La aplicación de la reforma tributaria ha sido un verdadero desencadenante para que, desde su mismo pique, comenzaran a movilizarse distintos sectores para tratar de horadar su eficacia recaudadora, reafirmando que en el Uruguay, como siempre, existen los hijos y los entenados. Lo que parece insólito es la imprevisión, también una característica nacional. Que previamente a su aplicación no se haya dilucidado, por ejemplo, el alcance de esta reforma sobre las partidas de secretaria que cobran los legisladores, es uno de esos extremos insólitos que muestran la lamentable improvisación en que se puso en marcha la norma y que al otro día de que la misma comenzara a regir se desencadenaran varios escándalos mediáticos, como el de las ONGs que amenazaron con romper sus contratos con el Estado.

Pero estos siguieron. Fueron los legisladores, los taxistas, los futbolistas, los actores, las prostitutas, las ONGs, los diplomáticos, etc., quienes comenzaron a hacer lobby, con distinta fuerza y éxito, para tratar de no tener que pagar lo exigido para los demás mortales por las férreas normas impositivas impuestas por las normas aprobadas por el gobierno que, sin duda, es una de las pruebas de fuego, fundamentales, en medio de su período de gestión.

Y el gobierno sabe, porque es la experiencia internacional de este tipo de normas, que el peligro más grande que existe para su éxito o en su eventual fracaso, es la capacidad que tengan los distintos lobby, más acá de sus razones, en horadarla.

Por supuesto que en los reclamos hay de todo. Desde el peligro de que se establezca una doble imposición si se recibiera el IRPF de los secretarios de los legisladores que cobran de las partidas de secretaría (siempre que estén en “blanco”, se tenga una clara relación con el Banco de Previsión Social, etc.)

Ya el jefe de la Economía, Danilo Astori, que sabe lo que dice, porque ha mantenido su sueldo de legislador siendo ministro, había anunciado frente a las periodistas en la reunión del Consejo de Ministros que el lunes de realizó en la localidad de Vergara, que el impuesto se le cobrará – si los números así lo estipulan – a quienes cobran efectivamente el dinero, o sea en el caso de las partidas de secretaría que le tienen asignadas los parlamentarios, a los secretarios y a los sectores políticos que las reciben. No a los parlamentarios mismos siempre que estos no los usufructúen en beneficio propio, cosa que también es difícil de definir.

Claro, para ello, la fiscalización que tendrá que realizar el BPS y la DGI, debe ser estricta, porque el ministro informante bien sabe que muchos senadores y diputados no definen claramente sus gastos, y sus colaboradores no están justamente blanqueados frente al BPS y hay otros, a los que en el sentido contrario, se le estipulan sueldos legales altos, pero en la realidad cotidiana, se le pagan partidas mucho menores. Por supuesto que en cada línea de estos ejemplos podríamos poner nombres y apellidos de políticos, de estos “prohombres” elegidos por el voto popular, que todavía tienen regimenes de amparo legal (de fueros parlamentarios) que los hacen inmunes de las acciones judiciales (¿se quiere ejemplos?), y que utilizan el parlamento como simple coto de caza, y esto en el peor sentido de la palabra. Ayer Juan Justo Amaro, ahora el caso de Alberto Casas, quizás mañana será el pedido sobre el hoy legislador y ayer intendente de Artigas, otro lamentable personaje que quizás sea amparado también por la “corporación” de sus iguales.

Pero debemos quebrar algunas lanzas. Sabemos por experiencia propia que hay sectores integrantes del gobierno, que no solo traspasan a sus organizaciones políticas el 100% de las partidas de secretaría, sino el 50%, de los salarios de los legisladores, quedándole a los mismos, la otra parte más la discutida “partida de diarios”, sobre la cual, obviamente tendrán que pagar impuesto a la renta. Los sueldos de los secretarios y funcionarios de secretaria de estos sectores son pagados por las organizaciones políticas que, en general, cumplen con todas las obligaciones con el BPS.

