La justicia uruguaya, comienza a correr el velo de impunidad sobre la desaparición de los uruguayos Gustavo Edison Insaurralde Meliar y Nelson Rodolfo Santana Scotto.

La acción criminal constituye un típico caso del Operativo Cóndor, que comienza en el seguimiento y detención ilegal de los mismos en el Paraguay a cargo del III Departamento de Investigaciones, con participación directa del II Departamento del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas del Paraguay, de la "Jefatura de Area 234", del Servicio de Inteligencia del Estado Argentino, y del Servicio de Inteligencia del Ejército del Uruguay.

La intervención judicial será determinante para determinar el grado de responsabilidad conjunta de los organismos de inteligencia de los estados paraguayo, argentino y uruguayo en su más alto grado de involucramiento. Indudablemente una de los primeros responsables a ser llamados será el ex mayor Carlos Calcagno del ejército uruguayo, y deberá contar también con la concurrencia de los ex integrantes del "G2" paraguayo que aún están con vida como el ex general Guillermo Clebsh, residente en la ciudad de Asunción del Paraguay. Así también podrá contar con la concurrencia del ex director de Política y Afines del III Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital, comisario Alberto Buenaventura Cantero, también residente en la ciudad de Asunción del Paraguay, quien, según la prensa paraguaya, habría integrado o tenía muy buen conocimiento de un selecto grupo de trabajo junto a los fallecidos ex coronel Benito Guanes Serrano, ex coronel Galo Escobar, y los posiblemente con vida ex teniente 1ro. Angel Spada, ex sargento Juan Carlos Camicha, José Montenegro, Alejandro Stada y el propio ex mayor Carlos Calcagno.

Así también la justicia uruguaya deberá localizar y llamar al ex capitán de corbeta del ejército argentino José Abdala, el ex capitán de fragata Lázaro Sosa del ejército paraguayo, el ex teniente 1ro. José Montenegro y Juan Manuel Berret muy posiblemente del SIDE argentino.

Del mismo procedimiento judicial, será posible echar luz sobre las desapariciones de los argentinos secuestrados en los mismos procedimientos y que muy posiblemente recibieron el mismo trato, como son, Marta Dora Landi Gill, Alejandro José Logolusso, hasta el día de hoy desaparecidos, y el sobreviviente José Nell.

También será de cardinal importancia que la justicia uruguaya se coordine con los distintos juzgados tanto en la Argentina, a cargo del Juez Canicova Corral, como en el Paraguay, con el Juez Gustavo Santander Dans, quienes, cada cual a su vez, reúnen causas referentes a violaciones de derechos humanos durante el terrorismo de estado en el cono sur, y específicamente dedicados al desentrañar el llamado operativo cóndor, como organización criminal de alcance multinacional para seguir, secuestrar, torturar, desaparecer y asesinar a luchadores y luchadoras antidictatoriales durante los años setentas.