Si partimos del concepto que el Desarrollo Rural es un proceso orientado a la transformación productiva e institucional de un espacio determinado, tendiente a reducir la pobreza rural, veremos que la transformación productiva tendrá el propósito de articular competitiva y sustentablemente a la economía del territorio a mercados dinámicos y el desarrollo institucional tendrá como objetivo el estimular y facilitar la interacción y la concertación de los actores locales entre sí y los agentes externos relevantes, para lograr incrementar las oportunidades de la población pobre en el proceso y sus beneficios.

Es en este sentido, se hace necesario promover políticas publicas que generen cambios estructurales sobre la manera de enfocar el desarrollo rural, en la perspectiva de alcanzar una visión del desarrollo rural más integral y sustentable que nos permita alcanzar una economía rural fortalecida y con una sociedad rural más participativa y democrática para lograr una efectiva transformación de la realidad del sector rural.

Para ello es necesario dejar de pensar que la identidad rural es sinónimo del sector agropecuario, sino que debemos apostar a temas que dinamicen el desarrollo rural y planteamos la necesidad de establecer vínculos con mercados dinámicos, promover procesos de innovación tecnológica que permita mejorar los actuales niveles de productividad y dinamizar los escenarios de concertación social, inter-sectorial y público-privada como mecanismo de articulación de todos los sectores sociales del territorio.

Para nadie es un secreto que el Estado en los últimos años no le ha otorgando la importancia y el rango necesario al desarrollo rural, este sector al estar relegado a un segundo plano y al no contar con un plan nacional de desarrollo rural que oriente su accionar, ha replicado modelos externos basados en concepciones de vida homogeneizantes, que al no responder a nuestra realidad ha provocado que gran parte del sector sufra un estancamiento, se soporten crisis recurrentes y situaciones de extrema pobreza.

Sin embargo, en el último quinquenio el país ha realizado ciertas contribuciones en procura de reducir esta brecha entre la responsabilidad estatal y el sector rural a través del Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuario (SIBTA), sistema compuesto de varias entidades, destinado a promover a nivel nacional y regional la generación y transferencia de tecnología agropecuaria, esta iniciativa gubernamental está orientada a promover y apoyar la modernización tecnológica y el desarrollo sostenible del sector agropecuario, forestal y agroindustrial, a través de una activa participación del sector privado.

Para el SIBTA la innovación tecnológica es un medio que permite contribuir a la mejora sustentable de la sociedad boliviana, para ello busca mayor competitividad de los productores agropecuarias con menor pobreza rural y mayor equidad social, efectos que son sustentables sólo si van junto con el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la conservación de los recursos genéticos y la consolidación de las instituciones y los mercados de la innovación tecnológica agropecuaria.

En resumen creemos que estas iniciativas innovadoras deben ser perfectibles y ajustadas a los tiempos de cambio que vivimos, mucho más en la actual coyuntura en que nos encontramos diseñando los nuevos roles del estado en materia de desarrollo rural, por ello se hace necesario que el Estado asuma una verdadera rectoría en la elaboración y diseño de las estrategias de desarrollo económico y social y que ellas apunten a garantizar una vida digna para sus habitantes, valiéndose para la ejecución de esas estrategias de todos los niveles gubernamentales y operativos intermedios.

El Estado debe incidir más en la promoción de mayor inversión en el sector rural, la otorgación de subsidios y asistencia técnica, con énfasis en pequeños y medianos productores, debe asumir un rol de facilitador y promotor del desarrollo.

Las nuevas políticas estatales deben poner énfasis en la planificación y gestión territorial como mecanismo fundamental para el desarrollo rural sostenible, se debe promover la creación del Catastro Rural para la inventariación y el cobro de impuestos de las propiedades medianas y grandes, estableciéndose incentivos en ventajas impositivas para las unidades productivas que hagan uso sostenible de recursos naturales, así mismo se debe incentivar la implementación de políticas y normas que promuevan prácticas de manejo sostenible en los diferentes modelos de producción, de manera que la investigación participativa e innovación tecnológica vaya combinando los nuevos conocimientos con el rescate de los conocimientos locales.

En un sentido más amplio, deberíamos esperar la intervención estatal sobre la base de una verdadera transformación productiva que permita el fortalecimiento de la participación social en todos sus niveles acortando las diferencias de género, sobre la base de la equidad en el uso y acceso a los recursos naturales. Para ello las nuevas políticas de Estado, deben considerar como elemento fundamental de este proceso, la estimulación para la concertación de los diferentes actores entre sí y con los agentes externos más importantes, para democratizar las oportunidades y la distribución de los beneficios.

- El autor es economista de CIPCA Cordillera.