstruo.

De esta forma, esa clase política –-sea tradicional o emergente-– que continúa extendiendo sus redes en las regiones para las elecciones del 2007 (Dieb Malof continúa teniendo cuotas en la alcaldía de Barranquilla) supera los 83 congresistas señalados, los 21 judicializados de alguna forma, así como los diputados, alcaldes, gobernadores y concejales involucrados en el pacto de refundación de la patria. Aún así, para este año, en el cual los colombianos demócratas nos jugamos el todo por el todo, los emergentes y los tradicionales se encuentran actualmente –-con el auspicio de esos mismos partidos políticos-– que no han sido desmantelados, sobre los cuáles no pesa ninguna responsabilidad, pretenden conservar y mantener el poder local que ganaron y consolidaron bajo la nefasta y macabra alianza legalidad – ilegalidad en nuestras regiones.

Parapolítica y partidos políticos: cómo avanzar hacia la responsabilidad colectiva

Actualmente hacen carrera política ex militares sindicados de crímenes de lesa humanidad, sin que los partidos políticos se hayan pronunciado al respecto. El sindicado Alcalde de Cúcuta parece no saber que su movimiento Colombia Viva ha sido una de las principales cobijas de gran parte de los políticos involucrados, incluyéndolo a él. El alcalde de Quibdo no tiene la menor idea de cómo llegó a expandirse en el Chocó el partido del hijo de la gata --Apertura Liberal-– al cuál él pertenece. Nadie da respuesta de por qué el MPU continúa haciendo proselitismo político en el Valle del Cauca, y Alas Equipo Colombia tampoco presenta preocupación alguna por sus miembros involucrados, ofreciendo su aval de partido a quienes continuarán con lo pactado: el copamiento de la institucionalidad pública local a ratificar en las elecciones del 2007. Ni hablemos de Convergencia Ciudadana, el fenómeno político más atípico en el país cuando de partidos políticos estamos hablando.

Precisamente en los focos más recrudecidos del Conflicto armado para el 2006 y 2007 se generan más alianzas políticas de estos partidos que no han tenido la más mínima responsabilidad con el país y que por el contrario, continúan buscando figuras no señaladas pero igualmente comprometidas, para mantener el poder local.

El Presidente del Directorio Conservador resulta involucrado, y su partido no se pronuncia. De igual manera, el partido de la U tampoco tiene una respuesta que implique responsabilidad colectiva, ni Cambio Radical, ni Colombia Democrática --partido del primo del Presidente de la República-– han presentado propuestas, ni tampoco el país puede esperarlas.

De algunos de los partidos políticos con candidatos involucrados es necesario exigir un pronunciamiento colectivo de responsabilidad: el directorio del Partido Liberal debe pedir perdón público por la operación avispa que le abrió la puerta en los noventas a grupos ilegales para que ingresaran a la política local y nacional. De igual manera debe hacerlo el Partido Conservador al explicar la inclusión de una serie de candidatos dudosos en función de su crecimiento. El Partido de la U tiene también una responsabilidad de excusas públicas cuando gran parte de sus miembros sean mencionados; no en vano es el partido el dueño de la curul y el responsable de la conformación de sus listas. De la misma forma se requiere exigir pactos en la conformación de las listas del año 2007, para este tipo de colectividades.

Sin embargo partidos políticos como los que se están rearmando en las regiones no pueden tener aval de estos partidos grandes, aunque es seguro que colectividades como Apertura Liberal, Convergencia Ciudadana, Alas Equipo Colombia, Colombia Viva, Colombia Democrática, estarán sumamente complacidos de aceptar en sus listas los políticos involucrados que pretenden presentar listas a la gobernación, alcaldías, asambleas y concejos.

No se trata solamente de advertir el hecho de tener una democracia en riesgo por una equívoca decisión de mayorías, sino precisamente porque no existe tal. El número de congresistas, empresarios, políticos locales, alcaldes y concejales involucrados es un síntoma más que claro de que la enfermedad ataca la representación política como principio fundamental de las sociedades democráticas.

Nuestra representación sucumbió ante el pacto de “refundación de la patria”, fue vilpendiada, manipulada, suspendida a favor de la nefasta alianza legalidad – ilegalidad que se encuentra en el trasfondo del escándalo de la parapolítica y frente al cual, la responsabilidad colectiva tiene que ser una salida coherente y paralela con el proceso jurídico al que están sometidos varios políticos nacionales y locales. El momento es crucial en tanto se corre el riesgo –-ya hoy-– de que a fuerza de saturación de información, de crecimiento del fenómeno, éste se estabilice en el tiempo, como lo presenta Mancuso en su declaración justificatoria, o que incluso se llegue al triste escenario en que la cantidad de sectores involucrados sea soporte para que en un panorama futuro, se repita la parapolítica, sin haberse adelantado proceso alguno de verdad, justicia o reparación con las víctimas, pero también con esas saqueadas regiones.

Nota
(1) Datos extraídos del sistema de información de conflicto armado de la Corporación Nuevo Arcoiris.

- Laura Bonilla, Directora Observatorio Conflicto Armado. Corporación Nuevo Arco iris


Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 62
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org