La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), considera que la transición democrática en Chile, no ha resuelto ni con verdad ni con justicia el problema de los derechos humanos en general y el de los detenidos desaparecidos en particular. Viviana Díaz relata aquí los puntos de vista de su agrupación y afirma que siguen buscando a sus familiares, once años después de publicado el informe de la Comisión. La promoción y defensa irrestricta de los Derechos Humanos es una de las herencias más preciadas del recién fenecido siglo XX. Así lo entiende la comunidad internacional y la creación de la Corte Penal Internacional lo demuestra. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) tienen una reconocida labor y mérito en materia de Derechos Humanos. El trabajo realizado por ellas es imponderable, sobre todo la defensa legal y sus aportes en aspectos jurídicos y procesales. Gracias a ellas, también, hoy hay menos “presos políticos” o “presos de conciencia” en las cárceles y la impunidad no siempre sale airosa. Sin embargo las ONGs no son las únicas que actúan, o los únicos actores que destacan en el ámbito de los DD.HH. y en la denominada sociedad civil. Si se mira con detenimiento es posible distinguir diversas organizaciones que religan a los directamente afectados por el abuso de poder, como es el caso de las “Abuelas de la Plaza Mayo” y la “Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos”, en Argentina y Chile, respectivamente. Esta vez, la presidenta de la AFDD, de aquellos que no siempre tienen rostro y nombre y apellido conocido en Chile, relata su experiencia en la siguiente entrevista. Entrevista a Viviana Díaz ¿Qué opinión le merece la Comisión de Verdad y Reconciliación? En primer lugar hay que decir que esa Comisión la crea el Presidente de la República electo, Don Patricio Aylwin, a solicitud de nuestra organización. Cuando recién asume su período de cuatro años, nosotros como agrupación le planteamos la necesidad de que en nuestro país trabajara una comisión investigadora de los crímenes cometidos durante la dictadura militar. Él acogió nuestra solicitud, pero también fue muy franco y nos planteó que el único camino que él tenia para poder crearla era a través de un decreto Supremo. Y para que eso pudiera hacerlo tenía que contemplar la participación de representantes de toda la sociedad civil. ¿Estuvieron de acuerdo con la observación hecha por el ex Presidente Aylwin? Nosotros estuvimos de acuerdo, pero en la medida que él empezó a conformar la Comisión y cuando él dicta el decreto Supremo de creación, en abril de 1990, nos dimos cuenta que él había cogido nuestro planteamiento, pero había circunscrito el trabajo de esta comisión sólo a la búsqueda de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados políticos y de los muertos a consecuencia de la tortura, y excluyó todas las otras violaciones ocurridas durante la dictadura militar. La Comisión sólo podía investigar aquellas violaciones y no otras. ¿A qué otras violaciones se refiere? Con el paso de los años y 12 años de transición uno puede señalar que no existe en Chile un catastro oficial de miles de personas que pasaron por las cárceles de nuestro país, de los presos políticos, de los miles que debieron dejar su patria ya sea por medidas de extrañamiento a cumplir penas, o bien exiliados, o los que fueron relegados por la vía administrativa y que eran trasladados por un período de tres meses a distintos lugares de Chile, los que perdieron su fuente de trabajo. ¿Esas exclusiones le quitan legitimidad a la Comisión y veracidad a su informe? Para nosotros fue importante la creación de la Comisión. Contribuimos durante nueve meses como agrupación al igual que la agrupación de familiares de ejecutados políticos y los organismos de DD.HH. que existían hasta ese momento, como la Vicaría de la Solidaridad, el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, FASIC. Todos los organismos aportamos al trabajo de la Comisión, es decir entregamos toda la documentación que a lo largo de 17 años habíamos reunido: recursos de amparo, denuncias por presunta desgracia, querellas