El sofisma del orden público
La necesidad de un análisis contextual frente a las Asonadas de las elecciones regionales
16/11/2007
- Opinión
Un día después de finalizada la jornada electoral del 28 de octubre, los pobladores de una buena cantidad de municipios despertaron con una sensación amarga que se contraponía al triunfo generalizado que pregonaban varios partidos y dirigentes políticos respecto a la forma en la cual se desarrollaron los comicios, y por supuesto a los resultados de los mismos.
Mientras muchos de ellos se autodenominaban los grandes triunfadores de la jornada, en el Tarra –Norte de Santander– algunos habitantes encontraban votos incinerados y en la basura que les generaban una sensación de profunda desconfianza, incrementada por la escasa diferencia de dos votos en la proclamación de un alcalde ganador. Más al sur, en el municipio de Inzá (Cauca), tanto indígenas como colonos campesinos se sorprendían de los resultados arrojados a la alcaldía.
Estas situaciones no son nuevas en ningún momento en Colombia, lo que diferenció el año 2007 de otros fue la reacción de la población municipal, aquella que hasta hace cuatro años no había sido tenida en cuenta en la mayor parte de evaluaciones.
El propósito de este artículo es analizar esta reacción desde la perspectiva de los movimientos sociales, intentando aislar el análisis de los juicios de valor, y acercarlo a los contextos históricos y sociales que produjeron las llamadas “asonadas” contra los resultados electorales.
Las diferencias con el año 2003
Las elecciones departamentales y municipales del año 2003 consolidaron en Colombia el copamiento de la institucionalidad pública por parte de la alianza entre sectores y élites políticas y grupos paramilitares, en alrededor de un 30% del territorio nacional[1]. Adicionalmente, este tipo de estrategia modificó a profundidad el mapa político nacional en las regiones más ricas y estratégicas del territorio, iniciando en 1997 y teniendo su punto culmen en el año en mención.
Aún así, fueron necesarias investigaciones de corte nacional y la intervención de la Corte Suprema de Justicia para que el país nacional volteara la mirada hacia el país de regiones. Pese a los grandes esfuerzos por una comprensión más detallada de la dinámica municipal, los grandes debates y posturas siguen girando en torno a generalizaciones superfluas como las presentadas con posterioridad a los comicios.
Tanto en el año 2003 como en el 2007, la postura justificatoria del gobierno nacional frente a las advertencias que realizaba la sociedad civil, fue minimizar los problemas en función de cálculos de población y de porcentaje de municipios afectados. Desafortunadamente la discusión termina por convertir territorios con problemáticas complejas en un dato abstracto que desvía la atención de la situación que vive la población en estas zonas, y que además puede estar sujeta a multiplicidad de interpretaciones no necesariamente certeras.
Si enfocamos el análisis en su justa dimensión e interpretamos los resultados y los hechos posterior a las elecciones con relación al municipio en sí y a la región, desde una óptica de reconocimiento de la importancia de la gobernabilidad municipal, la democracia local y una perspectiva reivindicativa de los derechos políticos, este tipo de argumentos caen por su propio peso. Otros son los significados en el trasfondo que hay que observar, cada caso debe ser observado con cierto nivel de detalle, sin perder de vista la necesidad de recuperación para lo público de lo que hasta hace cuatro años era monopolio de privados armados con funciones de Estado.
Una de las diferencias importantes de estas elecciones regionales con respecto a las pasadas, es el tipo de movilización posterior a los comicios, que independientemente de la forma, es expresión de una serie de factores y desconfianzas, una historia municipal particular y algunos cambios en la percepción de la población frente a los procesos electorales. Las movilizaciones (incluyendo las que acudieron a vías de hecho) en cuarenta y cinco municipios fueron una sumatoria de inestabilidad institucional, desconfianza, historias anteriores de fraude o manipulación de votación, alianzas legales – ilegales para el ejercicio político, pero al mismo tiempo son la representación de una suerte de despertar por parte de los electores ante la potencial vulneración de sus derechos políticos.
