«Vivimos en un mundo en que es mucho más grave transgredir las normas del comercio que violar los derechos humanos» -W. Allmand- Los lazos visibles e invisibles del comercio Hoy en día resulta muy difícil sustraerse de las dinámicas económicas mundiales; se hace evidente que nuestras condiciones de vida están cada vez más determinadas por las reglas del comercio internacional, a través de lazos visibles e invisibles que directa e indirectamente trasladan sus efectos desde los mercados internacionales hasta nuestra cotidianeidad. La imposición planetaria de patrones de consumo que "estandarizan" a millones de personas con Mc´Donalds, Coca Cola y Microsoft; la precarización laboral en las empresas maquiladoras; las crisis económicas generadas por el vaivén de los flujos de capital especulativo; la instauración de la "santa" lógica del mercado; la "universalización" de la pobreza y la cultura de la violencia; y la homegeneización de la políticas económicas impuestas como panacea desde los organismos financieros multilaterales, son solo algunos de los elementos que identifican a este mundo "patas arriba" que subsume los derechos humanos al principio superior del "libre comercio". En este contexto, el comercio y la inversión aparecen como un binomio fundamental, que podría constituirse en un instrumento para el desarrollo justo y sustentable sólo en la medida en que se conciban como instrumentos y componentes de una estrategia de inserción externa, basada en los proyectos nacionales de desarrollo, y como el fin en sí mismo. La "sacralización" del mercado y la tendencia indiscriminada por la desregulación y la apertura de las economías resultan inaceptables, no sólo por la demostrada incapacidad del mercado para distribuir el bienestar entre la sociedad o aminorar los problemas estructurales de las pequeñas economías; sino porque no podemos dejar que el mercado decida por nosotros y renunciar a constituirnos en sujetos activos de nuestro futuro. La ley de oferta y demanda no puede regir la vida de los pueblos. Cabe enfatizar que no toda inserción externa es favorable, la desregulación de las economías o la simple aprobación de los Tratados de Libre Comercio (TLC) no garantiza en sí misma ventajas y beneficios para las partes suscriptoras. La inserción externa debería enmarcarse en las estrategias nacionales de desarrollo, lo cual supone zurcir la política económica nacional con las medidas asumidas para vincularse con la economía mundial. Para ello, primero debemos de "ordenar la casa", atender los enormes problemas y cuellos de botella internos, los cuales no se solventan desde afuera, pero si limitan la calidad de nuestra inserción. Abrazando iniciativas ajenas La avidez con que los gobiernos hacen propias las iniciativas ajenas sin el mínimo esfuerzo por identificar sus potenciales impactos en los sectores nacionales, sigue siendo un rasgo característico de El Salvador y del resto de pequeñas economías centroamericanas. La ausencia de políticas económicas y sociales internas que contribuyan a corregir los "desórdenes" que históricamente han existido en nuestra casa, llevan a ponderar fuertemente las soluciones externas como el remedio para los desequilibrios estructurales que padecemos. En este contexto, las concesiones unilaterales a las exportaciones de algunos productos nacionales a través del Acuerdo Bilateral de Alcance Parcial y la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, así como la suscripción en serie de Tratados de Libre Comercio y el advenimiento de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), aparecen como una bendición para un país con una política económica carente de rumbo y sin instrumentos idóneos que le permitan sostener las tasas de crecimiento de la actividad económica. El Plan Puebla Panamá (PPP), recientemente presentado en sociedad con la visita a El Salvador del Presidente Fox, constituye una propuesta construida desde México -seguramente con la co-autoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- siendo uno de sus propósitos más relevantes impulsar la integración urbana y regional de algunas ciudades mexicanas del sur sur-este a través de la construcción de un conjunto de corredores que faciliten la circulación de las mercancías. A la idea original de esta iniciativa, concebida para algunos Estados mexicanos de la franja del sur sur-este de México (2) se le adosaron las repúblicas