En su discurso del 28 de julio, el presidente Alan García ha informado al pueblo peruano no sólo cuales son las principales metas de su mandato sino sobre todo notificó al país entero que sus principales opositores a su gestión son los presidentes regionales.

Éstos, gracias al espíritu descentralista del gobierno nacional y según lo indicado por el presidente, concentrarían en sus manos las dos terceras partes de los recursos de inversión pública. Tan gruesa afirmación presidencial ya ha sido desmentida por más de un presidente regional, pero marca el inicio de una campaña en pro de la transparencia y del buen uso de esos recursos, a la que rápidamente ha dado respuesta Juan Manuel Guillén organizando una reunión de trabajo con los alcaldes de Arequipa para dar cuenta de cómo se ha invertido el dinero en la región.

Sin embargo, lo que no ha dicho el Presidente García, como ya se lo ha recordado el presidente de la región Junín Vladimiro Huaroc, es que buena parte de los recursos recibidos por los gobiernos regionales están destinados al pago de planillas y además están concentrados básicamente en seis regiones y algunas provincias y distritos que se benefician de los ingresos generados por el canon minero. De otro lado, el Presidente no mencionó ni una sola vez el importante rol que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales viene realizando en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros en la búsqueda de soluciones a los diversos conflictos sociales que atraviesa el país.

Lo que sí ha dicho es que los presidentes regionales deben acudir al Congreso a rendir cuentas de sus gestiones e informar a la representación nacional sobre el destino que tendrán los ingentes recursos de los que disponen y de los planes de desarrollo que vienen implementando, olvidando que es a sus Consejos Regionales y a sus electores a quienes les deben rendir cuentas. Sin embargo, algunos entusiastas seguidores del Presidente ya han anunciado que buscarán promover alguna norma que regule las presentaciones, con un ánimo más que interpelador.

De otro lado, ha invitado al Congreso a que inicie un diálogo con las autoridades regionales y con los alcaldes provinciales a fin de determinar la región piloto que nos permita iniciar el verdadero proceso de regionalización del país, encargando al hasta ahora no instalado Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) a colaborar con dicha tarea. Ciertamente la idea de abrir nuevamente el debate de la conformación de regiones tiene como objetivo generar disensos entre los presidentes regionales.

Así pues el Presidente ha buscado marcar una línea divisoria y de confrontación entre el Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que desde la disolución del Consejo Nacional de Descentralización se ha convertido en la única plataforma con iniciativa en torno al proceso de descentralización.

Como parte de esta estrategia el gobierno se ha reservado para sí la conducción de los programas sociales de lucha contra la pobreza como Crecer y Juntos, así como los programas de reparaciones colectivas a las comunidades víctimas de la violencia, repitiendo el esquema seguido por el gobierno fujimorista en la década pasada, que dejaba de lado a los gobiernos regionales.

En otras palabras, el gobierno nacional se reserva la ayuda social para sí, sabiendo que ésta siempre permite construir clientela política y ganar futuros votos. Por su parte, deja en manos de los gobiernos regionales la compleja tarea de lidiar con la generación de proyectos de desarrollo, enfrentándose a los obstáculos que suponen la asentada pero incapaz burocracia regional y las incontables demandas de las poblaciones que se movilizan constantemente en el interior del país.

De alguna manera en el esquema de gobierno del presidente García, los gobiernos regionales terminan sobrando, y es por ello que en su discurso y en su gestión la palabra descentralización fiscal no exista, y que haya preferido que sus principales aliados fuera de Lima sean los alcaldes provinciales y distritales, que no tienen mayor capacidad de articulación y propuesta.

En este escenario, surgen dos preguntas: la primera es hasta qué punto los presidentes regionales estarán en la capacidad de entrar en el peligroso juego que les propone el gobierno nacional de acudir a rendir cuentas ante un Congreso cuya legitimidad es bajísima. Al respecto si bien algunos presidentes como Cesar Álvarez de Ancash han afirmado que no asistirán, es probable que la mayoría opte por aprovechar esa importante caja de resonancia para plantear las múltiples demandas de sus regiones. Y siendo así, es probable que la mayoría de los presidentes regionales salgan fortalecidos de la “interpelación” a la que querrán someterlos los congresistas.

La segunda pregunta es si el discurso del presidente García será capaz de lograr que la población y los dirigentes de diversos frentes y movimientos regionales reviren sus demandas hacia sus gobiernos regionales. Considerando que, finalmente, tanto unos como otros saben que más allá de la menor o mayor cantidad de recursos transferidos, las grandes decisiones de política se siguen tomando en Lima, lo más probable es que en el corto plazo el escenario no varíe significativamente.

Lo que es cierto es que al gobierno nacional poco le importa que otros promuevan proyectos de impacto y menos aún desarrollar capacidades de las burocracias regionales. Es por ello que dependerá de los propios gobiernos regionales, y de su capacidad de seguir actuando como bloque, para que la descentralización logre avanzar o acabe frustrándose una vez más.

Fuente: Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), Perú.
http://www.ser.org.pe