No es por la impecable estabilidad política nacional que no se habían registrado manifestaciones de este tipo hace casi cincuenta años, es precisamente porque sectores municipales, acostumbrados por una parte al mito de la democracia estable, pero por otra a la lentitud de las instituciones en dar respuesta a las quejas y demandas, lo que evidencia una serie de fallas estructurales en el sistema político colombiano, que se inscriben a su vez en la precaria relación centro – periferia en lo que a reformas normativas se refiere.
Las Movilizaciones sociales posteriores al 28 de Octubre[2]
Si bien puede tener un nivel de razón el argumento de que este tipo de movilizaciones estuvieron auspiciadas por candidatos perdedores que difirieron de forma violenta de los resultados arrojados por la Registraduría, esta situación no deja de tener relación con una desconfianza profunda de la población frente al sistema electoral, máxime cuando en los municipios en los cuales se presentaron, las diferencias entre candidatos son mínimas. Resulta bastante delicado no comprender que una situación de polarización política en un contexto de normativas no aceptadas suficientemente por la población para lograr un nivel de respeto de las reglas de juego representa una falencia sistémica estructural a la hora de pensar en aplicación de reformas políticas o modificaciones del sistema electoral colombiano.
Observemos algunos casos puntuales que ejemplifican esta tesis:
En el departamento del Atlántico estas movilizaciones se generaron en Galapa, Malambo y Puerto Colombia. Mientras en el primer y tercer municipio las movilizaciones y protestas se realizaron de forma pacífica, en el segundo y en el cuarto se registraron ataques y cierres de vías. Los candidatos en disputa por estas alcaldías se encontraban entre Cambio Radical, el Partido de la U, Apertura Liberal y Alas Equipo Colombia, todos ellos con al menos uno de sus dirigentes nacionales y/o regionales vinculados al escándalo de la parapolítica. De esta forma, en el contexto particular del departamento del Atlántico, no se trata de una ampliación de la polarización nacional gobierno – oposición, sino de otro tipo de disputa que amerita una observación detallada del territorio en el cual se produce. En este aspecto, la desmovilización de las AUC, la situación actual de los jefes paramilitares y las bandas emergentes con pretensiones de acceso al poder local, han situado la competencia por el acceso a las rentas municipales entre facciones o sectores de las antiguas autodefensas confederadas que al día de hoy no responden a un mando único. En la región de la Costa norte, la movilidad de sectores afines, la recomposición de las alianzas entre políticos y sectores armados y la emergencia de otro tipo de actores sociales contribuyen a la inestabilidad de la democracia municipal.
La misma tesis podría explicar el caso de Gamarra, en el Cesar, donde se enfrentaron Convergencia Ciudadana y Alas Equipo Colombia, pero donde también en el año 2006 las disputas entre bloques de las autodefensas dieron como resultado un dirigente político asesinado y la recomposición política de Aguachica como puerto seco de tránsito en el sur del departamento.
Con algunas diferencias podría tratarse el caso del Magdalena, en el cual se tejieron varias de las redes más importantes de la parapolítica regional y nacional. En Algarrobo, Chivolo, Plato, Santa Ana, San Zenon y Tenerife es posible que varias de las protestas registradas obedezcan al descontento ciudadano ante la posibilidad de repetición de los fraudes registrados en años anteriores, registrando incluso varios heridos en medio de los disturbios. De la misma forma, lo que se percibe en estos departamentos es una recomposición de los mapas políticos que se complementa con la forma en la cual se distribuyeron los avales partidistas en varias zonas del país. De esta forma, clases emergentes y tradicionales de la política local se distribuyen nuevamente el poder local, con una sensación de desasosiego por la inminente continuidad del fenómeno de copamiento de la institucionalidad pública por parte de actores armados.
Hemos tomado estos departamentos como casos representativos de una situación que se replicó a nivel nacional, para evidenciar cómo cada tipo de contexto puede ejemplificar un panorama distinto a nivel político, relacionado incluso con las nuevas dinámicas del conflicto armado y la recomposición de actores al interior del mismo.