criminales, antecedentes. Y le explico esto porque cuando al cabo de nueve meses la Comisión finaliza su labor nos encontramos con que los nombres de los represores no fueron consignados, los que violaron los derechos humanos en Chile en el informe de la Comisión no aparecen. ¿Eso hace que el informe de la Comisión sea incompleto? Si bien es cierto que el informe fue muy importante porque oficializó una verdad, reivindicó la memoria de las víctimas, en el sentido de que no eran terroristas, subversivos, no eran delincuentes como por años fueron tildados; para nosotros muy importante era que el país conociera quienes habían violado los derechos humanos, pero sus nombres fueron resguardados y esos nombres hasta hoy no los conocemos nosotros como parte del informe. Y eso es a la larga un problema porque hemos tenido que ir por otras vías para que en los tribunales de justicia se conozcan quienes son los autores de las detenciones, torturas y crímenes cometidos por agentes del estado. ¿El informe establece una verdad a medias? El informe de la Comisión confirma lo que nosotros siempre dijimos, que aquí se utilizó la infraestructura del Estado para dar un golpe de estado, crear campos de concentración, las cárceles ocultas, los agentes que detienen, matan, torturan; aunque todo eso queda sin nombres y apellidos. El informe también recoge todos los antecedentes que aportamos nosotros, porque la Comisión no tenía facultad para citar a las personas que violaron los derechos humanos, sólo los podía invitar y hubieron muchos que nunca se sintieron invitados y no concurrieron. Aportes de parte de miembros de las FF.AA. a esa Comisión fue prácticamente mínima. ¿En la información que Uds. entregan a la Comisión estaban registrados los nombres de los represores, habían logrado identificarlos? En muchos casos de detenidos desaparecidos existen los nombres. Hubo detenciones en que los represores de una manera un otra dejaron sus nombres o bien con los años fuimos nosotros identificándolos, y estos nombres empezaban a repetirse en cada una de las detenciones. Durante años nosotros siempre fuimos de la opinión y así lo hicimos, de presentar una y mil veces todos los antecedentes que íbamos recogiendo por testimonio de personas que recuperaban su libertad, salían de los centros secretos, que iban a la vicaría de la solidaridad. Entonces, fuimos dejando en los tribunales la historia de lo que iba pasando, y eso es lo que, con los años, en definitiva se aporta en el juicio en España y posteriormente lleva al Juez Garzón a ordenar la detención de Pinochet. ¿Volviendo al tema de la Comisión, Uds. fueron consultados para convocarla y decidir sus integrantes? Nosotros aportamos algunos nombres para que formaran parte de la Comisión y algunos de ellos fueron considerados; ahí estaba Don Jaime Castillo Velasco, que había sido presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos muchos años, él víctima de expulsión del país, un hombre muy comprometido con la defensa de los DD.HH.; también estuvo el abogado José Zalaquett, un abogado que formó parte del Comité para la Paz, que es después también detenido y expulsado del país. O sea hubo nombres que propusimos y fueron considerados y formaron parte de la Comisión. ¿Qué opina Ud. de privilegiar el conocimiento de la verdad y administrar justicia en la medida de lo posible? La Comisión hizo una excelente labor, pero para nosotros lo más importante era responder al donde están, y eso el informe no lo respondió. Porque nosotros cuando planteábamos la creación de la Comisión esperábamos que nos dijeran donde estaban nuestros seres queridos. Y la Comisión no logró dar respuesta al donde están. Y no logra tampoco la parte que también es muy importante para nosotros, la justicia, porque en el momento que se resguarda la identidad de quienes violaron los derechos humanos en Chile, era porque no estaban ellos dispuestos avanzar. Además, hay que considerar que al término de la dictadura militar se tranzó con los militares y se les garantizó de que ellos no iban a ser juzgados. Sin embargo la comisión fue para nosotros y hasta el