Y, de acuerdo a lo establecido por propio ministro Astori, este dinero deberá aportar pero el objeto pacible de la obligación será el funcionario, que recibe el sueldo extraído de las partidas o las organizaciones que utilizan las mismas con otros destinos. De lo contrario, si se pagara impuestos en cada una de las etapas, se produciría una evidente duplicación impositiva, totalmente indebida, que no se ajusta a la Ley.

Sin embargo, en otros grupos políticos – sabemos – existe una mayor liviandad en el manejo de los fondos de secretaria, que desde ahora obviamente la DGI deberá exigir un “blanqueado” total para determinar con claridad el rumbo de ese dinero que, obviamente, como cualquier otra partida, al ser un ingreso quién lo utilice deberá ser objeto de imposición. En definitiva alguien deberá tener que pagar, o el legislador, o el secretario, o la organización política que recibe la partida... Pero salvarse del impuesto, parecería, que no es posible en las actuales circunstancias. El problema, lo vemos, en la responsabilidad inicial. Porque la partida es del legislador y, por lo tanto, de no definirse la totalidad de la utilización de la partida, de existir una zona “en tinieblas”, ¿quién se haría cargo de la misma sino es su titular?

Lo que es bien claro que la situación, más allá de la dilucidación que la misma tenga a corto plazo, exigirá un “blanqueo” pleno del tema, estableciéndose algunas medidas administrativas que puedan determinar a donde va cada peso de las partidas de secretaría, tal como lo reclama la senadora Xavier, y que se aplique estrictamente la ley impositiva en todos sus extremos a los responsables de cada una de las partidas, sean estos los legisladores, los secretarios o las organizaciones políticas que las reciben. Otro camino, únicamente que el mismo sea oblicuo, obviamente, no existe.

Esto está bien claro, como también lo está en el tema de las ONGs. Algunas prestan en realidad evidentes y beneficiosos servicios a la comunidad, que por supuesto, hay que mensurar y se va a hacer. Pero hay otras organizaciones de este tipo que se han creando para estricto beneficio de algunos agraciados “investigadores” que han logrado “sobrevivir” durante años, realizando informes tras informes, de dudosa calidad... ¿Entonces?

Lo mismo que es clara la situación de desamparo que viven los futbolista que si bien, luego de largas negociaciones hace 11 años lograron pagar un ficto de 500 pesos al BPS, que le sirve para probar años de trabajo, como es una cantidad exigua, no alcanza para cubrir un digno seguro de paro y menos aún, llegar a la cuota mínima de DISSE, para que los jugadores cuenten como los demás trabajadores, con la posibilidad de asociarse a una mutualista. Pero tampoco tienen derecho a licencia, a aguinaldo ni al cobro de horas extras.

Ahora, si cambia el régimen y tienen que pagar el impuesto a la renta sobre la totalidad de sus ingresos, reclaman que se le asignen los demás derechos y los futbolistas dejen de ser unos de los seres más desamparados de la actividad pública uruguaya. Es evidente que les asisten razones, pero también es claro que el camino emprendido parece tardío, porque con la historia del fútbol uruguayo, el desamparo es una realidad cotidiana de los hombres de ese deporte muchos de los cuales, los que han podido lograrlo por sus méritos y relaciones, pueden subsistir gracias a pensiones graciables y no por justas jubilaciones.

Por supuesto que existen otros sectores dramáticamente desamparados como el de los artistas, muchos de ellos sin ni siquiera fictos para pagar que deben ser el centro de un trabajo especial por la magnitud del dolor personal que nos provocan y por el significado que tienen para la sociedad en su conjunto.

Al igual que el caso de los diplomáticos, verdadero bofetón de privilegios, uruguayos por el mundo que cobran de nuestro Estado sobresueldos de hasta 18 mil dólares mensuales y que, obviamente, también hacen lobby para evitar pagar el impuesto. ¡Faltaba más!

Carlos Santiago es periodista.
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