Algunas anotaciones para concluir
Lo que es definitivamente inaceptable es la generalización de protestas sociales como meros problemas de orden público, y en la misma lógica el desconocimiento de los contextos particulares. No puede convertirse en una estadística simple aquello que determinará configuraciones diferenciales de poder político durante cuatro años, de las que depende la suerte de poblaciones y asentamientos completos a nivel municipal y regional. Un segundo punto importante a tener en cuenta es la presencia de una sociedad civil que de alguna forma ha vuelto a interesarse en el cumplimiento de los derechos políticos como un aspecto fundamental de los derechos humanos, sobretodo en poblaciones tan afectadas por el fraude electoral y el clientelismo como el departamento de Boyacá – tal y como se observa en los mapas de riesgo electoral por anomalías e irregularidades electorales publicados por la Misión de Observación Electoral, MOE.
Era de esperarse que campañas que preocuparan a la población por el ejercicio vital de su derecho político al sufragio, mientras permanecían en el ambiente todo tipo de prácticas nocivas para la democracia, generara movilización y protesta, que desde una perspectiva analítica a futuro no indica otra cosa que la necesidad de profundizar la descentralización a un nivel político y no exclusivamente fiscal. Por otra parte, en lugares de la Costa atlántica, el Valle del Cauca, Nariño y algunos municipios de los llanos orientales, esta protesta tiene un correlato de desconfianza, pero también es muestra de recomposición de fuerzas políticas ante lo cual la función de un analista serio debe ser precisamente detallar, describir y encontrar trasfondos, no desde la orilla del juicio de valor, sino desde la necesidad de comprensión de los modos en los cuales se ejerce la política a nivel local.
En aras del consenso argumentativo no pueden ser invisibilizadas las realidades. Se evidenciaron después del 28 de octubre varios problemas, incluso indicios de que lo que triunfalmente se anunció como derrota de fenómenos como la “parapolítica” no han sido superados en su origen – que es lo local. Una tarea urgente de la sociedad civil es promover una reforma política estructural y de fondo de cara a las regiones, entendiendo contextos y particularidades, así esto implique un mayor debate al abordar ese problema entre el centro nacional poblado y relativamente estable, y una periferia a la que por muchos años hemos delegado a los anaqueles de la estadística descriptiva.
Noviembre 16 de 2007
Laura Bonilla
Directora
Observatorio de la Dinámica del Conflicto
Corporación Nuevo Arco Iris
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía.
semanariovirtual@viva.org.co
www.vivalaciudadania.org
Mientras muchos de ellos se autodenominaban los grandes triunfadores de la jornada, en el Tarra –Norte de Santander– algunos habitantes encontraban votos incinerados y en la basura que les generaban una sensación de profunda desconfianza, incrementada por la escasa diferencia de dos votos en la proclamación de un alcalde ganador. Más al sur, en el municipio de Inzá (Cauca), tanto indígenas como colonos campesinos se sorprendían de los resultados arrojados a la alcaldía.
Estas situaciones no son nuevas en ningún momento en Colombia, lo que diferenció el año 2007 de otros fue la reacción de la población municipal, aquella que hasta hace cuatro años no había sido tenida en cuenta en la mayor parte de evaluaciones.
El propósito de este artículo es analizar esta reacción desde la perspectiva de los movimientos sociales, intentando aislar el análisis de los juicios de valor, y acercarlo a los contextos históricos y sociales que produjeron las llamadas “asonadas” contra los resultados electorales.
Las diferencias con el año 2003
Las elecciones departamentales y municipales del año 2003 consolidaron en Colombia el copamiento de la institucionalidad pública por parte de la alianza entre sectores y élites políticas y grupos paramilitares, en alrededor de un 30% del territorio nacional[1]. Adicionalmente, este tipo de estrategia modificó a profundidad el mapa político nacional en las regiones más ricas y estratégicas del territorio, iniciando en 1997 y teniendo su punto culmen en el año en mención.
Aún así, fueron necesarias investigaciones de corte nacional y la intervención de la Corte Suprema de Justicia para que el país nacional volteara la mirada hacia el país de regiones. Pese a los grandes esfuerzos por una comprensión más detallada de la dinámica municipal, los grandes debates y posturas siguen girando en torno a generalizaciones superfluas como las presentadas con posterioridad a los comicios.
Tanto en el año 2003 como en el 2007, la postura justificatoria del gobierno nacional frente a las advertencias que realizaba la sociedad civil, fue minimizar los problemas en función de cálculos de población y de porcentaje de municipios afectados. Desafortunadamente la discusión termina por convertir territorios con problemáticas complejas en un dato abstracto que desvía la atención de la situación que vive la población en estas zonas, y que además puede estar sujeta a multiplicidad de interpretaciones no necesariamente certeras.