día de hoy lo señalamos, algo importante. Pero, desgraciadamente a once años de publicado el informe seguimos buscando a nuestros familiares. ¿La aplicación de justicia es igualmente importante cómo la verdad? Tanto la búsqueda de la verdad como el establecimiento de responsabilidades en relación a los culpables, para nosotros es una sola tarea que nos hemos propuesto, porque creemos que cuando se han cometido crímenes los crímenes deben ser castigados, porque en cualquier país del mundo una persona que mata a otra, va a la cárcel. En Chile se aplicó en forma sistemática un método de exterminio, fueron asesinados al margen de toda ley opositores a la dictadura militar y hoy son considerados crímenes contra la humanidad y no pueden quedar en la impunidad. Y ese es el desafío para los familiares y para los organismos de DD.HH., y en Chile nunca se va a dar la reconciliación mientras no esclarezcamos los crímenes cometidos por la dictadura. ¿Es suficiente la “sanción moral” que establece el informe de la Comisión? No. Nunca va a ser suficiente, porque cuando está la vida de cientos de ciudadanos chilenos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, no puede uno darse por satisfecho porque aquí hubo una condena moral. Aquí tienen que esclarecerse los crímenes porque los autores existen, los autores de estos crímenes tienen nombre y apellido y pertenecen a las distintas ramas de las FF.AA. Incluso hay muchos que fueron civiles y que se subordinaron a la dictadura y también participaron, todos ellos tienen que ser sometidos a procesos. Y eso es lo que nosotros hemos siempre buscado, y siempre lo hemos dicho. Si los tribunales de justicia durante la dictadura militar nos denegaron justicia, cuando tuvieron en sus manos la posibilidad de salvar las vidas no lo hicieron, hoy tienen la obligación bajo un estado de derecho de cumplir con su rol de administrar justicia. ¿La agrupación está motivada por la venganza, cómo dicen algunos sectores de la derecha política y las FF.AA.? No. Cuando uno habla de verdad y de justicia no es que nos anime un afán de venganza, porque en nosotros nunca estuvo presente la venganza, porque no habríamos dejado transcurrir los años a través de una búsqueda absolutamente pacífica. Todo lo que la agrupación hizo durante la dictadura militar fue siempre poniendo en riesgo nuestra propia vida. Nosotros salíamos a la calle en esa época a denunciar el problema, pero las consecuencia siempre las sufríamos nosotros, las detenciones, los interrogatorios, las amenazas, pero siempre fue más fuerte el amor por nuestros familiares, para que esto no se olvidara y por eso seguimos trabajando. ¿Qué ha significado la reparación pecuniaria y material para los familiares de las víctimas? Nosotros fuimos de la opinión que se creara en el parlamento, y de hecho la Comisión lo propuso y por ley se crea, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. El año 1992 era imprescindible conocer lo sucedido con nuestros familiares y que se hiciera justicia. Pero, cuando se trató el tema de la reparación, ya no solamente ética, moral, sino también pecuniaria, vimos que era una necesidad para los familiares, porque la gran mayoría eran jefes de hogar los que habían sido detenidos y desaparecidos. ¿Qué propuestas hicieron al respecto? En ese momento cuando se hizo la ley nosotros pedimos que se incorporara como beneficiarias de la ley a las madres de los detenidos desaparecidos, porque una madre que en el año 73 tenía 50 años hoy día tenía 70, y había que buscar la manera de que ella tuviera una vejes digna y no morir prácticamente sin ningún recurso. Entonces la ley de reparación la entendimos de esa manera y por eso hay un monto referencial que se distribuye 40% para la esposa, un 30% para la madre, 15% para los hijos hasta los 25 años. Nosotros fuimos de la opinión que entre los beneficios de educación los hijos de detenidos desaparecidos tuvieran acceso a la enseñanza universitaria hasta los 35 años, por el hecho de que habían pasado 17 años de dictadura, y un joven que tenía 17 años para el golpe así podía por lo menos alcanzar a educarse. ¿La