centroamericanas, para dar una versión regional y más amplia, que permitió imprimir una viñeta con el nombre de Plan Puebla Panamá; aunque quizá hubiera sido más adecuado etiquetarlo como Plan México-Panamá o Plan Puebla-Darién. Esta iniciativa prontamente fue abrazada por los mandatarios centroamericanos, observando fielmente los procedimientos que han caracterizado las negociaciones de los diversos tratados y acuerdos comerciales suscritos previamente por sus gobiernos: falta de transparencia, ausencia de consulta y participación de los diferentes sectores económicos y sociales en los procesos de negociación. Este dato contrasta con la letra del PPP, que destaca entre sus objetivos: "establecer procesos de participación social amplia"; sin embargo, la ausencia de participación en el diseño del mismo luz de los hechos sólo queda pensar que existe una confusión conceptual, quizá en el glosario del PPP la participación social amplia se defina como las decisiones asumidas por un grupo de funcionarios a puerta cerrada y de manera inconsulta. Existe otra notable coincidencia entre los TLC y el PPP en el estilo de la negociación, pues en ambos casos se observa la ausencia de estudios técnicos y de impacto que permitan visibilizar las secuelas derivadas de la aplicación de las medidas, de manera que puedan dimensionarse los beneficios y/o perjuicios generados, pero sobre todo identificar los sectores ganadores y perdedores con el Plan. Más allá de la retórica del PPP Seguramente, la alternancia en la presidencia de la república mexicana ha sido un factor importante para reconocer que "las políticas instrumentadas por el gobierno federal en las últimas cinco o seis décadas han desalentado el desarrollo en el sur de México" (2) y que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha contribuido a la ampliación de las brechas de desarrollo entre el norte y el sur de ese país. Partiendo de un amplio diagnóstico en el que se dibujan los enormes contrastes existentes entre los territorios del sur y el norte de México (4), destaca el sur-sureste del país como una región que pese a tener abundantes y diversos recursos naturales se ha mantenido secularmente en el atraso y subdesarrollo. Levy identifica como uno de los principales obstáculos al desarrollo, el marco jurídico- institucional prevaleciente y la precaria situación de la infraestructura de transporte y comunicaciones del sur-sureste; de allí que la orientación de la propuesta mexicana tenga como elemento fundamental la conectividad e identifique como ejes prioritarios: la inversión pública en infraestructura y las reformas institucionales y de los marcos regulatorios. En este sentido, la reforma de aquéllas políticas públicas que han reprimido el desarrollo del sur-sureste (5) de México se convierte en el principal contenido del Plan y estímulo para el desarrollo de la región. Tomando en cuenta que el sur-sureste está dotado de enormes riquezas en petróleo, gas natural, cursos de agua, reservas forestales y biodiversidad, no es azaroso ni gratuito que las propuestas estén orientadas hacia la modificación de los derechos de propiedad sobre los hidrocarburos y el agua, la supresión de la restricción constitucional de poseer o arrendar grandes extensiones de tierra, así como también a romper el control monopólico que el Estado mexicano ha mantenido en actividades estratégicas como electricidad, gas y petroquímica, para abrir el espacio que permita la incursión de las inversiones privadas. Además de las reformas jurídicas e institucionales, el PPP incluye un fuerte componente de inversión en infraestructura de transporte, como elemento estratégico que permitiría mejorar los enlaces con los mercados del TLCAN y la Unión Europea, y a la vez reducir los costes y por esta vía ganar competitividad. Uno de los componentes principales del Plan propone establecer un sistema integrado de transporte (terrestre, ferroviario, aéreo y marítimo), trazando ejes carreteros (6) que vinculen los centros de abastecimiento con los nodos (ciudades de ensamblaje) y los puntos de exportación. También contempla inversiones en infraestructura hidro-agrícola (obras de irrigación hasta por 700 mil hectáreas: palma africana, convenios de bio- prospección, la diversidad biológica) (7). Aunque en el texto del PPP se dibujan interesantes iniciativas que postulan por la búsqueda de un desarrollo humano y sustentable, así