¿Es necesario que la población del campo se agrupe para acceder a los servicios públicos tal como lo viene planteando el presidente García? ¿Esta propuesta atenta contra la libertad de las personas y los derechos de las comunidades campesinas y nativas? ¿Tiene derecho el Estado de ordenar el territorio? Uno podría contestar rápidamente que sí a las tres preguntas aunque suene contradictorio. En todo caso, la novedosa propuesta presidencial trae a la memoria a las reducciones en las que se concentró a la población indígena durante el gobierno del Virrey Toledo hace cuatro siglos y medio.

En primer lugar, lo que ha hecho la población del campo en la mayoría del país ha sido agruparse en los llamados municipios de centro poblado menor, precisamente como una manera de acercarse al Estado. Sin embargo, la confusión de quienes promovieron estas instancias y la falta de planificación territorial, han llevado a que no se emitan las medidas requeridas por tales espacios para su desarrollo, y que lo que era un mecanismo de desconcentración administrativa se perciba como un territorio que debe contar con un órgano de gobierno. En ese sentido lo primero que debemos convenir es en la urgencia que los servicios básicos lleguen a los ciudadanos del campo.

Visto esto, la siguiente pregunta es si para ello es imprescindible que se agrupen. Las posiciones al respecto son divergentes. Por ejemplo, Javier Iguiñiz proponía hace más de un mes en el diario La República que, en el caso del sector salud, debería priorizarse la prestación del servicio a través del trabajo con los promotores de salud. Pero en el caso de la escuela o el agua potable, ¿Cuál es la escala mínima que puede implementar el gobierno? ¿Y en el caso de la energía eléctrica? El asunto es que, fuere cual fuere la salida, no podemos pensar en la reproducción de un modelo urbano ideal para todo el territorio del país. Por el contrario, en un territorio tan diverso como el peruano, no se pueden plantear soluciones universales y homogéneas, sino formulas adecuadas a las diversas regiones. El patrón disperso de la sierra no surgió por la misma lógica que el de la amazonía, sino que es producto de una experiencia histórica en la que se privilegiaron ciertas opciones sobre otras, y en algunos casos simplemente no se pudo optar, “arrinconándose” a las comunidades por el proceso de expansión de las haciendas.

Se hace difícil imaginar qué tiene realmente el Presidente en la cabeza con respecto a este tema. Los centros poblados no nacen por decreto: son el producto de la interacción dinámica de los seres humanos con su medio, y en tales procesos se dan una combinación de factores ambientales, sociales, económicos y políticos. Por eso, llama la atención cómo varios expertos celebran la propuesta del Presidente, olvidando que al interior de la misma ciudad en la que viven hay enormes carencias que mantienen en la pobreza a más de un millón de personas, que no tienen agua ni energía. Pero volviendo a las zonas rurales, la pregunta que tendríamos que contestar es ¿cuál es la razón por la cual no se han desarrollado más las ciudades intermedias a las que aspira el señor Presidente? Lo cierto es que las ciudades tampoco emergen de la mera voluntad presidencial, sino que surgen, centralmente, por la existencia de alguna actividad económica que dinamiza la vida local. Si ésta gira en torno a un único producto que no es renovable, es probable que la ciudad muera lentamente con el agotamiento del mismo.

En la historia peruana reciente hay que añadir otro factor y es el referido al conflicto armado interno que llevó al abandono de un conjunto de poblados por razones de seguridad, que fueron reemplazados temporalmente por otros. Finalmente, algunos de éstos han sido abandonados y otros se han constituido en nuevos centros poblados con la consiguiente demanda de servicios. En el caso de la sierra sur central la guerra aceleró el crecimiento de ciudades como Huamanga, Abancay o Huancavelica sin que haya ninguna previsión en términos de servicios; y aunque la ausencia de planificación urbana en el Perú es generalizada, no deben confundirse las causas de los problemas que tienen estas ciudades con otras que no fueron afectadas por el desplazamiento forzado.

Como se ve, el tema es sumamente complejo y quizás por ello el Presidente no haya ido más allá de enunciar sus propuestas. Un proceso de este tipo no puede ser inconsulto como tantas otras cosas que hace el gobierno, ya que lo que se le está planteando a la gente del campo es que su modo de vida no es el mejor para alcanzar el desarrollo y que para optar por éste deben realizar cambios transcendentales que transformarán sus vidas, con el agregado que no existe la certeza que tales cambios serán para bien, ya que ellos conocen la calidad de los servicios públicos.

¿Valdrá la pena el sacrificio? Si la gente siente que sí lo vale, no tendrá problema en imitar en pequeño a los millones de provincianos que se vinieron a Lima, en esa suerte de larga marcha que transformó la capital para siempre. Pero si perciben que este nuevo desplazamiento forzado que les propone el gobierno no va a solucionarles los problemas, entonces la propuesta esta condenada al fracaso.

Por último –como suele suceder con la mayoría de propuestas que se hacen sobre la población rural- es un grave error seguir mirando a la gente del campo como seres irracionales que pueden ser llevados o traídos, sin que hagan un cálculo de qué es lo que más les conviene. Lamentablemente, esa imagen cargada de racismo y desprecio por los ciudadanos y ciudadanas del sector rural sigue poblando el imaginario y el discurso de las elites políticas y económicas. Es por ello que, haría bien el Presidente en dejar de mirar por encima del hombro a quienes lo eligieron y entender que la gestión del territorio no puede ser producto de la improvisación y más bien debe ser planificada con quienes viven en él.

- Javier Torres Seoane es integrante de la Asociación SER