Se dijo peyorativamente que la Constitución Política de 1991 era una colcha de retazos porque integraba la diversidad social colombiana. La sociedad civil se constituyó en 1991 y dejó de ser ese vago concepto unitario de nación que consagraron Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro en 1886.

El uribismo es la reacción política y parapolítica a las reglas de juego de 1991. Estado social de derecho es una propuesta que neoliberales y neoconservadores no soportan, porque los primeros consideran una inmisión exagerada del Estado la regulación del mercado y un obstáculo a la globalización; y los segundos, lo consideran una amenaza a la propiedad.

El uribismo es una apuesta política dominante en un marco constitucional vigente e incómodo. El Estado comunitario del Plan de Desarrollo no calza en el Estado social de derecho de la Constitución de 1991. El uribismo quiso revocar la Carta de 1991 pero no lo logró. Sin embargo, se acomodó institucionalmente y a punta de reformas legislativas y paramilitarismo entronizó la reelección e hizo realidad el fallido referendo de 2003.

La sociedad política de Uribe Vélez gobierna con sus leyes y de espalda a la Constitución. El desplazamiento forzado ha sido calificado por la Corte Constitucional como un estado de cosas inconstitucional (T-025-2004), este hecho no desvela al Gobierno. De 1999 a 2003 se presentaron en Colombia 145.360 tutelas buscando amparo al derecho a la salud; esto tampoco le quita el sueño al Ministro de Protección Social, y la política pública se orienta no a cambiar el sistema de seguridad social sino a desmotivar el uso de la tutela.

El uribismo es una institucionalidad que se desarrolla anormalmente en el Estado social de derecho. Es una institucionalidad enquistada en la voluntad constituyente de 1991.

En este proceso anómalo el presidente Uribe V. ha cooptado sectores significativos de la sociedad civil para blanquear el autoritarismo “democrático”. El Presidente no solo es la cabeza del gobierno y el jefe de Estado, sino que también está impulsando y desarrollando fuerzas civiles, sociales y movimientos cívicos.

El movimiento cívico del “No al despeje” del ganadero Carlos Arturo Clavijo, para oponerse al acuerdo humanitario, es un movimiento oficial, vestido de ONG., apoyado por el gobierno.

Colombia tiene un Presidente que no se pierde cóctel o convención gremial para “vender humo”, tomarse la foto, dar la mano, cargar niños, entregar cheques y conquistar la adhesión civil el Estado comunitario. Un Presidente que ejerce la democracia agregacionista: sumar, sumar y sumar.

En este Gobierno, el nombrado por algunos “gerente” de la sociedad civil, Sabas Pretelt de la Vega, líder gremial de los comerciantes y de las iniciativas de paz, terminó gobernando como Ministro del Interior; y líderes de la sociedad civil de los movimientos de paz, integrantes del Consejo Nacional de Paz, aceptaron ser investidos de autoridad en la sociedad política de Uribe V., legitimando la forma non sancta de acceso al poder. En la democracia los Gobiernos no se legitiman sólo por los resultados sino también por la forma como alcanzan el poder y como lo ejercen.

Hoy es el Estado de la seguridad democrática el que dicta la política de paz, el que “legitima” a la sociedad civil, el que da carné a los voceros de la sociedad civil. El Gobierno, con funcionarios por contrato, es quien moldea a la sociedad civil.

Parece que con Uribe V. la sociedad civil ha sido estatalizada o mejor que existe la sociedad civil gracias a que el Estado comunitario quiere que exista.

El uribismo no gubernamental (UNG) está constituido por Organizaciones no gubernamentales oficiales (ONGs.), tan oficiales que algunas tienen competencias de orden público como las Convivir, otras tienen competencias de maquillaje institucional y otras son “tanques de pensamiento” gubernamental vestidas de paisano.

Son organizaciones que dicen representar los intereses de la sociedad civil como empresarios, víctimas, trabajadores, veedurías, pero realmente son apéndices de un Gobierno no democrático. Aparecen en la escena para falsificar la voz de las comunidades. La Asociación Nacional de Industriales (Andi) por ejemplo, emerge como voz de la sociedad civil, para afirmar la legitimidad de una reforma laboral que no ha generado un solo empleo en catorce años o para oponerse al acuerdo humanitario.

Son organizaciones que le cuelgan el adjetivo “ciudadano” o “cívico” a organizaciones subvencionadas económica y políticamente por el Gobierno. Piensan lo que el Gobierno les dicta, siguen el guión de la Casa de Nariño.

El desarrollo del uribismo no gubernamental será la versión evolucionada del paramilitarismo, y una versión moderna de los Tonton Macoute de las dictaduras Duvalier en Haití; usará la calumnia como bastón para defender, proteger e imponer al “líder”.

El totaluribismo ya tiene guardia civil y la tiene envuelta en “ternura”.

- Rafael Rincón Patiño es director de háBeas Corpus, Consultorio de Derechos y Gobernabilidad.

Fuente: el yesQuero
www.elyesquero.blogspot.com
Medellín, Colombia