como el estímulo de procesos participativos y democráticos; en el mapa del PPP trazado por el BID se simplifica a una Mesoamérica conectada por proyectos de in infraestructura (carreteras, interconexión eléctrica, fibra óptica, puertos) y un corredor biológico, sin que asomen el bosquejo de proyectos de educación, salud, vivienda y otros vinculados con el directo bienestar de la población. A juzgar por la información disponible a la fecha, el PPP representa una iniciativa dominada por una lógica mercantil, que pretende la re- localización regional de la producción en base de criterios económicos de maximización de ganancias, que busca aprovechar las "ventajas comparativas" de las regiones, lo cual supone promover la reducción de los costes totales, mediante la obtención de bajos costes directos (materia prima, mano de obra y energía) y bajos costes de transporte (insumos y productos) (8). La idea de movilizar piezas desarmadas en contenedores -que faciliten el traslado terrestre y marítimo- está íntimamente relacionado con la interconexión de ciudades "ensambladoras" o maquiladoras que se conectarían a través de los sistemas de carreteras, y que dicho de paso disponen de mano de obra barata (9). En la letra del Plan se coloca "negritas" para destacar la inversión pública en infraestructura, principalmente para la construcción de un sistema de transporte que reduzca los fletes y facilite el traslado de las mercancías por canales secos trazado en circuitos que unan las zonas en que se hayan -o donde se instalarían- las empresas transnacionales y los mercados de factores y productos (10). Es evidente que en la arquitectura del PPP se percibe el influjo de un enfoque de geografía económica, que aplica algunas extensiones de modelos de competencia imperfecta y de programación mixta a fin de identificar la localización de plantas productivas (11), siendo así, la lógica que da coherencia al PPP es aquella que justifica la maximización de beneficios y minimización de costes de las empresas. Al igual que cualquier política o programa económico, el PPP no es una construcción "inocua" y "neutral" como se podría desprender de la retórica de su texto; el PPP no es un modelo abstracto, se trata de una iniciativa amplia, que incluye un conjunto de megaproyectos a aplicar en los países de Centroamérica y algunos Estados mexicanos. En este sentido, el PPP se aplicará sobre realidades concretas, que pese a tener un común denominador en indicadores de exclusión y pobreza, presentan enormes asimetrías en sus marcos jurídicos e institucionales, en sus capacidades competitivas y en sus estructuras productivas. La carencia de propuestas nacionales con una visión integral del desarrollo imposibilita que cualquier iniciativa pueda articularse a esta lógica, que se convierta en un instrumento para la consecución de un desarrollo sustentable, más que en una suma de proyectos dispersos y con propósitos distintos. El ALCA, los TLC y el PPP Existe una notable coincidencia entre los propósitos del PPP, y los del TLC y el ALCA. Esta última constituye una iniciativa del gobierno de Estados Unidos que busca la consolidación de un bloque comercial continental (12) por la vía de suprimir cualquier tipo de regulación a las inversiones extranjeras. El ALCA reafirma y profundiza los contenidos ya vigentes en los TLC, entre los que destacan: el libre acceso de las empresas transnacionales a contratos y licitaciones gubernamentales (13), la prohibición de requisitos de desempeño a las inversiones extranjeras; la solución de controversias en manos de árbitros internacionales y la posibilidad de que una empresa pueda llevar a juicio a un Estado, con el inminente riesgo de indemnización por pérdidas a las empresas "afectadas"; y la protección de los derechos de propiedad intelectual de marcas y patentes. En consonancia con los objetivos del ALCA de crear una política energética liberalizada --controlada por las empresas transnacionales generadoras de energía--, un mercado continental de agua y un sistema "agro empresarial" de producción de alimentos con fines de lucro - transgénicos-(14), el PPP también se perfila hacia la liberalización de actividades estratégicas -hasta ahora controladas por el Estado-como son el petróleo, el gas natural, los cursos de agua, las reservas forestales y la biodiversidad, que sin duda representan apetecidos nichos para las inversiones privadas