Mesa de Diálogo sobre DD.HH complementa favorablemente el trabajo e informe de la Comisión? La detención de Pinochet en Londres ya era una condena, pero Chile invocó razones humanitarias y dejaron al ministro Straw que tuviese en definitiva que tomar la decisión de devolverlo. La mesa de diálogo respondía precisamente a la detención de Pinochet, a que en ese instante había un avance en las investigaciones de los tribunales y los militares comenzaban a señalar que estaban cansados de tener que desfilar en los tribunales, en circunstancias que en los tribunales no se desfila, se comparece y se comparece cuando se está acusado de un crimen o de un delito. Ahí Frei hace esa solicitud y se crea la mesa de diálogo. Y ocurre que la mesa de diálogo habiendo cumplido ya un año y cuatro meses no nos reportó a nosotros absolutamente nada. Eso es una realidad y no es que nosotros queramos negarnos a todo. ¿Cuál fue el aporte de las FF.AA. a la mesa de diálogo nacional sobre DD.HH.? Aquí hubo un informe que las fuerzas armadas le entregan. El Presidente recibe ese informe y dice que es información de 200 personas. De esas 200 personas 180 tienen nombre y apellido y 20 figuran como N.N. De las 180 sólo en dos o tres situaciones, como el caso de cuesta Barriga, se habla de 6 nombres que estarían inhumados allí, se dan unas coordenadas de ese lugar, se designa un ministro en visita, el ministro Héctor Carreño se constituye, va al lugar, le cuesta encontrar las coordenadas, descubre que es una mina de oro y plata, y ocurre que lo único que encuentra al cabo de meses son dientes, fragmentos óseos, y comprueba efectivamente que esas personas estuvieron ahí, pero posteriormente fueron sacadas y hechas desaparecer por segunda vez. No hemos encontrado ningún detenido desaparecido producto del informe. ¿Cuántos son los detenidos desaparecidos que la agrupación registra? Para nosotros como agrupación la nómina oficial es de 1.197 casos de detenidos y desaparecidos. De 1.197 casos nosotros hemos logrado esclarecer, es decir encontrar sus cuerpos y darle digna sepultura a 176 personas, menos del 10%. Y de esos 176 hay que restar 52 personas que fueron encontradas durante la dictadura militar. ¿Los responsables de esas detenciones y desapariciones han sido identificados, sometidos a juicio y sancionados? De estos 52 casos que yo le señalo como esclarecidos, que son los de Lonquen, Laja y Mulchen, en los tres hubo ministros en visita, en los tres hubo investigaciones. En el caso de Lonquen el ministro Adolfo Bañado, quien llevó la investigación, estableció las responsabilidades y los autores eran todos integrantes de la tenencia de la isla de Maipú. Pero ocurre que todos ellos, que reconocen su participación en la detención de estas 15 personas, en sus asesinatos y que fueron inhumadas en unos hornos, los tapan con cal; todos ellos después invocan la amnistía y hoy todos circulan libremente. Este es el caso en donde más avance ha habido en las investigaciones. ¿La ley de amnistía establecida por el mismo régimen de Pinochet? Claro, el decreto ley de amnistía que dicta Pinochet, para todos los delitos comprendidos entre el once de septiembre del setenta y tres y abril del setenta y ocho. Es decir toda la gran mayoría, casi el 90% de detenidos y desaparecidos están cubiertos por el decreto de la ley de amnistía. En todos los otros casos que han sido encontrados con posterioridad, o sea en esta transición, todos han sido identificados pero no conocemos los autores. Hasta hoy día eso no se puede investigar. ¿Qué opina de la administración de justicia en materia de DD.HH. después de 11 años de democracia representativa en Chile? Ha sido una lucha permanente por tratar de que en nuestro país no sea la impunidad la que triunfe. Nosotros hicimos un balance el año pasado, al cumplirse 10 años del informe Rettig (Comisión de Verdad y Reconciliación), y si uno miraba habían habido más intentos por terminar con el problema, que por investigar. El propio Presidente Aylwin el año noventa y tres intenta dictar una ley de punto final. El Presidente Frei hace una propuesta, también en el