Si enfocamos el análisis en su justa dimensión e interpretamos los resultados y los hechos posterior a las elecciones con relación al municipio en sí y a la región, desde una óptica de reconocimiento de la importancia de la gobernabilidad municipal, la democracia local y una perspectiva reivindicativa de los derechos políticos, este tipo de argumentos caen por su propio peso. Otros son los significados en el trasfondo que hay que observar, cada caso debe ser observado con cierto nivel de detalle, sin perder de vista la necesidad de recuperación para lo público de lo que hasta hace cuatro años era monopolio de privados armados con funciones de Estado.
Una de las diferencias importantes de estas elecciones regionales con respecto a las pasadas, es el tipo de movilización posterior a los comicios, que independientemente de la forma, es expresión de una serie de factores y desconfianzas, una historia municipal particular y algunos cambios en la percepción de la población frente a los procesos electorales. Las movilizaciones (incluyendo las que acudieron a vías de hecho) en cuarenta y cinco municipios fueron una sumatoria de inestabilidad institucional, desconfianza, historias anteriores de fraude o manipulación de votación, alianzas legales – ilegales para el ejercicio político, pero al mismo tiempo son la representación de una suerte de despertar por parte de los electores ante la potencial vulneración de sus derechos políticos.
No es por la impecable estabilidad política nacional que no se habían registrado manifestaciones de este tipo hace casi cincuenta años, es precisamente porque sectores municipales, acostumbrados por una parte al mito de la democracia estable, pero por otra a la lentitud de las instituciones en dar respuesta a las quejas y demandas, lo que evidencia una serie de fallas estructurales en el sistema político colombiano, que se inscriben a su vez en la precaria relación centro – periferia en lo que a reformas normativas se refiere.
Las Movilizaciones sociales posteriores al 28 de Octubre[2]
Si bien puede tener un nivel de razón el argumento de que este tipo de movilizaciones estuvieron auspiciadas por candidatos perdedores que difirieron de forma violenta de los resultados arrojados por la Registraduría, esta situación no deja de tener relación con una desconfianza profunda de la población frente al sistema electoral, máxime cuando en los municipios en los cuales se presentaron, las diferencias entre candidatos son mínimas. Resulta bastante delicado no comprender que una situación de polarización política en un contexto de normativas no aceptadas suficientemente por la población para lograr un nivel de respeto de las reglas de juego representa una falencia sistémica estructural a la hora de pensar en aplicación de reformas políticas o modificaciones del sistema electoral colombiano.
Observemos algunos casos puntuales que ejemplifican esta tesis:
En el departamento del Atlántico estas movilizaciones se generaron en Galapa, Malambo y Puerto Colombia. Mientras en el primer y tercer municipio las movilizaciones y protestas se realizaron de forma pacífica, en el segundo y en el cuarto se registraron ataques y cierres de vías. Los candidatos en disputa por estas alcaldías se encontraban entre Cambio Radical, el Partido de la U, Apertura Liberal y Alas Equipo Colombia, todos ellos con al menos uno de sus dirigentes nacionales y/o regionales vinculados al escándalo de la parapolítica. De esta forma, en el contexto particular del departamento del Atlántico, no se trata de una ampliación de la polarización nacional gobierno – oposición, sino de otro tipo de disputa que amerita una observación detallada del territorio en el cual se produce. En este aspecto, la desmovilización de las AUC, la situación actual de los jefes paramilitares y las bandas emergentes con pretensiones de acceso al poder local, han situado la competencia por el acceso a las rentas municipales entre facciones o sectores de las antiguas autodefensas confederadas que al día de hoy no responden a un mando único. En la región de la Costa norte, la movilidad de sectores afines, la recomposición de las alianzas entre políticos y sectores armados y la emergencia de otro tipo de actores sociales contribuyen a la inestabilidad de la democracia municipal.