extranjeras. El PPP en tanto iniciativa para la inversión cobra sentido en el marco jurídico que los TLC han dejado establecido en los países centroamericanos. La subsunción de toda la legislación secundaria nacional a los TLC ha llevado a suprimir cualquier tipo de regulación a las inversiones extranjeras por parte de los Estados, lo cual se convierte en un importante incentivo para las empresas transnacionales que operan y operarían en la región. El Capítulo XIV del TLC suscrito entre México y los Países del Triángulo Norte de Centro América (TLCTN) imposibilita el establecimiento de requisitos al desempeño y funcionamiento de las empresas extranjeras (15). En este marco no es posible regular las cuotas o el tipos de bienes o servicios a exportar, establecer el grado de contenido nacional de bienes y servicios, otorgar preferencia a bienes y servicios locales, restringir las ventas en el territorio generadas por la inversión, transferir tecnología u otro conocimiento reservado, actuar como proveedor exclusivo de los bienes que produzca o servicios que preste o imponer requisitos relativos a localización geográfica, generación de empleo, capacitación de mano de obra. Todas estas limitaciones para los Estados que han suscrito TLC se convierten en un marco muy atractivo para las empresas transnacionales instaladas en la región, pues les permite actuar sin regulación alguna. Además, en el marco del TLC se abre la posibilidad que cualquier empresa transnacional pueda llevar a juicio a un Estado ante un tribunal privado ad-hoc para reclamar perjuicios o expropiación por alguna regulación impuesta por los Estados. A la fecha se conocen varios casos en los cuales los Tribunales, integrados por árbitros independientes, han resuelto el pago de millonarias sumas a las empresas transnacionales por parte de Estados que han aplicado alguna regulación que se considere como inhibición de las ganancias (16). En agosto del 2000 el Tribunal del Centro Internacional para la Resolución de Disputas de Inversión (ICSID) estableció un laudo a favor de la empresa estadounidense Metalclad, por medio del cual obliga al gobierno de mexicano a pagarle más de 16 millones de dólares por trato discriminatorio y expropiación de la inversión, luego que las autoridades locales cerraran un basurero de residuos peligrosos - propiedad del Metalclad-- en Guadalcázar (San Luis Potosí, México), zona que el gobierno estatal reconociera posteriormente como reserva estatal el área natural protegida de Real de Guadalcázar con características de Reserva de la Biósfera. Esto constituye un peligroso precedente para los países de la región, porque ha quedado reiteradamente evidenciado que los intereses de las empresas y la lógica comercial tienen primacía, y están por encima de las consideraciones de salud y bienestar de las poblaciones y comunidades. En la Declaración Conjunta de San Salvador del 15 de junio del 2001, los presidentes de Centroamérica y México acuerdan impulsar las "Iniciativas Mesoamericanas", un paquete de ocho componentes que integra: desarrollo sustentable, desarrollo humano, prevención y mitigación de desastres naturales, promoción del turismo, facilitación del intercambio comercial, integración vial, interconexión energética e integración de los servicios de telecomunicaciones. Existe alguna convergencia entre el PPP, la Estrategia de Centroamérica para la Transformación y Modernización en el Siglo XXI --preparada por el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)-- y los megaproyectos regionales presentados ante el Grupo Consultivo de Madrid. Pese a que la retórica del PPP alude a proyectos para el desarrollo humano y mejora de la calidad de vida de la población, hasta la fecha sólo se conoce de iniciativas para la conectividad de la región, como la construcción de un corredor logístico de Centroamérica (carreteras, ferrocarriles, transporte marítimo y cabotaje, transporte aéreo, telecomunicaciones) y la interconexión eléctrica (generación hidroeléctrica y termoeléctrica, hidrocarburos) (17). Es evidente que estos proyectos serán financiados con préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y por el Banco Mundial (BM), empréstitos que pagaremos los ciudadanos y ciudadanas (18), por lo cual merecería la pena identificar aquéllas áreas de inversión que resultan estratégicas para el desarrollo humano. Todavía falta por ver dónde están los proyectos