Deben tener algo de invasores de Santa Anita, estos congresistas nacionalistas a los que los robocops de la Plaza Bolívar han decidido desalojar a la mala por el gravísimo delito de irrumpir la sesión del 27 de junio del 2006, en la que, en el espacio de tres horas, se despacharon los ocho mil folios del TLC. Después de todo, el tono de Raúl Vargas y otros, es el mismo para los dos casos y deja una sensación parecida a la que producía el personaje de Quico cuando su mamá le recomendaba no juntarse con la chusma del barrio.

Las imágenes que estamos viendo, repetidas casi a diario, de los entonces recién estrenados parlamentarios reclamando con sus carteles y sus arengas, y de las cocaleras jaloneándose con los elementos de seguridad que amablemente trataban de echarlas del recinto, no hacen sino recordar que no es lo mismo Alan García arrebatándole el micrófono al primer ministro Manuel Ulloa en plena sesión del Congreso, o Fernando Olivera trompeándose con Rómulo León en la Cámara de Diputados, o Anel Townsend con su olla en el centro del hemiciclo, interrumpiendo al presidente, y otros históricas escenas de lo que se suele llamar “majestad del parlamento”, que en su tiempo se entendieron como gestos políticos y como máximo recibieron una censura o suspensión de sus adversarios, que Obregón o Malpartida gritando contra el TLC, por lo que merecen ser entregados a la justicia, de la que tantas veces se corrieron García, Fujimori, Toledo, Giampietri y otros.

Que se sepa, además, es la primera vez, en muchísimos años, que se propone un desafuero y enjuiciamiento simultáneo de un alto número de representantes, por razones estrictamente políticas. La ocasión anterior la vivió el APRA, en 1932, cuando toda su bancada constituyente fue expulsada por indicación del gobierno de Sánchez Cerro y bajo acusación de la mayoría de haber faltado al reglamento. Claramente los nacionalistas habían reclamado ser parte de un debate sobre el acuerdo comercial con los Estados Unidos, que tal como había sido concluido por el gobierno de Toledo había sido criticado en el proceso de las elecciones, y frente al cual, el mismísimo García, había dicho que retiraría la firma del presidente de ese documento, si el Congreso de salida se atrevía a aprobarlo antes del cambio de autoridades.

Y lo que estaba ocurriendo en la famosa sesión de hace casi un año, era que el APRA parlamentaria había modificado groseramente su posición y adelantado la primera prueba de que el nuevo gobernante giraba hacia la derecha, violando sus promesas, cuando todavía no había jurado el cargo, al acompañar con su voto a la agónica mayoría toledista. Y lo hacía a fardo cerrado, sin conocer seriamente el contenido del TLC, ignorando a sus propias bases (el presidente de Conveagro fue candidato aprista, los algodoneros de Cañete recibieron solemnes palabras de que no pasaría un tratado que los perjudicara, etc.).

Con todo esto, además, se condenó al Perú a la interminable espera sobre lo que podría hacer o no hacer el Congreso gringo, en el que el TLC quedó enredado en las pugnas entre demócratas y republicanos, que se han resuelto con la victoria de los primeros sobre los segundos, en su exigencia de sobrepasar los límites del “fast track”, y abrir el debate que no se quería reabrir dentro del ámbito parlamentario teniendo como agenda los capítulos laboral, ambiental y de propiedad intelectual. Lo que aquí se decía que era imposible, se impuso allá por firmeza política. Y lo que estamos viviendo es la manera de sancionar a quienes previeron que el Perú perdía con la aprobación apresurada.

Deberíamos juzgar la traición de un TLC antinacional, antiagrario, antilaboral, antiambiental, antisalud, proinversión, etc., y que por añadidura ha sido manejado de tal forma que hemos quedado como furgón de cola de decisiones de la otra parte. Pero no. En el Perú lo que tenemos que aprender no es a defender con lo que tenemos a la mano, el interés nacional y social, el respeto a la democracia y la voluntad popular, sino a permanecer callados, mientras la batería de los medios se burla de la ausencia de oposición. Este es un caso típico. Queremos una oposición que no se oponga, como tenemos un gobierno que no gobierna.

- Raúl Wiener es analista político y económico peruano.

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