Medellín

En la madrugada del jueves 28 de junio se conoció la infausta noticia de la muerte de once diputados del Valle del Cauca en circunstancias de rescate, según la versión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), o de ejecución sumaria según el gobierno nacional del presidente Uribe Vélez. Pasó algo que se temía que ocurriera, que se esperaba que no iba a ocurrir, pero que ocurrió. Fue la imprevisión de lo previsible.

Ese mismo día una mujer emblema del dolor de la guerra, Doña Fabiola Perdomo Estrada, manifestó públicamente: “Las instituciones no pueden estar por encima de la vida”.

El jueves 5 de julio, de camiseta blanca y convocada por la ira y el repudio, Colombia se manifestó profusamente contra el secuestro, por la libertad sin condiciones, por un acuerdo humanitario YA, por la paz, contra la violencia, contra las Farc. Fue una manifestación nacional histórica que se expresó de mil maneras: las marchas fueron las más evidentes, pero no se quedaron atrás los significativos actos individuales de solidaridad como el del señor que se encadenó en una plaza pública para vivir lo que vive un secuestrado.

La frase sollozante de Doña Fabiola Perdomo trae a la memoria la locución clemente del Dr. Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando en 1985, durante la toma del Palacio de Justicia por la organización guerrillera M-19, imploraba al gobierno un “cese al fuego” para que se privilegiara la vida por encima de las instituciones. No hubo oídos, las dos tragedias se consumaron. No hubo lecciones.

Las respuestas del Estado han sido patéticas: El General Plazas Vega se ufanaba en medio de los muertos de “Defender la democracia maestro”, y así sacrificaba la prioridad del derecho a la vida; y el presidente Uribe V., por su parte, se camufló de blanco y abanderó la consigna de “No al despeje”, tan nefasta a los intereses de los familiares de las víctimas, y desconocedora de la prioridad del derecho a la vida.

Parece que la vida, la libertad y la dignidad no fueran instituciones de la llamada Seguridad Democrática, parece que las instituciones se siguen confundiendo con la bandera raída y ondeante y con los edificios que sirven de portada a los libros de educación cívica. ¿Cuál es la institucionalidad de este país? ¿La bandera, la propiedad o la dignidad humana?

La guerrilla de las FARC tiene cosificadas a todos las personas secuestradas y su deber en el derecho de la guerra, como combatiente que se predica, es dejarlos libres, sin condiciones de ninguna clase; pero, no ha sido posible, no ha existido razón humana que los conmueva; las FARC parecen comprometidas sólo con su supervivencia, son las FARC por las FARC.

La consigna “Vivos, libres y en paz” lleva dos décadas en boca de los familiares de los secuestrados y desaparecidos. Ante esa negativa de libertad ha cuajado entonces en las organizaciones de víctimas la propuesta del “Acuerdo Humanitario Ya”, para que las partes del conflicto armado desmilitaricen temporalmente una porción del territorio para que haya un intercambio humanitario.

Pero, el escollo ahora es político. El gobierno nacional prefiere gestos unilaterales de voluntad como la libertad de Rodrigo Granda y de 200 guerrilleros a hacer un acuerdo humanitario, a reconocer a temporalmente a las FARC como contraparte para lograr un alivio humanitario, para mitigar dolores que cumplen una década, para evitar muertes, para salvar vidas como lo prescribe el Derecho de Ginebra (Art. 3, común a los convenios).

El Gobierno Nacional considera que el Acuerdo Humanitario es una claudicación, lo caricaturiza diciendo que no creará otra zona de distensión.

La vida, la libertad y la dignidad son la institucionalidad de Colombia, no lo son las armas ni la venganza. El Acuerdo Humanitario alivia el dolor de las víctimas y de los familiares y evita la pérdida de vidas.

La solidaridad al derecho con las víctimas es ponerse la camiseta blanca y hacer un sólido con ellas; tal y como lo hizo el cantante Juanes en Medellín, el interprete de La camisa negra, se puso la camiseta blanca, y escribió me pongo la camiseta blanca y llamó las partes a conversar, eso es la solidaridad, ponerse la camisa blanca, ponerse el dolor ajeno encima.

La solidaridad al revés, la que llama a las víctimas a que se solidaricen con las consignas propias, como las de “No al despeje”, o como el gesto despiadado del Ministro del Interior Carlos Holguín Sardi con la joven Carolina Charria, no es solidaridad. Un Ministro que no soporta un reclamo de una víctima es un ministro sin nada por dentro, sin solidaridad, es un ministro sin interiores, es sólo un ministro por cuotas, un pedacito de ministro.

La solidaridad al derecho es la de todos con las víctimas que no significa que ellas sean dueñas de la verdad, son portadoras de un dolor inmenso que parece eterno. La solidaridad debe ser del Estado con las razones y el dolor de las víctimas, que equivale, por lo menos, a escuchar las acusaciones de quienes sufren un daño. Es el Estado acompañando las razones de las víctimas, no las víctimas adhiriendo a las razones de Estado.

Cuando la solidaridad, la vida, la dignidad no están por dentro no hay interior, no hay espíritu, no hay alma; el Ministro Holguín Sardi, cual caballero medieval espero el momento para clavar la misericordia en su frágil víctima, no tuvo respeto ni medida para injuriar a una víctima el día más grande de las víctimas en Colombia que fue el 5 de julio.

Rafael Rincón
Director del Consultorio de Derechos y Gobernabilidad háBeas Corpus.

Fuente: el yesQuero
www.elyesquero.blogspot.com
Medellín, Colombia