que impulsarán las iniciativas anunciadas en los ámbitos social, cultural y ambiental, aspecto importante de retomar desde las reivindicaciones de las organizaciones sociales. Por otra parte, llama la atención la celeridad con que las iniciativas para la conectividad presentadas ante el Grupo Consultivo de Madrid encontraron las promesas para su respectivo financiamiento, mientras que antiguas reivindicaciones -de enorme trascendencia en el desarrollo nacional y regional-como la necesidad de una banca para el desarrollo rural, la solución a la problemática de generación y abastecimiento de agua potable, las precarias condiciones de desempeño de la micro y pequeña empresa, han encontrado la secular limitación de la falta de recursos financieros. Los potenciales impactos del PPP El énfasis en la inversión pública ya había sido planteado previamente entre las recomendaciones que Michael Porter hiciera a los gobernantes centroamericanos (19), en esa ocasión proponía como ejes estratégicos para el desarrollo sustentable de la región: la inversión en infraestructura, el fomento de la maquila tecnológica, el ecoturismo y la construcción de un corredor biológico mesoamericano, entre otros. No cabe duda que la propuesta de conectividad del PPP se acopla plenamente con la apuesta de los gobiernos de la región por el fomento de la actividad maquiladora. Ante el divorcio de la política económica salvadoreña y el sector real, durante el último lustro, la maquila se convirtió en la actividad económica más dinámica y que junto a la expulsión anual de un importante número de ciudadanas y ciudadanos hacia Estados Unidos, representan las dos piezas claves para el crecimiento de la economía. La lógica de la conectividad también contribuye a consolidar un modelo regional basado en la actividad maquiladora, que además de servir a la contención migratoria de la población mesoamericana hacia Estados Unidos, perfila a la región como una zona de ensamblaje, con el atractivo de los incentivos fiscales para las empresas, fuerza de trabajo barata, y la inminente posibilidad de reducir los costes de transporte con la construcción de los canales secos y puertos marítimos que favorezcan el traslado de los productos hacia los mercados de exportación. A pocos escapa el conocimiento de las precarias condiciones en que laboran la mayoría de las mujeres y hombres en las empresas maquiladoras. En un contexto en el cual la economía crece sin generar empleo, la consolidación y extensión de la actividad maquiladora supone avanzar hacia una mayor flexibilización del mercado laboral y precarizar aún más las condiciones de vida de la población. Por otra parte, la ratificación de la adhesión de El Salvador a la OMC en 1995, exige a partir del año 2000 la observancia de los Acuerdos de Propiedad Intelectual (TRIPS), elemento clave para las empresas transnacionales dedicadas a la bio-prospección que ven en las selvas y bosques del sureste mexicano y de Centroamérica un apreciado botín que les permitiría apropiarse, por medio de las patentes, de los microorganismos y otras formas de vida allí existentes. Si además tomamos en cuenta que los TLC vigentes imposibilitan que los Estados impongan requisitos de desempeño, es evidente que la apertura otorgada a las inversiones privadas en áreas estratégicas como biodiversidad, causes de agua, petróleo y gas, se convierte en un cheque firmado en blanco para las empresas transnacionales, cuyos propósitos no son precisamente el bienestar de la población oriunda y menos el manejo sustentable de los recursos naturales. No será remoto presenciar en la región un corredor de bio-piratería. En este marco, no sería extraña la posibilidad de que se repitan casos como el de Metalclad en Guadalcázar (San Luis Potosí, México); dada la imposibilidad de regular las inversiones --aunque éstas atenten contra la salud de la población y el medio ambiente--; y además, porque la exitosa industria de la basura en los países desarrollados requiere de nuevos botaderos, lo cual también podría facilitarse con la apertura del sistema de transporte que el PPP contempla. La experiencia salvadoreña de privatización en la distribución de la energía eléctrica es lo suficientemente ejemplificadora de los impactos negativos que tiene sobre los usuarios el control monopólico y privado de servicios públicos (20). Hablar de conectividad eléctrica en la región nos refiere al