La misma tesis podría explicar el caso de Gamarra, en el Cesar, donde se enfrentaron Convergencia Ciudadana y Alas Equipo Colombia, pero donde también en el año 2006 las disputas entre bloques de las autodefensas dieron como resultado un dirigente político asesinado y la recomposición política de Aguachica como puerto seco de tránsito en el sur del departamento.
Con algunas diferencias podría tratarse el caso del Magdalena, en el cual se tejieron varias de las redes más importantes de la parapolítica regional y nacional. En Algarrobo, Chivolo, Plato, Santa Ana, San Zenon y Tenerife es posible que varias de las protestas registradas obedezcan al descontento ciudadano ante la posibilidad de repetición de los fraudes registrados en años anteriores, registrando incluso varios heridos en medio de los disturbios. De la misma forma, lo que se percibe en estos departamentos es una recomposición de los mapas políticos que se complementa con la forma en la cual se distribuyeron los avales partidistas en varias zonas del país. De esta forma, clases emergentes y tradicionales de la política local se distribuyen nuevamente el poder local, con una sensación de desasosiego por la inminente continuidad del fenómeno de copamiento de la institucionalidad pública por parte de actores armados.
Hemos tomado estos departamentos como casos representativos de una situación que se replicó a nivel nacional, para evidenciar cómo cada tipo de contexto puede ejemplificar un panorama distinto a nivel político, relacionado incluso con las nuevas dinámicas del conflicto armado y la recomposición de actores al interior del mismo.
Algunas anotaciones para concluir
Lo que es definitivamente inaceptable es la generalización de protestas sociales como meros problemas de orden público, y en la misma lógica el desconocimiento de los contextos particulares. No puede convertirse en una estadística simple aquello que determinará configuraciones diferenciales de poder político durante cuatro años, de las que depende la suerte de poblaciones y asentamientos completos a nivel municipal y regional. Un segundo punto importante a tener en cuenta es la presencia de una sociedad civil que de alguna forma ha vuelto a interesarse en el cumplimiento de los derechos políticos como un aspecto fundamental de los derechos humanos, sobretodo en poblaciones tan afectadas por el fraude electoral y el clientelismo como el departamento de Boyacá – tal y como se observa en los mapas de riesgo electoral por anomalías e irregularidades electorales publicados por la Misión de Observación Electoral, MOE.
Era de esperarse que campañas que preocuparan a la población por el ejercicio vital de su derecho político al sufragio, mientras permanecían en el ambiente todo tipo de prácticas nocivas para la democracia, generara movilización y protesta, que desde una perspectiva analítica a futuro no indica otra cosa que la necesidad de profundizar la descentralización a un nivel político y no exclusivamente fiscal. Por otra parte, en lugares de la Costa atlántica, el Valle del Cauca, Nariño y algunos municipios de los llanos orientales, esta protesta tiene un correlato de desconfianza, pero también es muestra de recomposición de fuerzas políticas ante lo cual la función de un analista serio debe ser precisamente detallar, describir y encontrar trasfondos, no desde la orilla del juicio de valor, sino desde la necesidad de comprensión de los modos en los cuales se ejerce la política a nivel local.
En aras del consenso argumentativo no pueden ser invisibilizadas las realidades. Se evidenciaron después del 28 de octubre varios problemas, incluso indicios de que lo que triunfalmente se anunció como derrota de fenómenos como la “parapolítica” no han sido superados en su origen – que es lo local. Una tarea urgente de la sociedad civil es promover una reforma política estructural y de fondo de cara a las regiones, entendiendo contextos y particularidades, así esto implique un mayor debate al abordar ese problema entre el centro nacional poblado y relativamente estable, y una periferia a la que por muchos años hemos delegado a los anaqueles de la estadística descriptiva.
Noviembre 16 de 2007
Laura Bonilla
Directora
Observatorio de la Dinámica del Conflicto
Corporación Nuevo Arco Iris
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía.
semanariovirtual@viva.org.co
www.vivalaciudadania.org
[1] VALENCIA, León y ROMERO, Mauricio. Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. En: www.nuevoarcoiris.org.co
[2] La información presentada en este artículo sobre las movilizaciones públicas de protesta, fue recopilada y sistematizada por el equipo de la Misión de Observación Electoral a quien agradecemos profundamente su esfuerzo y dedicación.
https://www.alainet.org/es/active/20777
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