parlamento, para que se busque un mecanismo y que los ministros de la corte lleguen a la convicción de que nuestros familiares están muertos, deje de ser secuestro y sea homicidio, porque el homicidio prescribe. Posteriormente hay un intento del auditor militar hacia el pleno de la Corte Suprema, también para buscar un mecanismo y cerrar los procesos. Por eso como agrupación hemos estado muy atentos y mientras nosotros estemos y estén los abogados defensores de los derechos humanos trabajando, haremos lo posible por que ello no ocurra. ¿Por qué no es posible una administración de justicia más eficaz en materia de derechos humanos? Bueno, porque en primer lugar la composición de los tribunales de justicia en su gran mayoría sigue siendo la misma que en el pasado. ¿Los jueces y ministros fueron nombrados durante el régimen militar? Claro. Aquí la constitución que nos rige dejó todo tan amarrado que incluso un ministro de corte debe contar con la aprobación del senado. Y en el senado tiene mayoría la derecha, tienen a los senadores designados y va a ser muy difícil poder democratizar el poder judicial. ¿Existe impunidad en Chile? Desgraciadamente la impunidad no solamente es jurídica, falta de sanción a los culpables. También está la impunidad política que se da en el sentido de que aquellos que formaron parte del régimen militar y que ocuparon cargos hoy día están en el senado. Por ejemplo Sergio Fernández, senador electo, que fue durante la dictadura militar dos veces Ministro del Interior, y si hay alguien que sabe que pasó con los detenidos desaparecidos es él. Para nosotros esa gente no debería estar. Incluso llegó a ser presidente del senado Sergio Diez, quién había sido representante de la junta militar en las Naciones Unidas y había sido la persona que fue capaz de mentirle a la comunidad internacional, diciéndole que los desaparecidos eran una mentira, que no tenían existencia legal. Todas estas cosas demuestran la impunidad que se va dando. ¿Frente a esa impunidad política, la agrupación qué le propone hoy al Presidente Lagos? Nosotros siempre hemos tenido la posibilidad de conversar directamente con él, con mucha franqueza, y señalarle cómo vemos nosotras la situación. Respecto a la mesa de diálogo nacional, nosotras queríamos que en cuanto él asumiera su mandato terminara con la mesa de diálogo; pero, como aquí ya había un compromiso de por medio con las fuerzas armadas, de que eso iba a seguir, la mesa continuó su trabajo. Nosotros creemos que aquí falta mayor fuerza, para decir las cosas claramente por su nombre. Muchas veces vemos con el paso del tiempo como se empieza a cambiar la terminología. Para muchos hoy día no hubo una dictadura militar, algunos ya escuchamos por la televisión que se habla de un régimen autoritario, gobierno autoritario; no se habla de violaciones de los derechos humanos, se habla de excesos; de responsabilidades de algunos, no de los que dieron un golpe militar y terminaron con un gobierno elegido democráticamente, como fue el que presidió Salvador Allende. O sea, vamos viendo estos cambios que no debieran ocurrir. ¿Llamar las cosas por su verdadero nombre ayudaría a evitar la impunidad política? Yo creo que las cosas hay que decirlas por su nombre, y es lo que hemos dicho aquí. Uno ve gente que cometió crímenes y esos crímenes deben ser castigados y por lo tanto los responsables deberían estar en la cárcel y no circulando libremente como lo vemos permanentemente. ¿Cuáles son hoy sus exigencias centrales? Las exigencias siguen siendo las mismas que en el pasado: esclarecer la verdad, que se haga justicia y también que no se olvide lo que pasó en nuestro país. Es por eso que nosotros le atribuimos mucha importancia a lo que es la recuperación de la memoria histórica de nuestro país, porque el olvido no puede ser la solución de un problema tan grave. Y si eso ocurriera todos estaríamos siendo cómplices a futuro ante cualquier situación que se presente, por no haber tenido la suficiente capacidad para impedir que ello no pase. Santiago, 23 de abril de 2002 Danilo Quijano Silva: Corresponsal de La república en Santiago de Chile