proyecto de inversión de alguna empresa transnacional que está dispuesta a incursionar en el mercado de generación eléctrica, y que sin duda llevará a la privatización de los últimos activos públicos como son las plantas geotérmicas e hidroeléctricas. No cabe duda que aunque la conectividad tendrá como beneficiario directo a las empresas transnacionales instaladas en la región, siendo que algunas verán reducidos sus costes laborales y de transporte y otras verán ante sus ojos el negocio de la vida al incursionar en áreas estratégicas y muy rentables -como bio-prospección, petróleo, gas y energía eléctrica--; también podrían observarse algunos efectos indirectos y colaterales que favorezcan a algunas comunidades, a los pequeños productores y trabajadores en general. Buscando que los eternos perdedores de las reformas económicas vean dibujadas con este Plan algunas oportunidades que vayan más allá de emplearse en alguna empresa maquiladora situada en los contornos de su territorio o vender "fruta en bolsa" o "pupusas" transgénicas en alguno de los desvíos de las carreteras del sistema de transporte por donde se deslizarán los furgones de las empresas transnacionales; se hace urgente activar la participación ciudadana desde las localidades y regiones, pues sólo la movilización y presión social podrían mediatizar los potenciales impactos negativos y afianzar las posibles ventajas generadas. Lo "irremesible" de los fenómenos propios de la globalización, nos impone el reto de imprimirle a las acciones ciudadanas la mayor creatividad y audacia posible, lo cual exige mantener un profundo conocimiento del fenómeno, pero también una estrecha coordinación ciudadana en los planos locales, nacional e internacional. La magnitud de los procesos generados por la Organización Mundial de Comercio (OMC), el ALCA y el TLC, que desbordan nuestras capacidades y la posibilidad de lograr su modificación en los aspectos esenciales, usualmente nos mueven a cruzarnos de brazos o hacia la búsqueda de situaciones que generen los menores impactos negativos, y en el mejor de los casos, hacia la obtención de algunas "astillitas de los beneficios". En esta situación es evidente la necesidad de definir el rumbo de nuestras vidas, no podemos renunciar a ese derecho y cederlo al mercado, por ello resulta impostergable la definición de una estrategia nacional y regional de desarrollo sostenible. Sólo desde esta lógica y con la movilización ciudadana desde los territorios podremos tener alguna seguridad que abrazando las iniciativas ajenas podemos generar el bienestar que la población demanda. En el contexto planteado en este artículo y tomando en cuenta los saldos netos negativos para la población, derivados de las diversas experiencias de inversión en muchos países, puede entenderse que muchas personas pongan en duda las intenciones expresas en el texto del PPP. Aunque esto, desde luego, abre la oportunidad de tomarle la palabra a los presidentes a efecto de que se concreticen aquellos proyectos que respondan a los objetivos suscritos en el Plan. Desde las organizaciones sociales y la ciudadanía en general, habría que retomar los objetivos planteados en el PPP y exigir las medidas concretas que respondan a sus enunciados, los cuales trascienden de un conjunto de proyectos para la inversión en infraestructura. La aprobación del Plan también posibilita el planteamiento de nuestras exigencias sobre aquellas temáticas que están indisolublemente ligadas con los temas del desarrollo y los propósitos enunciados, como son la mejora en las condiciones de vida de la población, el fomento de la micro y pequeña empresa, una adecuada distribución de los ingresos y activos, la precarización de las condiciones de empleo a través de la flexibilización del mercado de trabajo, con iniciativas como la Ley de Emergencia para la Reactivación del Empleo (LERE). Habría que destacar la necesidad de aplicar proyectos para la mitigación y prevención de los desastres por su especial relevancia en el país, cuyo grado de vulnerabilidad social y ambiental se ha puesto de manifiesto con los dos terremotos, las inundaciones recurrentes, los períodos de sequía, la crisis en la generación y distribución de agua potable y la pérdida constante del patrimonio nacional -nuestro suelo-- que se desliza por los causes de los ríos hacia el mar. La construcción de carreteras y puentes podría ser beneficiosa para los