La Reforma Inmigratoria Justa y Segura propuesta por el presidente George Bush es, en la actualidad, un proyecto bloqueado por 53 votos a favor y 46 en contra de senadores estadounidenses, la mayoría republicanos con apoyo de un grupo demócrata. Su discusión se realizará el año entrante o en 2009. Se perdió una oportunidad para iniciar un programa de documentación para los migrantes en ese país. Quienes ganaron la votación deben asumirla como una victoria vacía pues no presentaron ninguna alternativa.

Se anuló el debate a una iniciativa. La inicial implicación de esta realidad se encuentra en la falta de argumentos del presidente Bush para convencer a los senadores de su organización política, el Partido Republicano. También se puede señalar la ausencia de un efectivo diálogo con sus oponentes del Partido Demócrata. No fue posible crear un compromiso político de las partes. Muchos factores pudieron influir en la decisión de los senadores opuestos a la reforma migratoria -algunas muy polarizadas- pero su postura es, esencialmente, un golpe de senadores republicanos para el presidente Bush quien, además, llegará con poca fuerza para otras negociaciones que se presenten en el Senado, relativas al área internacional. El caso de la presencia estadounidense en Irak es un ejemplo.

Un factor de especial importancia en la política interna del gobierno de Estados Unidos, será la de aceptar una realidad social y económica: la ausencia de una política para resolver el problema de la migración laboral. Este hecho fortalecerá el incremento de la inmigración indocumentada y sus consecuencias de muertos en el desierto o el río Bravo, prevalecerá el criterio de impulsar planes con millonarios contratos para continuar construyendo muros -los cuales no detienen la migración- en la frontera estadounidense. De igual manera, se extenderá la acción rambolesca de quienes, armados (por cualquier duda me refiero a los minuteman y otros camisas negras del desierto), creen defender el territorio estadounidense asumiendo “invasiones” de latinos y latinas, junto a redadas y deportaciones con su respectivo costo económico y social. La respuesta será el tránsito de hombres y mujeres por rutas peligrosas y la acción evasiva ocasionará más cadáveres en el desierto o la apertura de túneles de quienes trafican con seres humanos.

La reciente experiencia de política migratoria en Estados presenta problemas de carácter social pues 12 millones de migrantes indocumentados trabajan en ese país efectuando diversas actividades, esencialmente en el área de servicios con poca demanda de los estadounidenses. Su perspectiva será la incertidumbre y seguirán viviendo en la sombra, con el eterno temor de ser aprehendidos y deportados. Un destino sujeto a la actividad de las autoridades migratorias pues pueden capturarlos y, posteriormente, deportarlos. La obligatoria separación familiar afectará a seres humanos que únicamente tienen el propósito de trabajar sin causar conflictos en la nación receptora. Este hecho afecta la calidad humana de cualquier persona en el mundo.
Amplios sectores de la sociedad civil estadounidense expresaron su acuerdo por la aprobación de una reforma migratoria integral. No hicieron caso de las transmisiones de televisión y otros medios pregonando la discriminación y llamando a anular la reforma migratoria en los denominados talk shows. La frustración de hombres y mujeres de nacionalidad estadounidenses -presentan una visión racional para encontrar solución al problema de la migración laboral-, se hará sentir con su voto -como el de latinas y latinos documentados- en las próximas elecciones.

Asimismo, no faltarán otras acciones de intolerancia y xenofóbicas -además de las que se presionaron para no discutir la reforma migratoria- de quienes se oponen a un nuevo concepto de política relativa a migración. Tratan de desconocer su origen migratorio y se esconden en impulsos racistas para ocultar parte de su identidad cultural.

Prevemos tiempos más difíciles para la emigración laboral de Guatemala en Estados Unidos. La pasividad será la decisión menos adecuada para defender los derechos de ciudadanas y ciudadanos. El gobierno actual y el próximo, a partir de 2008, deben actuar, según normas y convenios internacionales, para evitar que se afecte la Declaración Universal de Derechos Humanos. También es el momento para lograr la esperada actividad de sindicatos y organizaciones del movimiento popular guatemalteco: abandonar su tradicional pasividad para lograr acciones en defensa de trabajadoras y trabajadores guatemaltecos en Estados Unidos.
 

Fuente: Incidencia Democrática (Guatemala)
http://www.i-dem.org