Continuidad, continuidad, continuidad. Una veintena de candidatos presidenciales, un promedio de 40 millones de quetzales en gastos de publicidad por organización y cinco meses de campaña electoral, apenas ofrecen propuestas novedosas: más de lo mismo, de lo que ya vivimos o estamos viviendo. Muchos partidos, pocas ideas renovadoras y transformadoras, ausencia de imaginación en los programas electorales (programas en cursiva y con reservas porque, con excepciones, los partidos todavía no los han presentado o, como en el caso de la Unión Nacional de la Esperanza , UNE, los elaboran desde hace seis años).

La continuidad se evidencia, entre otros aspectos, en la mayoritaria ausencia de los programas de gobierno de una reforma tributaria basada en el incremento de los impuestos directos (retomando los Acuerdos de Paz y el Pacto Fiscal del año 2000), que permita disponer de los recursos necesarios para educación, salud, cultura, desarrollo rural, etc.[1]

No parece viable un país mejor sino existe un mayor compromiso por parte de sectores enriquecidos, expresado en una mayor tributación. El estudio “Más y mejor educación en Guatemala (2008-2021). ¿Cuánto nos cuesta?” elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, afirma que para financiar una educación “de calidad” se requiere “duplicar el reducido presupuesto actual…de 5,000 millones de quetzales en 2005 a aproximadamente 9,3 mil millones en 2008 (considerando un tipo de cambio estable). Es decir, un incremento de 2.0 del PIB en 2005 a entre 3.6 y 3.7% en los próximos cuatro años”. Para cubrir el presupuesto anterior y otras necesidades se hace necesario, según el ICEFI, “llevar a cabo reformas fiscales que permitan no sólo un manejo más eficiente y transparente del gasto público sino también un mayor flujo de recursos para el Estado”.[2]

La agenda empresarial, opuesta a la creación de nuevos impuestos y al fortalecimiento de los directos, como el de la Renta o el Impuesto Único sobre Inmuebles, IUSI, marca los límites de la actuación partidaria. Suscribir dicha agenda parece condición imprescindible y necesaria (aunque no suficiente) para acceder a la presidencia del Gobierno. De tal modo, los candidatos mejor situados en las encuestas ofrecen, sin excepción, “no subir impuestos” (Siglo XXI, 7 de junio). Todos con similar entusiasmo, a pesar de que en 2007 finaliza la vigencia del Impuesto Extraordinario de Apoyo a los Acuerdos de Paz, IETAP, que dejará un vacío en la recaudación “cercano a los 2 mil millones de quetzales” según el portal electrónico de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, y se resentirá la baja en la recaudación arancelaria derivada de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, TLC (“1,111 millones de quetzales durante 2006” ).

No importa que este ofrecimiento haga imposible incrementar la inversión social. No importa que la promesa de no subida de impuestos haga incurrir en contradicciones a los candidatos. Álvaro Colom, presidenciable de la UNE , manifestó en mayo pasado la necesidad de incrementar la carga tributaria del 12% actual al 28% para “llegar a tener el Estado que queremos”, mientras su programa explicita que al menos durante un año no será modificada la tributación. Una campaña de Naciones Unidas retomada estos días en Guatemala afirma: “Si tu candidato no sabe que la salud, la educación y la igualdad son primero, cambia de candidato”. Podemos añadir: si tu candidato promete muchas cosas y al mismo tiempo promete no subir impuestos, no le creas y cambia de candidato.

En este juego de compromisos parece haber caído también Encuentro por Guatemala-Winaq, sobre todo después de la salida del precandidato vicepresidencial e impulsor de la reforma tributaria y fiscal, Juan Alberto Fuentes Knight, y su sustitución por Luís Fernando Montenegro, proveniente del sector privado organizado. La ampliación de la base tributaria, el fortalecimiento de los controles y el combate de la evasión, promovidos como alternativa a la creación de nuevos impuestos, constituyen paliativos, pero no una verdadera reforma.

¿Cuál es el escenario previsible para un país donde los impuestos, según afirman la mayoría de los candidatos presidenciales, no pueden, deben, ni van a subir? Una propuesta económica poco ambiciosa impedirá impulsar las políticas económicas y las políticas sociales necesarias para impulsar el desarrollo. Es también el escenario de un país sin solidaridad (la tributación en función de la capacidad de pago implica una comprensión colectiva de Guatemala) y un país donde los gobiernos no pueden sobreponerse a los intereses empresariales. Muchos proyectos y propuestas escasas: al menos en la cuestión fiscal, definidas más en negativo que en positivo.

Notas

[1] Una de las excepciones a la regla la constituye el programa de Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca-Movimiento Amplio de Izquierda, URNG-Maíz, que pone énfasis en “la aplicación de impuestos directos” y en “políticas fiscales de carácter progresivo ”.

[2] Continúa el análisis del ICEFI: “El impacto positivo que sobre la economía tiene una reforma fiscal lo evidencia en la práctica la reforma iniciada en 2005 en Panamá, que estableció por el lado del gasto normas de ahorro y control encaminadas a disminuir los gastos corrientes y a aumentar la inversión pública. En cuanto a lo tributario, la reforma introdujo innovaciones importantes al modificar el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto sobre las Ganancias de Capital con el fin de aumentar su recaudación, además introdujo mayores controles sobre los contribuyentes para reducir la evasión tributaria y endureció los castigos para los evasores. Asimismo, disminuyó los incentivos fiscales. Para el 2006, los recursos destinados a la inversión pública aumentaron en un 88.4% en comparación con el 2005, mientras la carga tributaria creció 21.7%, del 9.8% del PIB en 2005 al 12.0% en 2006“.