En sesiones plenarias fue aprobado el martes pasado el Presupuesto General de la Nación para 2008, que ascendió al monto de 125.7 billones de pesos. En un artículo anterior analizábamos la composición del presupuesto y llamábamos la atención sobre el alto costo del servicio de la deuda ($39.3 billones) y del costo de la guerra ($19 billones para seguridad y defensa).

Desde el principio fue claro que la aprobación del presupuesto no tendría mayores problemas, con un Congreso ocupado en las campañas para elecciones regionales, y un ejecutivo enfrascado en peleas callejeras con cuanto opositor le aparece y tratando de desmentir casi que semanalmente un nuevo escándalo en su relación con el paramilitarismo, era claro que los debates económicos y presupuestales no le interesaban a las partes y menos a la opinión pública que sigue totalmente concentrada en el tema del conflicto.

Por ello el presupuesto del 2008 se aprobó de alguna manera en el anonimato, los debates sobre el monto, los supuestos sobre los que se formuló, el origen de los recursos y el destino del gasto no tuvieron mayor importancia a pesar de los graves errores que se cometieron en la definición presupuestal.

En primer lugar, la programación macro fiscal sobre la que se basa el presupuesto contiene errores gruesos, en primer lugar la meta de inflación estimada en el presupuesto en 4,5% está previsto que no se cumplirá porque el mismo Banco de la República considera que no se cumplirá y que puede ubicarse por encima de esta meta. Por otra parte, la meta de devaluación tampoco se cumplirá porque la evolución del precio del dólar marca en los últimos meses una fuerte tendencia revaluacionista y, finalmente, porque las estimaciones sobre el crecimiento económico que, aparentemente, estarán subvaluadas teniendo en cuenta el comportamiento reciente.

Pero estos errores en la estimación macro tienen como consecuencia una subestimación de las necesidades fiscales del país, lo cual implica que el ajuste en el gasto es demasiado para cumplir con las necesidades crecientes en diversas materias del Estado: recursos para justicia en los procesos de protección a testigos y la aplicación de la Ley de infancia, recursos para atención en salud, recursos para salvar los hospitales públicos, recursos para financiar el desarrollo regional, y a pesar de ello el gobierno ha hecho un ejercicio de recorte presupuestal.

El interés principal de la programación presupuestal no es en ningún sentido el de satisfacer las demandas de la población por bienes y servicios públicos, por seguridad y defensa, por protección ante los riesgos y por un mejoramiento de la calidad de vida. Los ejercicios de presupuesto parten del principio del equilibrio presupuestal y del ajuste macro como función inicial y si uno parte de estos principios quiere decir que la responsabilidad del presupuesto es ante todo la necesidad de generar supéravits.
¿Y para que hay que generar superávits? Simple y llanamente para asegurar el pago del servicio de la deuda pública, o sea que las privaciones del gasto público que soportan 45 millones de colombianos que pagamos impuestos, son para asegurar las ganancias gigantescas de los algo más de 2500 tenedores de la deuda pública que imponen de manera directa o indirecta condicionalidades sobre la política fiscal y la programación presupuestal. Es un traslado descarado de los recursos desde los contribuyentes hacia quienes hacen su negocio endeudando al Estado en clara relación con la elite gubernamental.

Año tras año se repiten los mismos argumentos, se habla de la necesidad del ajuste fiscal que a pesar de que se hace año tras año, nunca logra traer la tranquilidad fiscal que se reclama, año tras año se recortan los gastos esenciales en educación y salud, se reclaman mayores esfuerzos tributarios, se argumenta que hay que ser fiscalmente responsables y pese a ello nunca llega el momento de reconocer la angustiosa situación fiscal de hospitales, escuelas, universidades y de funcionarios públicos que son mal remunerados, de zonas del país que soportan hambrunas y epidemias fácilmente controlables.

La deuda y la guerra son los rubros que se consumen más de 59 billones en el presupuesto, esto equivale a más o menos al 46% del total de recursos, y refleja una de las grandes mentiras del gobierno: si una política de guerra demanda luego de cinco años 19 billones de pesos que es una cifra absolutamente escandalosa, es porque el problema está lejos de haberse superado, por el contrario el problema es tan grave o los intereses por mantenerla son tan fuertes que reclaman recursos que superan en dos veces la inversión en educación y la inversión en salud.

De la misma manera, el presupuesto en deuda no ha variado mucho, el gobierno ha anunciado con bombos y platillos que ha logrado controlar el problema de la deuda porque ha reducido la relación deuda/PIB y que esto implica una victoria en el manejo de la deuda pública, lo que no cuenta es que los pagos de la deuda han permanecido invariables estos dos años y que finalmente eso es lo que lleva a que se recorten recursos en otras áreas de atención del Estado.

Esto nos lleva a pensar no en la legalidad del presupuesto sino en la legitimidad del mismo, y es esa legitimidad la que reclama el Estado cuando cobra impuestos, y es precisamente la que se ve socavada cuando se destinan esos recursos no a resolver las necesidades más importantes de los ciudadanos, sino para llenar la bolsa de unos pocos.

Por ello, el presupuesto se discute a escondidas, por eso el presupuesto no importa como acto político porque año tras año se repiten los mismos argumentos vacíos de lógica, pero mientras tanto la política de subsidios que condena a los ciudadanos a vivir como limosneros del Estado, haciéndoles creer que el gasto que se les da es un favor y no un derecho, por el que tienen que esperar en una fila por días enteros.

Y curiosamente ese gasto en subsidios es directamente manejado por la oficina presidencial de Acción Social que ha sido curiosamente, en medio de la crisis fiscal, la única que aumentó su presupuesto a casi 3 billones de pesos, que destina exclusivamente en dar subsidios, citando a la gente en gigantescos coliseos, con Presidente a bordo, lo cual demuestra ser la política de mantenimiento de la popularidad más efectiva de todas, pues el Presidente se muestra como el salvador, el proveedor de recursos para los pobres.

Así que el presupuesto además de todo es el arma más poderosa de Álvaro Uribe para controlar su imagen y poder salir impune de sus relaciones oscuras, porque a la gente no le importa si tiene un pasado o un presente oscuro, lo que importa es que se acuerda de los pobres. Un debate que se ha quedado oculto y que resulta ser el más importante que debe dar el Congreso de la República.

Jairo Alonso Bautista
Contador Público Universidad Nacional
Asesor Congreso de la República

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía.

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