consumidores y comunidades, aunque ello no es automático, se requiere garantizar que los marcos jurídicos e institucionales respondan a sus intereses ante posibles casos de acciones lesivas. En este sentido, la movilización ciudadana desde los territorios es una pieza clave y fundamental, no sólo para el seguimiento y observancia, sino también para la denuncia en casos violatorios al desarrollo humano y sustentable. También merece la pena volver la mirada hacia los potenciales impactos sociales y culturales derivados de estos procesos, para ello basta mirarnos en el espejo mexicano, que a siete años de TLCAN, ha visto como se incrementa el desarraigo cultural, la trans- culturización en las zonas rurales e indígenas, la pérdida y erosión de los tejidos sociales (21), la proliferación de la prostitución y el consumo de drogas entre la población más joven. Finalmente, cuando en una propuesta el "valor superior de las cosas" se ubica en el beneficio económico y prevalece una lógica comercial, resulta muy difícil creer en la autenticidad de su retórica. Conceptos como "desarrollo humano", "calidad de vida", "desarrollo sustentable" y "participación democrática" se convierten en palabras huecas para adornar el discurso. Sólo anteponiendo los derechos humanos y el respeto a la vida por encima de la lógica mercantil podremos tener la certeza de que los puentes, la conectividad de las redes de energía eléctrica, las carreteras y los puertos serán para el beneficio de la gente. Notas (1) Raúl Moreno: Economista, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador y presidente del Centro para la Defensa del Consumidor de El Salvador. (2) El sureste de México incluye los Estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Puebla. La región abarca el 25% del territorio y el 28% de la población mexicana. (3) Levy, Santiago; Kessel, G., y Dávila, E. (2000), El Sur También Existe: un Ensayo el Desarrollo Regional de México, Julio, México DF. Este estudio constituye la base teórica y analítica en que se fundamenta el diseño del Plan Puebla Panamá. (4) Ver: www.ppp.presidencia.gob.mx (5) Levy, S. y otros, Op Cít. (6) En México, los principales ejes carreteros son: a) Matamoros-Tampico-Veracruz-Viillahermosa- Campeche-Mérida; b) Tapachula-Arriaga-Salinas Cruz-Acapulco-Lázaro Cárdenas; c) El enlace Tuxtla Gutiérrez con Cárdenas -Tabasco; c) Los puertos de Progreso, Salina Cruz, y Coatzalcos. (7) Levy, Santiago y otros, Op Cít. (8) Ibíd. (9) Ibíd. (10) El PPP generará descomposición del "tejido social", entrevista realizada por La Jornada de México al Dr. Andrés Barreda, http://www.jornada.unam.mx/2001/jun01/010627/oriente-ppb.htm. (11) Levy, S. y otros, Op Cít. p. 10. (12) El ALCA incluye 34 países del hemisferio (con la excepción de Cuba), integra 800 millones de personas, representa un tercio del Producto Interno Bruto mundial y más 20% del comercio global. (13) Se abre la posibilidad que empresas transnacionales liciten proyectos en áreas como: sanidad, cuidados hospitalarios, educación primaria y secundaria, museos, bibliotecas, servicios hídricos, seguros, turismo, servicios postales, transporte, entre otras. (14) Ver: El Observatorio Internacional, FUNDE, Año 2, Primer Trimestre 2001, pp. 1-8, San Salvador. (15) Tratado de Libre Comercio entre México y los Países del Triángulo Norte de Centroamérica, Cap. XIV, SECOFI, México. (16) Ver: Hilda Salazar y Carlsen, (2001): Impactos socioambientales del TLCAN. Respuestas sociales ante la integración, RMALC, México. (17) Ver: www.iadb.org/regions/re2/ppp. (18) Sin duda que estos préstamos presionarán aún más la ya deficitaria situación de las cuentas del sector público no financiero salvadoreño, que después del terremoto ha registrado niveles tan altos que se podrían tornar inmanejables. (19) Ver propuesta de Michael Porter y Lucía Marshall: Estrategia para el Desarrollo Sustentable de Centroamérica, presentada en 1998 en INCAE, Alajuela, Costa Rica. (20) La reforma del sector eléctrico que derivó en la privatización de la distribución de la energía eléctrica ha desvirtuado los argumentos esgrimidos en la apología de la privatización. Ahora se tiene una empresa transnacional que controla el 80% del mercado de distribución, las tarifas eléctricas son las segundas más altas del mundo, el servicio es de muy mala calidad y no existe expansión de la cobertura del servicio. (21) Barreda, Andrés, Op Cít.