Es indudable que la descentralización y los procesos autonómicos tienen que ver con reformas del Estado, no es sólo un cambio de dimensiones –de lo macro a lo micro- sino que implica transformaciones muy profundas en la forma de concebir opciones de desarrollo, la organización de sus instituciones y su relación con la comunidad. En ese marco, estos procesos son reformas democráticas del Estado que amplían las esferas de decisiones y adquieren legitimidad mediante la elección directa de los gobiernos departamentales, regionales y comunales. No se puede desligar los procesos de descentralización y autonomía de los esfuerzos de modernización, pues en la práctica llegan a ser uno sólo. Además, este proceso debe realizarse con los recursos económicos y humanos suficientes para no ocasionar vacíos y problemas en la prestación de los servicios básicos entregados a los entes descentralizados. El proceso autonómico y descentralizador es fundamental para la democratización, entrega a las regiones un papel decisivo, pues no hay autonomía y/o descentralización sin fortalecimiento de la vida comunal y, por ende, participación activa y mejoramiento de la calidad de vida de la población local. Ello implica un nuevo modo de hacer gestión pública, a fin de redefinir un gobierno local preocupándose del desarrollo local. Esta nueva distribución de competencias entre los distintos niveles de gobierno, dentro de los límites constitucionales de cada Estado, ha dotado de responsabilidades, competencias y recursos a las regiones para llevar adelante sus tradicionales y nuevas funciones. Con ello se espera contribuir, sin duda, a una mejor adaptación de las políticas a los problemas que se plantean en el plano local y a una solución más rápida y eficaz de los mismos. Por lo tanto, hay que formular procesos autonómicos y/o descentralizadores que permitan fortalecer las capacidades regionales de interactuar con los actores locales y que les permitan desempeñar un rol promotor de iniciativas económico productivas a nivel local. Bajo esta premisa, actualmente regiones como el Chaco y la Amazonía boliviana, plantean la necesidad de acelerar estas iniciativas, como alternativa que les permita activar sus potencialidades de desarrollo, por ejemplo, en materia agropecuaria y de manejo de los recursos naturales, se hace necesario reorientar las políticas, programas, proyectos y la inversión pública de acuerdo a criterios de priorización productiva que surjan del nivel local y que respondan a una estrategia integral de desarrollo articulada a una verdadera gestión de ese espacio territorial, un insumo puede ser los resultados del Diálogo Nacional. En estos procesos, es esencial reconocer la existencia de diferentes competencias en los niveles nacional, regional y local para actuar en determinados ámbitos de la acción pública, ya que si estos procesos no consideran competencias, atribuciones, capacidades y recursos en los diversos niveles, hará que emerjan límites u obstáculos en el diseño y generación de las políticas locales, haciéndolas menos eficientes y eficaces. En la actual coyuntura se hace necesario que las estrategias y políticas públicas promuevan la construcción de un piso mínimo de oportunidades equitativas de desarrollo a las regiones (Chaco y Amazonía), expresada en acceso a los servicios y bienes básicos de calidad; en la superación de discriminaciones significativas en materia de generación de empleo, trabajo y oportunidades. Es importante la superación de las actuales brechas de oportunidad que afectan a la población que vive en la provincia o en regiones postergadas por la miopía del centralismo departamental y/o nacional. Es inevitable poder avanzar hacia una alianza estratégica de las regiones/sociedad civil que permita, por una parte, enfrentar conjuntamente los grandes intereses centralistas (oligarquía Cruceña) que afectan al desarrollo territorial y, por otra, poner la figura de la región autonómica en la agenda pública como oportunidad y parte esencial de una visón de desarrollo nacional. Por ello considero necesario que a nivel de políticas y acciones públicas, se debe asumir un conjunto significativo de adecuaciones y transformaciones que permitan la generación de condiciones crecientemente favorables para el desarrollo de regiones como el Chaco y Amazonía que hasta ahora se han mantenido anquilosadas por procesos centralistas, y de impulsar decididamente un desarrollo de ciudadanía y de capacidades propias de estos territorios y de sus habitantes e instituciones. Bajo estas consideraciones, advierto que los efectos económicos y sociales, promovidos por los procesos autonómicos y descentralizadores, pueden facilitar la construcción de “espacios de desarrollo efectivo” que actualmente requiere nuestro país, de cara a sus nuevos desafíos - Marcelo Arandia Alarcón es Director de CIPCA cordillera, de profesión economista. CipcaNotas, Boletín Virtual No 100 , Año. 4, Mayo del 2005.